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Nacionales - 29-11-2022 / 09:11
MÁS MISERABLE NO SE CONSIGUE

Procesaron al médico macrista Kambourian por robarse la plata de los pibes del Garrahan

Procesaron al médico macrista Kambourian por robarse la plata de los pibes del Garrahan
El médico macrista Carlos Kambourian fue procesado por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales con malversación de fondos del Hospital Garrahan y se confirmó que usó distintas tarjetas corporativas, emitidas al hospital, para compras y gastos en beneficio propio.
Es excandidato del PRO, furibundo vocero de Cambiemos y expresidente del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, el médico macrista Carlos Kambourian, fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales y por violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Kambourian había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.
 
En un documento presentado en tv, se explica la situación de Kambourian y Alan Norton, ex director Administrativo del Garrahan: "Fueron especialmente notificados de que la implementación de las tarjetas cuestionadas resultaba ser una forma gradual de sustituir el uso de efectivo y cheque, y que de ninguna manera ello implicaba una autorización para realizar gastos de manera arbitraria, sino que se debían observar, en cada caso concreto, las normas y reglamentaciones correspondientes".
 
En la misma línea, la investigación de la fiscal María Mángano detectó gastos reiterados en restaurantes: "En varias oportunidades los imputados aludieron a que los gastos realizados en restaurantes como Kansas Pilar, Alvear Palace Hotel, PF Chang San Isidro, Oporto Almacén, Roldán, Steak an Horses, Top of the Hub Boston, Fortnum & Maison United Kingdom, Hard Rock Piccandilly Circus London, TGI Fridays, El Burladero, entre muchos otros, fueron efectuados en el marco de reuniones institucionales".
 
Por otra parte, también se habrían efectuado diferentes consumos fuera de la Argentina. "Se detectaron gastos en el exterior: 400 dólares en el local de te Fortum & Mason de Londres, 700 dólares en un hotel, y 800 dólares por activación de licencias informáticas", informá el periodista Juan Amorín sobre el contenido de la causa que investigó el uso entre mayo de 2018 y enero de 2020.
 
En el acta de la causa se aclaró que "las autoridades del Hospital a través de los actos administrativos correspondientes ya se han expedido al respecto, y han indicado que esa no era una práctica habitual, que dichos gastos no estaban autorizados, que no se respetaron los procedimientos correspondientes y que todas las reuniones se realizaban en las oficinas públicas". Tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia ahora deberá responder en la Justicia.
 
La Opinión Popular
 

 
FUE PROCESADO POR USAR FONDOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO PARA MILLONARIOS GASTOS PERSONALES
 
Carlos Kambourian y los costosos "all inclusive" que pagó el Garrahan
 
Tras la denuncia de PáginaI12, el expresidente del Consejo de Administración del Garrahan fue procesado por usar fondos y bienes públicos en beneficio propio. Aunque es excandidato y furibundo vocero de Cambiemos, ninguna figura opositora salió a respaldarlo. También procesaron y embargaron a Alan Norton, exdirector administrativo del hospital.
 
Por Karina Micheletto
 
El escándalo fue revelado por Raúl Kollmann en una nota de este diario el año pasado: se denunciaba que el expresidente del Consejo de Administración del Garrahan, Carlos Kambourian, había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.
 
Lo mismo con un vehículo del hospital destinado a unidad de traslado, que habría pasado a uso familiar, con y sin chofer incluido, llegando a permanecer durante varios días seguidos fuera del Garrahan, "impidiendo estar al servicio de la actividad hospitalaria". Todo esto consta en el fallo del procesamiento que finalmente se dictó hace unos días, tanto a Kambourian como a Alan Norton, exdirector administrativo del hospital. Ambos fueron procesados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
 
El excandidato a concejal por Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas "con proyección a 2023", como le gusta presentarse tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia, apeló el fallo, como es de uso en esta instancia.
 
Pero además eligió a UPCN como gremio, según él, "kirchnerista duro" detrás de una denuncia que en rigor fue impulsada por el propio Consejo de Administración del Garrahan. Llamativamente, tras esta defensa en forma de ataque, el furibundo vocero de Cambiemos no recibió respaldo público de referente alguno de la oposición. 
 
Tanto Kambourian como Norton quedaron embargados por un millón y medio de pesos cada uno, una suma menor a la que le reclama el hospital en un sumario administrativo que sigue su camino burocrático interno, pero avanza con datos contundentes: a la fecha de la primera denuncia, dos años atrás, se le reclamaba la devolución de millón de pesos y 11.700 dólares de gastos personales. La denuncia también fue presentada por el hospital ante la Oficina Anticorrupción.  
 
 
Que los cumplas feliz
  
En la investigación interna iniciada por el hospital ya figuraban datos escandalosos, gastos hechos y exhibidos a la vista de muchos en la estructura administrativa "como si no hubiera un mañana", describen quienes vieron pasar a Kambourian por el Garrahan, y que hoy entienden el devenir judicial como el resultado de un "exceso de impunidad" vivido en esos años. La acusación de la fiscal federal María Mángano de acuerdo con el material probatorio reunido en la instrucción, y agrega algunos más.
 
