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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-11-2022 / 19:11
DESPUÉS DE TRES MESES DEL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado
La violencia política una desgracia que se creía superada con la retirada de la última dictadura cívico-militar y el retorno de la vida democrática en diciembre de 1983, acecha nuevamente a la sociedad argentina. El intento de asesinato contra la Vicepresidenta de la Nación fue un golpe durísimo que puso en entredicho el pacto de convivencia pacífica asumido por todas las fuerzas políticas argentinas desde aquella fecha.
 
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado. Para los abogados de CFK, "es una victoria procesal", porque se tendrán que hacer varias medidas que venían reclamando, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero, por parte de altos dirigentes del PRO, por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.
 
Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.
 
Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial Macrista, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.
 
El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón.
 
Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas. Si la sociedad no reacciona, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.
 
La Opinión Popular


 
La Sala I de la Cámara Federal ordenó investigar la pista vinculada a Gerardo Milman en la causa sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, aunque después de casi tres meses, si había alguna prueba por rescatar será difícil de encontrar. Para los abogados de la querella de la vicepresidenta la resolución "es una victoria en términos procesales", porque las medidas que reclamaban se tendrán que hacer, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Lo que sucede es que los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sugieren casi una carrera de obstáculos: que primero le tomen una ampliación de su declaración al testigo que escuchó al diputado de Juntos por el Cambio decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa"; luego que le tomen testimonial a otros dos diputados y recién después, si es muy necesario, que se secuestren y analicen los celulares de las asesoras que estaban con él cuando se supone que dijo la frase en cuestión en la confitería Casablanca, y que seguramente a esta altura ya estarán borrados. 
 
 
Capuchetti confirmada, por ahora
 
En otra resolución, Bruglia rechazó la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, con el argumento de que la querella no demostró "la ausencia de imparcialidad invocada" y que sólo está en desacuerdo con la actuación de la jueza. La realidad es que la propia Cámara termina por reconocer, al menos, que fue selectiva en las pistas que siguió y las que abandonó. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal apelarán ante la Cámara de Casación Penal para insistir con el apartamiento.
 
La magistrada, además, será denunciada por la querella ante el Consejo de la Magistratura y todo indica que CFK iniciará una demanda internacional "por la impunidad y la gravedad institucional que significa atentar contra la vida de la vicepresidenta por organizaciones fascistas sin ningún tipo de control de los organismos judiciales", explicó a Página/12 el abogado José Manuel Ubeira.
 
Esta semana, y como para anticiparse a la decisión que debía tomar Bruglia, Capuchetti delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo. Ella lo presentó como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que señalaban su parcialidad. Es esperable que, luego de tanto tiempo, no caiga simpática esta disposición en la fiscalía, que recibe una causa llena de cuestionamientos por todo lo que no se investigó y lo que se hizo mal: desde la pérdida de información del teléfono de Fernando Sabag Montiel (autor del fallido disparo) que llegó "reseteado de fábrica" a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras un peritaje de la Policía Federal; la demora en la detención de Brenda Uliarte y en hacer las escuchas directas de sus comunicaciones (la Federal tardó tres horas en empezarlas desde que recibió la orden), tanto que la mujer casi logra huir; la falta de investigación de pistas como la del dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol (vinculado con Patricia Bullrich y Javier Milei y, al parecer, con un funcionario de Milman con quien habría viajado, así como con Brenda Uliarte, con quien dio una charla en Instagram), quien citado con un mes de tardanza y a quien se le secuestró a regañadientes un celular que luego resultó estar borrado; el hallazgo reciente por parte de la querella de chats de Gabriel Carrizo donde decía "recién intentamos matar a Cristina"; y todo el capítulo de Milman, al que ahora se refiere la Cámara.
 
 
El caso Milman
 
Una de las cuestiones que Capuchetti ignoró, y que era conocida desde un comienzo, pero que la Cámara no mencionó, era que Milman, jefe del bloque del PRO en Diputados, había presentado un proyecto de resolución donde anticipaba el atentado, aunque lo definía como autoatentado, que ocurriría dos semanas después. El texto terminaba con la frase: "Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina". Horas antes del ataque presentó otro donde pedía información sobre la custodia de CFK e incluso impulsaba que fuera reducida.
 
Era evidente que Milman sabía algo, tenía un rumor o alguna información del ataque, que no detuvo. Por ende, lo fundamental era saber qué ocurrió, de dónde obtuvo esa información, pero antes del 30 de agosto, que fue cuando el testigo Jorge Abello dijo que lo escuchó decir la ya famosa frases "cuando la maten voy a estar camino a la costa".
 
