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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 12-11-2022 / 11:11
CUALQUIERA QUE SE INTERPONGA SERÁ BLANCO DE CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN Y PERSECUCIÓN JUDICIAL

El macrismo, sus jueces amigos y las corporaciones buscan llevar el país a una falsa democracia autoritaria

El macrismo, sus jueces amigos y las corporaciones buscan llevar el país a una falsa democracia autoritaria
El bloque de partidos que conforman el macrismo, más jueces de Comodoro Py, corporaciones y servicios de inteligencia buscan llevar el país a una falsa democracia autoritaria. Como sucede con Cristina, cualquiera que se interponga será blanco de campañas de difamación y persecución judicial.
Un sector importante del Poder Judicial encabezado por la Corte reafirmó su alianza con el macrismo y la corporación de medios contra el Gobierno, contra Cristina y contra cualquiera que pueda cuestionar el sistema de privilegios y desigualdad del que se benefician. Es un bloque de poder donde corporaciones de medios, servicios de inteligencia, funcionarios judiciales y el macrismo confluyen en defensa de intereses y privilegios corporativos o mafiosos, que buscan decidir la suerte de millones de argentinos.
 
Pocos días antes, habían reabierto causas en las que Cristina ya había sido sobreseída, desde Hotesur-Los Sauces, hasta la del memorándum con Irán y la fantásticamente inversa del dólar a futuro, donde los que se enriquecieron con la devaluación que ellos hicieron son los que denuncian a los que impidieron esa devaluación cuando fueron gobierno.
 
La presión por reabrir estas causas, que ya fueron juzgadas, coincide con la inminente reanudación de los alegatos fiscales en la causa de Vialidad. Las defensas de todos los acusados destruyeron cada milímetro de la acusación con informes técnicos, testigos y documentos. Pero los medios porteños, que difundieron con grandes titulares el alegato de los fiscales, mantuvieron silencio sobre la intervención de las defensas.
 
Resulta sorprendente que este renovado interés sobre causas que sólo sirven para campaña sucia mediática haya sido retomado poco después del atentado que sufrió Cristina. El intento de asesinato hubiera desatado un baño de sangre en el país si se hubiera concretado. Pero el atentado falló y además funcionó en sentido contrario al que buscaban. Podrían haber atemorizado a CFK o haber limitado su actividad para evitar riesgos. Provocó todo lo contrario.
 
El protagonismo que retomó Cristina la confirmó en el podio de los posibles candidatos para el 2023 y le devolvió un centralismo protagónico que impactó seguramente en las innumerables encuestas que ya se realizan para medir el día a día, para definir candidatos, discursos y formas de la campaña.
 
Esto se ve en la inmediata reacción de la maquinaria judicial de persecución contra la vicepresidenta, con recursos sacados de la manga, porque ni siquiera se dieron tiempo para inventar nuevas causas y tuvieron que acudir a las que ya habían sido descartadas, habría que inferir que empezó a romper el famoso techo bajo que daban las encuestas a su imagen positiva. Piso alto y techo bajo, decían. La imagen de esa avalancha de causas en chancleta es de temor. Como si buscaran cortar de raíz cualquier posible crecimiento.
 
La investigación del atentado demostró el vínculo de estos delincuentes con sectores del macrismo, hay fotos con Patricia Bullrich, con el diputado Waldo Wolf y con otros macristas. Además, comparten el mismo discurso de odio, embustero y violento. Y es cada vez más evidente que el grupo Revolución Federal, al que estaban ligados los autores del atentado, es financiado por empresas de la familia de Luis Caputo, el exministro de Finanzas de Macri.
 
Está demostrado el vínculo ideológico, el vínculo físico y el vínculo financiero de los autores del atentado con el macrismo. Esos vínculos no establecen culpabilidad, pero obligan a investigarlos. Los asesinos frustrados hablaban de "matar a Cristina" entre ellos y con todos. La idea del atentado estaba presente en esas vinculaciones. Los que no los denunciaron son cómplices. Y la jueza Capuchetti quiere cerrar la investigación del atentado terrorista más grave desde la recuperación de la democracia, en los "tres loquitos", como quiere Macri.
 

