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Nacionales - 23-11-2022 / 09:11
LA VICEPRESIDENTA SOLICITÓ QUE SE LO PROCESE COMO COAUTOR DEL INTENTO DE MAGNICIDIO

Recién intentamos matar a Cristina: Mensaje de Nicolás Carrizo que lo compromete aún más en el atentado

Recién intentamos matar a Cristina: Mensaje de Nicolás Carrizo que lo compromete aún más en el atentado
El descubrimiento de mensajes que Carrizo envió apenas dos horas después del intento de asesinato compromete aún más a los ejecutores directos, ofrece nuevas pistas para descubrir sus conexiones políticas y deja al desnudo la forma en que la jueza Capuchetti frena la investigación. En este sentido CFK le reclamó que “haga lo que la ley le indica que debe hacer: averiguar la verdad”.
"Recién intentamos matar a Cristina", le escribió Nicolás Carrizo a un tal "Kevin Bargas 2" a las 23.17 del 1 de septiembre, es decir, dos horas después del intento de magnicidio. "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", siguió el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, en alusión a Fernando Sabag Montiel. "El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos", agregó. Y redobló envalentonado: "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta".
 
Las impactantes frases aparecieron en un análisis del celular de Carrizo que hizo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), órgano del Ministerio Público Fiscal. Las detectó la querella de CFK, pero parece que al juzgado de María Eugenia Capuchetti hasta ahora se le habían pasado por alto pese a que el informe está en la causa hace un mes. Para los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Alzazabal, el hallazgo muestra que Carrizo lejos de estar haciendo bromas --como quiso argumentar en su indagatoria-- tuvo un papel de "líder en la planificación del ataque" y que operó una "asociación ilícita", figura que piden por primera vez que se aplique. Apuntan a que se deje de tratar este tema como un delito cualquiera y se lo investigue en su dimensión institucional. Le requirieron al juzgado que vuelva a indagar a Carrizo como coautor del intento de homicidio (en lugar de cómplice) así como a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ya que esas y otras conversaciones no habían sido incorporadas a los interrogatorios previos.
 
La propia Cristina Fernández de Kirchner compartió la presentación judicial en su cuenta de Twitter. "El mensaje que estás viendo ("Recién intentamos matar a Cristina") surge del celular de Nicolás Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos prueban su rol como coautor", escribió CFK. El escrito vuelve a advertir que Capuchetti no investiga las pistas sobre "Nueva Centro Derecha", la agrupación de Hernán Carrol, y sobre Gerardo Milman, pero que incluso "mientras tomaba decisiones que frustraban las investigaciones" contra ambos su "juzgado se había convertido en escenario" de un desfile de testigos de la defensa de Carrizo que "habían estudiado sus guiones" y no profundizaba nada respecto del trío que componía con Sabag Montiel y Uliarte. El escrito el pide Capuchetti que "deje de descartar líneas de investigación y haga lo que la ley le indica que debe hacer: precisamente averiguar la verdad".
 

LA VICEPRESIDENTA SOLICITÓ QUE SE LO PROCESE COMO COAUTOR DEL INTENTO DE MAGNICIDIO
 
Los mensajes de Nicolás Carrizo que lo comprometen aún más en el atentado contra Cristina Kirchner
 
"Recién intentamos matar a Cristina"; "el arma es mía" y "mi empleado le quiso disparar", son algunos de los mensajes que envió Nicolás Carrizo la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a la presidenta del Senado. Los abogados de CFK solicitaron que a los integrantes de Los Copitos también se los procese con la figura de asociación ilícita y que se ordene un peritaje caligráfico del manuscrito sobre la Regla Tueller, hallado en la casa de Brenda Uliarte.
 
 
Los chats de Carrizo
 
En el intercambio con "Kevin Bargas 2", Carrizo le reenvía un chat con Uliarte, que ya se conocía, donde él le dice "estamos todos juntos, a la mierda Cristina" y la mujer le responde que la próxima vez dispararía ella. Después el hombre del negocio de los copos de azúcar el dice a su interlocutor --que aún no está identificado--: "No sabés que hicimos con esto. Generar miedo". Es un discurso idéntico al que se escuchaba en boca de los integrantes de Revolución Federal, en sus "vivos" de Twitter Spaces, un asunto que sigue tramitando en una causa aparte. También en sintonía con esa organización de ultraderecha a las intenciones de matar le suma un plan destituyente: "Estamos pensando matar al jefe de la Cámpora y al jefe de la movilización de la izquierda. Matar a Cristina. Para obligar al señor presidente a que renuncie. El y toda sus movilización"
 
