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Nacionales - 23-11-2022 / 09:11
LA VICEPRESIDENTA SOLICITÓ QUE SE LO PROCESE COMO COAUTOR DEL INTENTO DE MAGNICIDIO

Recién intentamos matar a Cristina: Mensaje de Nicolás Carrizo que lo compromete aún más en el atentado

Recién intentamos matar a Cristina: Mensaje de Nicolás Carrizo que lo compromete aún más en el atentado
El descubrimiento de mensajes que Carrizo envió apenas dos horas después del intento de asesinato compromete aún más a los ejecutores directos, ofrece nuevas pistas para descubrir sus conexiones políticas y deja al desnudo la forma en que la jueza Capuchetti frena la investigación. En este sentido CFK le reclamó que “haga lo que la ley le indica que debe hacer: averiguar la verdad”.
"Recién intentamos matar a Cristina", le escribió Nicolás Carrizo a un tal "Kevin Bargas 2" a las 23.17 del 1 de septiembre, es decir, dos horas después del intento de magnicidio. "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", siguió el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, en alusión a Fernando Sabag Montiel. "El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos", agregó. Y redobló envalentonado: "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta".
 
Las impactantes frases aparecieron en un análisis del celular de Carrizo que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), órgano del Ministerio Público Fiscal. Las detectó la querella de CFK, pero parece que al juzgado de María Eugenia Capuchetti hasta ahora se le habían pasado por alto pese a que el informe está en la causa hace un mes. Para los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Alzazabal, el hallazgo muestra que Carrizo lejos de estar haciendo bromas --como quiso argumentar en su indagatoria-- tuvo un papel de "líder en la planificación del ataque" y que operó una "asociación ilícita", figura que piden por primera vez que se aplique. Apuntan a que se deje de tratar este tema como un delito cualquiera y se lo investigue en su dimensión institucional. Le requirieron al juzgado que vuelva a indagar a Carrizo como coautor del intento de homicidio (en lugar de cómplice) así como a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ya que esas y otras conversaciones no habían sido incorporadas a los interrogatorios previos.
 
La propia Cristina Fernández de Kirchner compartió la presentación judicial en su cuenta de Twitter. "El mensaje que estás viendo ("Recién intentamos matar a Cristina") surge del celular de Nicolás Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor", escribió CFK. El escrito vuelve a advertir que Capuchetti no investiga las pistas sobre "Nueva Centro Derecha", la agrupación de Hernán Carrol, y sobre Gerardo Milman, pero que incluso "mientras tomaba decisiones que frustraban las investigaciones" contra ambos su "juzgado se había convertido en escenario" de un desfile de testigos de la defensa de Carrizo que "habían estudiado sus guiones" y no profundizaba nada respecto del trío que componía con Sabag Montiel y Uliarte. El escrito el pide Capuchetti que "deje de descartar líneas de investigación y haga lo que la ley le indica que debe hacer: precisamente averiguar la verdad".
 

LA VICEPRESIDENTA SOLICITÓ QUE SE LO PROCESE COMO COAUTOR DEL INTENTO DE MAGNICIDIO
 
Los mensajes de Nicolás Carrizo que lo comprometen aún más en el atentado contra Cristina Kirchner
 
"Recién intentamos matar a Cristina"; "el arma es mía" y "mi empleado le quiso disparar", son algunos de los mensajes que envió Nicolás Carrizo la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a la presidenta del Senado. Los abogados de CFK solicitaron que a los integrantes de Los Copitos también se los procese con la figura de asociación ilícita y que se ordene un peritaje caligráfico del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte.
 
 
Los chats de Carrizo
 
En el intercambio con "Kevin Bargas 2", Carrizo le reenvía un chat con Uliarte, que ya se conocía, donde él le dice "estamos todos juntos, a la mierda Cristina" y la mujer le responde que la próxima vez dispararía ella. Después el hombre del negocio de los copos de azúcar el dice a su interlocutor --que aún no está identificado--: "No sabés que hicimos con esto. Generar miedo". Es un discurso idéntico al que se escuchaba en boca de los integrantes de Revolución Federal, en sus "vivos" de Twitter Spaces, un asunto que sigue tramitando en una causa aparte. También en sintonía con esa organización de ultraderecha a las intenciones de matar le suma un plan destituyente: "Estamos pensando matar al jefe de la Cámpora y al jefe de la movilización de la izquierda. Matar a Cristina. Para obligar al señor presidente a que renuncie. El y toda sus movilización"
 