MÁS ALLÁ DEL ATENTADO  
 
El bloque de poder detrás de la persecución a Cristina Kirchner
 
Scaloni anunció el equipo y el país entero empezó a sumergirse en el reality absoluto y excluyente del mundial, al tiempo que el ministro Sergio Massa afilaba su estrategia contra una inflación hasta ahora inmanejable, y que un sector importante del Poder Judicial encabezado por la Corte reafirmaba su alianza con el macrismo y la corporación de medios contra el Gobierno, contra Cristina Kirchner y contra cualquiera que pueda cuestionar el sistema de privilegios y desigualdad del que se benefician.
 
 
El caso Nadia Schujman
 
Un ejemplo es la persecución inmoral y despiadada en Rosario contra la abogada de HIJOS, Nadia Schujman, reconocida defensora de los derechos humanos. Todos dicen que es cierto que la mafia de la droga tiene conexiones en la política, en la policía y hasta en bancos y empresas. Que Rosario es el principal campo de batalla de los narcos en el país lo aceptan y lo sufren todos los rosarinos. Hasta allí todos parecen coincidir, hasta que se pasa a los hechos como hizo Nadia Schujman como responsable de investigar complicidades policiales.
 
Schujman, conocida en Rosario por su trayectoria en los organismos de derechos humanos, se convirtió en blanco de una campaña feroz del multimedio local, propiedad del empresario Gustavo Scaglione, quien a su vez es querellante en una de las causas que abrieron contra ella desde que comenzó a investigar a la policía provincial y los entramados narcos. Por motivos políticos, en el mejor de los casos, el macrismo, los radicales y los socialistas y una parte del peronismo se sumaron a los ataques contra la exfuncionaria.
 
Estas fuerzas, que han sido cómplices del espionaje realizado durante el gobierno macrista a familiares de víctimas del ARA San Juan, al Instituto Patria, a Cristina Kirchner y a dirigentes políticos, se han colgado ahora de las denuncias sin pruebas sobre espionaje ilegal. No hay informes, documentos ni videos como los que existen en las causas contra el gobierno macrista que ninguno de esos sectores repudió.
 
Es un bloque de poder donde corporaciones de medios, servicios de inteligencia, funcionarios judiciales y el universo político del macrismo confluyen en defensa de intereses y privilegios corporativos o mafiosos. La urgencia dramática que adquiere esta situación en Rosario por el azote de las mafias de la droga, tiene su equivalencia a nivel nacional donde se repite este bloque de poder que busca decidir la suerte de millones de argentinos.
 
 
El papel de la Corte Suprema
 
La decisión de la Corte Suprema de rechazar la designación de un representante frentetodista del Senado en la Magistratura fue el anuncio abierto de cómo roncará esta alianza durante la campaña electoral.
 
Pocos días antes, habían reabierto causas en las que Cristina Kirchner ya había sido sobreseída, desde Hotesur-Los Sauces, hasta la del memorándum con Irán y la fantásticamente inversa del dólar a futuro, donde los que se enriquecieron con la devaluación que ellos hicieron son los que denuncian a los que impidieron esa devaluación cuando fueron gobierno.
 
La presión por reabrir estas causas que ya fueron juzgadas coincide con la inminente reanudación de los alegatos fiscales en la causa de Vialidad. Las defensas de todos los acusados, incluyendo la de Lázaro Báez, destruyó cada milímetro de la acusación con informes técnicos, testigos y documentos. Pero los medios corporativos, que difundieron con grandes titulares el alegato inicial de los fiscales, mantuvieron silencio o apenas cubrieron la intervención de las defensas. Y ahora renovarán el circo o provocarán alguna decisión judicial turbia aprovechando el preludio del Mundial.
 
