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Nacionales - 26-11-2022 / 19:11
DESPUÉS DE TRES MESES DEL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado
La violencia política una desgracia que se creía superada con la retirada de la última dictadura cívico-militar y el retorno de la vida democrática en diciembre de 1983, acecha nuevamente a la sociedad argentina. El intento de asesinato contra la Vicepresidenta de la Nación fue un golpe durísimo que puso en entredicho el pacto de convivencia pacífica asumido por todas las fuerzas políticas argentinas desde aquella fecha.
 
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado. Para los abogados de CFK, "es una victoria procesal", porque se tendrán que hacer varias medidas que venían reclamando, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero, por parte de altos dirigentes del PRO, por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.
 
Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.
 
Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial Macrista, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.
 
El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón.
 
Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas. Si la sociedad no reacciona, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.
 
La Opinión Popular


 
La Sala I de la Cámara Federal ordenó investigar la pista vinculada a Gerardo Milman en la causa sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, aunque después de casi tres meses, si había alguna prueba por rescatar será difícil de encontrar. Para los abogados de la querella de la vicepresidenta la resolución "es una victoria en términos procesales", porque las medidas que reclamaban se tendrán que hacer, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Lo que sucede es que los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sugieren casi una carrera de obstáculos: que primero le tomen una ampliación de su declaración al testigo que escuchó al diputado de Juntos por el Cambio decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa"; luego que le tomen testimonial a otros dos diputados y recién después, si es muy necesario, que se secuestren y analicen los celulares de las asesoras que estaban con él cuando se supone que dijo la frase en cuestión en la confitería Casablanca, y que seguramente a esta altura ya estarán borrados. 
 
 
Capuchetti confirmada, por ahora
 
En otra resolución, Bruglia rechazó la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, con el argumento de que la querella no demostró "la ausencia de imparcialidad invocada" y que sólo está en desacuerdo con la actuación de la jueza. La realidad es que la propia Cámara termina por reconocer, al menos, que fue selectiva en las pistas que siguió y las que abandonó. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal apelarán ante la Cámara de Casación Penal para insistir con el apartamiento.
 
La magistrada, además, será denunciada por la querella ante el Consejo de la Magistratura y todo indica que CFK iniciará una demanda internacional "por la impunidad y la gravedad institucional que significa atentar contra la vida de la vicepresidenta por organizaciones fascistas sin ningún tipo de control de los organismos judiciales", explicó a Página/12 el abogado José Manuel Ubeira.
 
Esta semana, y como para anticiparse a la decisión que debía tomar Bruglia, Capuchetti delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo. Ella lo presentó como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que señalaban su parcialidad. Es esperable que, luego de tanto tiempo, no caiga simpática esta disposición en la fiscalía, que recibe una causa llena de cuestionamientos por todo lo que no se investigó y lo que se hizo mal: desde la pérdida de información del teléfono de Fernando Sabag Montiel (autor del fallido disparo) que llegó "reseteado de fábrica" a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras un peritaje de la Policía Federal; la demora en la detención de Brenda Uliarte y en hacer las escuchas directas de sus comunicaciones (la Federal tardó tres horas en empezarlas desde que recibió la orden), tanto que la mujer casi logra huir; la falta de investigación de pistas como la del dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol (vinculado con Patricia Bullrich y Javier Milei y, al parecer, con un funcionario de Milman con quien habría viajado, así como con Brenda Uliarte, con quien dio una charla en Instagram), quien citado con un mes de tardanza y a quien se le secuestró a regañadientes un celular que luego resultó estar borrado; el hallazgo reciente por parte de la querella de chats de Gabriel Carrizo donde decía "recién intentamos matar a Cristina"; y todo el capítulo de Milman, al que ahora se refiere la Cámara.
 
 
El caso Milman
 
Una de las cuestiones que Capuchetti ignoró, y que era conocida desde un comienzo, pero que la Cámara no mencionó, era que Milman, jefe del bloque del PRO en Diputados, había presentado un proyecto de resolución donde anticipaba el atentado, aunque lo definía como autoatentado, que ocurriría dos semanas después. El texto terminaba con la frase: "Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina". Horas antes del ataque presentó otro donde pedía información sobre la custodia de CFK e incluso impulsaba que fuera reducida.
 
Era evidente que Milman sabía algo, tenía un rumor o alguna información del ataque, que no detuvo. Por ende, lo fundamental era saber qué ocurrió, de dónde obtuvo esa información, pero antes del 30 de agosto, que fue cuando el testigo Jorge Abello dijo que lo escuchó decir la ya famosa frases "cuando la maten voy a estar camino a la costa".
 