Kambourian asumió la presidencia del Consejo de Administración en mayo de 2017; solicitó y logró la emisión de ocho tarjetas de crédito corporativas del Banco Ciudad un año después; las usó hasta fines del gobierno de Cambiemos. La enumeración de sus gastos casi diarios y los de Norton, junto a los respectivos tickets y resúmenes de las tarjetas de crédito, asombra:
 
* Hay cenas que no se condicen con actividad oficial alguna; incluso en días feriados o de fin de semana. En algunas llamó la atención que se incluyera el detalle de una torta. Los eventos coinciden con fechas de cumpleaños de Kambourian y de sus dos hijos.
 
* Hay gastos diarios en cantidad: facturas del supermercado, de bares, de restaurantes de San Isidro en noches de fin de semana. "Gustitos": Uno de Nespresso de 18.500 pesos el 13 de marzo de 2019.
 
* Hay gastos de restaurantes y hoteles en Barcelona y en Londres, que no corresponden a actividad oficial alguna, con sumas a pagar en euros, pasadas a dólares en el resumen de tarjeta. Sorprende en la enumeración que es posible rastrear una estadía vacacional all inclusive, desde el Alvear Palace Hotel, pasando por almuerzos, meriendas y cenas, hasta un cafecito al paso en el Starbucks de 3 dólares, o un gasto eventual de farmacia por 8 dólares más.
 
 
Sagrado deber
  
"Administrativamente se indicó que el Hospital nunca tuvo una cultura organizacional orientada a pagar almuerzos o cenas de trabajo en lugares ajenos a los despachos públicos y que, por lo tanto, dichas prácticas debían ser consideradas como excepcionales, y analizadas en cada caso concreto", indica el juez Luis Rodríguez, tras numerosas testimoniales a personal administrativo y de tesorería.
 
Y observa que tanto Norton como Kambourian hicieron de los almuerzos y cenas­, del pago de regalos y agasajos, una práctica habitual durante el plazo que ocuparon sus respectivos cargos.
 
"Las actuales autoridades del Hospital Garrahan subrayaron que no existió documentación institucional respaldatoria que justifique las razones por las cuales los imputados necesitaban realizar ese tipo de consumos a cargo del hospital", advierte la fiscal Mángano.
 
Y pregunta "cuáles podrían ser los motivos institucionales­ de un hospital de pediatría de alta complejidad" al realizar "consumos, ­en pesos y dólares, elevados en restaurantes nacionales e internacionales; ­a solo modo de ejemplo se citan 'Kansas Pilar', 'Alvear Palace Hotel', 'PF Chang San Isidro', 'Oporto Almacén', 'Roldán', 'Steak and Horses', 'Top of the Hub Boston', 'Fortnum & Maison United Kingdom', 'Hard Rock Piccadilly Circus London', 'TGI Fridays', entre otros".
 
Kambourian prestó declaración indagatoria vía Zoom en mayo pasado. Presentó un escrito en el que habló de "reuniones en otros lugares, en otras instituciones, con distintas personas que muchas veces se hacían en algún bar o confitería durante la semana o los sábados y domingos, de noche y de día, muchas con urgencias, viajes constantes por la ciudad, el interior del país y muchos en el extranjero". "Yo no era un médico o un enfermero que, con su sagrado deber, deben estar todo el tiempo en el hospital atendiendo pacientes", explicó.
 
 
Debe ser el gremio
  
Aunque el año pasado, tras la publicación de Página/12, Kambourian salió a responder que la denuncia tenía "motivaciones políticas", tras el procesamiento el médico prefirió el silencio. En cambio, vía Twitter acusó de montar "una campaña sucia" a "UPCN, hoy kirchneristas duros", junto a un video en el que se ve a un grupo de gente ingresando por la fuerza a su oficina del Garrahan. "Todo lo ejecutado está dentro de las reglamentaciones nacionales vigentes y de la propia institución", asegura luego ante la consulta de un usuario.
 
Lo que no cierra en esta explicación es el hecho de que tanto el sumario interno, como la denuncia que tramita el Juzgado Federal 9, fueron iniciados por el propio consejo administrativo, un órgano colegiado compuesto por un presidente y cinco consejeros que, siendo el hospital pediátrico un ente bipartito, depende tanto de Nación como de Ciudad, tiene representantes de ambos poderes.
 
Tampoco el hecho de que, tal como figura muy detalladamente tanto en la instrucción de la causa como en el sumario interno del Garrahan, cada una de las irregularidades denunciadas está sustentada con tickets y comprobantes de gastos sin compulsa pública y que no se corresponden con actividad alguna para el hospital. O asientos oficiales en los que figura, por ejemplo: "ingresa vehículo conducido por esposa de Kambourian" con el registro del auto pediátrico (02/05/2018), algo incompatible con el uso hospitalario y con la obligatoriedad de que sea conducido por el chofer.  
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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