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Nacionales - 11-11-2022 / 10:11
EL JUEZ HIZO LUGAR A LAS MEDIDAS DE PRUEBA PROPUESTAS POR EL FISCAL

Espionaje ilegal: Batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani

Espionaje ilegal: Batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este jueves una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del ex presidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018. La decisión se tomó en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal.
 
El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno. En concordancia, remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a Macri, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los ex funcionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales).
 
El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas" a las mismas personas, según surge de las resoluciones. Además, solicitó a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018" de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", requirió el juez en el oficio.
 
El 31 de octubre el fiscal Picardi imputó a Macri como supuesto responsable del armado de un "plan sistemático" de espionaje ilegal durante su gobierno que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández, y su hermana Florencia Macri. Lo hizo al requerir elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Arribas y Majdalani, ex jefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
 
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros. "Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas" por agentes de la AFI entre 2016 y 2019, sostuvo el fiscal.
 
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ESPIONAJE ILEGAL
 
Espionaje al Instituto Patria: batería de medidas apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani
 
El juez Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen las líneas asignadas al expresidente y los jefes de la casa de espías entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye al exnúmero 3 de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, al exespía Alan Ruiz y a un exagente que trabajó en el juzgado de Bonadío. También solicitó todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada en el mismo período. Por ahora no eleva el caso a juicio.
 
En el marco del caso en que se investiga el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este jueves una batería de medidas que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que mantuvieron el entonces presidente Mauricio Macri y los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre junio y noviembre de 2018. Por ahora no eleva el caso a juicio, como solicitó el fiscal Franco Picardi, por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.
 
Martínez de Giorgi le requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen los teléfonos asignados a Macri, Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018. El pedido incluye también al ex número 3 de la agencia, Juan Sebastián "Enano" De Stéfano, que era el director de Jurídicos; al ex espía Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros; y a Bernardo Miguens, un ex agente de inteligencia que trabajó en el juzgado de Claudio Bonadío antes de ingresar al organismo. El magistrado también solicitó a la Jefatura de Gabinete que entregue todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en el mismo período: junio-noviembre de 2018.
 
 
Las medidas
 
En este orden, el titular del juzgado federal Nº 8 requirió este jueves "a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia" que "brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Desechó que la AFI aporte los equipos de telefonía celular que utilizaron los acusados "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos". El magistrado consideró que no se puede "garantizar la preservación de su original contenido".
 
A su vez, el juez requirió a las empresas Claro, Telefónica y Telecom "los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas" a los mismos acusados en el período junio-noviembre de 2018.
 
Con estas medidas busca determinar las líneas telefónicas que utilizaron los imputados para luego reconstruir el circuito de llamadas que se pudo haber dado mientras se daba el espionaje ilegal sobre CFK y el Instituto Patria. La investigación también apunta al armado de una coartada por parte de la AFI para poder darle una cobertura "legal" al espionaje que se estaba dando. La AFI justificó sus acciones ante la Justicia con presuntas amenazas en el marco del evento del G-20.
 
Para reconstruir los encuentros que se pudieron haber concretado mientras se daba el espionaje a CFK y el Instituto Patria, el magistrado pidió a la Jefatura de Gabinete que "aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018". Quiere saber si en ese lapso tiempo ingresaron Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. "También, deberían detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas", añadió el juez.
 
 
La elevación a juicio debe esperar
 
Por ahora, Martínez de Giorgi no eleva a juicio el caso del espionaje al Instituto Patria, tal como había reclamado el fiscal. Picardi había pedido la elevación a juicio de Arribas, Majdalani, Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste. "En relación al requerimiento de elevación a juicio formulado, téngaselo presente para el momento procesal oportuno", indicó el juez en la resolución que firmó este jueves.
 
El fiscal Franco Picardi había pedido elevar ese caso puntual a juicio e investigar el rol de Macri en un "esquema organizado" de espionaje ilegal desatado durante su presidencia. El representante del Ministerio Público Fiscal enumeró 28 expedientes en los cuales se investigan distintos casos de tareas de inteligencia ilegal desplegadas por la AFI bajo la conducción de Arribas y Majdalani. En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de "un plan sistemático y organizado", que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.
 
El fiscal Picardi planteó que el expediente del espionaje a CFK y el Instituto Patria así como el conexo de los "Super Mario Bros", que incluye como víctimas a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, "revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos".
 
