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Nacionales - 10-11-2022 / 10:11
EL FRENTE DE TODOS INSISTIRÁ CON LA DESIGNACIÓN DEL SENADOR MARTÍN DOÑATE COMO REPRESENTANTE EN EL ÓRGANO QUE SELECCIONA A LOS JUECES

Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura

Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura
Hay una pretensión de acumulación de la suma del poder público: Horacio Rosatti declaró la inconstitucionalidad de la ley que rigió durante quince años en el Consejo de la Magistratura, se autovotó presidente de la Corte, se autodesignó presidente del Consejo y ahora vota en algo que es juez y parte.
La última resolución de la Corte Suprema revocando la designación de un representante del peronismo en el Senado de la Nación al Consejo de la Magistratura (CM), y designando en su lugar a otro de la oposición macrista, configura una clara intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. La CSJ dio vuelta dos fallos anteriores en sentido contrario, ignoró que el consejero ahora inhabilitado ya había asumido jurando ante el propio presidente del tribunal y desconoció un antecedente similar del año 2015 protagonizado por el macrismo que no mereció reproche alguno. La doble vara a todo vapor.
 
El paso anterior del tribunal había sido declarar la inconstitucionalidad de la ley del CM, vigente durante quince años, y restaurar una ley previa anulada por el Congreso. Violar la división de poderes se ha vuelto la especialidad de estos cuatro cortesanos que conforman la mini-Corte actual.
 
"Un día la Corte va a reclamar las llaves del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y su presidente, Horacio Rosatti, se va a autoproclamar súper-presidente". La imagen -casi distópica- le pertenece al senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana- Frente de Todos), que acaba de ser desplazado por el máximo tribunal diez días antes de que terminara su mandato en el Consejo de la Magistratura para darle la banca al senador Luis Juez (Frente Pro).
 
Desde el Frente de Todos denuncian un intento de avasallamiento al Congreso por parte del máximo tribunal, pero no solo eso: hay quienes entienden que -detrás del dedo en alto y los señalamientos morales- la Corte fue parte de una jugada de la oposición macrista que estaba interesada por recuperar una de las bancas que va a perder después del 18 de noviembre, cuando se renovará el Consejo. Doñate volverá a ser propuesto para representar a la Cámara Alta y la oposición ya olfatea el camino de la judicialización.
 
A partir del viernes de la semana próxima habrá terminado el mandato de quienes tienen una silla en el Consejo de la Magistratura, el organismo que tiene a su cargo la selección y sanción de los jueces y juezas. Los cuatro años que les tocaron no fueron sencillos: dos años estuvieron marcados por la pandemia y el tercero por los cambios que propició la propia Corte Suprema al decir que la ley que establecía su integración era inconstitucional. En cuestión de meses, el Consejo pasó de trece a 20 miembros, lo que incluyó que Rosatti se sentara en la cabecera tanto de la Corte como del Consejo.
 
Según la ley que actualmente rige al Consejo -que es una normativa que estaba derogada y fue resucitada en diciembre pasado por los supremos-, el Senado debe mandar cuatro representantes al Consejo: dos por la primera minoría, uno por la segunda y otro por la tercera. Lo que estaba en discusión entonces era quién era la tercera minoría. El PRO reclamaba ese lugar porque tenía nueve senadores. Sin embargo, antes de que resolviera la designación del representante, el Frente de Todos le informó a CFK que había decidido partirse: 21 senadores quedarían en el Frente Nacional y Popular y otros catorce en Unidad Ciudadana. Como Unidad Ciudadana tenía cinco legisladores más que el Frente PRO se llevó la banca en el Consejo.
 
"Es un fallo insólito", dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti en una conferencia de prensa que se hizo en el Senado en la que se denunció que el avance de la Corte no era únicamente en detrimento del actual oficialismo sino de toda la representación política. "Es un avasallamiento al Poder Legislativo", resaltó Lucía Corpacci. "Es un fallo político", consideró, por su parte, la senadora Juliana Di Tullio."Yo siento que la Corte entró por la ventana del Palacio Legislativo", completó.
 
La Opinión Popular


 
La mayoría del Senado resiste el fallo de la Corte Suprema de Justicia
 
El Gobierno nacional rechazó ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la designación del senador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura, mientras el interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) acusó al máximo tribunal de "avasallar" al Poder Legislativo con su decisión y anunció que volverá a reclamar la misma banca ante ese cuerpo.
 
