15:12 | Jueves 25 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 16-11-2022 / 10:11

TIRONEOS ENTRE LA CORTE SUPREMA Y EL SENADO DE LA NACIÓN

Cristina desafía a Rosatti y propone que el Senado vote en el recinto tres senadores peronistas para la Magistratura

La vice presidenta Cristina Fernández propuso a tres senadores peronistas como representantes del Consejo de la Magistratura hasta 2026, dos por la mayoría y uno por la segunda minoría del recinto, pese al fallo de la Corte que la semana pasada declaró ilegítima la división del bloque Frente de Todos en abril para sumar un representante y derivó en un reclamo del PRO para darle ese lugar al macrista Luis Juez.

El sistema republicano establece la división de poderes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el macrismo, avanza sobre facultades legislativas, que le están vedadas. En diciembre del año pasado la Corte derogó la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y avanzó aún más: le dio un plazo de 120 días al Congreso para sancionar una nueva norma, pasado el cual volvería a regir la ley derogada en aquel año. Ello fue lo que ocurrió y hoy está vigente aquella ley, que establecía que el CM se integra con 20 miembros y es presidido por el presidente de la Corte. Horacio Rossatti pasó a tener la suma del poder dentro de la Justicia, al presidir la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

Por ello, la vice presidenta Cristina Fernández propuso a tres senadores peronistas como representantes del Consejo de la Magistratura hasta 2026, dos por la mayoría y uno por la segunda minoría del recinto, pese al fallo de la Corte que la semana pasada declaró ilegítima la división del bloque Frente de Todos en abril para sumar un representante y derivó en un reclamo del PRO para darle ese lugar al macrista Luis Juez.

El decreto con las designaciones fue firmado este martes por Claudia Ledesma (Cristina ejerce la presidencia por el viaje de Alberto) y será revalidado el miércoles en el recinto por la mayoría oficialista, durante la sesión para sancionar el presupuesto. No es habitual que estás designaciones se traten en el pleno, pero Cristina intenta sumar un elemento para que el presidente de la Corte y de la Magistratura, el cortesano Rosatti, tome los juramentos y no se judicialicen los nombramientos, lo que dejaría sin senadores el organismo que selecciona y sanciona a los jueces.

El tema a dilucidar no es tanto este mandato que vence el próximo viernes, sino cómo deben considerarse las mayorías y minorías en el Senado para la elección de sus representantes ante el CM, para el período 2022-2026. La Corte resolvió que los bloques son los constituidos al momento del recambio legislativo, el 10 de diciembre de 2021, sin embargo, es el reglamento del Senado el que tiene validez para esa cuestión. Nuevamente, la Corte macrista se entromete en asuntos internos de otro poder del Estado. Incluso la oposición realizó cambios en su bloque después de esa fecha.

El problema excede la designación de un miembro más o menos en el CM, ya que ni el oficialismo ni la oposición cuentan con la mayoría necesaria para decidir sobre la designación o destitución de un juez o una jueza. Lo preocupante es que el organismo se encuentra paralizado desde hace años, a pesar del fallo de la Corte que resolvió que volviera a tener 20 integrantes, en lugar de los 13 de la ley anterior. El fundamento judicial fue que había que respetar el "equilibrio" entre los estamentos, cuestión que tampoco se ha resuelto, a tenor de la disputa actual.

La paralización del CM impide designar titulares en los tribunales que se encuentran vacantes en la Justicia Nacional, un 25 por ciento. Y se deben resolver situaciones irregulares de magistrados designados "a dedo" por el macrismo, como Bertuzzi y Bruglia en la Cámara de Casación, mantenidos allí por decisión (otra más) de la Corte Suprema.

Es evidente la grave crisis que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, presidido por una Corte alineada con los poderes concentrados económico y mediático, y a favor de la oposición macrista. Durante el gobierno de Macri funcionó una "Mesa Judicial" que iniciaba causas para perseguir opositores y decidía la destitución de jueces que hubieran fallado en contra de ese gobierno. Así fue removido el juez laboral Luis Arias, que dictó sentencia en contra de los tarifazos en los servicios públicos del entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.