Estos mensajes se complementan como un rompecabezas con otros que estaban incorporados al expediente, en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero permiten confirmar hipótesis y agregan personajes. Carrizo le había hablado del  arma a su hermanastra, Andrea Posadas. En comienzo le dijo que el arma era suya, pero horas más tarde le informó con cierto alivió que era otra. El, dijo, les había entregado "un 22 corto" y la pistola que llevaba Sabag Montiel era una Bersa. También le había dicho a su otro hermanastro, que figuraba como Jony White (es Jonathan Posadas) que querían "matar al jefe de la Cámpora". En mensajes que recién se conocen ahora le dice: "Jona, estoy jodido de verdad. Mi empleado intentó matar a Cristina. Le apuntó con un arma. Y van a abrir una investigación. Me tengo que tomar el palo. Estamos jodidos". Le reenvía la misma conversación con Uliarte que le había mandado a "Kevin" y le dice, a las 22.42: "El arma es mía por eso. Espero que no salte nada". 
 
A una usuaria que figura como "Sol vecina", Carrizo le dice que había armado un grupo de "ideología liberal" y que por eso era sospechoso. Su defensa había insistido en que el grupo de whatspp, llamado "Girosos", era para salidas nocturnas. El 31 de agosto, el día previo al ataque, Sabag Montiel dijo ahí: "A Cristina quiero matar..." . Otro integrante del grupo de los llamados "copitos", que se había presentado a declarar como testigo, Miguel Angel Castro Riglos, se regodeó en el diálogo interno: "Listo giroso al final puso inestable a la política argentina". "Literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país", agregaba. Aun así, Capuchetti había descartado su participación. 
 
--Sinceramente, si bajan a Cristina, bajan a la Cámpora; y con esto le damos un golpe terrible al gobierno, ya fue avisada--, se cebaba Carrizo. 
 
También habla con una persona que aparece como "Lia", pocas horas después del atentado, cerca de la medianoche. Le cuenta que Sabag es empleado suyo, ella le manda tres mensajes que están borrados y Carrizo le manda fotos de Sabag Montiel. Se jacta: "No tenés idea del grupo que formé. Si se dan las cosas bien el trabajo lo voy a terminar yo". Lo dice luego de criticar a Sabag porque "no le dio recarga" (la bala no estaba en la recámara de la Bersa que fue secuestrada). "Es un boludo", dijo. Al contacto que figura como "Prima Vero", también Carrizo le decía: "es un golpe que le dimos al gobierno" y "se va a poner peor". 
 
La querella pidió como medida que se identifique a todas las personas con las que carrizo intercambió mensajes y las cite a dar testimonio. Planteó que no hay dudas, con todo el nuevo material, que Carrizo participó de la planificación del atentado. Hasta ahora se le imputaba haber entregado un arma pese a que a su hermanastra le había dicho "esto estaba planificado para dentro de una semana, hizo todo mal, es un pelotudo (por Sabag) (...) estamos decididos a matarla a la puta esa, Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo".  Los mensajes revelados, donde a otras personas les dice algo similar, confirman su función central. Por eso insisten en que se lo impute como coautor. Analizan que el objetivo iba todavía más allá de asesinar a CFK, querían desestabilizar. Sabag Montiel buscó trabajo en Recoleta, además de un departamento, y también en Santa Cruz, dice el texto. "La asociación ilícita tenía un funcionamiento más aceitado y complejo del que se conoció hasta el momento", dice la querella. 
 
Los abogados sostienen que en este caso es pertinente aplicar la figura de asociación ilícita --aunque la justicia federal porteña suele usarla "para perseguir a personas que no le agradan"-- porque, según la Corte, se utiliza para situaciones en las que un grupo de personas se organiza para afectar el orden público. 
 
 
Testigos dudosos
 
La querella llama la atención sobre cómo se admitió una seguidilla de testigos de Carrizo que incurrieron en contradicciones y pasó todo sin pena ni gloria. Andrea, la hermanastra de Carrizo, dijo que se enteró del atentado por la tele, pero el otro hermanastro, Jonathan, dijo que se enteró por un llamado de Carrizo y le contó a su hermana. Los registros telefónicos muestran que el que llamó a hombre de los copos fue Jonathan. En los chats Andrea le dice a Carrizo que no se preocupara porque el arma no tenía sus huellas: su explicación fue que quería que la dejara "de joder porque me tenía que levantar temprano y era tarde". En los mensajes  la mujer le decía: "Mamá dijo que vengas, te va a ayudar" y luego declaró que estaba sola en la casa. Jonathan y otros testigos allegados Carrizo insistieron en la teoría de su supuestos humor negro para tratar de ayudarlo. Pero además, entre los testigos se repetían frases casi idénticas para decir que "Carrizo era buena persona" o "no tiene maldad" o "no una persona violenta". Un testigo dijo que vendía copos con Carrizo a la salida de los colegios, de jueves a domingo, lo que no tiene mucha lógica, y que éste tenía plata como para "pasarle a las madres (de sus hijos) y salir con nosotros", en contradicción con una de las exparejas, Yaquelin Riga Murga Mamani, que dijo que incumplía sus obligaciones alimentarias. 
 
