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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 12-11-2022 / 11:11
CUALQUIERA QUE SE INTERPONGA SERÁ BLANCO DE CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN Y PERSECUCIÓN JUDICIAL

El macrismo, sus jueces amigos y las corporaciones buscan llevar el país a una falsa democracia autoritaria

El macrismo, sus jueces amigos y las corporaciones buscan llevar el país a una falsa democracia autoritaria
El bloque de partidos que conforman el macrismo, más jueces de Comodoro Py, corporaciones y servicios de inteligencia buscan llevar el país a una falsa democracia autoritaria. Como sucede con Cristina, cualquiera que se interponga será blanco de campañas de difamación y persecución judicial.
Un sector importante del Poder Judicial encabezado por la Corte reafirmó su alianza con el macrismo y la corporación de medios contra el Gobierno, contra Cristina y contra cualquiera que pueda cuestionar el sistema de privilegios y desigualdad del que se benefician. Es un bloque de poder donde corporaciones de medios, servicios de inteligencia, funcionarios judiciales y el macrismo confluyen en defensa de intereses y privilegios corporativos o mafiosos, que buscan decidir la suerte de millones de argentinos.
 
Pocos días antes, habían reabierto causas en las que Cristina ya había sido sobreseída, desde Hotesur-Los Sauces, hasta la del memorándum con Irán y la fantásticamente inversa del dólar a futuro, donde los que se enriquecieron con la devaluación que ellos hicieron son los que denuncian a los que impidieron esa devaluación cuando fueron gobierno.
 
La presión por reabrir estas causas, que ya fueron juzgadas, coincide con la inminente reanudación de los alegatos fiscales en la causa de Vialidad. Las defensas de todos los acusados destruyeron cada milímetro de la acusación con informes técnicos, testigos y documentos. Pero los medios porteños, que difundieron con grandes titulares el alegato de los fiscales, mantuvieron silencio sobre la intervención de las defensas.
 
Resulta sorprendente que este renovado interés sobre causas que sólo sirven para campaña sucia mediática haya sido retomado poco después del atentado que sufrió Cristina. El intento de asesinato hubiera desatado un baño de sangre en el país si se hubiera concretado. Pero el atentado falló y además funcionó en sentido contrario al que buscaban. Podrían haber atemorizado a CFK o haber limitado su actividad para evitar riesgos. Provocó todo lo contrario.
 
El protagonismo que retomó Cristina la confirmó en el podio de los posibles candidatos para el 2023 y le devolvió un centralismo protagónico que impactó seguramente en las innumerables encuestas que ya se realizan para medir el día a día, para definir candidatos, discursos y formas de la campaña.
 
Esto se ve en la inmediata reacción de la maquinaria judicial de persecución contra la vicepresidenta, con recursos sacados de la manga, porque ni siquiera se dieron tiempo para inventar nuevas causas y tuvieron que acudir a las que ya habían sido descartadas, habría que inferir que empezó a romper el famoso techo bajo que daban las encuestas a su imagen positiva. Piso alto y techo bajo, decían. La imagen de esa avalancha de causas en chancleta es de temor. Como si buscaran cortar de raíz cualquier posible crecimiento.
 
La investigación del atentado demostró el vínculo de estos delincuentes con sectores del macrismo, hay fotos con Patricia Bullrich, con el diputado Waldo Wolf y con otros macristas. Además, comparten el mismo discurso de odio, embustero y violento. Y es cada vez más evidente que el grupo Revolución Federal, al que estaban ligados los autores del atentado, es financiado por empresas de la familia de Luis Caputo, el exministro de Finanzas de Macri.
 
Está demostrado el vínculo ideológico, el vínculo físico y el vínculo financiero de los autores del atentado con el macrismo. Esos vínculos no establecen culpabilidad, pero obligan a investigarlos. Los asesinos frustrados hablaban de "matar a Cristina" entre ellos y con todos. La idea del atentado estaba presente en esas vinculaciones. Los que no los denunciaron son cómplices. Y la jueza Capuchetti quiere cerrar la investigación del atentado terrorista más grave desde la recuperación de la democracia, en los "tres loquitos", como quiere Macri.
 