Para defender su postura de no elevar el caso del Patria a juicio, Martínez de Giorgi se tomó de las distintas medidas que había pedido Picardi: "En ese sentido, la solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace mas que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa". En concreto: lo que sostiene el juez es que todas las causas son conexas aunque tramiten por separado y que si bien el fiscal puede pedir la elevación de un caso, considera que hay medidas que se están haciendo en otros expedientes que pueden afectar el trámite del caso del Instituto Patria.
 
Con ese marco, ordenó las medidas de prueba que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que pudieron haber tenido Macri, Arribas, Majdalani, De Stéfano, Ruiz y Miguens.
 
Por FRANCO MIZRAHI y ARI LIJALAD
 
Fuente: El Destape
 

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30-11-2022 / 08:11
"Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento". "Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron". "La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre". Estos fueron los conceptos esenciales de Cristina Fernández al hacer uso de lo que llaman "las últimas palabras" en el juicio por las rutas de Santa Cruz.

En una causa sin ninguna prueba más que las tapas de Clarín, la vicepresidenta eligió este enfoque global, político, porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Aun así, Cristina, instantes después, dio a conocer Las 20 mentiras de la causa Vialidad que fueron expuestas con tanta solidez por las defensas que los fiscales Luciani y Sergio Mola ni siquiera se atrevieron a responder. El Tribunal Oral Federal número dos fijó audiencias para el lunes y martes que viene. En este último día, el martes 6 de diciembre, se dará a conocer el veredicto.

Más allá del enfoque político, Cristina afrontó sorpresivamente y de manera directa uno de los estigmas que la alianza judicial-mediática-política viene instalando desde hace años en su contra: "el 10 de diciembre de 2015 me fui del gobierno exactamente con los mismos bienes con los que había llegado y que ahora quedaron para mis hijos. Tres jueces (Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini) me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. En cambio, alguna otra dirigente importante de la oposición (en referencia a María Eugenia Vidal), vecina del barrio, un poco más para allá, en un lugar más selecto, La Isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina".
 
En el juicio, ambas acusaciones sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiera alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por dos auditorías, ambas encargadas por el macrismo. O sea, no pudieron acreditar ningún perjuicio para el Estado.
 
Respecto de la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en tres años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales -entre ellas Cristina- no tuvieron participación directa. Al haber comunicaciones sólo atribuibles a las funciones de gobierno, CFK señaló: "quieren calificar de asociación ilícita a un gobierno votado por los argentinos".
 
Cristina insistió -como lo viene afirmando desde el inicio del juicio- que la condena ya está firmada. Pero en sus últimas palabras, se concentró en los fiscales Luciani y Mola: "la increíble diatriba, porque no se le puede llamar alegato a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino tal cual un editorial de Clarín o La Nación. Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y ese 22 de agosto termina el alegato y empieza a agolparse gente frente a mi casa que, finalmente, el 1 de septiembre, aparece una persona, acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar. Disparó, lo que pasa que el tiro no salió. Doce días después, Clarín tituló "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Miren la identificación con fusilamiento y esta causa".
 
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29-11-2022 / 09:11
Es excandidato del PRO, furibundo vocero de Cambiemos y expresidente del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, el médico macrista Carlos Kambourian, fue procesado por el juez federal Luis Rodríguez por usar fondos del hospital pediátrico para millonarios gastos personales y por violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Kambourian había hecho uso y abuso de las tarjetas corporativas del hospital pediátrico para gastos personales que abarcaron desde cumpleaños de sus hijos y Cabifys domésticos diarios, hasta viajes al exterior, con transporte, estadía y comidas en lugares exclusivos.
 
En un documento presentado en tv, se explica la situación de Kambourian y Alan Norton, ex director Administrativo del Garrahan: "Fueron especialmente notificados de que la implementación de las tarjetas cuestionadas resultaba ser una forma gradual de sustituir el uso de efectivo y cheque, y que de ninguna manera ello implicaba una autorización para realizar gastos de manera arbitraria, sino que se debían observar, en cada caso concreto, las normas y reglamentaciones correspondientes".
 
En la misma línea, la investigación de la fiscal María Mángano detectó gastos reiterados en restaurantes: "En varias oportunidades los imputados aludieron a que los gastos realizados en restaurantes como Kansas Pilar, Alvear Palace Hotel, PF Chang San Isidro, Oporto Almacén, Roldán, Steak an Horses, Top of the Hub Boston, Fortnum & Maison United Kingdom, Hard Rock Piccandilly Circus London, TGI Fridays, El Burladero, entre muchos otros, fueron efectuados en el marco de reuniones institucionales".
 
