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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-11-2022 / 09:11
LA PRESIDENTA DEL PRO ACUSA AL GOBIERNO DE LARRETA DE LAS FILTRACIONES SOBRE LOS CONTRATOS DE SU MANO DERECHA

Patricia Bullrich enfurecida por los graves desatinos de Gerardo Milman

Patricia Bullrich enfurecida por los graves desatinos de Gerardo Milman
Los desaguisados protagonizado por la mano derecha de Bullrich, es algo que claramente no la hace quedar muy bien. Una cosa son las boutade de la exministra de Seguridad, como decirle al jefe de Gabinete de Larreta que le va a romper la cara, que terminan siendo capitalizadas hacia su electorado. Otra cosa son los manejos poco claros con dinero del Congreso. "Ella tiene mucho cuidado con esas cosas. Está muy enojada", dicen en su entorno. Más la enoja el silencio en el que se sumió Milman. Ya saben que el hecho del auto ocurrió efectivamente (aunque difieren en cómo se dieron las cosas) y los manejos de asesoras ya llevan el rótulo de "desprolijidades que ya bordean el descontrol".
Gerardo Milman viene dando tan pocas explicaciones dentro de su espacio político como en público. Juntos por el Cambio lo defendió en bloque cuando la vicepresidenta Cristina Fernández pidió que se lo investigue en la causa por el intento de asesinato que sufrió. En cambio, cuando empezaron a aparecer evidencias de la utilización de asesoras modelos con poco currículum en el área contratada o "se filtraron" discusiones acaloradas que tuvo con agentes de tránsito de la Ciudad, ese respaldo pasó a un silencio absoluto.
 
Patricia Bullrich está enfurecida con Milman por presentarle un flanco al larretismo para que lo critiquen. La presidenta del PRO ve la mano de Larreta detrás de algunas de las filtraciones, sobre todo las que tienen que ver con un incidente con un auto en el que intervinieron agentes porteños. Hace años, Bullrich aseguró que le hicieron "una cama" similar cuando le hicieron un control de alcoholemia y difundieron que conducía después de haber tomado unos vinos de más.
 
Cuando en la causa del atentado un testigo dijo haber escuchado a Milman hablar del intento de asesinato antes de que ocurriera y la vicepresidenta cuestionó que no se lo investigara, ahí no hubo grietas en Juntos por el Cambio. Su mesa nacional emitió un comunicado que, entre otras cosas, dice que está "haciendo elucubraciones ridículas sobre diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez". "Como ya es costumbre por parte del kirchnerismo, montan relatos infundados para atacar a miembros de la oposición", continuaba. No era un comunicado que se intentara desmentir hechos concretos (en la causa está probado que el testigo estuvo en donde decía estar y también Milman y sus dos asesoras), sino a calificar todo de un disparate.
 
No obstante, la actitud empezó a virar cuando comenzaron a salir otras cosas a la luz, en base a esa primera acusación. La primera es que Milman, cuando estuvo en funciones en el ministerio con Bullrich, designó a una ex miss Argentina 2012, como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, sin antecedentes que la respaldaran para ocupar ese puesto. Y también que a la hermana de esa mujer la puso a administrar fondos de la Dirección de Inteligencia Criminal. A ambas se las llevó al Congreso luego.
 
Milman no dio demasiadas explicaciones en el bloque por estas contrataciones. En el último escrito que presentaron en la causa, los abogados de la vicepresidenta señalan, en cambio, otro comportamiento: "Hemos tomado conocimiento de que (...) Milman solicitó al personal de recursos humanos de la Cámara de Diputados que diese de baja contratos de algunos de sus asesores. Esto es, otra vez, altamente sospechoso. ¿Por qué Milman no quería que se sepa quiénes trabajaban para él? Nos resulta especialmente preocupante el caso de Fernando Daga, que sería el socio de Gómez Mónaco en su empresa, un centro de estética y belleza corporal en el habrían invertido millones. ¿Por qué Milman no quiere que se sepa quién es esa persona? ¿Por qué, si manejaba las sumas de dinero que parece manejar tenía un contrato de asesor en el Congreso?".
 
A esto se sumó un nuevo episodio en el que una mujer de tres apellidos manejaba un auto sport con un registro apócrifo, sin cédula verde ni azul. Fue detenida en un control de tránsito del Gobierno porteño en Palermo a las 2.10 de la mañana. Cuando le estaban por secuestrar el auto, según informó este diario, apareció Milman y sostuvo que era su esposa y que el auto era suyo. Ninguna de las dos cosas resultó ser cierta: el coche figura a nombre de Metalúrgica Oliva Hermanos S.A., una empresa proveedora de material de seguridad -blindajes-, con contratos con el Estado. La mujer no es su esposa. La escena incluyó un ida y vuelta muy agresivo con los agentes de tránsito porteños e incluyo una denuncia penal que inició Milman y que fue desestimada.
 