Además, ¿Cuál era la trama de la relación de Milman con Revolución Federal (él mismo dijo que fue a la marcha donde llevaron la guillotina) y con Nueva Centro Derecha? Es evidente que el 1 de septiembre empezaron a cuidarse de lo que hacían y decían, por lo tanto todo analizar todo lo previo era fundamental.
 
La Sala I de la Cámara Federal --bautizada como la sala "M"--  tenía que resolver el reclamo de los abogados de la querella, que cuestionaron a la jueza Capuchetti por no secuestrar los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras de Milman que estaban con él cuando se supone que habló del atentado. Ambas, en un comienzo, al declarar intentaron negar haber estado en la confitería Casablanca, lo aceptaron al ver las imágenes de las cámaras cercanas, señalaron fechas muy anteriores y tuvieron contradicciones entre ellas.
 
Era el mejor camino para terminar de cotejar lo que había dicho el testigo Abello, asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Pero la jueza dijo que era una violación a la intimidad y las dejó irse lo más tranquilas. Gómez Mónaco es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que secundaba Milman y su hermana manejaba los fondos reservados.
 
Al resolver, Llorens, Bruglia y Bertuzzi señalaron "la gravedad institucional del hecho investigado"  y dijeron que por eso es "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego"- Por eso dicen que está bien lo que pide la querella, en cuanto a una investigación exhaustiva, pero que el secuestro de los celulares debe ser la última opción.
 
Después de tres meses, del paso de las asesoras por tribunales y de todo lo que se ventiló, suena improbable que alguien pueda encontrar información relevante en esos teléfonos. Igual, los camaristas dicen que antes de esas medidas, hay que hacer otras "menos lesivas", y si no aparece nada, entonces ahí sí incautar los teléfonos.
 
Entonces sugieren que declare el diputado Cleri quien, hace tiempo entregó una copia certificada por escribano de los chats que tuvo con Abello después del atentado, cuando éste le decía que había atado cabos sobre lo que había escuchado. El diputado ofrecía su teléfono y lo que fuera, pero nunca fue citado por la jueza. La Cámara dice que sería bueno que "se explaye sobre los detalles de dicha conversación" y que diga si habló del tema después con otras personas.
 
También apuntan a ampliar la testimonial de Abello ---a quien la jueza a pedido de Milman denunció por falso testimonio--, "con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas". Otro testigo que dicen que debería declarar es el diputado Mario Leito (FdT) quien se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Milman" como para verificar si escuchó a Milman referirse al atentado. Según lo que resulte de todo esto, dice el tribunal, ahí habría que verificar si en los celulares hay alguna mención a los dichos de Milman señalados por Abello.
 
 
"Una victoria con medidas tardías"
 
"Sentimos que ha sido una victoria, en términos procesales, porque en lo sustantivo lo que nos interesaba era que las medidas de prueba se hagan. Creemos que las medidas son absolutamente tardías y de poco efecto práctico", dijo Ubeira a Página/12, y subrayó que tampoco se habría logrado que avance nada esto sin "el empeño sistemático" de la querella. 
 
"La Cámara --continuó-- le da un indicativo para quien instruya en definitiva la causa, de que no puede haber ninguna pista que no sea analizada. Creemos que es una derrota de la impunidad con la que se venía manejando la jueza federal. No obstante vamos a apelar en la Cámara de Casación el no apartamiento de la jueza y dado que los elementos de prueba se han perdido creemos que ha incurrido en mal desempeño, lo cual habilita el juicio político. También evaluamos que la forma en que fue llevada la causa, con protección de la impunidad, afecta los derechos de la mujer. Si la víctima fuera un varón no pasaría lo mismo". El abogado anunció también que todo esto "será ventilado en los tribunales internacionales".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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01-03-2026 / 09:03
Los guerreristas Donald Trump y Benjamin Netanyahu lanzaron fuertes bombardeos sobre Irán con el objetivo de eliminar a sus dirigentes y forzar un cambio de régimen. Asesinaron a Alí Jamenei, su líder supremo. Irán respondió con drones y misiles sobre Israel y bases de EE.UU. y denunció el homicidio de 80 niñas en una escuela arrasada. Hay reocupación mundial por la escalada mientras el cipayo Javier "el Loco" Milei respaldó el ilegal ataque imperialista.
 
