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Nacionales - 27-11-2022 / 07:11
EN EL OJO DE LA TORMENTA: DE ÑOQUIS DE ALTO RANGO A PROSTITUCIÓN VIP

Macri le pidió a Bullrich que corra a Milman por su vinculación en la causa del atentado a Cristina

Macri le pidió a Bullrich que corra a Milman por su vinculación en la causa del atentado a Cristina
Mauricio Macri le pidió a Patricia Bullrich que tome distancia de su mano derecha, Gerardo Milman. El diputado que hasta hace muy poco era presentado por la presidenta del PRO como su jefe de Gabinete si llegaba a la Casa Rosada, desapareció de los actos y conferencias de Bullrich. "Lo borró", sintetizó una fuente del PRO. El cúmulo de indicios que de alguna manera lo ponen en contacto con el intento de asesinato de Cristina y el mundo marginal que lo instrumentó, llevó a Macri a recomendarle a Bullrich que lo margine, al menos hasta que se aclare la situación.
Mauricio Macri le pidió a Patricia Bullrich que tome distancia de su mano derecha, Gerardo Milman. El diputado que hasta hace muy poco era presentado por la presidenta del PRO como su jefe de Gabinete si llegaba a la Casa Rosada, desapareció de los actos y conferencias de Bullrich. "Lo borró", sintetizó una fuente del PRO. El cúmulo de indicios que de alguna manera lo ponen en contacto con el intento de asesinato de Cristina y el mundo marginal que lo instrumentó, llevó a Macri a recomendarle a Bullrich que lo margine, al menos hasta que se aclare la situación.
 
El impacto de las acusaciones es tan evidente que Milman incluso dejó de cumplir sus obligaciones como diputado. En la sesión de este jueves no se lo vio en la cámara baja. Este diputado fue mano derecha de Bullrich durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, donde afianzó su relación con el mundo de la inteligencia y las fuerzas de seguridad. Un rol clave que se mantuvo ya en el llano, cuando Patricia asumió como presidenta del PRO.
 
El diputado quedó en el ojo de la tormenta cuando un asesor del diputado Marcos Cleri, reveló que lo escuchó anticipar en el bar Casablanca el atentado a la vicepresidenta. "Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa", afirmó el testigo que le escucho decir a dos de sus asesoras, una de ellas una ex miss argentina que durante la gestión de Macri colocó al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia.
 
Las cámaras de la zona confirmaron que a esa hora y ese día estuvo en el bar con sus asesoras, pero ellas negaron la frase. Sin embargo, alimentó las sospechas que semanas previas al atentado, Milman exhibió una extraña obsesión por conocer en detalle cómo se conformaba la custodia de Cristina. Esto llevó a la vicepresidenta a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, por no citarlo a declarar ni profundizar la investigación de la "pista Milman".
 
Este viernes la Cámara Federal Porteña rechazó la recusación de la magistrada, pero le ordenó que profundice la investigación del vínculo del diputado con el atentado. Capuchetti es una de las pocas juezas federales de Comodoro Py que logró nombrar el macrismo y siempre se la vinculó estrechamente a Daniel "El tano" Angelici.
 
Si bien al inicio de las acusaciones, Milman recibió un comunicado de respaldo del bloque de Diputados PRO, cuando Cristina hizo propia las denuncias, no se lo vio más por el Congreso. Bullrich reaccionó con virulencia al video de Cristina contra su mano derecha y calificó las acusaciones de "bullshit", pero dejó de mostrarse junto a él.
 
En el bloque del PRO ahora temen que la lupa se pose sobre una gran cantidad de contratos que recibió el diputado apenas asumió, de una envergadura similar a las de un jefe de bloque, al parecer como parte del acuerdo alcanzado en su momento para bajarse de la pelea por la conducción de la bancada. Como parte de ese despliegue trascendió que habría contratado a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, "la enamorada de Mauricio", como asesora con un sueldo de 400 mil pesos.
 
Frente a esta suma de escándalos de ñoquis de alto rango a la prostitución VIP, y la inquietud que genera lo que puede detectar la justicia en la investigación del atentado a Cristina, es que finalmente Bullrich aceptó, al menos por ahora, dejar de mostrarse con quien hasta hace poco era su mano derecha y principal armador político.
 
La Opinión Popular

 
Milman en el ojo de la tormenta: de ñoquis de alto rango a prostitución VIP
 
El diputado del PRO implicado en el atentado contra CFK, Gerardo Milman, sigue sumando escándalos que complican su imagen pública. Situación que resalta además por el llamativo silencio del partido amarillo ante de las polémicas por las presuntas coimas, las posibles sanciones en el Congreso y sus »ñoquis» VIP.
 
 
»Aceptación de dádivas»
  
El abogado Yamil Castro Bianchi pidió que se investigue al diputado de Juntos por el Cambio por la supuesta «aceptación de dádiva«, luego que se conocieran los vínculos con una empresa proveedora del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
Castro Bianchi denunció a Milman por presunta "malversación de fondos públicos". La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, a cargo de Daniel Rafecas, y ahora el curso de la causa lo deberá definir el fiscal Carlos Stornelli.
 
El diputado quedó envuelto en una extraña situación cuando una allegada suya fue detenida en un control policial de la ciudad de Buenos Aires.
 
La mujer manejaba con un registro de conducir apócrifo, un vehículo perteneciente a una empresa proveedora del estado, que obtuvo millonarias contrataciones durante el gobierno de Cambiemos.
 
Se trata de la «Metalúrgica Oliva S.A", una empresa dedicada principalmente a la seguridad de caudales, y que se vinculó con el ministerio de Seguridad que, por ese entonces conducía Patricia Bullrich, secundada por Milman para ofrecer los servicios de blindaje de vehículos para traslado e intervención de Fuerzas Policiales y de Seguridad.
 
