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Nacionales - 29-11-2022 / 09:11
MÁS MISERABLE NO SE CONSIGUE

Procesaron al médico macrista Kambourian por robarse la plata de los pibes del Garrahan

Procesaron al médico macrista Kambourian por robarse la plata de los pibes del Garrahan
El médico macrista Carlos Kambourian fue procesado por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales con malversación de fondos del Hospital Garrahan y se confirmó que usó distintas tarjetas corporativas, emitidas al hospital, para compras y gastos en beneficio propio.
Es excandidato del PRO, furibundo vocero de Cambiemos y expresidente del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, el médico macrista Carlos Kambourian, fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales y por violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Kambourian había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.
 
En un documento presentado en tv, se explica la situación de Kambourian y Alan Norton, ex director Administrativo del Garrahan: "Fueron especialmente notificados de que la implementación de las tarjetas cuestionadas resultaba ser una forma gradual de sustituir el uso de efectivo y cheque, y que de ninguna manera ello implicaba una autorización para realizar gastos de manera arbitraria, sino que se debían observar, en cada caso concreto, las normas y reglamentaciones correspondientes".
 
En la misma línea, la investigación de la fiscal María Mángano detectó gastos reiterados en restaurantes: "En varias oportunidades los imputados aludieron a que los gastos realizados en restaurantes como Kansas Pilar, Alvear Palace Hotel, PF Chang San Isidro, Oporto Almacén, Roldán, Steak an Horses, Top of the Hub Boston, Fortnum & Maison United Kingdom, Hard Rock Piccandilly Circus London, TGI Fridays, El Burladero, entre muchos otros, fueron efectuados en el marco de reuniones institucionales".
 
Por otra parte, también se habrían efectuado diferentes consumos fuera de la Argentina. "Se detectaron gastos en el exterior: 400 dólares en el local de te Fortum & Mason de Londres, 700 dólares en un hotel, y 800 dólares por activación de licencias informáticas", informá el periodista Juan Amorín sobre el contenido de la causa que investigó el uso entre mayo de 2018 y enero de 2020.
 
En el acta de la causa se aclaró que "las autoridades del Hospital a través de los actos administrativos correspondientes ya se han expedido al respecto, y han indicado que esa no era una práctica habitual, que dichos gastos no estaban autorizados, que no se respetaron los procedimientos correspondientes y que todas las reuniones se realizaban en las oficinas públicas". Tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia ahora deberá responder en la Justicia.
 
La Opinión Popular
 

 
FUE PROCESADO POR USAR FONDOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO PARA MILLONARIOS GASTOS PERSONALES
 
Carlos Kambourian y los costosos "all inclusive" que pagó el Garrahan
 
Tras la denuncia de PáginaI12, el expresidente del Consejo de Administración del Garrahan fue procesado por usar fondos y bienes públicos en beneficio propio. Aunque es excandidato y furibundo vocero de Cambiemos, ninguna figura opositora salió a respaldarlo. También procesaron y embargaron a Alan Norton, exdirector administrativo del hospital.
 
Por Karina Micheletto
 
El escándalo fue revelado por Raúl Kollmann en una nota de este diario el año pasado: se denunciaba que el expresidente del Consejo de Administración del Garrahan, Carlos Kambourian, había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.
 
Lo mismo con un vehículo del hospital destinado a unidad de traslado, que habría pasado a uso familiar, con y sin chofer incluido, llegando a permanecer durante varios días seguidos fuera del Garrahan, "impidiendo estar al servicio de la actividad hospitalaria". Todo esto consta en el fallo del procesamiento que finalmente se dictó hace unos días, tanto a Kambourian como a Alan Norton, exdirector administrativo del hospital. Ambos fueron procesados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
 
El excandidato a concejal por Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas "con proyección a 2023", como le gusta presentarse tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia, apeló el fallo, como es de uso en esta instancia.
 
Pero además eligió a UPCN como gremio, según él, "kirchnerista duro" detrás de una denuncia que en rigor fue impulsada por el propio Consejo de Administración del Garrahan. Llamativamente, tras esta defensa en forma de ataque, el furibundo vocero de Cambiemos no recibió respaldo público de referente alguno de la oposición. 
 
Tanto Kambourian como Norton quedaron embargados por un millón y medio de pesos cada uno, una suma menor a la que le reclama el hospital en un sumario administrativo que sigue su camino burocrático interno, pero avanza con datos contundentes: a la fecha de la primera denuncia, dos años atrás, se le reclamaba la devolución de millón de pesos y 11.700 dólares de gastos personales. La denuncia también fue presentada por el hospital ante la Oficina Anticorrupción.  
 
 
Que los cumplas feliz
  
En la investigación interna iniciada por el hospital ya figuraban datos escandalosos, gastos hechos y exhibidos a la vista de muchos en la estructura administrativa "como si no hubiera un mañana", describen quienes vieron pasar a Kambourian por el Garrahan, y que hoy entienden el devenir judicial como el resultado de un "exceso de impunidad" vivido en esos años. La acusación de la fiscal federal María Mángano de acuerdo con el material probatorio reunido en la instrucción, y agrega algunos más.
 