El fallo de la Corte que anuló el decreto parlamentario que designó a Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo y determinó que esa banca corresponde al representante de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, fue analizado en la reunión de Gabinete de esta mañana en Casa de Gobierno, de la que participó el presidente Alberto Fernández.
 
El jefe de Gabinete, Juan Manzur -que condujo la mayor parte del encuentro de ministros, en el Salón Eva Perón- fue el encargado de trasmitir la posición el Ejecutivo frente a la decisión de los supremos.
 
"No estamos de acuerdo con este fallo", dijo Manzur en rueda de prensa desde Casa de Gobierno, tras la reunión de Gabinete que estuvo enfocada en temas de la gestión, pero en la que -dijo- se evaluó la resolución del máximo tribunal, sobre la que expuso el ministro de Justicia, Martin Soria.
 
 
Doñate
 
En tanto, el interbloque de senadores del FdT acusó a la Corte de "avasallar" al Poder Legislativo y anunció que en los próximos días volverá a presentar sus propuestas para los asientos de Magistratura, insistirá en reclamar la misma banca ante ese cuerpo, para la cual designará otra vez al senador Doñate, como representante por la segunda minoría del oficialismo ante el Consejo.
 
Así lo confirmó el propio Doñate, quien, en declaraciones a la prensa desde el Senado, calificó de "inaceptable" la resolución que anuló su nombramiento.
 
El senador rionegrino declaró que el fallo supone "un conflicto de poderes" entre la Corte y el Poder Legislativo, y evaluó que es "materialmente imposible que se instrumente la posibilidad de que Juez pueda asumir y cumplir funciones" ante el Consejo.
 
Aseguró que el viernes termina la gestión actual del Consejo y que no habrá sesión de aquí a esa fecha en el organismo, que -dijo- "solamente sesionó dos veces" en los últimos meses.
 
"Lo que venía a darle dinamismo a la acción de Magistratura terminó siendo una 'plancha'. Hay una lista para cubrir juzgados, no sólo en Comodoro Py sino en el interior del país, y por la inacción del presidente del Consejo (Rosatti) no está funcionando", evaluó Doñate, para luego rematar: "Falta solamente que (los jueces de la Corte) tengan la llave del Poder Ejecutivo".
 
 
Di Tullio
 
Previamente, en rueda de prensa en la Cámara alta, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, declaró que el FDT no desconocía el fallo de la Corte, pero aclaró que la semana próxima volvería a presentar el nombre de Doñate como consejero.
 
"Doñate no va a ir (a la Magistratura) en lo que resta de mandato hasta el 18 de noviembre próximo. Lo voy a volver a presentar la semana próxima porque es mi facultad, soy tercera minoría", sostuvo la titular de la bancada que forma parte del interbloque del FdT que conduce José Mayans.
 
En una conferencia en el Salón de las Provincias, los principales referentes del FdT en el Senado advirtieron sobre "los peligros" de un "avasallamiento" del Poder Judicial sobre las potestades del Congreso y llamaron a "tener cuidado" ante "hechos que ponen en riesgo la democracia", en relación al fallo que anuló el desdoblamiento del bloque de senadores oficialista.
 
La vicepresidenta del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, tildó de "insólito e inaplicable" el fallo, aseguró que "no tiene efecto práctico" y alertó que la decisión de los supremos pone "en juego la República".
 
Fernández Sagasti reiteró que la medida de la Corte "es claramente una respuesta al resultado de la elección de abogados del 18 de octubre", donde Rosatti "entendía que se iba a quedar con 3 de las 4 bancas y se quedaron con dos".
 
En la conferencia de la que participaron 16 legisladores del oficialismo, Lucía Corpacci (FdT-Catamarca) calificó la resolución de la Corte como "un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Congreso de la Nación".
 
 
Fallo
 
En su fallo la Corte también cuestiona la decisión del oficialismo en el Senado de desdoblar el bloque del FdT hace meses y conformar un interbloque para permitir el nombramiento de Doñate.
 
"Este fallo ofende, es una intromisión. Tengo miles de pedidos de juicio político a esta Corte", afirmó Di Tullio ante una pregunta periodística sobre eventuales próximas medidas a adoptar ante el fallo.
 
Di Tullio criticó con dureza a Rosatti al considerar que busca apropiarse de "espacios de poder" e ironizó: "Un día nos vamos a despertar y Rosatti se va a haber designado presidente de la República".
 
La resolución del martes de los jueces supremos fue celebrada en el opositor Juntos por el Cambio: el senador Juez consideró "imposible no cumplir" el fallo que avaló su designación como representante de la Cámara alta ante la Magistratura.
 
Fuente: La Arena Diario
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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