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Nacionales - 16-11-2022 / 10:11
TIRONEOS ENTRE LA CORTE SUPREMA Y EL SENADO DE LA NACIÓN

Cristina desafía a Rosatti y propone que el Senado vote en el recinto tres senadores peronistas para la Magistratura

Cristina desafía a Rosatti y propone que el Senado vote en el recinto tres senadores peronistas para la Magistratura
La vice presidenta Cristina Fernández propuso a tres senadores peronistas como representantes del Consejo de la Magistratura hasta 2026, dos por la mayoría y uno por la segunda minoría del recinto, pese al fallo de la Corte que la semana pasada declaró ilegítima la división del bloque Frente de Todos en abril para sumar un representante y derivó en un reclamo del PRO para darle ese lugar al macrista Luis Juez.
El sistema republicano establece la división de poderes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el macrismo, avanza sobre facultades legislativas, que le están vedadas. En diciembre del año pasado la Corte derogó la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y avanzó aún más: le dio un plazo de 120 días al Congreso para sancionar una nueva norma, pasado el cual volvería a regir la ley derogada en aquel año. Ello fue lo que ocurrió y hoy está vigente aquella ley, que establecía que el CM se integra con 20 miembros y es presidido por el presidente de la Corte. Horacio Rossatti pasó a tener la suma del poder dentro de la Justicia, al presidir la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
 
Por ello, la vice presidenta Cristina Fernández propuso a tres senadores peronistas como representantes del Consejo de la Magistratura hasta 2026, dos por la mayoría y uno por la segunda minoría del recinto, pese al fallo de la Corte que la semana pasada declaró ilegítima la división del bloque Frente de Todos en abril para sumar un representante y derivó en un reclamo del PRO para darle ese lugar al macrista Luis Juez.
 
El decreto con las designaciones fue firmado este martes por Claudia Ledesma (Cristina ejerce la presidencia por el viaje de Alberto) y será revalidado el miércoles en el recinto por la mayoría oficialista, durante la sesión para sancionar el presupuesto. No es habitual que estás designaciones se traten en el pleno, pero Cristina intenta sumar un elemento para que el presidente de la Corte y de la Magistratura, el cortesano Rosatti, tome los juramentos y no se judicialicen los nombramientos, lo que dejaría sin senadores el organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
 
El tema a dilucidar no es tanto este mandato que vence el próximo viernes, sino cómo deben considerarse las mayorías y minorías en el Senado para la elección de sus representantes ante el CM, para el período 2022-2026. La Corte resolvió que los bloques son los constituidos al momento del recambio legislativo, el 10 de diciembre de 2021, sin embargo, es el reglamento del Senado el que tiene validez para esa cuestión. Nuevamente, la Corte macrista se entromete en asuntos internos de otro poder del Estado. Incluso la oposición realizó cambios en su bloque después de esa fecha.
 
El problema excede la designación de un miembro más o menos en el CM, ya que ni el oficialismo ni la oposición cuentan con la mayoría necesaria para decidir sobre la designación o destitución de un juez o una jueza. Lo preocupante es que el organismo se encuentra paralizado desde hace años, a pesar del fallo de la Corte que resolvió que volviera a tener 20 integrantes, en lugar de los 13 de la ley anterior. El fundamento judicial fue que había que respetar el "equilibrio" entre los estamentos, cuestión que tampoco se ha resuelto, a tenor de la disputa actual.
 
La paralización del CM impide designar titulares en los tribunales que se encuentran vacantes en la Justicia Nacional, un 25 por ciento. Y se deben resolver situaciones irregulares de magistrados designados "a dedo" por el macrismo, como Bertuzzi y Bruglia en la Cámara de Casación, mantenidos allí por decisión (otra más) de la Corte Suprema.
 
Es evidente la grave crisis que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, presidido por una Corte alineada con los poderes concentrados económico y mediático, y a favor de la oposición macrista. Durante el gobierno de Macri funcionó una "Mesa Judicial" que iniciaba causas para perseguir opositores y decidía la destitución de jueces que hubieran fallado en contra de ese gobierno. Así fue removido el juez laboral Luis Arias, que dictó sentencia en contra de los tarifazos en los servicios públicos del entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.
 
