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Nacionales - 09-11-2022 / 10:11
GARANTES DE LA IMPUNIDAD DEL MACRISMO Y PUNTA DE LANZA PARA PERSEGUIR AL PERONISMO

Vergonzoso falló de la Corte Suprema, político e inaplicable, que beneficia al macrismo

Vergonzoso falló de la Corte Suprema, político e inaplicable, que beneficia al macrismo
En otro escandaloso fallo que profundiza su enfrentamiento con el Gobierno, la Corte Suprema dio vuelta dos resoluciones de primera y segunda instancia y le dio al PRO una banca del Consejo de la Magistratura ya adjudicada al oficialismo. El Frente de Todos consideró “inaplicable” el fallo porque la Corte no puede intervenir en asuntos de otros poderes ni Rosatti, fallar en casos “en que es juez y parte”, ya que preside el Consejo.
La Corte Suprema de Justicia le declaró una guerra abierta al peronismo al anular la partición del bloque de senadores del Frente de Todos para quitarle una banca al oficialismo en el Consejo de la Magistratura y dársela a Juntos por el Cambio, que festejó alborozado la decisión suprema. El fallo que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda hace lugar a un planteo macrista, viola la división de poderes y obliga a Cristina a dar una respuesta contundente justo cuando el Poder Judicial comienza a "rodearla" con la amenaza de reabrir causas truchas de persecución que están cerradas como Dólar Futuro, el Memorándum con Irán y el caso Hotesur - Los Sauces.
 
La jugada de los cortesanos sorprendió a propios y extraños en el Consejo porque muchos la interpretaron como innecesaria. Si la Corte no tomaba esta decisión, a partir del 18 de noviembre el Consejo de la Magistratura iba a comenzar una nueva etapa con otra conformación. Al menos, eso es lo que estaba en los cálculos de quienes integran el órgano que selecciona y sanciona jueces, que debe renovarse a partir de esa fecha. Ya fueron electos 12 de sus nuevos 20 miembros. Solo restan los 8 representantes del Congreso, 4 por el Senado y 4 por Diputados.
 
Es en esa designación donde metió bocado el Alto Tribunal este martes. Y como son los presidentes de cada cámara los que designan por nota a sus representantes el gran interrogante ahora es si el Parlamento enviará a sus consejeros o ante esta provocación de los supremos cambiarán su postura. Las consecuencias de la resolución que firmaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda son incalculables aún. Lo que está en juego no es solo la paralización de un órgano clave para el Poder Judicial.
 
En materia jurídica, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda anularon la división del bloque de senadores del Frente de Todos y que en su momento le dio como resultado una banca más al oficialismo en el Consejo de la Magistratura en detrimento de la oposición. Esta había sido una respuesta a la toma por asalto del Consejo que había realizado el Tribunal Supremo el 16 de diciembre de 2021. Entonces, la Corte Suprema estableció que la conformación del órgano de selección y sanción de jueces que funcionaba desde el 2006, de 13 integrantes, era inconstitucional. Es decir, que funcionó 15 años en contra la Constitución. Así, cambió su estructura, la elevó a 20 miembros, y ubicó como presidente del Consejo al presidente de la Corte.
 
En materia institucional, la Corte legisló (algo que no puede) y acusó a CFK de no cumplir su fallo con una decisión política (algo no judiciable). Básicamente, violó la división de poderes y se entrometió en una decisión parlamentaria al decirle al Congreso cómo debiera designar a sus consejeros.
 
En esa línea también se manifestó el bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana, que conforman el interbloque Frente de Todos. "El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo. Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura", afirmaron los legisladores nacionales en un comunicado. Y agregaron que  "el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado".
 
En conclusión, los macristas abanderados de la "lucha contra la corrupción" utilizan jueces, fiscales y causas judiciales contra funcionarios del exgobierno de Cristina, pero las causas que investigan al gobierno macrista quedan en total impunidad.
 
La Opinión Popular


EL REINO DONDE LOS SUPREMOS SON JUECES Y PARTE
 
Consejo de la Magistratura: Un fallo de la Corte contra el oficialismo y a favor del PRO
 
Con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal desplazó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y ordenó su reemplazo por Luis Juez, del PRO. El interbloque del FdT en el Senado denunció la interferencia de la Corte en decisiones del Poder Legislativo. Desde el Gobierno, el ministro Martín Soria calificó a los supremos de garantes de la impunidad del macrismo y dijo que son la punta de lanza para perseguir al peronismo.

La Corte Suprema se pintó la cara para la guerra. Ésa es la lectura que hacen desde el Poder Ejecutivo y el Senado después de que tres de los cuatro integrantes del máximo tribunal desplazaran a un senador oficialista de su banca en el Consejo de la Magistratura, diez días antes de que terminara su mandato.
 
Los cortesanos no solo sacaron a Martín Doñate y ordenaron que su lugar lo tome Luis Juez -del PRO- sino que descargaron una batería de acusaciones contra la presidencia del Senado -que ejerce nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner-.
 
Entre otras cosas, los supremos dijeron que la designación del legislador había sido un "ardid". Lo curioso es que el propio Horacio Rosatti le había tomado juramento meses atrás, en su doble rol de presidente de la Corte y del Consejo
 
Desde el Senado respondieron que se trata de un deliberado conflicto de poderes con una Corte interfiriendo en decisiones políticas del Congreso para beneficiar a la oposición. El ministro de Justicia, Martín Soria, calificó a los supremos de garantes de la impunidad del macrismo y dijo que eran la punta de lanza para perseguir al peronismo.
 