Además, ¿Cuál era la trama de la relación de Milman con Revolución Federal (él mismo dijo que fue a la marcha donde llevaron la guillotina) y con Nueva Centro Derecha? Es evidente que el 1 de septiembre empezaron a cuidarse de lo que hacían y decían, por lo tanto todo analizar todo lo previo era fundamental.
 
La Sala I de la Cámara Federal --bautizada como la sala "M"--  tenía que resolver el reclamo de los abogados de la querella, que cuestionaron a la jueza Capuchetti por no secuestrar los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras de Milman que estaban con él cuando se supone que habló del atentado. Ambas, en un comienzo, al declarar intentaron negar haber estado en la confitería Casablanca, lo aceptaron al ver las imágenes de las cámaras cercanas, señalaron fechas muy anteriores y tuvieron contradicciones entre ellas.
 
Era el mejor camino para terminar de cotejar lo que había dicho el testigo Abello, asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Pero la jueza dijo que era una violación a la intimidad y las dejó irse lo más tranquilas. Gómez Mónaco es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que secundaba Milman y su hermana manejaba los fondos reservados.
 
Al resolver, Llorens, Bruglia y Bertuzzi señalaron "la gravedad institucional del hecho investigado"  y dijeron que por eso es "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego"- Por eso dicen que está bien lo que pide la querella, en cuanto a una investigación exhaustiva, pero que el secuestro de los celulares debe ser la última opción.
 
Después de tres meses, del paso de las asesoras por tribunales y de todo lo que se ventiló, suena improbable que alguien pueda encontrar información relevante en esos teléfonos. Igual, los camaristas dicen que antes de esas medidas, hay que hacer otras "menos lesivas", y si no aparece nada, entonces ahí sí incautar los teléfonos.
 
Entonces sugieren que declare el diputado Cleri quien, hace tiempo entregó una copia certificada por escribano de los chats que tuvo con Abello después del atentado, cuando éste le decía que había atado cabos sobre lo que había escuchado. El diputado ofrecía su teléfono y lo que fuera, pero nunca fue citado por la jueza. La Cámara dice que sería bueno que "se explaye sobre los detalles de dicha conversación" y que diga si habló del tema después con otras personas.
 
También apuntan a ampliar la testimonial de Abello ---a quien la jueza a pedido de Milman denunció por falso testimonio--, "con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas". Otro testigo que dicen que debería declarar es el diputado Mario Leito (FdT) quien se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Milman" como para verificar si escuchó a Milman referirse al atentado. Según lo que resulte de todo esto, dice el tribunal, ahí habría que verificar si en los celulares hay alguna mención a los dichos de Milman señalados por Abello.
 
 
"Una victoria con medidas tardías"
 
"Sentimos que ha sido una victoria, en términos procesales, porque en lo sustantivo lo que nos interesaba era que las medidas de prueba se hagan. Creemos que las medidas son absolutamente tardías y de poco efecto práctico", dijo Ubeira a Página/12, y subrayó que tampoco se habría logrado que avance nada esto sin "el empeño sistemático" de la querella. 
 
"La Cámara --continuó-- le da un indicativo para quien instruya en definitiva la causa, de que no puede haber ninguna pista que no sea analizada. Creemos que es una derrota de la impunidad con la que se venía manejando la jueza federal. No obstante vamos a apelar en la Cámara de Casación el no apartamiento de la jueza y dado que los elementos de prueba se han perdido creemos que ha incurrido en mal desempeño, lo cual habilita el juicio político. También evaluamos que la forma en que fue llevada la causa, con protección de la impunidad, afecta los derechos de la mujer. Si la víctima fuera un varón no pasaría lo mismo". El abogado anunció también que todo esto "será ventilado en los tribunales internacionales".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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21-01-2026 / 08:01
A pesar de la cerrada negativa oficial, la Justicia ordenó que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei deberá poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el 4 de febrero no está implementada toda la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que hasta rechazó el veto de Milei, "comienzan a regir las multas diarias a funcionarios". Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
 
El Gobierno libertario había promulgado la ley, pero la había suspendido al mismo tiempo con la excusa de no tener fondos. Una mentira escandalosa. Este fallo de la Justicia le da la razón a quienes pelearon por su sanción. Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aun así, con la movilización popular, el Congreso había rechazado el veto a la ley.
 
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, "informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones". De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
 
"La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple", manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las "dilaciones y las excusas". "Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final", celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
 
El argumento de Milei, de la "sostenibilidad fiscal" es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios de las patronales del campo. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.
 
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. "Va a dilatar su implementación todo lo que pueda", advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. "Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado", añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
 
La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización popular.
 