La mujer de dos apellidos de familias tradicionales fue detenida en un control de tránsito del Gobierno porteño en Palermo a las 2.10 de la mañana el pasado 4 de abril.
 
Cuando le estaban por secuestrar el auto, apareció Milman y sostuvo que la mujer era su esposa y que el auto era suyo. Ninguna de las dos cosas resultó ser cierta: el auto es de la mencionada empresa y la mujer no es su esposa.
 
La escena incluyó un intercambio muy agresivo con los agentes de tránsito porteños e incluyó una denuncia penal que inició Milman y que fue desestimada.
 
Para Castro Bianchi, "resulta francamente llamativo, y altamente sospechoso" que el legislador denunciado se encuentre como "único" autorizado a circular con el mencionado vehículo con la cédula azul aunque el dominio se encuentra registrado a nombre de la empresa.
 
"La cédula azul a nombre de Milman es indicio suficiente para considerar que el diputado ha recibido el automóvil en consideración a su oficio, es decir en su condición de ViceMinistro de Seguridad que facilitó negocios para la empresa que puso el vehículo a su disposición. Evidentemente se manejaba como el propietario del rodado sin serlo, y todo ello da cuenta de la necesidad de profundizar estas relaciones", fundamentó Castro Bianchi.
 
 
Las sospechas por las »asesoras»
  
Milman pasó a estar bajo la lupa de la Justicia luego de que un testigo reservado declarara ante la jueza María Eugenia Capuchetti -que instruye la causa del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner- que oyó a Milman hablar con dos asesoras suyas y decir: »Cuando la maten voy a estar camino a la costa». La conversación ocurrió dos días antes del atentado.
 
Inmediatamente se supo que las asesoras que hablaban con Milman aquel día eran Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.
 
Gómez Mónaco ocupó un importante puesto en la AFI macrista: fue Directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad (DINICRI).
 
Lo curioso, es que la mujer no cuenta con ningún antecedente -académico ni laboral- que la acredite para ocupar un puesto de tal jerarquía en el mundo del espionaje.
 
Con el pasar de los días, también se supo que la hermana de Gómez Mónaco, Daniela, manejó de 2016 a 2019 los fondos reservados de la Dirección de Inteligencia Criminal por más de 120 millones de pesos. A ambas se las llevó luego al Congreso como »asesoras».
 
Además, en la noche de este jueves 24 de noviembre, el periodista Gustavo Sylvestre confirmó que Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Mauricio Macri, es la asesora estrella de Milman en la Cámara de Diputados. Aunque pese a cobrar un altísimo sueldo, nunca se la vio caminar los pasillos del Congreso.
 
A las »ñoquis» de alto rango, y asesoras de un perfil llamativo, se sumó que en los últimos días, el diario Página 12 reveló que el diputado nacional solicitó al personal de recursos humanos de la Cámara de Diputados que diese de baja contratos de algunos de sus asesores.
 
»¿Por qué Milman no quería que se sepa quiénes trabajaban para él?», se preguntaron los abogados de la querella de CFK en la causa por el atentado.
 
Una de las revelaciones periodísticas que puedan arrojar luz sobre esta incógnita la deslizó este jueves el periodista Roberto Navarro.
 
En su programa de radio, Navarro contó que "Algunos dicen que Milman es adicto a la prostitución". Y agregó: "No se sabe si es "adicto a la prostitución VIP" y hay dudas si está de "un lado del mostrador o los dos".
 
Y señaló Navarro: "a algunas mujeres con las que sale les consiguió puestos de altos pagos», sugiriendo que algunas de ellas podrían ser las asesoras que Milman buscaba esconder.
 
 
Sanciones en el Congreso
 
Mientras Milman afronta una situación cada vez más complicada con la Justicia, en el Parlamento no se encuentra mejor.
 
El bloque de Diputados del Frente de Todos cree que el pedido de la justicia para evaluar posibles correctivos contra el diputado del PRO debe pasar por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
 
El fiscal César Augusto Troncoso emitió un dictamen en el que se desestima la denuncia de Milman por el accionar de la policía de la Ciudad en el control de Tránsito que detuvo a la mujer de dos apellidos.
 
En su parte resolutiva plantea que:
 
"Lejos de adoptar una conducta centrada y ajustada al ordenamiento vigente, desde el punto de vista de la moral y ética que debe tener cualquier funcionario, en este caso un Diputado de la Nación, se mostró ofuscado y cuestionó el accionar policial, situación que lo llevó a denunciar hechos que ni siquiera constituyen delitos de acción pública".
 
Y antes de desestimar categóricamente la denuncia por "inexistencia de delito", el fiscal consideró prudente»:
 
"Notificar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina acerca de la actitud asumida por el mencionado Milman a los fines disciplinarios que estime corresponda".
 
En el bloque oficialista ya definió que el pedido del fiscal vigente en la Cámara baja vaya a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para debatir ahí las implicancias del accionar de Milman y las posibles sanciones que pueden considerarse en el parlamento.
 
Por otro lado, la situación escala en la interna de Juntos por el Cambio. El enojo con Milman es visible en el interbloque opositor, incluso en los sectores más cercanos al diputado.
 
En la sesión de este miércoles muchos legisladores estuvieron atentos pero Milman no asistió, una de las pocas veces en el año que no estuvo presente en una sesión.
 
A pesar de una defensa inicial del diputado, la alianza opositora evalúa soltarle la mano en la medida que la figura de Milman salpique no sólo al PRO, sino a todo JxC.
 
Fuente: El Ágora Digital
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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