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Nacionales - 17-11-2022 / 09:11
FRENARON UNA EXTRALIMITACIÓN DE LA CORTE QUE SE ENTROMETE EN OTRO PODER DEL ESTADO PARA DECIRLE A LOS SENADORES CÓMO DEBEN ORGANIZARSE

Contra la injerencia de la Corte Suprema macrista en las decisiones del Poder Legislativo

Contra la injerencia de la Corte Suprema macrista en las decisiones del Poder Legislativo
El Frente de Todos consiguió aprobar en el recinto del Senado el nombramiento de los nuevos candidatos para el organismo que selecciona y evalúa a los jueces, incluyendo al senador Martín Doñate, tras el fallo de la Corte que había anulado su designación previa y había puesto en su lugar a Luis Juez, del PRO. Juntos por el Cambio no participó de la sesión y anunció que volverá a judicializar la disputa. Hubo duros cuestionamientos del oficialismo y otras bancadas a la injerencia de la Corte en las decisiones del Poder Legislativo.
El Frente de Todos se anotó una victoria al lograr refrendar en el pleno del Senado el decreto que designa los nuevos candidatos para el Consejo de la Magistratura. La jugada del oficialismo -craneada por Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y la propia CFK-consistió en fortalecer políticamente a postulación de Martín Doñate (FdT) por sobre la de Luis Juez (PRO) con el respaldo unánime de la Cámara alta.
 
Juntos por el Cambio, en pose de indignada defensa republicana, decidió no participar de la sesión -que luego sancionaría el Presupuesto- y resolvió, en cambio, dar una conferencia de prensa en la que adelantó que volverá a judicializar la designación de Doñate.
 
El oficialismo, por su parte, se abocó a cuestionar a la Corte Suprema por intervenir sobre las facultades del Poder Legislativo y, ahora, apostará a que el Consejo de la Magistratura acepte los representantes del Senado para el nuevo período. En el ínterin, el FdT estará atento a la nueva pulseada judicial que abrirá JxC, con la confianza de esta vez haber logrado blindar políticamente el decreto ante un nuevo fallo adverso.
 
Mientras el interbloque macrista posaba y se despachaba contra el oficialismo, la senadora Di Tullio afirmaba: "Me da vergüenza que no estén acá para defender al Poder Legislativo del que son parte", decía. "Por más ausentes que estén, no deslegitima lo que vamos a votar. Esta teatralización da vergüenza, no quieren dejar su testimonio en una banca. Pero a la Constitución se la respeta", lanzó.
 
"Es atronador el silencio de la ausencia de la oposición. Hoy no estamos para revisar un fallo de lo que pasó, estamos acatando la ley del CdM que la Corte quiso y lo hacemos planteando dos bloques claramente constituidos decidiendo quiénes van a ser los consejeros que van a representar a este cuerpo. Y lo ratificamos en este pleno para que le quede claro a la Corte que es una decisión de los senadores", sostuvo Pablo Yedlin, entre los aplausos del recinto.
 
El único senador no oficialista que tomó la palabra fue Weretilneck, quien acusó con dureza a la Corte por haber "violado la autonomía del cuerpo y nuestra libertad para organizarnos políticamente".
 

 
LA CÁMARA ALTA VOLVIÓ A DESIGNAR A MARTÍN DOÑATE PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Senado: Un voto unánime para marcarle la cancha a la Corte Suprema
 
Lo que prometía ser una tranquila y apacible sesión para sancionar -finalmente- el Presupuesto 2023 terminó en un grito de guerra. La noche anterior, la presidenta provisional del Senado mientras CFK ejerce la Presidencia de la Nación (con Alberto Fernández fuera del país), Claudia Ledesma Abdala, había mandado una nota en la que incluía en el temario de la sesión la designación de los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura (CdM): María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, del oficialismo (los dos primeros del Frente Nacional y Popular, mayoría, y el otro de Unidad Ciudadana, segunda minoría), y a Alejandro Vischi por la UCR (primera minoría).
 
Era una novedad: el procedimiento suele ser que la presidencia gira una nota con los postulantes al CdM y listo, pero el FdT había decidido blindarse ante la posibilidad de un nuevo fallo de inconstitucionalidad de la Corte que insistiera en que el lugar de Doñate le pertenecía a Juez. El objetivo era que las candidaturas fueran sujetas a votación y respaldadas oficialmente por la mayoría del recinto. Lo que consiguió gracias al acompañamiento de tres aliades, que fueron también garantes del quórum: Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja).
 
"La Corte Suprema dictó un fallo cambiando la jurisprudencia, entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado. Están violando la división de poderes que dicen defender. La vida republicana significa que todos los poderes deben respetar el funcionamiento de los otros poderes", sostuvo Adolfo Rodríguez Saá, dando comienzo al debate.
 
Valiéndose de fallos viejos de la Corte, el senador puntano dio cuenta de que el máximo tribunal había dejado en manos del Senado la facultad de interpretar su reglamento, un reglamento que tiene peso constitucional y que, en su artículo 55, le da libertad a les senadores de agruparse en bloques. "Puede no gustarles pero hemos cumplido con el reglamento", indicó, haciendo referencia a la división del bloque oficialista de abril, la estrategia que sirvió para sumar hacerse un lugar en el CdM y que, luego, la Corte calificó de "ardid".
 
 
Juntos por el Cambio, ausente
 
La sesión había comenzado pasadas las 14, pero la mitad del recinto estaba vacío: Juntos por el Cambio había decidido "no convalidar la sesión con su presencia". En cambio, habían convocado a una conferencia de prensa para denunciar "el nuevo atropello de CFK contra el orden institucional".
 
La proclama comenzó a las 15 en el Salón de las Provincias, con un Luis Juez en plan de parte ofendida encabezando la comitiva. "Decían que venían por todo y vinieron por todo", se quejó, frente a las cámaras.
 
A su lado, Alfredo Cornejo (UCR) se encargó de leer un comunicado de repudio: "Una vez más Cristina Fernández de Kirchner tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva", sostuvo, a la vez que adelantó que volverían a presentar un amparo en la Justicia para exigir la designación de Juez en el CdM. La alianza opositora no descarta incluso recurrir a un per saltum, para que la Corte trate directamente su reclamo.
 
"Este bochorno que pretenden convalidar tiene que ver con que la agenda judicial de la vicepresidenta", cuestionó Luis Naidenoff
 
 
"Decisión de los senadores"
 
La encargada de cerrar el debate, ante la ausencia de José Mayans, fue Fernández Sagasti. "Era necesario que el decreto fuera ratificado en este recinto. Porque estamos claramente ante un conflicto de poderes, una extralimitación de la Corte que se entromete en otro poder del Estado para decirnos a los senadores cómo debemos organizarnos", sostuvo, y finalizó: "Te puede gustar o no, pero los números son los números. El Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la UCR 18, Unidad Ciudadana 14 y el PRO 9. No es ni subjetivo ni jurídico: es matemático".
 
Finalmente, con 37 votos a favor, el Senado aprobó las candidaturas. El juego judicial seguirá. En el FdT están seguros de que el decreto volverá a llegar a la Corte y que muy probablemente el tribunal vuelva a fallar en su contra. Aunque esta vez, argumentan, lo tendrá que hacer contra una postulación respaldada unánimemente por el cuerpo. "No nos podíamos quedar de brazos cruzados, había que responderle a la Corte. Y con esto no solo fortalecemos políticamente las candidaturas, sino a todo el Senado frente a la injerencia de la Corte", explicaron desde el FdT.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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