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AHORA SUMA MENTIRAS CON OTRA EXTRAÑA COLABORADORA
 
Todos los silencios de Gerardo Milman: del escándalo con la Miss Argentina al atentado a CFK 
 
En foco por el atentado contra la vida de CFK y el contrato de una exmiss argentina en Inteligencia Criminal, el diputado macrista mintió a la Policía para hacer zafar a una mujer detenida en un control vehicular con documentación apócrifa. Dijo que ella era su esposa y el auto de su propiedad. Todo resultó falso. 

Por Raúl Kollmann
 
El silencio de Gerardo (Jerry) Milman es impactante. Hace dos semanas se reveló que, cuando fue número dos de Patricia Bullrich, designó a una exmiss Argentina 2012, sin antecedente alguno en el área, como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal. Y a la hermana de la miss Argentina la puso a cargo de la administración de fondos de la Dirección de Inteligencia Criminal.

Milman no expicó nada, no justificó nada. El PRO o Patricia Bullrich tampoco dijeron nada. Este viernes se dio a conocer una increíble intervención del diputado con otra mujer de por medio. María Luz Lanusse Peralta Ramos, el 4 de abril pasado, manejaba un auto sport con un registro apócrifo, sin cédula verde ni azul y fue detenida en un control de tránsito en Palermo, en el cruce de avenida Bullrich y Cerviño. Fue a las 2.10 de la mañana. El agente consultó con el secretario de la fiscalía de turno y éste ordenó el secuestro del Peugeot 2008 Sport. Milman se hizo presente en la esquina, dijo que el auto era de su propiedad y que Luz Lanusse Peralta Ramos era su esposa. Todo resultó falso.

El coche figura a nombre de Metalúrgica Oliva Hermanos S.A., una empresa proveedora de material de seguridad -blindajes-, con contratos con el Estado. La mujer tampoco es su esposa. Lo insólito es que el diputado patoteó a los allí presentes -agentes de tránsito de la Ciudad- en un extraño estado y terminó denunciando al secretario de la fiscalía por delitos descabellados: hurto agravado del auto, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia fue desestimada por la jueza María Fabiana Galetti. Y Milman, ante la revelación, guarda silencio otra vez. Eso sí, la muchacha de triple apellido trabaja en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un sueldo de 245.000 pesos.

 
 
Una pieza clave de la seguridad macrista
 
Milman fue una pieza clave en la seguridad macrista, a la que se quiso presentar como una especie de modelo de estricta y eficiente gestión. Sin embargo, la sucesión de escándalos de Jerry derrumba esa imagen, sólo dibujada por los medios alineados con Juntos por el Cambio.
 
Lo ocurrido en Palermo fue revelado por el periodista Mauro Federico en el programa que conduce Jorge Rial en C5N. El fiscal, César Augusto Troncoso, no sólo pidió la desestimación de la denuncia de Milman contra el secretario que dispuso el secuestro del vehículo, sino que pidió también que se notifique a la Cámara de Diputados respecto del comportamiento del legislador. Ante semejante dictamen fiscal, Milman ni siquiera insistió y la jueza Galetti cerró el expediente por inexistencia de delito. Transcurridas 24 horas de la revelación de Mauro Federico y Rial, Milman no contestó nada.
 
La gravedad de lo ocurrido se sintetiza en los siguientes hechos:
 
·         María Luz Lanusse Peralta Ramos conducía el automóvil sport con un registro apócrifo (así consta en el acta). Eso sólo ya ameritaba el secuestro del vehículo y que la joven termine en una comisaría. El utilizar un registro falso es un delito federal.
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·         Además, no tenía cédula verde habilitante para manejar el Peugeot Sport. Tampoco la cédula azul que es una autorización del dueño del coche.
·          
·         El vehículo figura a nombre de Oliva Hermanos Metalúrgica S.A., empresa dedicada a blindajes y contratista del Estado. Fue proveedora del Banco Nación y la Casa de la Moneda en época del gobierno de Mauricio Macri. Mantuvo reuniones en el Ministerio de Seguridad, pero hasta donde se sabe, no concretó ningún contrato. ¿Qué es lo que explica que un diputado de la Nación tenga una cédula azul a su nombre de un auto de una empresa privada proveedora del Estado?
·          
·         El legislador mintió diciendo que el Peugeot era suyo y que Lanusse Peralta Ramos era su esposa. Además, los agentes de tránsito sostuvieron que "el denunciante estuvo lejos de adoptar una conducta, desde el punto de vista de la moral y ética, que debe tener cualquier funcionario, en este caso Diputado de la Nación".
·          
·         En tiempos del macrismo, la mujer trabajó en el organismo que administra los bienes del Estado, el AABE. Se fue en 2019. Hoy tiene un puesto en el gobierno de CABA. O sea, andaba con registro falso y sin habilitación del auto, pero tiene una buena ubicación laboral.
 