Estos mensajes se complementan como un rompecabezas con otros que estaban incorporados al expediente, en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero permiten confirmar hipótesis y agregan personajes. Carrizo le había hablado del  arma a su hermanastra, Andrea Posadas. En comienzo le dijo que el arma era suya, pero horas más tarde le informó con cierto alivió que era otra. El, dijo, les había entregado "un 22 corto" y la pistola que llevaba Sabag Montiel era una Bersa. También le había dicho a su otro hermanastro, que figuraba como Jony White (es Jonathan Posadas) que querían "matar al jefe de la Cámpora". En mensajes que recién se conocen ahora le dice: "Jona, estoy jodido de verdad. Mi empleado intentó matar a Cristina. Le apuntó con un arma. Y van a abrir una investigación. Me tengo que tomar el palo. Estamos jodidos". Le reenvía la misma conversación con Uliarte que le había mandado a "Kevin" y le dice, a las 22.42: "El arma es mía por eso. Espero que no salte nada". 
 
A una usuaria que figura como "Sol vecina", Carrizo le dice que había armado un grupo de "ideología liberal" y que por eso era sospechoso. Su defensa había insistido en que el grupo de whatspp, llamado "Girosos", era para salidas nocturnas. El 31 de agosto, el día previo al ataque, Sabag Montiel dijo ahí: "A Cristina quiero matar..." . Otro integrante del grupo de los llamados "copitos", que se había presentado a declarar como testigo, Miguel Angel Castro Riglos, se regodeó en el diálogo interno: "Listo giroso al final puso inestable a la política argentina". "Literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país", agregaba. Aun así, Capuchetti había descartado su participación. 
 
--Sinceramente, si bajan a Cristina, bajan a la Cámpora; y con esto le damos un golpe terrible al gobierno, ya fue avisada--, se cebaba Carrizo. 
 
También habla con una persona que aparece como "Lia", pocas horas después del atentado, cerca de la medianoche. Le cuenta que Sabag es empleado suyo, ella le manda tres mensajes que están borrados y Carrizo le manda fotos de Sabag Montiel. Se jacta: "No tenés idea del grupo que formé. Si se dan las cosas bien el trabajo lo voy a terminar yo". Lo dice luego de criticar a Sabag porque "no le dio recarga" (la bala no estaba en la recámara de la Bersa que fue secuestrada). "Es un boludo", dijo. Al contacto que figura como "Prima Vero", también Carrizo le decía: "es un golpe que le dimos al gobierno" y "se va a poner peor". 
 
La querella pidió como medida que se identifique a todas las personas con las que carrizo intercambió mensajes y las cite a dar testimonio. Planteó que no hay dudas, con todo el nuevo material, que Carrizo participó de la planificación del atentado. Hasta ahora se le imputaba haber entregado un arma pese a que a su hermanastra le había dicho "esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal, es un pelotudo (por Sabag) (...) estamos decididos a matarla a la puta esa, Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo".  Los mensajes revelados, donde a otras personas les dice algo similar, confirman su función central. Por eso insisten en que se lo impute como coautor. Analizan que el objetivo iba todavía más allá de asesinar a CFK, querían desestabilizar. Sabag Montiel buscó trabajo en Recoleta, además de un departamento, y también en Santa Cruz, dice el texto. "La asociación ilícita tenía un funcionamiento más aceitado y complejo del que se conoció hasta el momento", dice la querella. 
 
Los abogados sostienen que en este caso es pertinente aplicar la figura de asociación ilícita --aunque la justicia federal porteña suele usarla "para perseguir a personas que no le agradan"-- porque, según la Corte, se utiliza para situaciones en las que un grupo de personas se organiza para afectar el orden público. 
 
