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Nacionales - 16-11-2022 / 10:11
TIRONEOS ENTRE LA CORTE SUPREMA Y EL SENADO DE LA NACIÓN

Cristina desafía a Rosatti y propone que el Senado vote en el recinto tres senadores peronistas para la Magistratura

Cristina desafía a Rosatti y propone que el Senado vote en el recinto tres senadores peronistas para la Magistratura
La vice presidenta Cristina Fernández propuso a tres senadores peronistas como representantes del Consejo de la Magistratura hasta 2026, dos por la mayoría y uno por la segunda minoría del recinto, pese al fallo de la Corte que la semana pasada declaró ilegítima la división del bloque Frente de Todos en abril para sumar un representante y derivó en un reclamo del PRO para darle ese lugar al macrista Luis Juez.
El sistema republicano establece la división de poderes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el macrismo, avanza sobre facultades legislativas, que le están vedadas. En diciembre del año pasado la Corte derogó la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y avanzó aún más: le dio un plazo de 120 días al Congreso para sancionar una nueva norma, pasado el cual volvería a regir la ley derogada en aquel año. Ello fue lo que ocurrió y hoy está vigente aquella ley, que establecía que el CM se integra con 20 miembros y es presidido por el presidente de la Corte. Horacio Rossatti pasó a tener la suma del poder dentro de la Justicia, al presidir la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
 
Por ello, la vice presidenta Cristina Fernández propuso a tres senadores peronistas como representantes del Consejo de la Magistratura hasta 2026, dos por la mayoría y uno por la segunda minoría del recinto, pese al fallo de la Corte que la semana pasada declaró ilegítima la división del bloque Frente de Todos en abril para sumar un representante y derivó en un reclamo del PRO para darle ese lugar al macrista Luis Juez.
 
El decreto con las designaciones fue firmado este martes por Claudia Ledesma (Cristina ejerce la presidencia por el viaje de Alberto) y será revalidado el miércoles en el recinto por la mayoría oficialista, durante la sesión para sancionar el presupuesto. No es habitual que estás designaciones se traten en el pleno, pero Cristina intenta sumar un elemento para que el presidente de la Corte y de la Magistratura, el cortesano Rosatti, tome los juramentos y no se judicialicen los nombramientos, lo que dejaría sin senadores el organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
 
El tema a dilucidar no es tanto este mandato que vence el próximo viernes, sino cómo deben considerarse las mayorías y minorías en el Senado para la elección de sus representantes ante el CM, para el período 2022-2026. La Corte resolvió que los bloques son los constituidos al momento del recambio legislativo, el 10 de diciembre de 2021, sin embargo, es el reglamento del Senado el que tiene validez para esa cuestión. Nuevamente, la Corte macrista se entromete en asuntos internos de otro poder del Estado. Incluso la oposición realizó cambios en su bloque después de esa fecha.
 
El problema excede la designación de un miembro más o menos en el CM, ya que ni el oficialismo ni la oposición cuentan con la mayoría necesaria para decidir sobre la designación o destitución de un juez o una jueza. Lo preocupante es que el organismo se encuentra paralizado desde hace años, a pesar del fallo de la Corte que resolvió que volviera a tener 20 integrantes, en lugar de los 13 de la ley anterior. El fundamento judicial fue que había que respetar el "equilibrio" entre los estamentos, cuestión que tampoco se ha resuelto, a tenor de la disputa actual.
 
La paralización del CM impide designar titulares en los tribunales que se encuentran vacantes en la Justicia Nacional, un 25 por ciento. Y se deben resolver situaciones irregulares de magistrados designados "a dedo" por el macrismo, como Bertuzzi y Bruglia en la Cámara de Casación, mantenidos allí por decisión (otra más) de la Corte Suprema.
 
Es evidente la grave crisis que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, presidido por una Corte alineada con los poderes concentrados económico y mediático, y a favor de la oposición macrista. Durante el gobierno de Macri funcionó una "Mesa Judicial" que iniciaba causas para perseguir opositores y decidía la destitución de jueces que hubieran fallado en contra de ese gobierno. Así fue removido el juez laboral Luis Arias, que dictó sentencia en contra de los tarifazos en los servicios públicos del entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.
 
