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Nacionales - 29-11-2022 / 08:11
LA HONESTIDAD BRUTAL DE ODIAR A LOS QUE QUIERE GOBERNAR

Luis Juez calificó a todos los argentinos de pueblo de mierda

Luis Juez calificó a todos los argentinos de pueblo de mierda
Sacadísimo, el senador de Juntos por el Cambio cordobés, Luis Juez, agrede a quienes no se alinean con su cruzada personal para apoltronarse en un sillón del Consejo de la Magistratura. Habló con Luis Majul en el canal LN+ y dejó una frase para el archivo, blanqueando lo que realmente piensa. Consultado por su disputa en el Consejo de la Magistratura, cargó la responsabilidad en la la supuesta falta de respuesta popular y aseguró: “Somos jodidos los argentinos. ¡Qué pueblo de mierda! ¡Le exigimos mucho más a un equipo de fútbol que a los dirigentes!”
Fiel a su costumbre, Luis Juez sigue paseando su gorilismo por los canales porteños de televisión y dejando frases para el archivo, mostrando abiertamente cuál es su pensamiento. Semanas después de asegurar en el programa de Mirtha Legrand que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida", ahora el senador de Juntos por el Cambio totalmente sacado apuntó contra el pueblo argentino.
 
Entrevistado por Luis Majul en el canal ultra macrista LN+, el exembajador en Ecuador durante el gobierno de Macri se mostró enojado por la disputa interminable que mantiene con el Frente de Todos para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Pero lejos de limitarse a analizar la situación, Juez sorprendió responsabilizando a la sociedad por no salir a reclamar en apoyo a su postura. El argumento, insólito, se completó con un ataque de sinceridad brutal: "Tenemos preparado el quilombo en la puerta si nos deja afuera Polonia, si no clasificamos a los octavos, pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa... Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un jugador de fútbol que a nuestros propios dirigentes". Cosa que tal vez hace él y considera que lo hacemos todos.

El halcón Luis Juez 
mostró la hilacha y no sorprende con este tipo de comentarios. El senador macrista hace tiempo que viene intentando levantar su perfil y como no puede decir lo que haría si llega al gobierno emite frases picantes y declaraciones "sin filtro", buscando entrar en la misma sintonía que el ala dura del PRO. Hace algunas semanas, en el programa de Mirtha Legrand, Luis Juez debatió con la analista española Pilar Rahola sobre su disputa para ingresar al Consejo de la Magistratura. El senador afirmó: "Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que le cambió la vida". Y lejos de dejarlo ahí reivindicó el "estándar de vida que teníamos hace 40 años".


Juez fue integrante del gobierno de Mauricio Macri. Cumplió funciones primero como embajador en Ecuador, desde enero de 2016 hasta noviembre de 2017, donde protagonizó un hecho lamentable cuando durante una entrevista declaró que se cambió la camisa "para que no digan que este mugriento agarró hábitos ecuatorianos". La frase fue repudiada por la Cancillería ecuatoriana y el gobierno de Ecuador reclamó enérgicamente su salida del cargo, cosa que terminó ocurriendo. A su regreso al país, Macri le inventó un cargo a su medida al frente de la dirección del "Instituto de Capacitación Política".
 
Fiel defensor del ajuste neoliberal macrista, ahora despotrica en la televisión con su clásica demagogia hablando en contra "de la dirigencia política" de la que él forma parte desde el año 2003, cuando asumió la intendencia municipal de Córdoba. Como si no fuera suficiente, pretende cargar la responsabilidad en quienes han tenido que lidiar con el ajuste de su gobierno y, con el desprecio que lo caracteriza, para Juez la culpa la tiene este "pueblo de mierda". Lo del senador cordobés es cada vez más impresentable y confirma eso de que el macrismo quiere gobernar un pueblo al que detesta.
 
La Opinión Popular



 
EL SENADOR CORDOBÉS DE JUNTOS POR EL CAMBIO CALIFICÓ A LA ARGENTINA COMO "PUEBLO DE MIERDA"
 
Repudio a los dichos de Luis Juez: "Insulta al mismo pueblo que lo votó"
 
En su ambición por quedarse con un sillón en el Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez acumula exabruptos contra quienes no adhieren a su cruzada personal. Esta vez, con tono mundialista, responsabilizó "al pueblo argentino" por no pelear por ese lugar que él reclama. "Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos mucho más a un equipo de fútbol que a los dirigentes", dijo, desbordado, el halcón cordobés de Juntos por el Cambio.
 