MÁS ALLÁ DEL ATENTADO  
 
El bloque de poder detrás de la persecución a Cristina Kirchner
 
Scaloni anunció el equipo y el país entero empezó a sumergirse en el reality absoluto y excluyente del mundial, al tiempo que el ministro Sergio Massa afilaba su estrategia contra una inflación hasta ahora inmanejable, y que un sector importante del Poder Judicial encabezado por la Corte reafirmaba su alianza con el macrismo y la corporación de medios contra el Gobierno, contra Cristina Kirchner y contra cualquiera que pueda cuestionar el sistema de privilegios y desigualdad del que se benefician.
 
 
El caso Nadia Schujman
 
Un ejemplo es la persecución inmoral y despiadada en Rosario contra la abogada de HIJOS, Nadia Schujman, reconocida defensora de los derechos humanos. Todos dicen que es cierto que la mafia de la droga tiene conexiones en la política, en la policía y hasta en bancos y empresas. Que Rosario es el principal campo de batalla de los narcos en el país lo aceptan y lo sufren todos los rosarinos. Hasta allí todos parecen coincidir, hasta que se pasa a los hechos como hizo Nadia Schujman como responsable de investigar complicidades policiales.
 
Schujman, conocida en Rosario por su trayectoria en los organismos de derechos humanos, se convirtió en blanco de una campaña feroz del multimedio local, propiedad del empresario Gustavo Scaglione, quien a su vez es querellante en una de las causas que abrieron contra ella desde que comenzó a investigar a la policía provincial y los entramados narcos. Por motivos políticos, en el mejor de los casos, el macrismo, los radicales y los socialistas y una parte del peronismo se sumaron a los ataques contra la exfuncionaria.
 
Estas fuerzas, que han sido cómplices del espionaje realizado durante el gobierno macrista a familiares de víctimas del ARA San Juan, al Instituto Patria, a Cristina Kirchner y a dirigentes políticos, se han colgado ahora de las denuncias sin pruebas sobre espionaje ilegal. No hay informes, documentos ni videos como los que existen en las causas contra el gobierno macrista que ninguno de esos sectores repudió.
 
Es un bloque de poder donde corporaciones de medios, servicios de inteligencia, funcionarios judiciales y el universo político del macrismo confluyen en defensa de intereses y privilegios corporativos o mafiosos. La urgencia dramática que adquiere esta situación en Rosario por el azote de las mafias de la droga, tiene su equivalencia a nivel nacional donde se repite este bloque de poder que busca decidir la suerte de millones de argentinos.
 
 
El papel de la Corte Suprema
 
La decisión de la Corte Suprema de rechazar la designación de un representante frentetodista del Senado en la Magistratura fue el anuncio abierto de cómo roncará esta alianza durante la campaña electoral.
 
Pocos días antes, habían reabierto causas en las que Cristina Kirchner ya había sido sobreseída, desde Hotesur-Los Sauces, hasta la del memorándum con Irán y la fantásticamente inversa del dólar a futuro, donde los que se enriquecieron con la devaluación que ellos hicieron son los que denuncian a los que impidieron esa devaluación cuando fueron gobierno.
 
La presión por reabrir estas causas que ya fueron juzgadas coincide con la inminente reanudación de los alegatos fiscales en la causa de Vialidad. Las defensas de todos los acusados, incluyendo la de Lázaro Báez, destruyó cada milímetro de la acusación con informes técnicos, testigos y documentos. Pero los medios corporativos, que difundieron con grandes titulares el alegato inicial de los fiscales, mantuvieron silencio o apenas cubrieron la intervención de las defensas. Y ahora renovarán el circo o provocarán alguna decisión judicial turbia aprovechando el preludio del Mundial.
 