La Opinión Popular

La jugada desconcertó a Juntos por el Cambio que inició una consulta con los abogados que los asesoran, mientras que en la Justicia destacaron la picardía de Cristina de lanzar la jugada sabiendo que el miércoles es feriado en tribunales por el Día del Judicial, lo que achica el margen para la interposición de una demanda de Luis Juez o los bloques opositores.

Si el trío de senadores kirchneristas asumiera, la vicepresidenta podría bloquear las ternas y los pedidos de juicio político hasta 2026, aún si en 2023 la oposición ganara la elección presidencial. Necesitaría mantener su alianza con el representante de los jueces Alberto Lugones.

El decreto del Senado cita el fallo de la Corte que habilitó la realización de sesiones remotas en abril de 2020, basado en el artículo 66 de la Constitución que delega en cada Cámara la definición de sus reglamentos.

De esta manera, se oficializa la elección de los tres consejeros actuales del interbloque Frente de Todos cercanos a Cristina: María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate. La UCR propone al correntino Eduardo Vischi, apadrinado por el gobernador Gustavo Valdés.

Recalde y Pilatti Vergara representan al bloque Frente Nacional y Popular; y Doñate a Unidad Ciudadana. Eran una sola bancada hasta abril pero se partieron cuando la Corte Suprema cambió la composición del Consejo de la Magistratura en un fallo que revitalizó una ley derogada en 2006 y sumó un cuarto lugar para las segundas minorías legislativas.

La semana pasada, un fallo de la mayoría de la Corte Suprema resolvió que la elección de Doñate fue ilegal. Fue firmado por Rosatti, que en abril le había tomado juramento a los nuevos consejeros del Congreso.

Los senadores oficialistas anunciaron que no lo acatarían porque consideraron que la Constitución impide a la justicia interferir en las asociaciones legislativas y así quedó plasmado en el decreto de designación de los consejeros. Además, consideraron que Rosatti no debió firmar el fallo porque al presidir la Magistratura fue juez y parte.

Como los mandatos de todos los representantes del Congreso en la Magistratura vencen el viernes, la semana pasada el presidente del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, pidió nombrar a Juez hasta 2026, pero Cristina lo ignoró.

"Rosatti no puede tomarle juramento a los senadores sin una notificación de las presidencias de las cámaras", destacaban en el oficialismo de la Cámara alta. En el máximo tribunal ya decidieron que en los próximos días incorporarán a los consejeros elegidos por los estamentos de abogados, jueces y académicos y la situación de los senadores se tratará en el acuerdo del próximo jueves, confirmaron a LPO fuentes judiciales.

En el Senado, el peronismo tiene otra lectura. Calculan que sin senadores el Consejo podría paralizarse, aunque si hay cambio de gobierno en diciembre de 2023 la Corte podría reabrir el juego para los nombramientos. "No nos va a quedar otra que ganar las elecciones. Con el candidato que sea", concluían.

Como sea, Cristina también definió este martes los suplentes: la santiagueña Claudia Ledesma y el pampeano Pablo Bensusán en el Frente Nacional y Popular; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti en Unidad Ciudadana. Por la UCR la reserva quedó para la jujeña Silvia Giacoppo.

No son cargos menores: asumen si vence el mandato de un titular y evitan que una nueva mayoría legislativa defina el reemplazo para otro bloque. Fue lo que pasó en Diputados cuando asumió Mauricio Macri.

Fernández Sagasti tiene mandato hasta 2027, por lo que su inclusión es para que en 2025 pueda reemplazar a Doñate y no surjan nuevas interpretaciones reglamentarias. Así de ajedrecística es la pelea por las sillas de la Magistratura.

Antes del viernes Diputados debe definir sus cuatro consejeros y dos serían para el Frente de Todos, que hasta ahora tuvo uno. Sumaría otro por ser el bloque más grande y los otros quedarían para la UCR y el PRO.

En el oficialismo aseguran que al menos hasta ahora no hubo objeciones, porque la vacante que ocuparán es la de Graciela Camaño, de un bloque minoritario, que no es la segunda minoría. El decreto de Cecilia Moreau llegará en estos días.

Por Mauricio Cantando

Fuente: La Política Online

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.