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Nacionales - 24-11-2022 / 09:11
NO INVESTIGA EL ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA

Cercada por los reclamos de apartamiento, la jueza macrista Capuchetti delegó la causa en el fiscal macrista Rívolo

Cercada por los reclamos de apartamiento, la jueza macrista Capuchetti delegó la causa en el fiscal macrista Rívolo
Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por Cristina Kirchner debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza Capuchetti dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal Rívolo. Los abogados de la vicepresidenta demostraron ante el polémico juez Bruglia que la magistrada no tuvo voluntad de ampliar la investigación para conocer quienes incentivaron a la banda de Los Copitos a realizar un magnicidio.
Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por Cristina debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza macrista María Capuchetti dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal macrista Carlos Rívolo. Para "confirmar" lo dicho en la recusación, en el mismo escrito rechazó los pedidos realizados por los abogados de CFK para impulsar la búsqueda de la verdad.
 
En la tarde de este miércoles Capuchetti presentó un escrito mediante el cual delegó en Rívolo la causa que investiga el ataque a la vicepresidenta. Desde hace una semana, la querella de Cristina Kirchner viene pidiendo la recusación de la magistrada por no seguir líneas de investigación propuestas y "tener frenada la causa". Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación.
 
Aquella recusación fue rechazada por Capuchetti la semana pasada y presentó un informe con el que buscó contrarrestar las críticas recibidas. Con la actual decisión de delegar la causa, la jueza apuntaría a descomprimir la tensión generada por los pedidos de apartamiento en su contra.
 
En el escrito presentado que delega la instrucción a Rívolo, Capuchetti sostuvo que "Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte".
 
La delegación en manos de la fiscalía se da a 83 días del comienzo de la causa y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con información extraída del celular de Nicolás Carrizo, en el que se encontraron una serie de mensajes enviados durante la noche del atentado: "Recién intentamos matar a Cristina", "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", entre otros mensajes comprometedores.
 
Los abogados de Cristina consideran que estos mensajes ameritan a que Carrizo se considerado coautor del atentado, en lugar de cómplice, que es como viene siendo procesado hasta el momento. Junto con ello, los abogados de la vicepresidenta, reclamaron que los acusados sean juzgados por la figura de asociación ilícita.
 
La crítica central de la querella de la vicepresidenta a Capuchetti es que no se están investigando ninguna de las hipótesis que vinculan el atentado a figuras prominentes del macrismo como el diputado Gerardo Millman, la familia Caputo, o a "La Nueva Centro Derecha", agrupación de Hernán Carrol.
 
Con la decisión de la jueza, será Rívolo quien lleve adelante las líneas de investigación y medidas de prueba; así como quien tome declaración a los testigos, convoque a peritos o solicite informes. Mientras que Capuchetti intervendrá cuando la Fiscalía le pida allanamientos, detenciones e indagatorias.
 
Mientras tanto, la Cámara Federal debe resolver dos cuestiones centrales para la causa. Una es la propia recusación de Capuchetti, sobre la cual decidirá el cuestionado camarista Leopoldo Bruglia. La otra, es el pedido de Cristina Kirchner para que se le secuestren y abran los teléfonos celulares a las dos asesoras de Milman; el cual está a cargo de los tres jueces de la Sala I de la Cámara.
 
La Opinión Popular


 
LA JUEZA HIZO EL ANUNCIO CUANDO LA QUERELLA INSISTÍA CON SU DESPLAZAMIENTO
 
Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti se corrió y delegó la instrucción en el fiscal Rívolo
 
A casi tres meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti, cercada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella, decidió delegar la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo. La jugada de la magistrada buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Leopoldo Bruglia -uno de los nombrados a dedo por Mauricio Macri-: si la aparta o la confirma en el caso.
 
Ella lo presenta como un "remedio procesal" ante los reclamos de CFK que ponen en duda su imparcialidad, y para evitar futuras nulidades. Lo llamativo es que en el mismo escrito da señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrizo y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no había analizado. Ante Bruglia, los abogados de CFK insistieron en que la jueza sea apartada de la causas por haber frenado distintas líneas de investigación.
 
La magistrada tomó la decisión luego que se realizara la audiencia en la Cámara Federal, en la que los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, expusieron las razones del planteo de la vicepresidenta ante el juez Bruglia. "La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo", afirmó Ubeira.
 
Aldazabal se ocupó de desarrollar punto por punto los motivos para desplazar a Capuchetti. Por caso, dijo que no dio explicaciones sobre la ruptura de la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel, del que se perdió información, y argumentó que avanzaría sobre las responsabilidades penales de la Policía Federal una vez que la fuerza termine el sumario interno.
 
También le criticaron la falta de explicación de la jueza respecto a la demora en la detención de Brenda Uliarte y en especial que mandó a la Federal a hacer escuchas directas sobre ella y los agentes tardaron tres horas en llegar al locutorio para hacerlas. Es más, Uliarte casi se escapa: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) avisó que se estaba moviendo pese a que debía haber efectivos de la Federal donde estaba ella.
 
Los abogados subrayaron que Capuchetti rechazó la mayoría de las medidas pedidas por la querella y no agotó las líneas de investigación que aparecieron. Por caso, citó a Hernán Carrol, referente de Nueva Centro Derecha, con un mes de demora. Le retuvo uno de sus dos celulares por insistencia de Aldazabal y resulta que estaba todo borrado. El nombre de Carrol había aparecido en el expediente cuando Sabag Montiel le mandó un manuscrito a la jueza diciendo que él era la persona que debía designarle una abogado particular y pagárselo. El dirigente, con lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, tenía contacto con Uliarte.
 
Capuchetti tampoco quiso investigar la pista que lleva a Gerardo Milman, quien parecía conocer que podía haber un ataque a CFK, tal como lo puso en un proyecto de resolución donde dijo que sería un auto atentado. Un testigo lo escuchó decir, dos días antes del ataque, "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Pero Capuchetti se puso del lado de Milman y denunció, a pedido suyo, al testigo. No quiso secuestrar los celulares de las colaboradoras que estaban con él, que llegaron a mentir al testificar y hasta contradecirse. Una de ellas es Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina 2012 que estuvo a cargo de la Escuela de Inteligencia del ministerio de Seguridad de Bullrich cuando Milman era su vice.
 
Frente a Bruglia, los abogados de la querella también aludieron a los chats de Carrizo que aparecieron en un análisis de su celular que hizo un órgano del Ministerio Público Fiscal y que el juzgado no investigó. En uno de ellos, Carrizo escribió apenas unas horas después del intento de magnicidio contra CFK: "Recién intentamos matar a Cristina". A raíz de estos datos, la querella pidió que Carrizo fuera indagado como "coautor" del intento de magnicidio (está procesado como partícipe) y que se incorpore la figura de asociación ilícita y se amplíe por esto la indagatoria de todos, ya que las conversaciones mostraban que querían alterar el orden público y forzar la renuncia de Alberto Fernández.
 
Lo sorprendente fue que la jueza se refirió a este tema en su presentación al delegar la investigación. Sobre el nuevo material y el pedido de imputar a Carrizo junto a Sabag y Uliarte por asociación ilícita dijo que se plantea "la necesidad de realizar modificaciones a imputaciones o calificaciones legales que han sido consolidadas ya por los correspondientes autos de mérito que han adquirido firmeza, y debe señalarse, no fueron en su oportunidad impugnados por los presentantes".
 
"Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes ante el juez Bruglia.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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