Nacionales - 12-11-2022 / 12:11
NULA INVESTIGACIÓN EN LA CAUSA DEL ATENTADO CONTRA CFK
El ministro Martín Soria aseguró que la jueza Capuchetti se la pasaba yendo a la AFI macrista
El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Martín Soria, sostuvo este viernes que la magistrada federal María Eugenia Capuchetti “se la pasaba entrando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)” del gobierno de Mauricio Macri y recordó que, oportunamente, la denunció por tener “serios vínculos” con los ex funcionarios de ese organismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
A pesar de la detención de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, la jueza María Eugenia Capuchetti no continuó con una investigación profunda en torno a los vínculos políticos y a la planificación del atentado en contra de la vida de Cristina Fernández. Por ese motivo, la vicepresidenta la recusó. En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, salió al cruce de la magistrada y realizó una durísima denuncia en su contra, vinculada a los nexos con la oposición y la llamativa falta de preocupación y aceleración en torno al intento de magnicidio.
"La jueza Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI, tiene serios vínculos con (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani y otros dirigentes del PRO", afirmó Soria. Y dejó en claro que la magistrada de Comodoro Py era muy cercana a las filas de Mauricio Macri. En ese sentido, dijo: "Es inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO al atentado a Cristina Kirchner". Por otra parte, Soria recordó: "En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, realizada en agosto del 2020, junto a varios legisladores, expusimos los vínculos de la jueza con Arribas y Majdalani, que se la pasaba entrando a la sede de la AFI. Eso quedó registrado y lo denunciamos".
Y agregó: "Es evidente que hay vinculación entre esta jueza y los dirigentes del PRO que intenta encubrir el atentado a la Vicepresidenta. Es una inacción inaceptable de la magistrada". La causa recayó en su despacho tras el intento de asesinato perpetrado el 1° de septiembre en la puerta de la casa de la ex presidenta en Recoleta. En el mismo sentido, los abogados de la vicepresidenta pidieron "investigar con contundencia y profundidad" los nexos entre las tres personas que ejecutaron el plan y el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, quien habría dicho en una charla con sus asesoras, dos días antes del hecho, "cuando la maten, yo voy a estar en la Costa".
Sobre el accionar de los abogados de Cristina, Soria afirmó: "Pidieron 43 medidas de prueba, la jueza Capuchetti negó 35 y sólo cedió ocho de esas medidas de pruebas; y mientras las niega, no propone ninguna línea de investigación solo abona las editoriales de Clarín y la Nación de que se trataría de lobos solitarios". En ese punto, completó: "Es una garantía que tiene cualquier víctima, la de tener un juez que instruya su causa y que investigue respecto del delito que sufrió. El Código Penal tipifica un delito que pena y sanciona a un juez que retrase maliciosamente la administración de justicia".
Además relató: "Cuando declararon, las asesoras de (el diputado nacional del PRO, Gerardo) Milman le mintieron a la jueza en la cara, a la jueza y al fiscal, por lo que es evidente que están tratando de encubrir el atentado contra la Vicepresidenta". Y finalizó: "La selectividad, la partidización de sectores del Poder Judicial como la Corte y algunos jueces de Comodoro Pro tienen que ver con que tienen la camiseta puesta hace tiempo".
La Opinión Popular
El oficialismo potencia sus objeciones a la jueza Capuchetti
La magistrada a cargo de la investigación del ataque a CFK "se la pasaba entrando a la AFI macrista", aseveró el ministro de Justicia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Martín Soria, sostuvo este viernes que la magistrada federal María Eugenia Capuchetti "se la pasaba entrando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)" del gobierno de Mauricio Macri y recordó que, oportunamente, la denunció por tener "serios vínculos" con los ex funcionarios de ese organismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
"Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI, tiene serios vínculos con Arribas y Majdalani y otros dirigentes del PRO", dijo Soria.
En esa línea, el funcionario consideró "inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO (por los tribunales de Comodoro Py) al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner".
"En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, realizada en agosto de 2020 junto a varios legisladores, expusimos los vínculos de la jueza con Arribas y Majdalani, que se la pasaba entrando a la sede de la AFI. Eso quedó registrado", recordó Soria.
El jueves pasado, Cristina anunció que recusará a la jueza que instruye en la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el 1º de septiembre, en tanto que la querella de la ex mandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
A su turno, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que el pedido de recusación a Capuchetti por el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta es "tardío" y, aunque deseó que prospere el proceso, se manifestó "pesimista".
"Creo que este remedio de la recusación es tardío, porque tendría que haberse aplicado cuando se borró el celular de (Fernando) Sabag Montiel", dijo el letrado.
Al respecto, añadió que ese hecho le "hizo pensar que Capuchetti no estaba capacitada para llevar adelante algo tan importante como es la investigación de un acto terrorista contra la vicepresidenta".
Revolución Federal
Paralelamente, la Cámara Federal convocó para el 23 de noviembre próximo a una audiencia para tratar los recursos de los cuatro procesados de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Se trata de los procesamientos contra Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, por integrar una organización que busca "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", y de Sabrina Basile, por apología del delito.
Los tres primeros podrían ser condenados a penas de hasta ocho años de cárcel, en tanto que Basile sólo sería pasible de una sanción de un año, generalmente en suspenso.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convocaron a las partes, pero todavía no está definido si la audiencia será presencial o por vía remota.
Fuente: La Capital