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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 17-11-2022 / 09:11
FRENARON UNA EXTRALIMITACIÓN DE LA CORTE QUE SE ENTROMETE EN OTRO PODER DEL ESTADO PARA DECIRLE A LOS SENADORES CÓMO DEBEN ORGANIZARSE

Contra la injerencia de la Corte Suprema macrista en las decisiones del Poder Legislativo

Contra la injerencia de la Corte Suprema macrista en las decisiones del Poder Legislativo
El Frente de Todos consiguió aprobar en el recinto del Senado el nombramiento de los nuevos candidatos para el organismo que selecciona y evalúa a los jueces, incluyendo al senador Martín Doñate, tras el fallo de la Corte que había anulado su designación previa y había puesto en su lugar a Luis Juez, del PRO. Juntos por el Cambio no participó de la sesión y anunció que volverá a judicializar la disputa. Hubo duros cuestionamientos del oficialismo y otras bancadas a la injerencia de la Corte en las decisiones del Poder Legislativo.
El Frente de Todos se anotó una victoria al lograr refrendar en el pleno del Senado el decreto que designa los nuevos candidatos para el Consejo de la Magistratura. La jugada del oficialismo -craneada por Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y la propia CFK-consistió en fortalecer políticamente a postulación de Martín Doñate (FdT) por sobre la de Luis Juez (PRO) con el respaldo unánime de la Cámara alta.
 
Juntos por el Cambio, en pose de indignada defensa republicana, decidió no participar de la sesión -que luego sancionaría el Presupuesto- y resolvió, en cambio, dar una conferencia de prensa en la que adelantó que volverá a judicializar la designación de Doñate.
 
El oficialismo, por su parte, se abocó a cuestionar a la Corte Suprema por intervenir sobre las facultades del Poder Legislativo y, ahora, apostará a que el Consejo de la Magistratura acepte los representantes del Senado para el nuevo período. En el ínterin, el FdT estará atento a la nueva pulseada judicial que abrirá JxC, con la confianza de esta vez haber logrado blindar políticamente el decreto ante un nuevo fallo adverso.
 
Mientras el interbloque macrista posaba y se despachaba contra el oficialismo, la senadora Di Tullio afirmaba: "Me da vergüenza que no estén acá para defender al Poder Legislativo del que son parte", decía. "Por más ausentes que estén, no deslegitima lo que vamos a votar. Esta teatralización da vergüenza, no quieren dejar su testimonio en una banca. Pero a la Constitución se la respeta", lanzó.
 
"Es atronador el silencio de la ausencia de la oposición. Hoy no estamos para revisar un fallo de lo que pasó, estamos acatando la ley del CdM que la Corte quiso y lo hacemos planteando dos bloques claramente constituidos decidiendo quiénes van a ser los consejeros que van a representar a este cuerpo. Y lo ratificamos en este pleno para que le quede claro a la Corte que es una decisión de los senadores", sostuvo Pablo Yedlin, entre los aplausos del recinto.
 
El único senador no oficialista que tomó la palabra fue Weretilneck, quien acusó con dureza a la Corte por haber "violado la autonomía del cuerpo y nuestra libertad para organizarnos políticamente".
 

 
LA CÁMARA ALTA VOLVIÓ A DESIGNAR A MARTÍN DOÑATE PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Senado: Un voto unánime para marcarle la cancha a la Corte Suprema
 
Lo que prometía ser una tranquila y apacible sesión para sancionar -finalmente- el Presupuesto 2023 terminó en un grito de guerra. La noche anterior, la presidenta provisional del Senado mientras CFK ejerce la Presidencia de la Nación (con Alberto Fernández fuera del país), Claudia Ledesma Abdala, había mandado una nota en la que incluía en el temario de la sesión la designación de los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura (CdM): María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, del oficialismo (los dos primeros del Frente Nacional y Popular, mayoría, y el otro de Unidad Ciudadana, segunda minoría), y a Alejandro Vischi por la UCR (primera minoría).
 
Era una novedad: el procedimiento suele ser que la presidencia gira una nota con los postulantes al CdM y listo, pero el FdT había decidido blindarse ante la posibilidad de un nuevo fallo de inconstitucionalidad de la Corte que insistiera en que el lugar de Doñate le pertenecía a Juez. El objetivo era que las candidaturas fueran sujetas a votación y respaldadas oficialmente por la mayoría del recinto. Lo que consiguió gracias al acompañamiento de tres aliades, que fueron también garantes del quórum: Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja).
 
"La Corte Suprema dictó un fallo cambiando la jurisprudencia, entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado. Están violando la división de poderes que dicen defender. La vida republicana significa que todos los poderes deben respetar el funcionamiento de los otros poderes", sostuvo Adolfo Rodríguez Saá, dando comienzo al debate.
 
Valiéndose de fallos viejos de la Corte, el senador puntano dio cuenta de que el máximo tribunal había dejado en manos del Senado la facultad de interpretar su reglamento, un reglamento que tiene peso constitucional y que, en su artículo 55, le da libertad a les senadores de agruparse en bloques. "Puede no gustarles pero hemos cumplido con el reglamento", indicó, haciendo referencia a la división del bloque oficialista de abril, la estrategia que sirvió para sumar hacerse un lugar en el CdM y que, luego, la Corte calificó de "ardid".
 
 
Juntos por el Cambio, ausente
 
La sesión había comenzado pasadas las 14, pero la mitad del recinto estaba vacío: Juntos por el Cambio había decidido "no convalidar la sesión con su presencia". En cambio, habían convocado a una conferencia de prensa para denunciar "el nuevo atropello de CFK contra el orden institucional".
 
La proclama comenzó a las 15 en el Salón de las Provincias, con un Luis Juez en plan de parte ofendida encabezando la comitiva. "Decían que venían por todo y vinieron por todo", se quejó, frente a las cámaras.
 
A su lado, Alfredo Cornejo (UCR) se encargó de leer un comunicado de repudio: "Una vez más Cristina Fernández de Kirchner tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva", sostuvo, a la vez que adelantó que volverían a presentar un amparo en la Justicia para exigir la designación de Juez en el CdM. La alianza opositora no descarta incluso recurrir a un per saltum, para que la Corte trate directamente su reclamo.
 
"Este bochorno que pretenden convalidar tiene que ver con que la agenda judicial de la vicepresidenta", cuestionó Luis Naidenoff
 
 
"Decisión de los senadores"
 
La encargada de cerrar el debate, ante la ausencia de José Mayans, fue Fernández Sagasti. "Era necesario que el decreto fuera ratificado en este recinto. Porque estamos claramente ante un conflicto de poderes, una extralimitación de la Corte que se entromete en otro poder del Estado para decirnos a los senadores cómo debemos organizarnos", sostuvo, y finalizó: "Te puede gustar o no, pero los números son los números. El Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la UCR 18, Unidad Ciudadana 14 y el PRO 9. No es ni subjetivo ni jurídico: es matemático".
 
Finalmente, con 37 votos a favor, el Senado aprobó las candidaturas. El juego judicial seguirá. En el FdT están seguros de que el decreto volverá a llegar a la Corte y que muy probablemente el tribunal vuelva a fallar en su contra. Aunque esta vez, argumentan, lo tendrá que hacer contra una postulación respaldada unánimemente por el cuerpo. "No nos podíamos quedar de brazos cruzados, había que responderle a la Corte. Y con esto no solo fortalecemos políticamente las candidaturas, sino a todo el Senado frente a la injerencia de la Corte", explicaron desde el FdT.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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