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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-11-2022 / 19:11
DESPUÉS DE TRES MESES DEL INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina

Recién ahora la Cámara le ordenó a Capuchetti investigar la pista Milman en el atentado a Cristina
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado
La violencia política una desgracia que se creía superada con la retirada de la última dictadura cívico-militar y el retorno de la vida democrática en diciembre de 1983, acecha nuevamente a la sociedad argentina. El intento de asesinato contra la Vicepresidenta de la Nación fue un golpe durísimo que puso en entredicho el pacto de convivencia pacífica asumido por todas las fuerzas políticas argentinas desde aquella fecha.
 
A esta altura es harto evidente que la jueza María Eugenia Capuchetti que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire. Aunque no desplazó a Capuchetti, la propia Cámara armada a dedo por Mauricio Macri reconoció que la jueza no había seguido todas las pistas y ordenó investigar los elementos que ligan al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, con el atentado. Para los abogados de CFK, "es una victoria procesal", porque se tendrán que hacer varias medidas que venían reclamando, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero, por parte de altos dirigentes del PRO, por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.
 
Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.
 
Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial Macrista, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.
 
El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón.
 
Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas. Si la sociedad no reacciona, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.
 
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La Sala I de la Cámara Federal ordenó investigar la pista vinculada a Gerardo Milman en la causa sobre el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, aunque después de casi tres meses, si había alguna prueba por rescatar será difícil de encontrar. Para los abogados de la querella de la vicepresidenta la resolución "es una victoria en términos procesales", porque las medidas que reclamaban se tendrán que hacer, pero saben que tiene mucho de simulacro.
 
Lo que sucede es que los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sugieren casi una carrera de obstáculos: que primero le tomen una ampliación de su declaración al testigo que escuchó al diputado de Juntos por el Cambio decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa"; luego que le tomen testimonial a otros dos diputados y recién después, si es muy necesario, que se secuestren y analicen los celulares de las asesoras que estaban con él cuando se supone que dijo la frase en cuestión en la confitería Casablanca, y que seguramente a esta altura ya estarán borrados. 
 
 
Capuchetti confirmada, por ahora
 
En otra resolución, Bruglia rechazó la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, con el argumento de que la querella no demostró "la ausencia de imparcialidad invocada" y que sólo está en desacuerdo con la actuación de la jueza. La realidad es que la propia Cámara termina por reconocer, al menos, que fue selectiva en las pistas que siguió y las que abandonó. Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal apelarán ante la Cámara de Casación Penal para insistir con el apartamiento.
 
La magistrada, además, será denunciada por la querella ante el Consejo de la Magistratura y todo indica que CFK iniciará una demanda internacional "por la impunidad y la gravedad institucional que significa atentar contra la vida de la vicepresidenta por organizaciones fascistas sin ningún tipo de control de los organismos judiciales", explicó a Página/12 el abogado José Manuel Ubeira.
 
Esta semana, y como para anticiparse a la decisión que debía tomar Bruglia, Capuchetti delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo. Ella lo presentó como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que señalaban su parcialidad. Es esperable que, luego de tanto tiempo, no caiga simpática esta disposición en la fiscalía, que recibe una causa llena de cuestionamientos por todo lo que no se investigó y lo que se hizo mal: desde la pérdida de información del teléfono de Fernando Sabag Montiel (autor del fallido disparo) que llegó "reseteado de fábrica" a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras un peritaje de la Policía Federal; la demora en la detención de Brenda Uliarte y en hacer las escuchas directas de sus comunicaciones (la Federal tardó tres horas en empezarlas desde que recibió la orden), tanto que la mujer casi logra huir; la falta de investigación de pistas como la del dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol (vinculado con Patricia Bullrich y Javier Milei y, al parecer, con un funcionario de Milman con quien habría viajado, así como con Brenda Uliarte, con quien dio una charla en Instagram), quien citado con un mes de tardanza y a quien se le secuestró a regañadientes un celular que luego resultó estar borrado; el hallazgo reciente por parte de la querella de chats de Gabriel Carrizo donde decía "recién intentamos matar a Cristina"; y todo el capítulo de Milman, al que ahora se refiere la Cámara.
 