 
La pista Carrol 
 
Hernán Carrol es el nombre de un dirigente de la agrupación "Nueva Centro Derecha" --con relación con Patricia Bullrich y Javier Milei entre otros--  que apareció en la causa cuando Sabag Montiel pidió en una nota manuscrita que él se ocupara de conseguirle y pagarle un abogado privado. Carrol había hecho un "vivo" en Instagram con Brenda Uliarte y luego la invitó al cumpleaños de su amigo Martín Almeida donde fue con Sabag, el 20 de agosto.
 
El juzgado tomó esta pista con un mes de demora. Cuando citó a Carrol como testigo, le secuestró un celular y le dejó otro. El aparato que entregó tenía el contenido borrado del día anterior. Ahora un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del 8 de noviembre que analizó la geolocalización del celular de Carrol muestra una llamativa coincidencia con la de Brenda Uliarte, su primo Martín y Sabag Montiel los días 1, 6 y 22 de agosto (además del 20). Martín Uliarte es policía bonaerense y a sus superiores le habría dicho que no hablaba con Brenda, pero no es cierto. El 4 de agosto Carrol recibe una comunicación que impacta en lazona donde tenía domicilio declarado Carrizo en Morón.  
 
La querella pide que el juzgado revea su postura respecto de Carrol, allane su domicilio y secuestre todos sus dispostivos. También pedie que se investigue la posible participación de Uliarte en una marcha de Nueva Centro Derecha. 
 
 
La regla de Tueller 
 
En el allanamiento en la casa de Uliarte se había hallado un manuscrito que hablaba sobrel a Regla de Tueller, un protocolo que se enseña en las escuelas de policía de Estados Unidos, que establece que 6,4 metros es la distancia mínima para poder defenderse de manera efectiva con un arma de fuego, y que intentaron instalar en el país Patricia Bullirch y Gerardo Milman. La querella pide establecer quién escribió el texto, cuál es su origen y vinculaciones con páginas que lo replican. 
 
 
La pista Milman
 
La querella de CFK vuelve a pedir que se secuestren los celulares de las dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman que estaban con él en la confitería Casablanca cuando un testigo lo escuchó decir: "cuando la maten voy a estar camino a la costa". Una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, es la exmiss Argentina 2012 que dirigió la escuela de Inteligencia de la cartera de Seguridad.
 
Resulta que tenían un emprendimiento, Top Studios, con María Alejandra Mroue, panelista en primer programa de Crónica TV donde entrevistaron a Uliarte y Sabag Montiel. Ubeira y Aldazabal piden secuestrar también el celular de Mroue. Es claro que una de las asesoras de Milman --el diputado que anunció en un proyecto de resolución el atentado a CFK, diciendo que sería un autoatentado y que pedía información sobre su custodia-- tendría relación con una persona que trataba a Uliarte. Sin embargo no se exploró nada al respecto hasta ahora. 
 
El escrito agrega otro asunto: "Hemos tomado conocimiento de que, una vez que se hizo público su posible involucramiento en el atentado, Gerardo MIlman solicitó al personal de recursos humanos de la Cámara de Diputados que diese de baja contratos de algunos de sus asesores. Esto fue revelado por el canal C5N el 7 de noviembre. Esto es, otra vez, altamente sospechoso. ¿Por qué Milman no quería que se sepa quiénes trabajaban para él? Nos resulta especialmente preocupante el caso de Fernando Daga, que sería el socio de Gómez Mónaco en su empresa, un centro de estética y belleza corporal en el habrían invertido millones. ¿Por qué Milman no quiere que se sepa quién es esa persona? ¿Por qué, si manejaba las sumas de dinero que parece manejar tenía un contrato de asesor en el Congreso? ", plantean. Requieren a la dirección de Recursos Humanos de Diputados que informe toda la nómina de asesores de Milman y el tipo de contratación.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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