Semanas atrás, el ex liceísta y ex embajador macrista en Ecuador, puso en dudas el valor de la recuperación democrática al afirmar que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida". Los repudios por sus dichos no tardaron en aparecer. "Juez cree que forma parte de un pueblo de mierda, el que lo eligió como senador de la Nación. Ese pueblo de mierda se llama Argentina. Lindo", expresó la senadora del FdT Juliana Di Tullio.
 
En esa línea, también criticó la posibilidad de que Juez sea designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que se encarga de administrar el Poder Judicial y proponer y controlar a jueces nacionales y federales. "Este es el senador que quiere (Horacio) Rosatti en el Consejo de la Magistratura para que elija los jueces y juezas que van a tener tu vida en sus manos", remarcó Di Tullio, en referencia a que fue el presidente de la Corte Suprema quien firmó la resolución para que sea Juez quien asuma en ese organismo.
 
En declaraciones a La Nación+, Juez indicó el domingo que hay una parte de la sociedad que tiene "preparado el quilombo" en caso de que el país quede afuera del mundial de Qatar 2022, pero que "no se mueve de casa" cuando "se roban el país". Eso fue lo que disparó su concepto de "pueblo de mierda".
 
La diputada del FdT de Córdoba Gabriela Estévez resaltó que Juez "nos tiene tristemente acostumbrados a este tipo de expresiones. Lo hizo con la comunidad gay, lo hizo utilizando a la ciudadanía boliviana como si fuese un insulto, lo hizo insultando al pueblo ecuatoriano cuando era embajador allí", enumeró Estévez en diálogo con Télam.
 
En ese sentido, recordó que el senador "se burló" en el Congreso cuando los legisladores eran capacitados con los cursos de perspectiva de género de la Ley Micaela.
 
"Cuando terminó la capacitación, él a modo de chiste hizo el comentario 'me tengo que ir porque me está llamando mi mujer para comer'", sostuvo la diputada. Estévez catalogó a Juez como alguien con un "discurso homoodiante, xenófobo y negacionista" y que es "peligroso" para la democracia. "Amerita un repudio generalizado de quienes formamos parte de las diferentes expresiones políticas de la democracia en este país", subrayó.
 
El senador del FdT por Tucumán Pablo Yedlin también le contestó a Juez: "No lo fuimos y no lo somos (pueblo de mierda), tenemos un pasado de grandeza y un futuro lleno de esperanza".
 
En la misma sintonía se expresó la senadora del FdT por San Luis María Eugenia Catalfamo, quien sostuvo que Juez "se olvida" que ese pueblo "al que se refiere con tanto odio y violencia" es también el que "lo eligió" para ocupar un escaño en el Senado. "Por eso hoy ocupa una banca en el Senado, desde donde pretende, también, integrar el Consejo de la Magistratura", resaltó Catalfamo.
 
A su turno, el senador del FdT por La Rioja Ricardo Guerra también criticó a Juez al indicar que "agrede y ofende" al pueblo argentino: "No podemos permitirlo, llamó a los argentinos y a las argentinas 'pueblo de mierda', el mismo pueblo que lo votó y le paga el sueldo", tuiteó Guerra.
 
Sin embargo, estas declaraciones no son los únicas polémicas que rodean al senador de JxC y aspirante al Consejo de la Magistratura. La semana pasada, Juez fue denunciado por una mujer a la que habría insultado en la vía pública del centro de la ciudad de Córdoba, informaron fuentes judiciales. La acusación es analizada por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Mana, y según consta en la presentación judicial se investiga al funcionario por "amenazas".
 
La mujer denunció que habría sido amenazada por el legislador el martes pasado a la tarde, luego de un entredicho en la esquina de Corro y San Luis, en la capital cordobesa, en cercanías del estudio de abogacía del senador. "La próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara, papuda", fueron las palabras que presuntamente le propinó el senador a la mujer denunciante.
 
Fuente: Página 12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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