La Cancillería Argentina sentó postura respecto del ataque sorpresivo a Irán y marcó nuevamente su alineación total y explícita con Israel y Estados Unidos. De esta forma, vuelve a delegar la toma de decisiones respecto a la política internacional en detrimento de la soberanía y plegarse ciegamente al mandato del presidente norteamericano, Trump y el primer ministro israelí, Netanyahu, que bajo el nombre de operaciones de combate "masivas", atacaron objetivos civiles y militares iraníes.
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, salió rápidamente con un comunicado que da cuenta que el Gobierno "valora y apoya" el reciente ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra los objetivos en Irán. Entre esos objetivos, se encontraba una escuela donde murieron más de sesenta niñas. Pero la Cancillería no condenó ese ataque, sino que condenó categóricamente las represalias iraníes contra objetivos en países como Qatar y Arabia Saudita, calificando el accionar de Irán como "ataques injustificados".
 
El gobierno de Milei insiste constantemente en el "legítimo derecho de Israel a la defensa de su soberanía" frente a lo que describe como agresiones de la República Islámica de Irán. Ante la escalada del conflicto, la Oficina del Presidente, en coordinación con las fuerzas de seguridad, elevó el nivel de alerta a "Alto" en todo el territorio nacional, reforzando fronteras y objetivos sensibles, como instituciones de la comunidad judía y sedes diplomáticas. Asimismo, la Cancillería recomendó suspender todo desplazamiento a Irán y aconsejó a los argentinos que ya se encuentran en la región extremar las precauciones.
 
Esta postura marca un quiebre definitivo con la política de neutralidad histórica de la región, y posiciona a la Argentina como uno de los pocos países que brinda un apoyo abierto a las ofensivas militares contra Irán. Gabriel Fuks, miembro del Parlasur, marcó el "peligro que significa meter a la Argentina en un conflicto dónde hay un intervencionismo unilateral que rompe con todos los mecanismos de convivencia y gestiones posibles para la paz".
 
En este sentido, cuestionó la decisión de la Cancillería que muestra "un 100 por ciento de pérdida de soberanía", y va camino a "trasformar a la Argentina en parte del campo de batalla global". Por lo que advirtió sobre las consecuencias que puede tener para el país, como ya ocurrió en los años 90. "El gobierno de Milei está metiendo a la Argentina en un agujero muy difícil de salir".
 
El diputado nacional de Fuerza Patria, Nicolas Trotta, también coincidió en que el "acompañamiento lineal" significa una pérdida de soberanía para la Argentina, y resaltó que "es mayor aún que en la época de las relaciones carnales, durante el gobierno de Carlos Menem".
 
En esta línea, el legislador peronista detalló que "la Argentina acompañó con más claridad los posicionamientos de Israel -más aún que Estados Unidos- y responde a una agenda que ni siquiera es la de Argentina, es la de Javier Milei" por lo que aseguró que "el presidente confunde su mirada con lo que debe ser el posicionamiento de un país".
 
La Opinión Popular
 

28-02-2026 / 09:02
Morituri te salutant (Los que van a morir te saludan). Así saludan los empresarios argentinos al imperator Javier "el Loco" Milei. Lo aplauden el titular de la Rural, Nicolás Pino; el de la Cámara de Comercio, Mario Grinman; el de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, y hasta el de la UIA, Martín Rapallini.
 
En dos años del presidente cantor cerraron 23 mil empresas, 30 por día, la mayoría de la construcción, del comercio y de la industria manufacturera, pero los tipos aplauden la masacre de muchos empresarios que ellos representan porque al mismo tiempo 290 mil trabajadores quedaron en la calle. Los empresarios fanáticos aceptan el sacrificio a cambio de la reforma laboral esclavista.
 
En el Congreso, los anarcocerebrales, los del PRO, los radicales y el MID, apoyaron el despojo de los derechos a los trabajadores. Seis gobernadores, tres de ellos de origen peronista lejano (de Río Negro, Alberto Weretilnek; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Salta, Gustavo Sáenz), otros dos que se siguen llamando peronistas, (Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca) otro de origen sindical (Claudio Vidal, de Santa Cruz) y otro que compitió contra el oficialismo (Hugo Passalacqua, de Misiones) mandaron votar con el gobierno nacional.
 
En las elecciones, esos gobernadores hicieron campaña contra el oficialismo libertario. Fueron votados para hacer oposición, pero lejos de sus provincias mandaron a sus legisladores a acatar al gobierno nacional para desvalijar a los trabajadores de todo el país, incluso aquellos que los votaron en su territorio.
 