Resulta sorprendente que este renovado interés sobre causas que sólo sirven para campaña sucia mediática hayan sido retomadas poco después del atentado que sufrió Cristina Kirchner. El intento de asesinato hubiera desatado un baño de sangre en el país si se hubiera concretado.
 
 
Un atentado por la culata
 
El atentado falló y además funcionó en sentido contrario al que buscaban. Podrían haber atemorizado a la vicepresidenta o haber limitado su actividad para evitar riesgos. Provocó todo lo contrario. Cristina Kirchner reapareció en un acto histórico para el peronismo en pleno congreso de cinco mil delegados de la UOM. Y hará otra presentación multitudinaria para el día de la militancia, el próximo jueves.
 
El protagonismo que retomó Cristina Kirchner la confirmó en el podio de los posibles candidatos para el 2023 y le devolvió un centralismo protagónico que impactó seguramente en las innumerables encuestas que ya se realizan para medir el día a día, para definir candidatos, discursos y formas de la campaña.
 
Si se fuera a juzgar por la inmediata reacción de la maquinaria judicial de persecución contra la vicepresidenta, con recursos sacados de la manga, porque ni siquiera se dieron tiempo para inventar nuevas causas y tuvieron que acudir a las que ya habían sido descartadas, habría que inferir que empezó a romper el famoso techo bajo que daban las encuestas a su imagen positiva. Piso alto y techo bajo, decían. La imagen de esa avalancha de causas en chancleta es de temor. Como si buscaran cortar de raíz cualquier posible crecimiento.
 
En vez de repudiar en bloque, el macrismo habla como si hubieran realizado el atentado "tres loquitos sueltos". Tienen comentarios despectivos, como el diputado Gerardo Milman. "Cómo van a sospechar de mí -da por sobreentendido-que soy un hombre de la democracia". Pero este personaje fue jefe de la inteligencia policial cuando Patricia Bullrich era Ministra. El personaje se ríe de que sospechen, pero es sospechoso que unos días antes presentara un proyecto que hablaba de una especie de autoatentado de Cristina Kirchner. Y es sospechoso que dos días antes, un testigo lo escuchara decir que "cuando la maten yo estoy camino a la Costa".
 
 
Los vínculos del macrismo que nadie quiere investigar
 
La vicepresidenta hizo circular un video sobre las deficiencias en la investigación cometidas por la jueza María Capuchetti, que proviene de la familia policial. Los abogados que representan a Cristina Kirchner pidieron que profundice la investigación de los vínculos políticos de los acusados directos para buscar a los autores intelectuales.
 
La investigación demostró el vínculo de estos delincuentes con sectores del macrismo, hay fotos con Patricia Bullrich, con el diputado Waldo Wolf y con otros macristas. Además, comparten el mismo discurso de odio, embustero y violento. Y resulta cada vez más evidente que el grupo Revolución Federal, al que estaban ligados los autores del atentado, es financiado por empresas de la familia de Luis Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.
 
Está demostrado el vínculo ideológico, el vínculo físico y el vínculo financiero de los autores del atentado con el macrismo. Esos vínculos no establecen culpabilidad, pero obligan a investigarlos. Los asesinos frustrados hablaban de "matar a Cristina" entre ellos y con todos. La idea del atentado estaba presente en esas vinculaciones. Los que hubieran hecho bromas o sospecharon y no los denunciaron son cómplices.
 
Capuchetti ni siquiera convocó a declarar a Milman y circunscribió la pesquisa a tres personas, dos acusados de ser los autores y otro de ser cómplice. La jueza quiere cerrar la investigación del atentado terrorista más grave desde la recuperación de la democracia, en los "tres loquitos", como quiere Mauricio Macri. La recusación de la jueza es un pedido razonable, la jueza no cumplió su función y actuó en función de la política y no de la administración de justicia.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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