Resulta sorprendente que este renovado interés sobre causas que sólo sirven para campaña sucia mediática hayan sido retomadas poco después del atentado que sufrió Cristina Kirchner. El intento de asesinato hubiera desatado un baño de sangre en el país si se hubiera concretado.
 
 
Un atentado por la culata
 
El atentado falló y además funcionó en sentido contrario al que buscaban. Podrían haber atemorizado a la vicepresidenta o haber limitado su actividad para evitar riesgos. Provocó todo lo contrario. Cristina Kirchner reapareció en un acto histórico para el peronismo en pleno congreso de cinco mil delegados de la UOM. Y hará otra presentación multitudinaria para el día de la militancia, el próximo jueves.
 
El protagonismo que retomó Cristina Kirchner la confirmó en el podio de los posibles candidatos para el 2023 y le devolvió un centralismo protagónico que impactó seguramente en las innumerables encuestas que ya se realizan para medir el día a día, para definir candidatos, discursos y formas de la campaña.
 
Si se fuera a juzgar por la inmediata reacción de la maquinaria judicial de persecución contra la vicepresidenta, con recursos sacados de la manga, porque ni siquiera se dieron tiempo para inventar nuevas causas y tuvieron que acudir a las que ya habían sido descartadas, habría que inferir que empezó a romper el famoso techo bajo que daban las encuestas a su imagen positiva. Piso alto y techo bajo, decían. La imagen de esa avalancha de causas en chancleta es de temor. Como si buscaran cortar de raíz cualquier posible crecimiento.
 
En vez de repudiar en bloque, el macrismo habla como si hubieran realizado el atentado "tres loquitos sueltos". Tienen comentarios despectivos, como el diputado Gerardo Milman. "Cómo van a sospechar de mí -da por sobreentendido-que soy un hombre de la democracia". Pero este personaje fue jefe de la inteligencia policial cuando Patricia Bullrich era Ministra. El personaje se ríe de que sospechen, pero es sospechoso que unos días antes presentara un proyecto que hablaba de una especie de autoatentado de Cristina Kirchner. Y es sospechoso que dos días antes, un testigo lo escuchara decir que "cuando la maten yo estoy camino a la Costa".
 
 
Los vínculos del macrismo que nadie quiere investigar
 
La vicepresidenta hizo circular un video sobre las deficiencias en la investigación cometidas por la jueza María Capuchetti, que proviene de la familia policial. Los abogados que representan a Cristina Kirchner pidieron que profundice la investigación de los vínculos políticos de los acusados directos para buscar a los autores intelectuales.
 
La investigación demostró el vínculo de estos delincuentes con sectores del macrismo, hay fotos con Patricia Bullrich, con el diputado Waldo Wolf y con otros macristas. Además, comparten el mismo discurso de odio, embustero y violento. Y resulta cada vez más evidente que el grupo Revolución Federal, al que estaban ligados los autores del atentado, es financiado por empresas de la familia de Luis Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.
 
Está demostrado el vínculo ideológico, el vínculo físico y el vínculo financiero de los autores del atentado con el macrismo. Esos vínculos no establecen culpabilidad, pero obligan a investigarlos. Los asesinos frustrados hablaban de "matar a Cristina" entre ellos y con todos. La idea del atentado estaba presente en esas vinculaciones. Los que hubieran hecho bromas o sospecharon y no los denunciaron son cómplices.
 
Capuchetti ni siquiera convocó a declarar a Milman y circunscribió la pesquisa a tres personas, dos acusados de ser los autores y otro de ser cómplice. La jueza quiere cerrar la investigación del atentado terrorista más grave desde la recuperación de la democracia, en los "tres loquitos", como quiere Mauricio Macri. La recusación de la jueza es un pedido razonable, la jueza no cumplió su función y actuó en función de la política y no de la administración de justicia.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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