Jaldo dijo que esos gobernadores representaban la voz del interior como si eso fuera la expresión del federalismo, pero ellos se sometieron a la extorsión del gobierno central y más bien representan todo lo contrario al verdadero federalismo.
 
Hubo seis gobernadores de Unión por la Patria, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, que formaron un bloque opositor a la reforma laboral. Jaldo, que es uno de los gobernadores mejor pagos por el gobierno nacional con los ATN que le corresponden a su provincia, trató de disfrazar su sumisión a Milei con un supuesto federalismo que lo diferenciaba del peronismo a nivel nacional.
 
Cuando el primer gobierno peronista decretó las grandes reivindicaciones obreras, lo hizo para los trabajadores de todas las provincias. Nada más contrario al verdadero federalismo que someterse a las políticas antiobreras del gobierno central.
 
Derrotado en las elecciones, el peronismo mantuvo su oposición a las políticas neoliberales del gobierno, lo que le valió deserciones, como la senadora Carolina Moisés, que aceptó ocupar el espacio que correspondía al principal interbloque opositor, que tiene 25 senadores, frente a los 21 del oficialismo. Más atrás están los radicales con 10 bancas y el PRO, con tres y luego hay varios bloques, algunos unipersonales.
 
Un principio democrático que nunca fue transgredido hasta la llegada del PRO y los libertarios, plantea que la conformación de las autoridades de cada Cámara se integre de manera proporcional. La vicepresidencia correspondía a Unión por la Patria, pero el oficialismo, aliado con otros bloques menores, dejó a la segunda minoría sin representación en el esquema de dirección del Senado.
 

27-02-2026 / 10:02
Un peritaje clave en el caso $LIBRA, que el fiscal Eduardo Taiano demoró más de la cuenta, complica al presidente Javier "el Loco" Milei y su hermana la coimera Karina, secretaria general de la Presidencia. La información surge de celulares y computadoras de dos de los involucrados en la estafa: el trader Mauricio Novelli, con quien Milei hacía rato que tenía negocios y fue el nexo con el creador de $LIBRA Hayden Davis; y Sergio Morales, que era funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de este entramado y es, hasta ahora, el único que renunció por este escándalo.
 
Del peritaje se desprende que Milei sabía perfectamente qué estaba haciendo cuando promocionó $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y confirma en el expediente judicial lo que ya era evidente por el trabajo periodístico sobre el caso: que tenía una relación muy estrecha con los involucrados y el mundo cripto.
 
El otro dato fundamental del peritaje es que Novelli borró muchos mensajes de su teléfono y sólo "se hallaron dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram" con Milei. Es inverosímil y muestra señales de ocultamiento y encubrimiento, ya que Milei y Novelli tenían un vínculo estrecho de años, con una escuela de negocios financieros en común, presencia de el joven trader en la Casa Rosada e incluso en Olivos e incluso en la exclusiva gala de asunción del libertario en el Teatro Colón.
 
Los mensajes eliminados incluyen también al grupo de Whatsapp que compartían Novelli, Morales y Manuel Terrones Godoy, otro de los involucrados en la estafa. "Todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas", dice el peritaje. Novelli también borró mensajes con su madre y su hermana, que inmediatamente después de la estafa fueron a vaciar una caja de seguridad bancaria.
 
A su vez, en otra muestra de letargo voluntario, Taiano requirió este martes al gobierno que informe "si existe un acuerdo confidencial" entre el impulsor de $LIBRA, Hayden Davis, y Milei. Más allá de que lo más probable es que ni le contesten, lo pide tardísimo. Si había una copia en los cajones de la Casa Rosada ya pasó por la trituradora de papeles hace rato.
 
El resultado del peritaje fue elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal. En gran parte es "reservado", pero lo poco que muestran ya revela que sobran elementos para que Milei, su hermana y todos los involucrados sean, al menos, llamados a indagatoria.
 
De acuerdo a los datos que surgen del estudio de la DATIP, Milei había sido "capacitador en materia de teoría monetaria respecto de criptomonedas" en la escuela "N&W Professional Traders" de Novelli, con quien el jefe de Estado mantenía una aceitada relación. Se hallaron videos e imágenes de las clases que daba Milei. Es decir, no era un ignorante en la materia, como pretende hacer creer. Pero eso no es todo: el estudio de los teléfonos da cuenta de que Milei y su hermana mantuvieron intercambios de mensajes con el lobista Novelli, que es un actor clave en el lanzamiento de $LIBRA. 
 

26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
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