 
El caso Milman
 
Una de las cuestiones que Capuchetti ignoró, y que era conocida desde un comienzo, pero que la Cámara no mencionó, era que Milman, jefe del bloque del PRO en Diputados, había presentado un proyecto de resolución donde anticipaba el atentado, aunque lo definía como autoatentado, que ocurriría dos semanas después. El texto terminaba con la frase: "Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina". Horas antes del ataque presentó otro donde pedía información sobre la custodia de CFK e incluso impulsaba que fuera reducida.
 
Era evidente que Milman sabía algo, tenía un rumor o alguna información del ataque, que no detuvo. Por ende, lo fundamental era saber qué ocurrió, de dónde obtuvo esa información, pero antes del 30 de agosto, que fue cuando el testigo Jorge Abello dijo que lo escuchó decir la ya famosa frases "cuando la maten voy a estar camino a la costa".
 
Además, ¿Cuál era la trama de la relación de Milman con Revolución Federal (él mismo dijo que fue a la marcha donde llevaron la guillotina) y con Nueva Centro Derecha? Es evidente que el 1 de septiembre empezaron a cuidarse de lo que hacían y decían, por lo tanto todo analizar todo lo previo era fundamental.
 
La Sala I de la Cámara Federal --bautizada como la sala "M"--  tenía que resolver el reclamo de los abogados de la querella, que cuestionaron a la jueza Capuchetti por no secuestrar los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las asesoras de Milman que estaban con él cuando se supone que habló del atentado. Ambas, en un comienzo, al declarar intentaron negar haber estado en la confitería Casablanca, lo aceptaron al ver las imágenes de las cámaras cercanas, señalaron fechas muy anteriores y tuvieron contradicciones entre ellas.
 
Era el mejor camino para terminar de cotejar lo que había dicho el testigo Abello, asesor del diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. Pero la jueza dijo que era una violación a la intimidad y las dejó irse lo más tranquilas. Gómez Mónaco es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la Escuela de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que secundaba Milman y su hermana manejaba los fondos reservados.
 
Al resolver, Llorens, Bruglia y Bertuzzi señalaron "la gravedad institucional del hecho investigado"  y dijeron que por eso es "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego"- Por eso dicen que está bien lo que pide la querella, en cuanto a una investigación exhaustiva, pero que el secuestro de los celulares debe ser la última opción.
 
Después de tres meses, del paso de las asesoras por tribunales y de todo lo que se ventiló, suena improbable que alguien pueda encontrar información relevante en esos teléfonos. Igual, los camaristas dicen que antes de esas medidas, hay que hacer otras "menos lesivas", y si no aparece nada, entonces ahí sí incautar los teléfonos.
 
Entonces sugieren que declare el diputado Cleri quien, hace tiempo entregó una copia certificada por escribano de los chats que tuvo con Abello después del atentado, cuando éste le decía que había atado cabos sobre lo que había escuchado. El diputado ofrecía su teléfono y lo que fuera, pero nunca fue citado por la jueza. La Cámara dice que sería bueno que "se explaye sobre los detalles de dicha conversación" y que diga si habló del tema después con otras personas.
 
También apuntan a ampliar la testimonial de Abello ---a quien la jueza a pedido de Milman denunció por falso testimonio--, "con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas". Otro testigo que dicen que debería declarar es el diputado Mario Leito (FdT) quien se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Milman" como para verificar si escuchó a Milman referirse al atentado. Según lo que resulte de todo esto, dice el tribunal, ahí habría que verificar si en los celulares hay alguna mención a los dichos de Milman señalados por Abello.
 
 
"Una victoria con medidas tardías"
 
"Sentimos que ha sido una victoria, en términos procesales, porque en lo sustantivo lo que nos interesaba era que las medidas de prueba se hagan. Creemos que las medidas son absolutamente tardías y de poco efecto práctico", dijo Ubeira a Página/12, y subrayó que tampoco se habría logrado que avance nada esto sin "el empeño sistemático" de la querella. 
 
"La Cámara --continuó-- le da un indicativo para quien instruya en definitiva la causa, de que no puede haber ninguna pista que no sea analizada. Creemos que es una derrota de la impunidad con la que se venía manejando la jueza federal. No obstante vamos a apelar en la Cámara de Casación el no apartamiento de la jueza y dado que los elementos de prueba se han perdido creemos que ha incurrido en mal desempeño, lo cual habilita el juicio político. También evaluamos que la forma en que fue llevada la causa, con protección de la impunidad, afecta los derechos de la mujer. Si la víctima fuera un varón no pasaría lo mismo". El abogado anunció también que todo esto "será ventilado en los tribunales internacionales".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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