 
Testigos dudosos
 
La querella llama la atención sobre cómo se admitió una seguidilla de testigos de Carrizo que incurrieron en contradicciones y pasó todo sin pena ni gloria. Andrea, la hermanastra de Carrizo, dijo que se enteró del atentado por la tele, pero el otro hermanastro, Jonathan, dijo que se enteró por un llamado de Carrizo y le contó a su hermana. Los registros telefónicos muestran que el que llamó a hombre de los copos fue Jonathan. En los chats Andrea le dice a Carrizo que no se preocupara porque el arma no tenía sus huellas: su explicación fue que quería que la dejara "de joder porque me tenía que levantar temprano y era tarde". En los mensajes  la mujer le decía: "Mamá dijo que vengas, te va a ayudar" y luego declaró que estaba sola en la casa. Jonathan y otros testigos allegados Carrizo insistieron en la teoría de su supuestos humor negro para tratar de ayudarlo. Pero además, entre los testigos se repetían frases casi idénticas para decir que "Carrizo era buena persona" o "no tiene maldad" o "no una persona violenta". Un testigo dijo que vendía copos con Carrizo a la salida de los colegios, de jueves a domingo, lo que no tiene mucha lógica, y que éste tenía plata como para "pasarle a las madres (de sus hijos) y salir con nosotros", en contradicción con una de las exparejas, Yaquelin Riga Murga Mamani, que dijo que incumplía sus obligaciones alimentarias. 
 
 
La pista Carrol 
 
Hernán Carrol es el nombre de un dirigente de la agrupación "Nueva Centro Derecha" --con relación con Patricia Bullrich y Javier Milei entre otros--  que apareció en la causa cuando Sabag Montiel pidió en una nota manuscrita que él se ocupara de conseguirle y pagarle un abogado privado. Carrol había hecho un "vivo" en Instagram con Brenda Uliarte y luego la invitó al cumpleaños de su amigo Martín Almeida donde fue con Sabag, el 20 de agosto.
 
El juzgado tomó esta pista con un mes de demora. Cuando citó a Carrol como testigo, le secuestró un celular y le dejó otro. El aparato que entregó tenía el contenido borrado del día anterior. Ahora un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del 8 de noviembre que analizó la geolocalización del celular de Carrol muestra una llamativa coincidencia con la de Brenda Uliarte, su primo Martín y Sabag Montiel los días 1, 6 y 22 de agosto (además del 20). Martín Uliarte es policía bonaerense y a sus superiores le habría dicho que no hablaba con Brenda, pero no es cierto. El 4 de agosto Carrol recibe una comunicación que impacta en lazona donde tenía domicilio declarado Carrizo en Morón.  
 
La querella pide que el juzgado revea su postura respecto de Carrol, allane su domicilio y secuestre todos sus dispostivos. También pedie que se investigue la posible participación de Uliarte en una marcha de Nueva Centro Derecha. 
 
 
La regla de Tueller 
 
En el allanamiento en la casa de Uliarte se había hallado un manuscrito que hablaba sobrel a Regla de Tueller, un protocolo que se enseña en las escuelas de policía de Estados Unidos, que establece que 6,4 metros es la distancia mínima para poder defenderse de manera efectiva con un arma de fuego, y que intentaron instalar en el país Patricia Bullirch y Gerardo Milman. La querella pide establecer quién escribió el texto, cuál es su origen y vinculaciones con páginas que lo replican. 
 
 
La pista Milman
 
La querella de CFK vuelve a pedir que se secuestren los celulares de las dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman que estaban con él en la confitería Casablanca cuando un testigo lo escuchó decir: "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la escuela de Inteligencia de la cartera de Seguridad.
 
Resulta que tenían un emprendimiento, Top Studios, con María Alejandra Mroue, panelista en primer programa de Crónica TV donde entrevistaron a Uliarte y Sabag Montiel. Ubeira y Aldazabal piden secuestrar también el celular de Mroue. Es claro que una de las asesoras de Milman --el diputado que anunció en un proyecto de resolución el atentado a CFK, diciendo que sería un autoatentado y que pedía información sobre su custodia-- tendría relación con una persona que trataba a Uliarte. Sin embargo no se exploró nada al respecto hasta ahora. 
 
El escrito agrega otro asunto: "Hemos tomado conocimiento de que, una vez que se hizo público su posible involucramiento en el atentado, Gerardo MIlman solicitó al personal de recursos humanos de la Cámara de Diputados que diese de baja contratos de algunos de sus asesores. Esto fue revelado por el canal C5N el 7 de noviembre. Esto es, otra vez, altamente sospechoso. ¿Por qué Milman no quería que se sepa quiénes trabajaban para él? Nos resulta especialmente preocupante el caso de Fernando Daga, que sería el socio de Gómez Mónaco en su empresa, un centro de estética y belleza corporal en el habrían invertido millones. ¿Por qué Milman no quiere que se sepa quién es esa persona? ¿Por qué, si manejaba las sumas de dinero que parece manejar tenía un contrato de asesor en el Congreso? ", plantean. Requieren a la dirección de Recursos Humanos de Diputados que informe toda la nómina de asesores de Milman y el tipo de contratación.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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