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Nacionales - 10-11-2022 / 10:11
EL FRENTE DE TODOS INSISTIRÁ CON LA DESIGNACIÓN DEL SENADOR MARTÍN DOÑATE COMO REPRESENTANTE EN EL ÓRGANO QUE SELECCIONA A LOS JUECES

Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura

Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura
Hay una pretensión de acumulación de la suma del poder público: Horacio Rosatti declaró la inconstitucionalidad de la ley que rigió durante quince años en el Consejo de la Magistratura, se autovotó presidente de la Corte, se autodesignó presidente del Consejo y ahora vota en algo que es juez y parte.
La última resolución de la Corte Suprema revocando la designación de un representante del peronismo en el Senado de la Nación al Consejo de la Magistratura (CM), y designando en su lugar a otro de la oposición macrista, configura una clara intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. La CSJ dio vuelta dos fallos anteriores en sentido contrario, ignoró que el consejero ahora inhabilitado ya había asumido jurando ante el propio presidente del tribunal y desconoció un antecedente similar del año 2015 protagonizado por el macrismo que no mereció reproche alguno. La doble vara a todo vapor.
 
El paso anterior del tribunal había sido declarar la inconstitucionalidad de la ley del CM, vigente durante quince años, y restaurar una ley previa anulada por el Congreso. Violar la división de poderes se ha vuelto la especialidad de estos cuatro cortesanos que conforman la mini-Corte actual.
 
"Un día la Corte va a reclamar las llaves del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y su presidente, Horacio Rosatti, se va a autoproclamar súper-presidente". La imagen -casi distópica- le pertenece al senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana- Frente de Todos), que acaba de ser desplazado por el máximo tribunal diez días antes de que terminara su mandato en el Consejo de la Magistratura para darle la banca al senador Luis Juez (Frente Pro).
 
Desde el Frente de Todos denuncian un intento de avasallamiento al Congreso por parte del máximo tribunal, pero no solo eso: hay quienes entienden que -detrás del dedo en alto y los señalamientos morales- la Corte fue parte de una jugada de la oposición macrista que estaba interesada por recuperar una de las bancas que va a perder después del 18 de noviembre, cuando se renovará el Consejo. Doñate volverá a ser propuesto para representar a la Cámara Alta y la oposición ya olfatea el camino de la judicialización.
 
A partir del viernes de la semana próxima habrá terminado el mandato de quienes tienen una silla en el Consejo de la Magistratura, el organismo que tiene a su cargo la selección y sanción de los jueces y juezas. Los cuatro años que les tocaron no fueron sencillos: dos años estuvieron marcados por la pandemia y el tercero por los cambios que propició la propia Corte Suprema al decir que la ley que establecía su integración era inconstitucional. En cuestión de meses, el Consejo pasó de trece a 20 miembros, lo que incluyó que Rosatti se sentara en la cabecera tanto de la Corte como del Consejo.
 
Según la ley que actualmente rige al Consejo -que es una normativa que estaba derogada y fue resucitada en diciembre pasado por los supremos-, el Senado debe mandar cuatro representantes al Consejo: dos por la primera minoría, uno por la segunda y otro por la tercera. Lo que estaba en discusión entonces era quién era la tercera minoría. El PRO reclamaba ese lugar porque tenía nueve senadores. Sin embargo, antes de que resolviera la designación del representante, el Frente de Todos le informó a CFK que había decidido partirse: 21 senadores quedarían en el Frente Nacional y Popular y otros catorce en Unidad Ciudadana. Como Unidad Ciudadana tenía cinco legisladores más que el Frente PRO se llevó la banca en el Consejo.
 
"Es un fallo insólito", dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti en una conferencia de prensa que se hizo en el Senado en la que se denunció que el avance de la Corte no era únicamente en detrimento del actual oficialismo sino de toda la representación política. "Es un avasallamiento al Poder Legislativo", resaltó Lucía Corpacci. "Es un fallo político", consideró, por su parte, la senadora Juliana Di Tullio."Yo siento que la Corte entró por la ventana del Palacio Legislativo", completó.
 
La Opinión Popular


 
La mayoría del Senado resiste el fallo de la Corte Suprema de Justicia
 
El Gobierno nacional rechazó ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la designación del senador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura, mientras el interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) acusó al máximo tribunal de "avasallar" al Poder Legislativo con su decisión y anunció que volverá a reclamar la misma banca ante ese cuerpo.
 