Por otra parte, también se habrían efectuado diferentes consumos fuera de la Argentina. "Se detectaron gastos en el exterior: 400 dólares en el local de te Fortum & Mason de Londres, 700 dólares en un hotel, y 800 dólares por activación de licencias informáticas", informá el periodista Juan Amorín sobre el contenido de la causa que investigó el uso entre mayo de 2018 y enero de 2020.
 
En el acta de la causa se aclaró que "las autoridades del Hospital a través de los actos administrativos correspondientes ya se han expedido al respecto, y han indicado que esa no era una práctica habitual, que dichos gastos no estaban autorizados, que no se respetaron los procedimientos correspondientes y que todas las reuniones se realizaban en las oficinas públicas". Tras saltar a la fama como crítico de la campaña de vacunación en tiempos de pandemia ahora deberá responder en la Justicia.
 
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29-11-2022 / 08:11
Fiel a su costumbre, Luis Juez sigue paseando su gorilismo por los canales porteños de televisión y dejando frases para el archivo, mostrando abiertamente cuál es su pensamiento. Semanas después de asegurar en el programa de Mirtha Legrand que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida", ahora el senador de Juntos por el Cambio totalmente sacado apuntó contra el pueblo argentino.
 
Entrevistado por Luis Majul en el canal ultra macrista LN+, el exembajador en Ecuador durante el gobierno de Macri se mostró enojado por la disputa interminable que mantiene con el Frente de Todos para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Pero lejos de limitarse a analizar la situación, Juez sorprendió responsabilizando a la sociedad por no salir a reclamar en apoyo a su postura. El argumento, insólito, se completó con un ataque de sinceridad brutal: "Tenemos preparado el quilombo en la puerta si nos deja afuera Polonia, si no clasificamos a los octavos, pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa... Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un jugador de fútbol que a nuestros propios dirigentes". Cosa que tal vez hace él y considera que lo hacemos todos.

El halcón Luis Juez 
mostró la hilacha y no sorprende con este tipo de comentarios. El senador macrista hace tiempo que viene intentando levantar su perfil y como no puede decir lo que haría si llega al gobierno emite frases picantes y declaraciones "sin filtro", buscando entrar en la misma sintonía que el ala dura del PRO. Hace algunas semanas, en el programa de Mirtha Legrand, Luis Juez debatió con la analista española Pilar Rahola sobre su disputa para ingresar al Consejo de la Magistratura. El senador afirmó: "Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que le cambió la vida". Y lejos de dejarlo ahí reivindicó el "estándar de vida que teníamos hace 40 años".


Juez fue integrante del gobierno de Mauricio Macri. Cumplió funciones primero como embajador en Ecuador, desde enero de 2016 hasta noviembre de 2017, donde protagonizó un hecho lamentable cuando durante una entrevista declaró que se cambió la camisa "para que no digan que este mugriento agarró hábitos ecuatorianos". La frase fue repudiada por la Cancillería ecuatoriana y el gobierno de Ecuador reclamó enérgicamente su salida del cargo, cosa que terminó ocurriendo. A su regreso al país, Macri le inventó un cargo a su medida al frente de la dirección del "Instituto de Capacitación Política".
 
Fiel defensor del ajuste neoliberal macrista, ahora despotrica en la televisión con su clásica demagogia hablando en contra "de la dirigencia política" de la que él forma parte desde el año 2003, cuando asumió la intendencia municipal de Córdoba. Como si no fuera suficiente, pretende cargar la responsabilidad en quienes han tenido que lidiar con el ajuste de su gobierno y, con el desprecio que lo caracteriza, para Juez la culpa la tiene este "pueblo de mierda". Lo del senador cordobés es cada vez más impresentable y confirma eso de que el macrismo quiere gobernar un pueblo al que detesta.
 
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27-11-2022 / 08:11
Los cien días que había planteado en su llegada al Palacio de Hacienda, a principios de agosto, tuvieron su propia inflación y ahora son doscientos. Sergio Massa apunta a marzo como punto de partida para una recuperación económica que se sienta en los bolsillos de forma contundente y sostenida, justo a tiempo para llegar a la temporada electoral en el momento de aceleración del despegue.
 
A partir del segundo trimestre del año que viene la inercia acompañará al oficialismo, según la hipótesis sobre la que trabajan sus equipos, proyectando tres años consecutivos de crecimiento de la economía, elemento clave para que el Frente de Todos llegue a las urnas con una propuesta competitiva.
 