La Opinión Popular
 

20-01-2026 / 09:01
"El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo es extremadamente regresivo y nuestra oposición es total", declaró la diputada nacional de Fuerza Patria Kelly Olmos, en relación a una de las leyes que el Gobierno tratará de impulsar en las sesiones extraordinarias de febrero. Ante esto, el peronismo prepara una serie de propuestas para presentar una reforma laboral alternativa, que amplíe los derechos de las y los trabajadores. "Nosotros queremos alimentar el debate público y mostrar que lo que el Gobierno hace no moderniza sino que, por el contrario, precariza", sostuvo Olmos.
 
Por su parte, el senador Mariano Recalde aseguró que avanzaron en varios sentidos. "Trabajamos en ocho ideas fuerza que están plasmadas en muchos y diversos proyectos ya presentados en el congreso durante años". Por su parte, Olmos destacó que: "La modernización se asienta en otras regulaciones como las que nosotros promovemos", dijo la diputada.
 
El Peronismo avanza con una propuesta laboral diferente a la del oficialismo. Apunta a promover una recomposición salarial para que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo. También marca que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero, a diferencia de la Reforma Laboral mileísta que abre la posibilidad de otorgar pagos en especie (bienes o servicios). "Lo que hace el Gobierno en su propuesta es congelar la situación actual, que es una de mucha precariedad y falta de derechos", dijo la diputada, y afirmó que la sociedad necesita de regulaciones para que todos sus actores puedan de verdad ejercer sus derechos, porque sin regulación no hay más libertad, como pregonan los libertarios, sino que hay más injusticia y concentración de poder.
 
La propuesta peronista podría incluir una reducción de la jornada laboral, con un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, en contraste con la Reforma de Milei que busca conseguir jornadas de hasta 12 horas diarias. La reforma libertaria no busca modernizar sino flexibilizar y destruir derechos de los trabajadores. Olmos sostuvo que buscan una concepción más moderna para encarar las regulaciones laborales de los argentinos. "Para nosotros una concepción moderna es la que amplía derechos", aseguró.
 
Para el peronismo, la Ley de "Modernización Laboral" con la que insiste el Gobierno comprende dos grandes mentiras. La primera es la pretendida modernización que no es tal, ya que la ley propone aumentar la jornada laboral mientras el mundo busca reducirla, no protege a los trabajadores de las nuevas plataformas, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días, y pretende derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer artículos que tienen un siglo de antigüedad. La segunda mentira es que creará empleo, cuando en realidad desde que asumió Milei se destruyen puestos de trabajo todos los días, y esta ley no promueve la creación de empleo sino la reducción de indemnizaciones por despido.
 
Entre las propuestas del Partido Justicialista también resaltan las licencias parentales igualitarias, con licencias por maternidad de 120 días, por paternidad de 90 días, y también por adopción, lo que distribuye de manera más equitativa las tareas de cuidado y protege las oportunidades laborales de ambas partes. También contemplan un resguardo digital, para proteger los límites de la jornada laboral al garantizar el derecho de no contestar comunicaciones fuera de horario y, de ser así, compensar con tiempo y dinero.
 
En términos generales, el peronismo apunta al fortalecimiento de la negociación colectiva, para que el empleador y los empleados puedan dialogar de forma equilibrada. Olmos afirmó que la idea es "emparejar la cancha, donde los empleadores van de un modo organizado pero los trabajadores también, porque si el trabajador va sólo el desequilibrio hace que no haya negociación sino solo la posibilidad de adherir a la imposición del empleador". El concepto que se enarbola en términos de libertad, en realidad más que libertad es prepotencia: muchos invocan la libertad sólo para ejercer la prepotencia, la unilateralidad del empleador sobre las y los trabajadores. La reforma laboral es una ley muy regresiva y, por el bien de las y los trabajadores, en el Congreso debería ser rechazada.
 
La Opinión Popular
 

19-01-2026 / 18:01
Meses antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Javier Milei ya había jugado todas sus fichas por el magnate republicano, incluso cuando Joe Biden todavía gobernaba Estados Unidos. Hoy, con Trump cumpliendo su primer año de mandato, esa apuesta se tradujo en una subordinación personal y política cada vez más obsecuente, con consecuencias directas para la política exterior argentina y un alineamiento automático con las decisiones de Washington.
 
La sintonía entre Milei y Trump se consolidó rápidamente. El presidente argentino convirtió a Estados Unidos en su principal destino internacional, con 15 viajes en lo que va de su gestión, y definió a ese país, junto con el gobierno genocida de Israel, como socios prioritarios. En paralelo, la Argentina comenzó a votar en bloque con Estados Unidos en los organismos internacionales y a respaldar su estrategia en Medio Oriente, dejando de lado cualquier margen de autonomía diplomática.
 