El fallo de la Corte que anuló el decreto parlamentario que designó a Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo y determinó que esa banca corresponde al representante de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, fue analizado en la reunión de Gabinete de esta mañana en Casa de Gobierno, de la que participó el presidente Alberto Fernández.
 
El jefe de Gabinete, Juan Manzur -que condujo la mayor parte del encuentro de ministros, en el Salón Eva Perón- fue el encargado de trasmitir la posición el Ejecutivo frente a la decisión de los supremos.
 
"No estamos de acuerdo con este fallo", dijo Manzur en rueda de prensa desde Casa de Gobierno, tras la reunión de Gabinete que estuvo enfocada en temas de la gestión, pero en la que -dijo- se evaluó la resolución del máximo tribunal, sobre la que expuso el ministro de Justicia, Martin Soria.
 
 
Doñate
 
En tanto, el interbloque de senadores del FdT acusó a la Corte de "avasallar" al Poder Legislativo y anunció que en los próximos días volverá a presentar sus propuestas para los asientos de Magistratura, insistirá en reclamar la misma banca ante ese cuerpo, para la cual designará otra vez al senador Doñate, como representante por la segunda minoría del oficialismo ante el Consejo.
 
Así lo confirmó el propio Doñate, quien, en declaraciones a la prensa desde el Senado, calificó de "inaceptable" la resolución que anuló su nombramiento.
 
El senador rionegrino declaró que el fallo supone "un conflicto de poderes" entre la Corte y el Poder Legislativo, y evaluó que es "materialmente imposible que se instrumente la posibilidad de que Juez pueda asumir y cumplir funciones" ante el Consejo.
 
Aseguró que el viernes termina la gestión actual del Consejo y que no habrá sesión de aquí a esa fecha en el organismo, que -dijo- "solamente sesionó dos veces" en los últimos meses.
 
"Lo que venía a darle dinamismo a la acción de Magistratura terminó siendo una 'plancha'. Hay una lista para cubrir juzgados, no sólo en Comodoro Py sino en el interior del país, y por la inacción del presidente del Consejo (Rosatti) no está funcionando", evaluó Doñate, para luego rematar: "Falta solamente que (los jueces de la Corte) tengan la llave del Poder Ejecutivo".
 
 
Di Tullio
 
Previamente, en rueda de prensa en la Cámara alta, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, declaró que el FDT no desconocía el fallo de la Corte, pero aclaró que la semana próxima volvería a presentar el nombre de Doñate como consejero.
 
"Doñate no va a ir (a la Magistratura) en lo que resta de mandato hasta el 18 de noviembre próximo. Lo voy a volver a presentar la semana próxima porque es mi facultad, soy tercera minoría", sostuvo la titular de la bancada que forma parte del interbloque del FdT que conduce José Mayans.
 
En una conferencia en el Salón de las Provincias, los principales referentes del FdT en el Senado advirtieron sobre "los peligros" de un "avasallamiento" del Poder Judicial sobre las potestades del Congreso y llamaron a "tener cuidado" ante "hechos que ponen en riesgo la democracia", en relación al fallo que anuló el desdoblamiento del bloque de senadores oficialista.
 
La vicepresidenta del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, tildó de "insólito e inaplicable" el fallo, aseguró que "no tiene efecto práctico" y alertó que la decisión de los supremos pone "en juego la República".
 
Fernández Sagasti reiteró que la medida de la Corte "es claramente una respuesta al resultado de la elección de abogados del 18 de octubre", donde Rosatti "entendía que se iba a quedar con 3 de las 4 bancas y se quedaron con dos".
 
En la conferencia de la que participaron 16 legisladores del oficialismo, Lucía Corpacci (FdT-Catamarca) calificó la resolución de la Corte como "un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Congreso de la Nación".
 
 
Fallo
 
En su fallo la Corte también cuestiona la decisión del oficialismo en el Senado de desdoblar el bloque del FdT hace meses y conformar un interbloque para permitir el nombramiento de Doñate.
 
"Este fallo ofende, es una intromisión. Tengo miles de pedidos de juicio político a esta Corte", afirmó Di Tullio ante una pregunta periodística sobre eventuales próximas medidas a adoptar ante el fallo.
 
Di Tullio criticó con dureza a Rosatti al considerar que busca apropiarse de "espacios de poder" e ironizó: "Un día nos vamos a despertar y Rosatti se va a haber designado presidente de la República".
 
La resolución del martes de los jueces supremos fue celebrada en el opositor Juntos por el Cambio: el senador Juez consideró "imposible no cumplir" el fallo que avaló su designación como representante de la Cámara alta ante la Magistratura.
 
Fuente: La Arena Diario
 

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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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