La Opinión Popular
 

 
La jugada desconcertó a Juntos por el Cambio que inició una consulta con los abogados que los asesoran, mientras que en la Justicia destacaron la picardía de Cristina de lanzar la jugada sabiendo que el miércoles es feriado en tribunales por el Día del Judicial, lo que achica el margen para la interposición de una demanda de Luis Juez o los bloques opositores.
 
Si el trío de senadores kirchneristas asumiera, la vicepresidenta podría bloquear las ternas y los pedidos de juicio político hasta 2026, aún si en 2023 la oposición ganara la elección presidencial. Necesitaría mantener su alianza con el representante de los jueces Alberto Lugones. 
 
El decreto del Senado cita el fallo de la Corte que habilitó la realización de sesiones remotas en abril de 2020, basado en el artículo 66 de la Constitución que delega en cada Cámara la definición de sus reglamentos.
 
De esta manera, se oficializa la elección de los tres consejeros actuales del interbloque Frente de Todos cercanos a Cristina: María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate. La UCR propone al correntino Eduardo Vischi, apadrinado por el gobernador Gustavo Valdés.
 
Recalde y Pilatti Vergara representan al bloque Frente Nacional y Popular; y Doñate a Unidad Ciudadana. Eran una sola bancada hasta abril pero se partieron cuando la Corte Suprema cambió la composición del Consejo de la Magistratura en un fallo que revitalizó una ley derogada en 2006 y sumó un cuarto lugar para las segundas minorías legislativas.
 
La semana pasada, un fallo de la mayoría de la Corte Suprema resolvió que la elección de Doñate fue ilegal. Fue firmado por Rosatti, que en abril le había tomado juramento a los nuevos consejeros del Congreso.
 
Los senadores oficialistas anunciaron que no lo acatarían porque consideraron que la Constitución impide a la justicia interferir en las asociaciones legislativas y así quedó plasmado en el decreto de designación de los consejeros. Además, consideraron que Rosatti no debió firmar el fallo porque al presidir la Magistratura fue juez y parte.
 
Como los mandatos de todos los representantes del Congreso en la Magistratura vencen el viernes, la semana pasada el presidente del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, pidió nombrar a Juez hasta 2026, pero Cristina lo ignoró.
 
"Rosatti no puede tomarle juramento a los senadores sin una notificación de las presidencias de las cámaras", destacaban en el oficialismo de la Cámara alta. En el máximo tribunal ya decidieron que en los próximos días incorporarán a los consejeros elegidos por los estamentos de abogados, jueces y académicos y la situación de los senadores se tratará en el acuerdo del próximo jueves, confirmaron a LPO fuentes judiciales.
 
En el Senado, el peronismo tiene otra lectura. Calculan que sin senadores el Consejo podría paralizarse, aunque si hay cambio de gobierno en diciembre de 2023 la Corte podría reabrir el juego para los nombramientos. "No nos va a quedar otra que ganar las elecciones. Con el candidato que sea", concluían.
 
Como sea, Cristina también definió este martes los suplentes: la santiagueña Claudia Ledesma y el pampeano Pablo Bensusán en el Frente Nacional y Popular; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti en Unidad Ciudadana. Por la UCR la reserva quedó para la jujeña Silvia Giacoppo.
 
No son cargos menores: asumen si vence el mandato de un titular y evitan que una nueva mayoría legislativa defina el reemplazo para otro bloque. Fue lo que pasó en Diputados cuando asumió Mauricio Macri.
 
Fernández Sagasti tiene mandato hasta 2027, por lo que su inclusión es para que en 2025 pueda reemplazar a Doñate y no surjan nuevas interpretaciones reglamentarias. Así de ajedrecística es la pelea por las sillas de la Magistratura.
 
Antes del viernes Diputados debe definir sus cuatro consejeros y dos serían para el Frente de Todos, que hasta ahora tuvo uno. Sumaría otro por ser el bloque más grande y los otros quedarían para la UCR y el PRO.
 
En el oficialismo aseguran que al menos hasta ahora no hubo objeciones, porque la vacante que ocuparán es la de Graciela Camaño, de un bloque minoritario, que no es la segunda minoría. El decreto de Cecilia Moreau llegará en estos días.
 
Por Mauricio Cantando
 
Fuente: La Política Online
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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