Desde la Casa Blanca llegaron gestos políticos y financieros de alto impacto. Trump recibió a Milei en Washington, impulsó señales públicas de respaldo a su programa económico neoliberal y apoyó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
 
Además, el Tesoro yanqui desembolsó cerca de 20.000 millones de dólares para apuntalar la situación financiera del país en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, una decisión que generó fuertes críticas internas en Estados Unidos, especialmente entre productores agropecuarios y sectores de la oposición. Ese rescate financiero no fue gratuito. Para Trump, el auxilio económico funcionó como una forma de asegurar lealtad política neocolonial en un momento en el que busca recuperar influencia del Imperio en el continente.
 
Para Milei, el respaldo tuvo un carácter vital, tanto para sostener su programa económico anarco capitalista en crisis como para reforzar su posición interna. La contracara fue una política exterior cada vez más subordinada, con gestos concretos de alineamiento estratégico y escasa distancia frente a las decisiones más agresivas de Washington.
 
En el plano económico y geopolítico, la relación también se inscribe en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las reservas de hidrocarburos y de minerales estratégicos de la Argentina se volvieron un factor central para la Casa Blanca, que busca garantizar que esos recursos queden bajo el control de gobiernos políticamente afines. Al mismo tiempo, el éxito o fracaso del modelo económico de Milei es observado como una pieza clave para frenar la expansión de proyectos alternativos en América latina.
 
Sin embargo, no todo el impacto de esta sociedad es positivo para la Argentina. Las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio afectan directamente a sectores industriales locales, y la dependencia del respaldo financiero externo deja al país expuesto a cambios bruscos en el humor político de Trump. La relación es marcadamente asimétrica: mientras Milei necesita imperiosamente el apoyo de Trump para sostener su gestión, para el presidente yanqui la alianza es útil, pero no determinante.
 
Pero el vínculo entre dos líderes de perfil confrontativo y decisiones imprevisibles deja abierto un interrogante central: qué ocurrirá cuando aparezcan los primeros desacuerdos de fondo y hasta dónde está dispuesta la Argentina a ceder autonomía para sostener una alianza que, en los hechos, favorece mucho más a la estrategia global de Estados Unidos que al desarrollo soberano del país. Este miércoles, Milei volverá a disertar en el foro internacional de Davos. Buscará mostrarse como el mejor alcahuete de Trump.
 
La Opinión Popular
 

17-01-2026 / 21:01
En una semana, los incendios se dieron la mano con la inflación sostenidos por un fenómeno de la época como la desinformación sumada al negacionismo ambiental. Inesperado en un mundo caótico, el informe sobre riesgo global para el Foro de Davos que comienza este lunes, advirtió que dos de los problemas centrales que afronta el planeta son la desinformación y el cambio climático.
 
Los incendios que asolaron sobre todo a la provincia de Chubut se produjeron 20 días después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la intención de derogar las leyes de Tierras y la de Manejo del Fuego. La primera limitó la extranjerización de la tierra y la segunda trata de evitar los incendios intencionales de bosques nativos.
 
Durante la semana se habló mucho de los incendios y la destrucción que provocaron. El tema sumó negacionismo ambiental y desinformación como forma de manipulación política. Primero fue el intento bizarro de responsabilizar a la comunidad mapuche, lo que fue desmentido por el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer.
 
La Constitución protege al bosque nativo, pero no habla de lo que sucede una vez que deja de existir porque lo incendian. Y allí empiezan desde proyectos mineros, turísticos, inmobiliarios o siembra de soja.
 
La Ley de Manejo del Fuego dice que a esas tierras no se les puede dar otro uso hasta 50 o 60 años después del incendio. Y con relación a la extranjerización, la ley delimita ese principio por departamento y por provincia, en cambio la Constitución habla en general de todo el país. Decir que con la Constitución alcanza, es otra forma de mentir.
 
El presidente Milei no fue a la zona de desastre para apoyar a los bomberos y acompañar a las víctimas. Colgó en sus redes una imagen como si estuviera en medio de las llamas saludando a un bombero y rodeado de pobladores que lo aplauden. No aclaró que se trataba de inteligencia artificial.
 
Milei tiene millones de seguidores en las redes que verán esa imagen y creerán que el presidente estuvo en la zona de desastre. La norma de este gobierno es abandonar las víctimas a su suerte. En Bahía Blanca hizo eso pero igual lo volvieron a votar. En Chubut también ganó a pesar del desinterés que demostró.
 
El informe sobre riesgo global de Davos 2026 señaló que el peligro de la desinformación es crítico cuando la sociedad ya no puede distinguir la ficción de lo real. Es interesante que el planteo haya sido presentado en Davos porque plantea un debate en el interior de un sector supuestamente favorecido por la desinformación.
 
Los incendios forestales demuelen el negacionismo ambiental, pero también revelan la forma como la manipulación de la información encubre la acción de priorizar el negocio sobre el cuidado ambiental, porque efectivamente se detectó que uno de los focos del incendio fue intencional.
 

15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
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