19:00 | Martes 16 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 30-11-2022 / 08:11

"LAS 20 MENTIRAS DE LUCIANI": EL DEMODELOR ARCHIVO QUE PRESENTÓ CONTRA EL FISCAL MACRISTA

Cristina calificó al tribunal macrista que la juzga como un pelotón de fusilamiento

El martes 6 de diciembre, el macrista Tribunal Oral Federal número 2 dará a conocer la sentencia del juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta aseguró que su condena ya está firmada y referentes del Frente de Todos intentan convencerla de que convoque a una movilización. Los grandes medios porteños, aliados a Juntos por el Cambio, ya adelantaron que Cristina será condenada a una pena de alrededor de seis años de prisión, no por asociación ilícita, sino por fraude al Estado.

"Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento". "Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron". "La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre". Estos fueron los conceptos esenciales de Cristina Fernández al hacer uso de lo que llaman "las últimas palabras" en el juicio por las rutas de Santa Cruz.

En una causa sin ninguna prueba más que las tapas de Clarín, la vicepresidenta eligió este enfoque global, político, porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Aun así, Cristina, instantes después, dio a conocer Las 20 mentiras de la causa Vialidad que fueron expuestas con tanta solidez por las defensas que los fiscales Luciani y Sergio Mola ni siquiera se atrevieron a responder. El Tribunal Oral Federal número dos fijó audiencias para el lunes y martes que viene. En este último día, el martes 6 de diciembre, se dará a conocer el veredicto.

Más allá del enfoque político, Cristina afrontó sorpresivamente y de manera directa uno de los estigmas que la alianza judicial-mediática-política viene instalando desde hace años en su contra: "el 10 de diciembre de 2015 me fui del gobierno exactamente con los mismos bienes con los que había llegado y que ahora quedaron para mis hijos. Tres jueces (Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini) me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. En cambio, alguna otra dirigente importante de la oposición (en referencia a María Eugenia Vidal), vecina del barrio, un poco más para allá, en un lugar más selecto, La Isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina".

En el juicio, ambas acusaciones sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiera alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por dos auditorías, ambas encargadas por el macrismo. O sea, no pudieron acreditar ningún perjuicio para el Estado.

Respecto de la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en tres años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales -entre ellas Cristina- no tuvieron participación directa. Al haber comunicaciones sólo atribuibles a las funciones de gobierno, CFK señaló: "quieren calificar de asociación ilícita a un gobierno votado por los argentinos".

Cristina insistió -como lo viene afirmando desde el inicio del juicio- que la condena ya está firmada. Pero en sus últimas palabras, se concentró en los fiscales Luciani y Mola: "la increíble diatriba, porque no se le puede llamar alegato a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino tal cual un editorial de Clarín o La Nación. Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y ese 22 de agosto termina el alegato y empieza a agolparse gente frente a mi casa que, finalmente, el 1 de septiembre, aparece una persona, acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar. Disparó, lo que pasa que el tiro no salió. Doce días después, Clarín tituló "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Miren la identificación con fusilamiento y esta causa".

La Opinión Popular

Una por una, "las veinte mentiras de la causa vialidad" que detalló Cristina Kirchner

1. NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria
a. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal (fallo "Bustos")
b. La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex Jefes de Gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las Cámaras empresarias del sector.
c. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.

2. Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK
a. Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes
b. También se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea
c. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.

3. El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto
a. La ley de presupuesto es conocida como la "ley de leyes" y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso. Ello quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.

4. Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso
a. Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015
b. Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa
c. Además, las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto
d. También quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular.
e. A diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto.

5. NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez
a. Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación
b. Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos
c. Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general.
d. Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica (utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio).

6. NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz
a.El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales
b. En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación
c. La utilización de estos fondos fue informada periódicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de Inversión
d. Los DNU 104 y 508 del año 2004, dictados por NK y cuestionados por los Fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el Decreto de constitución del fideicomiso (financiación de obras viales), tenían carácter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.

7. CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez
a. Quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía
b. El decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa
c. Jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado
d. El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.

8. NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez
a. De la simple lectura de la CN (art. 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124) surge que la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los ex Jefes de Gabinete y los funcionarios técnicos de las áreas competentes
b. Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carácter general e incluyeron a las distintas áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.
c. Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz
d. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz
e. Se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo órgano iniciador al Ministerio de Planificación, echando por tierra el argumento de que estos actos venían prestablecidos desde dicha cartera.

9. El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez
a. Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación
b. Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación
c. Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular
d. Estos actos no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.

10. Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)
a. Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas. En ese sentido se implementó la herramienta informática E-SIDIF y se lanzó el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto
b. Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una política de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK y que se continuó hasta el presente
c. Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma técnica legislativa que se venía adoptando, utilizada antes y después de los gobiernos de NK y CFK
d. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas
e. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz
f. El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución
g. Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.

11. El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas
a. Las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos
b. El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)
c. Con carácter previo a su aprobación, las Cuentas de Inversión fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesoría de la AGN
d. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.

12. A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos
a. Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales
b. A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez
c. La prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por la DNV durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.

13. El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez
a. La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015
b. El día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país
c. Los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López, a partir de los cuales la Fiscalía intentó fundar una falsa acusación en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el "hermano del alma" de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani.

14. Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz
a. Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno
b. Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)
c. La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez
d. La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.

15. CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez
a. La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015
b. La práctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legítima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el país y tenía una justificación particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Así lo explicaron en detalle no sólo los técnicos de la DNV, sino también el principal asesor jurídico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.
c. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado
d. El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional constituyen actos legítimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran
e. Pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta.

16. CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN
a. No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)
b. El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite. Además expuso que la supuesta relación existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulación periodística
c. Se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como "alerta de la AGN" no es más que una opinión personal de Leandro Despouy.
d. Si bien Alejandro Nieva (auditor general de la Nación) efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba.

17. NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz
a. La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país
b. Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra)
c. Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.

18. Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz
a. Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública
b. El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes
c. Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Así los declararon distintos empresarios y técnicos de la DNV.

19. En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios
a. La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación
b. El estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores
c. Se permitió que participara en la causa como perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner
d. El criterio utilizado por este perito, así como también el del propuesto a instancias de la Fiscalía (Roberto Panizza) resultaba manifiestamente ilógico y contrario a las reglas más elementales de su profesión. Así quedó establecido cuando los nombrados debieron prestar declaración en el juicio
e. La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.

20. Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron
a. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto
b. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas)
c. Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducían hacia la nada era falso
d. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado.

Fuente: Página 12

16-12-2025 / 10:12

Contra la reforma laboral pro patronal y humanamente aberrante, la CGT se prepara para una marcha multitudinaria

Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.

Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.

Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.

El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.

Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.

El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.

La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.

La Opinión Popular

14-12-2025 / 09:12

Milei y la reforma laboral para consagrar los objetivos de la dictadura genocida de Videla

Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.

En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.

Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.

Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.

En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.

Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.

Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.

Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.

La Opinión Popular

13-12-2025 / 09:12

Se hizo el ajuste, van por más con una reforma laboral regresiva, pero la inflación sigue y superó a la de Cristina, cuando los sueldos no estaban planchados como ahora

El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.

O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.

En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".

Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.

Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.

No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.

Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.

Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.

12-12-2025 / 10:12

La cruel contra reforma laboral de Javier “el Loco” Milei: Más que trabajadores, quieren esclavos

El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.

El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.

Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.

Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.

La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.

La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular

11-12-2025 / 10:12

Milei fue al pedo a Oslo, no tuvo foto con Corina y Trump que pegaron el faltazo, volvió a las apuradas y ya firmó su reforma laboral esclavista

Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.

El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.

Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.

Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.

Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.

Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.

Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.

La Opinión Popular