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La jugada desconcertó a Juntos por el Cambio que inició una consulta con los abogados que los asesoran, mientras que en la Justicia destacaron la picardía de Cristina de lanzar la jugada sabiendo que el miércoles es feriado en tribunales por el Día del Judicial, lo que achica el margen para la interposición de una demanda de Luis Juez o los bloques opositores.
 
Si el trío de senadores kirchneristas asumiera, la vicepresidenta podría bloquear las ternas y los pedidos de juicio político hasta 2026, aún si en 2023 la oposición ganara la elección presidencial. Necesitaría mantener su alianza con el representante de los jueces Alberto Lugones. 
 
El decreto del Senado cita el fallo de la Corte que habilitó la realización de sesiones remotas en abril de 2020, basado en el artículo 66 de la Constitución que delega en cada Cámara la definición de sus reglamentos.
 
De esta manera, se oficializa la elección de los tres consejeros actuales del interbloque Frente de Todos cercanos a Cristina: María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate. La UCR propone al correntino Eduardo Vischi, apadrinado por el gobernador Gustavo Valdés.
 
Recalde y Pilatti Vergara representan al bloque Frente Nacional y Popular; y Doñate a Unidad Ciudadana. Eran una sola bancada hasta abril pero se partieron cuando la Corte Suprema cambió la composición del Consejo de la Magistratura en un fallo que revitalizó una ley derogada en 2006 y sumó un cuarto lugar para las segundas minorías legislativas.
 
La semana pasada, un fallo de la mayoría de la Corte Suprema resolvió que la elección de Doñate fue ilegal. Fue firmado por Rosatti, que en abril le había tomado juramento a los nuevos consejeros del Congreso.
 
Los senadores oficialistas anunciaron que no lo acatarían porque consideraron que la Constitución impide a la justicia interferir en las asociaciones legislativas y así quedó plasmado en el decreto de designación de los consejeros. Además, consideraron que Rosatti no debió firmar el fallo porque al presidir la Magistratura fue juez y parte.
 
Como los mandatos de todos los representantes del Congreso en la Magistratura vencen el viernes, la semana pasada el presidente del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, pidió nombrar a Juez hasta 2026, pero Cristina lo ignoró.
 
"Rosatti no puede tomarle juramento a los senadores sin una notificación de las presidencias de las cámaras", destacaban en el oficialismo de la Cámara alta. En el máximo tribunal ya decidieron que en los próximos días incorporarán a los consejeros elegidos por los estamentos de abogados, jueces y académicos y la situación de los senadores se tratará en el acuerdo del próximo jueves, confirmaron a LPO fuentes judiciales.
 
En el Senado, el peronismo tiene otra lectura. Calculan que sin senadores el Consejo podría paralizarse, aunque si hay cambio de gobierno en diciembre de 2023 la Corte podría reabrir el juego para los nombramientos. "No nos va a quedar otra que ganar las elecciones. Con el candidato que sea", concluían.
 
Como sea, Cristina también definió este martes los suplentes: la santiagueña Claudia Ledesma y el pampeano Pablo Bensusán en el Frente Nacional y Popular; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti en Unidad Ciudadana. Por la UCR la reserva quedó para la jujeña Silvia Giacoppo.
 
No son cargos menores: asumen si vence el mandato de un titular y evitan que una nueva mayoría legislativa defina el reemplazo para otro bloque. Fue lo que pasó en Diputados cuando asumió Mauricio Macri.
 
Fernández Sagasti tiene mandato hasta 2027, por lo que su inclusión es para que en 2025 pueda reemplazar a Doñate y no surjan nuevas interpretaciones reglamentarias. Así de ajedrecística es la pelea por las sillas de la Magistratura.
 
Antes del viernes Diputados debe definir sus cuatro consejeros y dos serían para el Frente de Todos, que hasta ahora tuvo uno. Sumaría otro por ser el bloque más grande y los otros quedarían para la UCR y el PRO.
 
En el oficialismo aseguran que al menos hasta ahora no hubo objeciones, porque la vacante que ocuparán es la de Graciela Camaño, de un bloque minoritario, que no es la segunda minoría. El decreto de Cecilia Moreau llegará en estos días.
 
Por Mauricio Cantando
 
Fuente: La Política Online
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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