22:36 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 29-11-2022 / 09:11

MÁS MISERABLE NO SE CONSIGUE

Procesaron al médico macrista Kambourian por robarse la plata de los pibes del Garrahan

El médico macrista Carlos Kambourian fue procesado por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales con malversación de fondos del Hospital Garrahan y se confirmó que usó distintas tarjetas corporativas, emitidas al hospital, para compras y gastos en beneficio propio.

Es excandidato del PRO, furibundo vocero de Cambiemos y expresidente del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, el médico macrista Carlos Kambourian, fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales y por violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Kambourian había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.

En un documento presentado en tv, se explica la situación de Kambourian y Alan Norton, ex director Administrativo del Garrahan: "Fueron especialmente notificados de que la implementación de las tarjetas cuestionadas resultaba ser una forma gradual de sustituir el uso de efectivo y cheque, y que de ninguna manera ello implicaba una autorización para realizar gastos de manera arbitraria, sino que se debían observar, en cada caso concreto, las normas y reglamentaciones correspondientes".

En la misma línea, la investigación de la fiscal María Mángano detectó gastos reiterados en restaurantes: "En varias oportunidades los imputados aludieron a que los gastos realizados en restaurantes como Kansas Pilar, Alvear Palace Hotel, PF Chang San Isidro, Oporto Almacén, Roldán, Steak an Horses, Top of the Hub Boston, Fortnum & Maison United Kingdom, Hard Rock Piccandilly Circus London, TGI Fridays, El Burladero, entre muchos otros, fueron efectuados en el marco de reuniones institucionales".

Por otra parte, también se habrían efectuado diferentes consumos fuera de la Argentina. "Se detectaron gastos en el exterior: 400 dólares en el local de te Fortum & Mason de Londres, 700 dólares en un hotel, y 800 dólares por activación de licencias informáticas", informá el periodista Juan Amorín sobre el contenido de la causa que investigó el uso entre mayo de 2018 y enero de 2020.

En el acta de la causa se aclaró que "las autoridades del Hospital a través de los actos administrativos correspondientes ya se han expedido al respecto, y han indicado que esa no era una práctica habitual, que dichos gastos no estaban autorizados, que no se respetaron los procedimientos correspondientes y que todas las reuniones se realizaban en las oficinas públicas". Tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia ahora deberá responder en la Justicia.

La Opinión Popular

FUE PROCESADO POR USAR FONDOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO PARA MILLONARIOS GASTOS PERSONALES

Carlos Kambourian y los costosos "all inclusive" que pagó el Garrahan

Tras la denuncia de PáginaI12, el expresidente del Consejo de Administración del Garrahan fue procesado por usar fondos y bienes públicos en beneficio propio. Aunque es excandidato y furibundo vocero de Cambiemos, ninguna figura opositora salió a respaldarlo. También procesaron y embargaron a Alan Norton, exdirector administrativo del hospital.

Por Karina Micheletto

El escándalo fue revelado por Raúl Kollmann en una nota de este diario el año pasado: se denunciaba que el expresidente del Consejo de Administración del Garrahan, Carlos Kambourian, había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.

Lo mismo con un vehículo del hospital destinado a unidad de traslado, que habría pasado a uso familiar, con y sin chofer incluido, llegando a permanecer durante varios días seguidos fuera del Garrahan, "impidiendo estar al servicio de la actividad hospitalaria". Todo esto consta en el fallo del procesamiento que finalmente se dictó hace unos días, tanto a Kambourian como a Alan Norton, exdirector administrativo del hospital. Ambos fueron procesados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El excandidato a concejal por Juntos por el Cambio en Malvinas Argentinas "con proyección a 2023", como le gusta presentarse tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia, apeló el fallo, como es de uso en esta instancia.

Pero además eligió a UPCN como gremio, según él, "kirchnerista duro" detrás de una denuncia que en rigor fue impulsada por el propio Consejo de Administración del Garrahan. Llamativamente, tras esta defensa en forma de ataque, el furibundo vocero de Cambiemos no recibió respaldo público de referente alguno de la oposición.

Tanto Kambourian como Norton quedaron embargados por un millón y medio de pesos cada uno, una suma menor a la que le reclama el hospital en un sumario administrativo que sigue su camino burocrático interno, pero avanza con datos contundentes: a la fecha de la primera denuncia, dos años atrás, se le reclamaba la devolución de millón de pesos y 11.700 dólares de gastos personales. La denuncia también fue presentada por el hospital ante la Oficina Anticorrupción.

Que los cumplas feliz

En la investigación interna iniciada por el hospital ya figuraban datos escandalosos, gastos hechos y exhibidos a la vista de muchos en la estructura administrativa "como si no hubiera un mañana", describen quienes vieron pasar a Kambourian por el Garrahan, y que hoy entienden el devenir judicial como el resultado de un "exceso de impunidad" vivido en esos años. La acusación de la fiscal federal María Mángano de acuerdo con el material probatorio reunido en la instrucción, y agrega algunos más.

