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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-11-2022 / 09:11
LA VICEPRESIDENTA SOLICITÓ QUE SE LO PROCESE COMO COAUTOR DEL INTENTO DE MAGNICIDIO

Recién intentamos matar a Cristina: Mensaje de Nicolás Carrizo que lo compromete aún más en el atentado

Recién intentamos matar a Cristina: Mensaje de Nicolás Carrizo que lo compromete aún más en el atentado
El descubrimiento de mensajes que Carrizo envió apenas dos horas después del intento de asesinato compromete aún más a los ejecutores directos, ofrece nuevas pistas para descubrir sus conexiones políticas y deja al desnudo la forma en que la jueza Capuchetti frena la investigación. En este sentido CFK le reclamó que “haga lo que la ley le indica que debe hacer: averiguar la verdad”.
"Recién intentamos matar a Cristina", le escribió Nicolás Carrizo a un tal "Kevin Bargas 2" a las 23.17 del 1 de septiembre, es decir, dos horas después del intento de magnicidio. "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", siguió el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, en alusión a Fernando Sabag Montiel. "El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos", agregó. Y redobló envalentonado: "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta".
 
Las impactantes frases aparecieron en un análisis del celular de Carrizo que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), órgano del Ministerio Público Fiscal. Las detectó la querella de CFK, pero parece que al juzgado de María Eugenia Capuchetti hasta ahora se le habían pasado por alto pese a que el informe está en la causa hace un mes. Para los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Alzazabal, el hallazgo muestra que Carrizo lejos de estar haciendo bromas --como quiso argumentar en su indagatoria-- tuvo un papel de "líder en la planificación del ataque" y que operó una "asociación ilícita", figura que piden por primera vez que se aplique. Apuntan a que se deje de tratar este tema como un delito cualquiera y se lo investigue en su dimensión institucional. Le requirieron al juzgado que vuelva a indagar a Carrizo como coautor del intento de homicidio (en lugar de cómplice) así como a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ya que esas y otras conversaciones no habían sido incorporadas a los interrogatorios previos.
 
La propia Cristina Fernández de Kirchner compartió la presentación judicial en su cuenta de Twitter. "El mensaje que estás viendo ("Recién intentamos matar a Cristina") surge del celular de Nicolás Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor", escribió CFK. El escrito vuelve a advertir que Capuchetti no investiga las pistas sobre "Nueva Centro Derecha", la agrupación de Hernán Carrol, y sobre Gerardo Milman, pero que incluso "mientras tomaba decisiones que frustraban las investigaciones" contra ambos su "juzgado se había convertido en escenario" de un desfile de testigos de la defensa de Carrizo que "habían estudiado sus guiones" y no profundizaba nada respecto del trío que componía con Sabag Montiel y Uliarte. El escrito el pide Capuchetti que "deje de descartar líneas de investigación y haga lo que la ley le indica que debe hacer: precisamente averiguar la verdad".
 

LA VICEPRESIDENTA SOLICITÓ QUE SE LO PROCESE COMO COAUTOR DEL INTENTO DE MAGNICIDIO
 
Los mensajes de Nicolás Carrizo que lo comprometen aún más en el atentado contra Cristina Kirchner
 
"Recién intentamos matar a Cristina"; "el arma es mía" y "mi empleado le quiso disparar", son algunos de los mensajes que envió Nicolás Carrizo la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a la presidenta del Senado. Los abogados de CFK solicitaron que a los integrantes de Los Copitos también se los procese con la figura de asociación ilícita y que se ordene un peritaje caligráfico del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte.
 
 
Los chats de Carrizo
 
En el intercambio con "Kevin Bargas 2", Carrizo le reenvía un chat con Uliarte, que ya se conocía, donde él le dice "estamos todos juntos, a la mierda Cristina" y la mujer le responde que la próxima vez dispararía ella. Después el hombre del negocio de los copos de azúcar el dice a su interlocutor --que aún no está identificado--: "No sabés que hicimos con esto. Generar miedo". Es un discurso idéntico al que se escuchaba en boca de los integrantes de Revolución Federal, en sus "vivos" de Twitter Spaces, un asunto que sigue tramitando en una causa aparte. También en sintonía con esa organización de ultraderecha a las intenciones de matar le suma un plan destituyente: "Estamos pensando matar al jefe de la Cámpora y al jefe de la movilización de la izquierda. Matar a Cristina. Para obligar al señor presidente a que renuncie. El y toda sus movilización"
 