 
Disputa de poder
 
Desde hace tiempo que la Corte Suprema decidió dar la disputa de poder con el Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de la selección y sanción de los jueces y juezas. Después de las elecciones de medio término, en el máximo tribunal empezaron a anunciar que rescatarían del arcón de los recuerdos una acción que había iniciado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la ley -aprobada en 2006- que cambiaba la composición del Consejo. 
 
La ley había sido promovida por CFK, entonces senadora. El Colegio de la calle Montevideo es una entidad conservadora que suele comulgar con los reclamos de los represores y empatizar con las cruzadas del macrismo.
 
El 16 de diciembre pasado, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz declararon inconstitucional la composición del Consejo. Para hacerlo, revivieron una ley que estaba derogada y ordenaron llevar la composición de 13 a 20 consejeros. El dato fundamental fue que, en el nuevo esquema, el presidente de la Corte -Rosatti- empezó a fungir como titular del Consejo de la Magistratura.
 
Para llegar a los 20 miembros, el Senado debió designar un nuevo representante. Ya estaban Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, por el Frente de Todos, y Silvia Giacoppo, por la Unión Cívica Radical (UCR). La discusión pasaba por quién era la segunda minoría. El Frente PRO reclamó el asiento para sí y dijo que enviaría a Juez. Antes de resolver, el Frente de Todos anunció que funcionaría como un interbloque compuesto por un bloque mayoritario -llamado Frente Nacional y Popular- y otro minoritario -Unidad Ciudadana-.
 
Como Unidad Ciudadana tenía cinco senadores más que el Frente PRO, se quedó con la banca de la segunda minoría. Así fue como CFK le informó al Consejo que el designado era Doñate. Juez llevó el tema a los tribunales, donde no tuvo éxito hasta que llegó a la Corte, que dijo que la división del interbloque había sido posterior a que se notificara el fallo, por lo que no era válida.
 
La postura de las instancias anteriores había sido decir que el juego de las mayorías y minorías era un tema de la política. Lo mismo que habían dicho cuando en 2017 el macrismo -con el acuerdo de sectores variopintos- consiguió sacarle la banca al kirchnerismo y sentar a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura.
 
Lo que hizo la Corte fue decir cómo debe resolver sus controversias otro poder del Estado, lo que desde el interbloque del Frente de Todos se denunció como un "conflicto de poderes". Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz firmaron un fallo con un inusual tono de descalificación. Los dardos de los supremos estuvieron directamente enfocados hacia Fernández de Kirchner.
 
Le dijeron que se apartaba de las reglas que la Corte había establecido, que desconocía "el principio de buena fe, cardinal de la relaciones jurídicas", que el proceso de designación de Doñate había sido "manipulativo" y que desnaturalizaba el "fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador".
 
En un apartado, la Corte acusó a CFK de haber generado un engaño para quedarse con una banca. "La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o una artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo recibe un enfático reproche de múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino.
 
Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático", aleccionaron desde el tribunal.
 
 
Punta de lanza de la persecución
 
"Éste fallo es la crónica de una Corte partidizada", evaluó Soria en diálogo con Página/12. "Primero violaron la Constitución atribuyéndose facultades legislativas para revivir una ley derogada hace quince años y así poder controlar el Consejo de la Magistratura. Ahora, a pedido de la oposición y para garantizarse junto a ellos la mayoría en ese organismo, redoblan el avance sobre el Congreso y se meten al recinto del Senado para definir la conformación de cada bloque legislativo, violando el artículo 66 de la Constitución", enumeró. 
 
"Esta Corte es garante de la impunidad macrista y la punta de lanza de la persecución al peronismo", denunció el ministro que la semana pasada le había pedido a Rosatti que apurara el concurso para designar a los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal.
 
Uno de los consejeros, el juez Alberto Lugones, solicitó un plenario extraordinario antes del 18 de noviembre, cuando cambiará la composición. La diputada Vanesa Siley lo apoyó porque quieren tratar las ternas que están frenadas. Sin embargo, hace más de tres meses el Consejo no se reúne en plenario.
 
En julio pasado, la Corte rechazó todos los recursos que había presentado CFK por cómo había sido elevada a juicio la causa Vialidad. Los supremos estuvieron tres años para analizar la cuestión y la desestimación se entendió como un espaldarazo para que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran la condena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta. 
 
El fallo no ahorró críticas a la defensa de CFK, quien acusó al tribunal de transitar su "fase decadente". En las últimas semanas, los abogados de CFK denunciaron que la Corte no aportó recursos para que se investigue el intento de homicidio contra la expresidenta.
 
 
"Es inaplicable"
 
En los tribunales el fallo se leyó como un desafío a CFK, que en las próximas semanas enfrentará varias decisiones judiciales delicadas: el tribunal que la juzga en la causa Vialidad está en la recta final mientras que Casación debe resolver si reabre las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. "La Corte habla de buena fe y tuvo secuestrado a un senador para que se votara el desplazamiento de Eduardo Freiler", apunta un magistrado, sorprendido por el tenor de la resolución del tridente cortesano.
 
"El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado", respondieron desde el interbloque del FdT en la Cámara alta.
 
"Por otra parte, el juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura", añadieron y convocaron a una conferencia de prensa para el mediodía de este miércoles. Héctor Recalde, elegido para representar a los abogados en el Consejo, deslizó en una entrevista con Radio Nacional que se podría pedir el juicio político a los tres jueces supremos que firmaron la resolución.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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