Kambourian asumió la presidencia del Consejo de Administración en mayo de 2017; solicitó y logró la emisión de ocho tarjetas de crédito corporativas del Banco Ciudad un año después; las usó hasta fines del gobierno de Cambiemos. La enumeración de sus gastos casi diarios y los de Norton, junto a los respectivos tickets y resúmenes de las tarjetas de crédito, asombra:

* Hay cenas que no se condicen con actividad oficial alguna; incluso en días feriados o de fin de semana. En algunas llamó la atención que se incluyera el detalle de una torta. Los eventos coinciden con fechas de cumpleaños de Kambourian y de sus dos hijos.

* Hay gastos diarios en cantidad: facturas del supermercado, de bares, de restaurantes de San Isidro en noches de fin de semana. "Gustitos": Uno de Nespresso de 18.500 pesos el 13 de marzo de 2019.

* Hay gastos de restaurantes y hoteles en Barcelona y en Londres, que no corresponden a actividad oficial alguna, con sumas a pagar en euros, pasadas a dólares en el resumen de tarjeta. Sorprende en la enumeración que es posible rastrear una estadía vacacional all inclusive, desde el Alvear Palace Hotel, pasando por almuerzos, meriendas y cenas, hasta un cafecito al paso en el Starbucks de 3 dólares, o un gasto eventual de farmacia por 8 dólares más.

Sagrado deber

"Administrativamente se indicó que el Hospital nunca tuvo una cultura organizacional orientada a pagar almuerzos o cenas de trabajo en lugares ajenos a los despachos públicos y que, por lo tanto, dichas prácticas debían ser consideradas como excepcionales, y analizadas en cada caso concreto", indica el juez Luis Rodríguez, tras numerosas testimoniales a personal administrativo y de tesorería.

Y observa que tanto Norton como Kambourian hicieron de los almuerzos y cenas, del pago de regalos y agasajos, una práctica habitual durante el plazo que ocuparon sus respectivos cargos.

"Las actuales autoridades del Hospital Garrahan subrayaron que no existió documentación institucional respaldatoria que justifique las razones por las cuales los imputados necesitaban realizar ese tipo de consumos a cargo del hospital", advierte la fiscal Mángano.

Y pregunta "cuáles podrían ser los motivos institucionales de un hospital de pediatría de alta complejidad" al realizar "consumos, en pesos y dólares, elevados en restaurantes nacionales e internacionales; a solo modo de ejemplo se citan 'Kansas Pilar', 'Alvear Palace Hotel', 'PF Chang San Isidro', 'Oporto Almacén', 'Roldán', 'Steak and Horses', 'Top of the Hub Boston', 'Fortnum & Maison United Kingdom', 'Hard Rock Piccadilly Circus London', 'TGI Fridays', entre otros".

Kambourian prestó declaración indagatoria vía Zoom en mayo pasado. Presentó un escrito en el que habló de "reuniones en otros lugares, en otras instituciones, con distintas personas que muchas veces se hacían en algún bar o confitería durante la semana o los sábados y domingos, de noche y de día, muchas con urgencias, viajes constantes por la ciudad, el interior del país y muchos en el extranjero". "Yo no era un médico o un enfermero que, con su sagrado deber, deben estar todo el tiempo en el hospital atendiendo pacientes", explicó.

Debe ser el gremio

Aunque el año pasado, tras la publicación de Página/12, Kambourian salió a responder que la denuncia tenía "motivaciones políticas", tras el procesamiento el médico prefirió el silencio. En cambio, vía Twitter acusó de montar "una campaña sucia" a "UPCN, hoy kirchneristas duros", junto a un video en el que se ve a un grupo de gente ingresando por la fuerza a su oficina del Garrahan. "Todo lo ejecutado está dentro de las reglamentaciones nacionales vigentes y de la propia institución", asegura luego ante la consulta de un usuario.

Lo que no cierra en esta explicación es el hecho de que tanto el sumario interno, como la denuncia que tramita el Juzgado Federal 9, fueron iniciados por el propio consejo administrativo, un órgano colegiado compuesto por un presidente y cinco consejeros que, siendo el hospital pediátrico un ente bipartito, depende tanto de Nación como de Ciudad, tiene representantes de ambos poderes.

Tampoco el hecho de que, tal como figura muy detalladamente tanto en la instrucción de la causa como en el sumario interno del Garrahan, cada una de las irregularidades denunciadas está sustentada con tickets y comprobantes de gastos sin compulsa pública y que no se corresponden con actividad alguna para el hospital. O asientos oficiales en los que figura, por ejemplo: "ingresa vehículo conducido por esposa de Kambourian" con el registro del auto pediátrico (02/05/2018), algo incompatible con el uso hospitalario y con la obligatoriedad de que sea conducido por el chofer.

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".