Kambourian asumió la presidencia del Consejo de Administración en mayo de 2017; solicitó y logró la emisión de ocho tarjetas de crédito corporativas del Banco Ciudad un año después; las usó hasta fines del gobierno de Cambiemos. La enumeración de sus gastos casi diarios y los de Norton, junto a los respectivos tickets y resúmenes de las tarjetas de crédito, asombra:
 
* Hay cenas que no se condicen con actividad oficial alguna; incluso en días feriados o de fin de semana. En algunas llamó la atención que se incluyera el detalle de una torta. Los eventos coinciden con fechas de cumpleaños de Kambourian y de sus dos hijos.
 
* Hay gastos diarios en cantidad: facturas del supermercado, de bares, de restaurantes de San Isidro en noches de fin de semana. "Gustitos": Uno de Nespresso de 18.500 pesos el 13 de marzo de 2019.
 
* Hay gastos de restaurantes y hoteles en Barcelona y en Londres, que no corresponden a actividad oficial alguna, con sumas a pagar en euros, pasadas a dólares en el resumen de tarjeta. Sorprende en la enumeración que es posible rastrear una estadía vacacional all inclusive, desde el Alvear Palace Hotel, pasando por almuerzos, meriendas y cenas, hasta un cafecito al paso en el Starbucks de 3 dólares, o un gasto eventual de farmacia por 8 dólares más.
 
 
Sagrado deber
  
"Administrativamente se indicó que el Hospital nunca tuvo una cultura organizacional orientada a pagar almuerzos o cenas de trabajo en lugares ajenos a los despachos públicos y que, por lo tanto, dichas prácticas debían ser consideradas como excepcionales, y analizadas en cada caso concreto", indica el juez Luis Rodríguez, tras numerosas testimoniales a personal administrativo y de tesorería.
 
Y observa que tanto Norton como Kambourian hicieron de los almuerzos y cenas­, del pago de regalos y agasajos, una práctica habitual durante el plazo que ocuparon sus respectivos cargos.
 
"Las actuales autoridades del Hospital Garrahan subrayaron que no existió documentación institucional respaldatoria que justifique las razones por las cuales los imputados necesitaban realizar ese tipo de consumos a cargo del hospital", advierte la fiscal Mángano.
 
Y pregunta "cuáles podrían ser los motivos institucionales­ de un hospital de pediatría de alta complejidad" al realizar "consumos, ­en pesos y dólares, elevados en restaurantes nacionales e internacionales; ­a solo modo de ejemplo se citan 'Kansas Pilar', 'Alvear Palace Hotel', 'PF Chang San Isidro', 'Oporto Almacén', 'Roldán', 'Steak and Horses', 'Top of the Hub Boston', 'Fortnum & Maison United Kingdom', 'Hard Rock Piccadilly Circus London', 'TGI Fridays', entre otros".
 
Kambourian prestó declaración indagatoria vía Zoom en mayo pasado. Presentó un escrito en el que habló de "reuniones en otros lugares, en otras instituciones, con distintas personas que muchas veces se hacían en algún bar o confitería durante la semana o los sábados y domingos, de noche y de día, muchas con urgencias, viajes constantes por la ciudad, el interior del país y muchos en el extranjero". "Yo no era un médico o un enfermero que, con su sagrado deber, deben estar todo el tiempo en el hospital atendiendo pacientes", explicó.
 
 
Debe ser el gremio
  
Aunque el año pasado, tras la publicación de Página/12, Kambourian salió a responder que la denuncia tenía "motivaciones políticas", tras el procesamiento el médico prefirió el silencio. En cambio, vía Twitter acusó de montar "una campaña sucia" a "UPCN, hoy kirchneristas duros", junto a un video en el que se ve a un grupo de gente ingresando por la fuerza a su oficina del Garrahan. "Todo lo ejecutado está dentro de las reglamentaciones nacionales vigentes y de la propia institución", asegura luego ante la consulta de un usuario.
 
Lo que no cierra en esta explicación es el hecho de que tanto el sumario interno, como la denuncia que tramita el Juzgado Federal 9, fueron iniciados por el propio consejo administrativo, un órgano colegiado compuesto por un presidente y cinco consejeros que, siendo el hospital pediátrico un ente bipartito, depende tanto de Nación como de Ciudad, tiene representantes de ambos poderes.
 
Tampoco el hecho de que, tal como figura muy detalladamente tanto en la instrucción de la causa como en el sumario interno del Garrahan, cada una de las irregularidades denunciadas está sustentada con tickets y comprobantes de gastos sin compulsa pública y que no se corresponden con actividad alguna para el hospital. O asientos oficiales en los que figura, por ejemplo: "ingresa vehículo conducido por esposa de Kambourian" con el registro del auto pediátrico (02/05/2018), algo incompatible con el uso hospitalario y con la obligatoriedad de que sea conducido por el chofer.  
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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