"Cuando la maten voy a estar camino a la costa"
 
El 30 de agosto, Milman entró a la confitería Casablanca, frente al Congreso Nacional, con la exmiss Argentina Carolina Gómez Mónaco y otra asesora, Ivana Bohdziewicz. Allí, Jorge Abello, asesor del diputado Marcos Cleri, lo escuchó decir la frase "cuando la maten, voy a estar camino a la costa". Dos días más tarde, Fernando Sabag Montiel, accionó el gatillo a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner. Milman viajó nomás a Pinamar.
 
Citada a declarar, Gómez Mónaco mintió. Dijo que hacía muchos meses no iba a Casablanca, pero cuando le mostraron las imágenes, admitió que era la de amarillo. Estuvo en Casablanca una hora y 15 minutos, según indican las cámaras. O sea, no se pudo haber olvidado. La jueza María Eugenia Capuchetti no la imputó por falso testimonio, pero sí le dio curso a una denuncia formulada por Milman contra Abello, también por falso testimonio. 
 
Cleri hizo público esta semana que Abello está listo para declarar cuando Capuchetti quiera y denunció que lo intimidan. En realidad, todo lo que dijo el asesor se comprobó con las cámaras de seguridad de Casablanca: estaba Milman con sus dos asesoras y también estaba Abello. Y Milman efectivamente viajó a la costa. Los medios alineados con JxC difundieron la versión de que la magistrada hizo una prueba de sonido en Casablanca para ver si se escuchaba -habría concluido que no- , algo que no figura en el expediente y que por lo tanto es falso.
  
 
La Miss Argentina directora de Inteligencia Criminal
 
A raíz de ese encuentro en la confitería, se supo que, cuando Milman era número 2 de Patricia Bullrich, designó a la exmiss Argentina como directora de la Escuela de Inteligencia, cargo para el que Gómez Mónaco no registra ningún antecedente. Y, como agregado, la hermana fue puesta a cargo de los fondos de la Dirección de Inteligencia.
 
Cristina se refirió a esa revelación en el acto de La Plata: "Miren, si para algo sirvió lo que me pasó, es para demostrar que cuando estuvieron en el ministerio de Seguridad los mano dura, a la política de Inteligencia Criminal le pusieron una Miss Argentina para que la condujera. Que no nos berreteen más con qué saben de inteligencia y de seguridad. Y pusieron a la hermana de la Miss Argentina a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad. ¡Basta muchachos, los vimos, ya nos dimos cuenta! ¡Ya nos dimos cuenta!".
 
Ni Milman ni el PRO ni Patricia Bullrich salieron a contestar.
 
 
Milman y una secuencia evidente
 
La secuencia pone en evidencia, en primer lugar, que el diputado seguramente sabía del ataque contra CFK. Presentó un insólito proyecto anticipando que "habrá un falso atentado contra la vicepresidenta" trece días antes del ataque, y dos días antes del 1 de septiembre lo escucharon decir: "Cuando la maten, voy a estar camino a la costa".
 
Milman estuvo en aquella marcha de las guillotinas, justito donde estuvo también el grupo Revolución Federal. Y también estuvo Brenda Uliarte, detenida por el intento de asesinato de la vicepresidenta. Parece que la información fluyó, porque entre todos ellos no hablaban de otra cosa que de matar a CFK.
 
Al mismo tiempo, aquella escena de Casablanca reveló cómo manejaron la seguridad, poniendo una miss Argentina, sin antecedentes, al frente de la Inteligencia Criminal, justamente una cuestión de máxima importancia porque es el trabajo de investigación sobre el crimen organizado.
 
Finalmente, a las tres de la mañana del 4 de abril último, intervino para tapar a una joven mujer que exhibió un registro falso, delito que, según el artículo 292 del Código Penal, prevé una pena de tres a seis años de prisión para quien utilice "un documento falsificado o adulterado destinado a acreditar la identidad o la titularidad del dominio para circular de vehículos automotores". Ante los agentes de tránsito mintió doblemente: afirmó que el auto era suyo y que Lanusse Peralta Ramos era su esposa.
 
Todo quedó expuesto, sin que Milman ni sus socios políticos expliquen nada.
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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