Estos mensajes se complementan como un rompecabezas con otros que estaban incorporados al expediente, en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero permiten confirmar hipótesis y agregan personajes. Carrizo le había hablado del  arma a su hermanastra, Andrea Posadas. En comienzo le dijo que el arma era suya, pero horas más tarde le informó con cierto alivió que era otra. El, dijo, les había entregado "un 22 corto" y la pistola que llevaba Sabag Montiel era una Bersa. También le había dicho a su otro hermanastro, que figuraba como Jony White (es Jonathan Posadas) que querían "matar al jefe de la Cámpora". En mensajes que recién se conocen ahora le dice: "Jona, estoy jodido de verdad. Mi empleado intentó matar a Cristina. Le apuntó con un arma. Y van a abrir una investigación. Me tengo que tomar el palo. Estamos jodidos". Le reenvía la misma conversación con Uliarte que le había mandado a "Kevin" y le dice, a las 22.42: "El arma es mía por eso. Espero que no salte nada". 
 
A una usuaria que figura como "Sol vecina", Carrizo le dice que había armado un grupo de "ideología liberal" y que por eso era sospechoso. Su defensa había insistido en que el grupo de whatspp, llamado "Girosos", era para salidas nocturnas. El 31 de agosto, el día previo al ataque, Sabag Montiel dijo ahí: "A Cristina quiero matar..." . Otro integrante del grupo de los llamados "copitos", que se había presentado a declarar como testigo, Miguel Angel Castro Riglos, se regodeó en el diálogo interno: "Listo giroso al final puso inestable a la política argentina". "Literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país", agregaba. Aun así, Capuchetti había descartado su participación. 
 
--Sinceramente, si bajan a Cristina, bajan a la Cámpora; y con esto le damos un golpe terrible al gobierno, ya fue avisada--, se cebaba Carrizo. 
 
También habla con una persona que aparece como "Lia", pocas horas después del atentado, cerca de la medianoche. Le cuenta que Sabag es empleado suyo, ella le manda tres mensajes que están borrados y Carrizo le manda fotos de Sabag Montiel. Se jacta: "No tenés idea del grupo que formé. Si se dan las cosas bien el trabajo lo voy a terminar yo". Lo dice luego de criticar a Sabag porque "no le dio recarga" (la bala no estaba en la recámara de la Bersa que fue secuestrada). "Es un boludo", dijo. Al contacto que figura como "Prima Vero", también Carrizo le decía: "es un golpe que le dimos al gobierno" y "se va a poner peor". 
 
La querella pidió como medida que se identifique a todas las personas con las que carrizo intercambió mensajes y las cite a dar testimonio. Planteó que no hay dudas, con todo el nuevo material, que Carrizo participó de la planificación del atentado. Hasta ahora se le imputaba haber entregado un arma pese a que a su hermanastra le había dicho "esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal, es un pelotudo (por Sabag) (...) estamos decididos a matarla a la puta esa, Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo".  Los mensajes revelados, donde a otras personas les dice algo similar, confirman su función central. Por eso insisten en que se lo impute como coautor. Analizan que el objetivo iba todavía más allá de asesinar a CFK, querían desestabilizar. Sabag Montiel buscó trabajo en Recoleta, además de un departamento, y también en Santa Cruz, dice el texto. "La asociación ilícita tenía un funcionamiento más aceitado y complejo del que se conoció hasta el momento", dice la querella. 
 
Los abogados sostienen que en este caso es pertinente aplicar la figura de asociación ilícita --aunque la justicia federal porteña suele usarla "para perseguir a personas que no le agradan"-- porque, según la Corte, se utiliza para situaciones en las que un grupo de personas se organiza para afectar el orden público. 
 
 
Testigos dudosos
 
La querella llama la atención sobre cómo se admitió una seguidilla de testigos de Carrizo que incurrieron en contradicciones y pasó todo sin pena ni gloria. Andrea, la hermanastra de Carrizo, dijo que se enteró del atentado por la tele, pero el otro hermanastro, Jonathan, dijo que se enteró por un llamado de Carrizo y le contó a su hermana. Los registros telefónicos muestran que el que llamó a hombre de los copos fue Jonathan. En los chats Andrea le dice a Carrizo que no se preocupara porque el arma no tenía sus huellas: su explicación fue que quería que la dejara "de joder porque me tenía que levantar temprano y era tarde". En los mensajes  la mujer le decía: "Mamá dijo que vengas, te va a ayudar" y luego declaró que estaba sola en la casa. Jonathan y otros testigos allegados Carrizo insistieron en la teoría de su supuestos humor negro para tratar de ayudarlo. Pero además, entre los testigos se repetían frases casi idénticas para decir que "Carrizo era buena persona" o "no tiene maldad" o "no una persona violenta". Un testigo dijo que vendía copos con Carrizo a la salida de los colegios, de jueves a domingo, lo que no tiene mucha lógica, y que éste tenía plata como para "pasarle a las madres (de sus hijos) y salir con nosotros", en contradicción con una de las exparejas, Yaquelin Riga Murga Mamani, que dijo que incumplía sus obligaciones alimentarias. 
 