Antes, hay que pasar el verano. Una temporada difícil para las cuentas argentinas, en particular cuando hay pocos dólares en caja, como ahora. La ecuación es fácil de entender y difícil de resolver. Para ganar la elección debe recuperarse, fuerte, el poder adquisitivo. Para que los salarios pasen a valer más, es imprescindible reducir la inflación.
 
Para que la inflación se calme, además de hacer la tarea con las cuentas públicas, como está haciendo el ministro de Economía, es necesario que las cotizaciones del dólar no sufran sobresaltos. Para eso, hacen falta reservas, sobre todo en estos meses de alta demanda y poca oferta de divisas. Un puente que permita llegar sin sustos a la próxima cosecha.
 
Los primeros escalones ya se colocaron. El swap ampliado con China, confirmado en el G20 de Bali, permitió sumar cinco mil millones de dólares a las reservas de libre disponibilidad, que ya duplican esa cifra. La segunda versión del plan soja, anunciada el viernes, aportará otros tres mil millones a las arcas del Estado antes de fin de año, estiman en el equipo económico.
 
Son parches con los que esperan calmar un mercado cambiario que se recalentó esta semana, llevando la brecha nuevamente a la zona del cien por ciento. Es importante frenar estos movimientos cuando todavía son incipientes, no impactaron en los precios ni determinaron un nuevo piso para la cotización.
 

27-11-2022 / 07:11
Mauricio Macri le pidió a Patricia Bullrich que tome distancia de su mano derecha, Gerardo Milman. El diputado que hasta hace muy poco era presentado por la presidenta del PRO como su jefe de Gabinete si llegaba a la Casa Rosada, desapareció de los actos y conferencias de Bullrich. "Lo borró", sintetizó una fuente del PRO. El cúmulo de indicios que de alguna manera lo ponen en contacto con el intento de asesinato de Cristina y el mundo marginal que lo instrumentó, llevó a Macri a recomendarle a Bullrich que lo margine, al menos hasta que se aclare la situación.
 
El impacto de las acusaciones es tan evidente que Milman incluso dejó de cumplir sus obligaciones como diputado. En la sesión de este jueves no se lo vio en la cámara baja. Este diputado fue mano derecha de Bullrich durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, donde afianzó su relación con el mundo de la inteligencia y las fuerzas de seguridad. Un rol clave que se mantuvo ya en el llano, cuando Patricia asumió como presidenta del PRO.
 
El diputado quedó en el ojo de la tormenta cuando un asesor del diputado Marcos Cleri, reveló que lo escuchó anticipar en el bar Casablanca el atentado a la vicepresidenta. "Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa", afirmó el testigo que le escucho decir a dos de sus asesoras, una de ellas una ex miss argentina que durante la gestión de Macri colocó al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia.
 
Las cámaras de la zona confirmaron que a esa hora y ese día estuvo en el bar con sus asesoras, pero ellas negaron la frase. Sin embargo, alimentó las sospechas que semanas previas al atentado, Milman exhibió una extraña obsesión por conocer en detalle cómo se conformaba la custodia de Cristina. Esto llevó a la vicepresidenta a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, por no citarlo a declarar ni profundizar la investigación de la "pista Milman".
 
Este viernes la Cámara Federal Porteña rechazó la recusación de la magistrada, pero le ordenó que profundice la investigación del vínculo del diputado con el atentado. Capuchetti es una de las pocas juezas federales de Comodoro Py que logró nombrar el macrismo y siempre se la vinculó estrechamente a Daniel "El tano" Angelici.
 
Si bien al inicio de las acusaciones, Milman recibió un comunicado de respaldo del bloque de Diputados PRO, cuando Cristina hizo propia las denuncias, no se lo vio más por el Congreso. Bullrich reaccionó con virulencia al video de Cristina contra su mano derecha y calificó las acusaciones de "bullshit", pero dejó de mostrarse junto a él.
 
En el bloque del PRO ahora temen que la lupa se pose sobre una gran cantidad de contratos que recibió el diputado apenas asumió, de una envergadura similar a las de un jefe de bloque, al parecer como parte del acuerdo alcanzado en su momento para bajarse de la pelea por la conducción de la bancada. Como parte de ese despliegue trascendió que habría contratado a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, "la enamorada de Mauricio", como asesora con un sueldo de 400 mil pesos.
 
Frente a esta suma de escándalos de ñoquis de alto rango a la prostitución VIP, y la inquietud que genera lo que puede detectar la justicia en la investigación del atentado a Cristina, es que finalmente Bullrich aceptó, al menos por ahora, dejar de mostrarse con quien hasta hace poco era su mano derecha y principal armador político.
 
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