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Nacionales - 17-11-2022 / 09:11
FRENARON UNA EXTRALIMITACIÓN DE LA CORTE QUE SE ENTROMETE EN OTRO PODER DEL ESTADO PARA DECIRLE A LOS SENADORES CÓMO DEBEN ORGANIZARSE

Contra la injerencia de la Corte Suprema macrista en las decisiones del Poder Legislativo

Contra la injerencia de la Corte Suprema macrista en las decisiones del Poder Legislativo
El Frente de Todos consiguió aprobar en el recinto del Senado el nombramiento de los nuevos candidatos para el organismo que selecciona y evalúa a los jueces, incluyendo al senador Martín Doñate, tras el fallo de la Corte que había anulado su designación previa y había puesto en su lugar a Luis Juez, del PRO. Juntos por el Cambio no participó de la sesión y anunció que volverá a judicializar la disputa. Hubo duros cuestionamientos del oficialismo y otras bancadas a la injerencia de la Corte en las decisiones del Poder Legislativo.
El Frente de Todos se anotó una victoria al lograr refrendar en el pleno del Senado el decreto que designa los nuevos candidatos para el Consejo de la Magistratura. La jugada del oficialismo -craneada por Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y la propia CFK-consistió en fortalecer políticamente a postulación de Martín Doñate (FdT) por sobre la de Luis Juez (PRO) con el respaldo unánime de la Cámara alta.
 
Juntos por el Cambio, en pose de indignada defensa republicana, decidió no participar de la sesión -que luego sancionaría el Presupuesto- y resolvió, en cambio, dar una conferencia de prensa en la que adelantó que volverá a judicializar la designación de Doñate.
 
El oficialismo, por su parte, se abocó a cuestionar a la Corte Suprema por intervenir sobre las facultades del Poder Legislativo y, ahora, apostará a que el Consejo de la Magistratura acepte los representantes del Senado para el nuevo período. En el ínterin, el FdT estará atento a la nueva pulseada judicial que abrirá JxC, con la confianza de esta vez haber logrado blindar políticamente el decreto ante un nuevo fallo adverso.
 
Mientras el interbloque macrista posaba y se despachaba contra el oficialismo, la senadora Di Tullio afirmaba: "Me da vergüenza que no estén acá para defender al Poder Legislativo del que son parte", decía. "Por más ausentes que estén, no deslegitima lo que vamos a votar. Esta teatralización da vergüenza, no quieren dejar su testimonio en una banca. Pero a la Constitución se la respeta", lanzó.
 
"Es atronador el silencio de la ausencia de la oposición. Hoy no estamos para revisar un fallo de lo que pasó, estamos acatando la ley del CdM que la Corte quiso y lo hacemos planteando dos bloques claramente constituidos decidiendo quiénes van a ser los consejeros que van a representar a este cuerpo. Y lo ratificamos en este pleno para que le quede claro a la Corte que es una decisión de los senadores", sostuvo Pablo Yedlin, entre los aplausos del recinto.
 
El único senador no oficialista que tomó la palabra fue Weretilneck, quien acusó con dureza a la Corte por haber "violado la autonomía del cuerpo y nuestra libertad para organizarnos políticamente".
 

 
LA CÁMARA ALTA VOLVIÓ A DESIGNAR A MARTÍN DOÑATE PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Senado: Un voto unánime para marcarle la cancha a la Corte Suprema
 
Lo que prometía ser una tranquila y apacible sesión para sancionar -finalmente- el Presupuesto 2023 terminó en un grito de guerra. La noche anterior, la presidenta provisional del Senado mientras CFK ejerce la Presidencia de la Nación (con Alberto Fernández fuera del país), Claudia Ledesma Abdala, había mandado una nota en la que incluía en el temario de la sesión la designación de los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura (CdM): María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, del oficialismo (los dos primeros del Frente Nacional y Popular, mayoría, y el otro de Unidad Ciudadana, segunda minoría), y a Alejandro Vischi por la UCR (primera minoría).
 
Era una novedad: el procedimiento suele ser que la presidencia gira una nota con los postulantes al CdM y listo, pero el FdT había decidido blindarse ante la posibilidad de un nuevo fallo de inconstitucionalidad de la Corte que insistiera en que el lugar de Doñate le pertenecía a Juez. El objetivo era que las candidaturas fueran sujetas a votación y respaldadas oficialmente por la mayoría del recinto. Lo que consiguió gracias al acompañamiento de tres aliades, que fueron también garantes del quórum: Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja).
 
"La Corte Suprema dictó un fallo cambiando la jurisprudencia, entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado. Están violando la división de poderes que dicen defender. La vida republicana significa que todos los poderes deben respetar el funcionamiento de los otros poderes", sostuvo Adolfo Rodríguez Saá, dando comienzo al debate.
 
Valiéndose de fallos viejos de la Corte, el senador puntano dio cuenta de que el máximo tribunal había dejado en manos del Senado la facultad de interpretar su reglamento, un reglamento que tiene peso constitucional y que, en su artículo 55, le da libertad a les senadores de agruparse en bloques. "Puede no gustarles pero hemos cumplido con el reglamento", indicó, haciendo referencia a la división del bloque oficialista de abril, la estrategia que sirvió para sumar hacerse un lugar en el CdM y que, luego, la Corte calificó de "ardid".
 
 
Juntos por el Cambio, ausente
 
La sesión había comenzado pasadas las 14, pero la mitad del recinto estaba vacío: Juntos por el Cambio había decidido "no convalidar la sesión con su presencia". En cambio, habían convocado a una conferencia de prensa para denunciar "el nuevo atropello de CFK contra el orden institucional".
 
La proclama comenzó a las 15 en el Salón de las Provincias, con un Luis Juez en plan de parte ofendida encabezando la comitiva. "Decían que venían por todo y vinieron por todo", se quejó, frente a las cámaras.
 
A su lado, Alfredo Cornejo (UCR) se encargó de leer un comunicado de repudio: "Una vez más Cristina Fernández de Kirchner tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva", sostuvo, a la vez que adelantó que volverían a presentar un amparo en la Justicia para exigir la designación de Juez en el CdM. La alianza opositora no descarta incluso recurrir a un per saltum, para que la Corte trate directamente su reclamo.
 
"Este bochorno que pretenden convalidar tiene que ver con que la agenda judicial de la vicepresidenta", cuestionó Luis Naidenoff
 
 
"Decisión de los senadores"
 
La encargada de cerrar el debate, ante la ausencia de José Mayans, fue Fernández Sagasti. "Era necesario que el decreto fuera ratificado en este recinto. Porque estamos claramente ante un conflicto de poderes, una extralimitación de la Corte que se entromete en otro poder del Estado para decirnos a los senadores cómo debemos organizarnos", sostuvo, y finalizó: "Te puede gustar o no, pero los números son los números. El Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la UCR 18, Unidad Ciudadana 14 y el PRO 9. No es ni subjetivo ni jurídico: es matemático".
 
Finalmente, con 37 votos a favor, el Senado aprobó las candidaturas. El juego judicial seguirá. En el FdT están seguros de que el decreto volverá a llegar a la Corte y que muy probablemente el tribunal vuelva a fallar en su contra. Aunque esta vez, argumentan, lo tendrá que hacer contra una postulación respaldada unánimemente por el cuerpo. "No nos podíamos quedar de brazos cruzados, había que responderle a la Corte. Y con esto no solo fortalecemos políticamente las candidaturas, sino a todo el Senado frente a la injerencia de la Corte", explicaron desde el FdT.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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