 
La pista Carrol 
 
Hernán Carrol es el nombre de un dirigente de la agrupación "Nueva Centro Derecha" --con relación con Patricia Bullrich y Javier Milei entre otros--  que apareció en la causa cuando Sabag Montiel pidió en una nota manuscrita que él se ocupara de conseguirle y pagarle un abogado privado. Carrol había hecho un "vivo" en Instagram con Brenda Uliarte y luego la invitó al cumpleaños de su amigo Martín Almeida donde fue con Sabag, el 20 de agosto.
 
El juzgado tomó esta pista con un mes de demora. Cuando citó a Carrol como testigo, le secuestró un celular y le dejó otro. El aparato que entregó tenía el contenido borrado del día anterior. Ahora un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del 8 de noviembre que analizó la geolocalización del celular de Carrol muestra una llamativa coincidencia con la de Brenda Uliarte, su primo Martín y Sabag Montiel los días 1, 6 y 22 de agosto (además del 20). Martín Uliarte es policía bonaerense y a sus superiores le habría dicho que no hablaba con Brenda, pero no es cierto. El 4 de agosto Carrol recibe una comunicación que impacta en lazona donde tenía domicilio declarado Carrizo en Morón.  
 
La querella pide que el juzgado revea su postura respecto de Carrol, allane su domicilio y secuestre todos sus dispostivos. También pedie que se investigue la posible participación de Uliarte en una marcha de Nueva Centro Derecha. 
 
 
La regla de Tueller 
 
En el allanamiento en la casa de Uliarte se había hallado un manuscrito que hablaba sobrel a Regla de Tueller, un protocolo que se enseña en las escuelas de policía de Estados Unidos, que establece que 6,4 metros es la distancia mínima para poder defenderse de manera efectiva con un arma de fuego, y que intentaron instalar en el país Patricia Bullirch y Gerardo Milman. La querella pide establecer quién escribió el texto, cuál es su origen y vinculaciones con páginas que lo replican. 
 
 
La pista Milman
 
La querella de CFK vuelve a pedir que se secuestren los celulares de las dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman que estaban con él en la confitería Casablanca cuando un testigo lo escuchó decir: "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la escuela de Inteligencia de la cartera de Seguridad.
 
Resulta que tenían un emprendimiento, Top Studios, con María Alejandra Mroue, panelista en primer programa de Crónica TV donde entrevistaron a Uliarte y Sabag Montiel. Ubeira y Aldazabal piden secuestrar también el celular de Mroue. Es claro que una de las asesoras de Milman --el diputado que anunció en un proyecto de resolución el atentado a CFK, diciendo que sería un autoatentado y que pedía información sobre su custodia-- tendría relación con una persona que trataba a Uliarte. Sin embargo no se exploró nada al respecto hasta ahora. 
 
El escrito agrega otro asunto: "Hemos tomado conocimiento de que, una vez que se hizo público su posible involucramiento en el atentado, Gerardo MIlman solicitó al personal de recursos humanos de la Cámara de Diputados que diese de baja contratos de algunos de sus asesores. Esto fue revelado por el canal C5N el 7 de noviembre. Esto es, otra vez, altamente sospechoso. ¿Por qué Milman no quería que se sepa quiénes trabajaban para él? Nos resulta especialmente preocupante el caso de Fernando Daga, que sería el socio de Gómez Mónaco en su empresa, un centro de estética y belleza corporal en el habrían invertido millones. ¿Por qué Milman no quiere que se sepa quién es esa persona? ¿Por qué, si manejaba las sumas de dinero que parece manejar tenía un contrato de asesor en el Congreso? ", plantean. Requieren a la dirección de Recursos Humanos de Diputados que informe toda la nómina de asesores de Milman y el tipo de contratación.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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