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Nacionales - 04-11-2022 / 09:11
CORRUPCIÓN: CON EL MISMO MONTO QUE COMPRÓ LAS 4 SE PODRÍAN HABER CONSTRUIDO 20 LANCHAS SIMILARES

Denuncian penalmente a Bullrich por sobreprecios en la compra de 4 lanchas a Israel

Denuncian penalmente a Bullrich por sobreprecios en la compra de 4 lanchas a Israel
Durante el primer año de Macri, el ministerio de Patricia Bullrich pagó 50 millones de dólares a un astillero israelí por embarcaciones de patrullaje. La Oficina Anticorrupción detectó que la actual Presidenta del PRO burló procedimientos legales para contratar a un proveedor previamente seleccionado y pagó 29 millones más de lo que debía pagar. Valían 21 y las pagó 50, casi nada.
En el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Seguridad que encabezaba Patricia Bullrich pagó 50 millones de dólares a un astillero israelí para comprar cuatro lanchas para patrullar vías navegables. En ese momento, la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) advirtió que con el mismo monto se podrían haber construido 20 lanchas similares.
 
Del estudio de ese expediente administrativo y las declaraciones de prefectos que intervinieron en la operación surge que la actual presidenta del PRO burló todos los procedimientos legales previstos para las compras del Estado y contrató directamente a un proveedor previamente seleccionado, al que además le pagó un sobreprecio del 138%: 29 millones de dólares por encima del valor de las embarcaciones.
 
La Oficina Anticorrupción denunció a la bolsonarista Bullrich, al secretario que elaboró el expediente con el que se pretendió justificar la adjudicación, Alberto Fernando Föhrig, y al ex jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, por incumplimiento de deberes de funcionarios público, negociaciones incompatibles con la función pública y posible defraudación a la administración pública. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.
 
La compra de cuatro lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd., se concretó el 15 de diciembre de 2016 a través de un convenio entre el Ministerio de Seguridad argentino y el Ministerio de Defensa de Israel, incumpliendo las normas de compras y contrataciones que disponen como principio general (decreto 1023/01) la licitación pública y el envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores.
 
Para burlar ese procedimiento se invocó un decreto (228/16) del primer mes de gestión de Macri que declaró la "emergencia en seguridad pública" y habilitó la posibilidad de contratación directa en dos supuestos (razones de urgencia o necesidad de secreto por razones de seguridad o defensa), que sin embargo tampoco se cumplieron en el caso.
 
La polémica Bullrich evitó aplicar ambas normas y "recurrió a la celebración de un convenio de implementación con un Estado Extranjero", a fin de "eludir requerimientos normativos y de ese modo adquirir las lanchas a un proveedor que se encontraba previamente seleccionado", denuncia la OA.
 

 
La sumatoria de irregularidades observadas en el expediente indican que ese trámite "no resultó más que una ficción para intentar justificar la adjudicación al astillero" israelí decidida de antemano. El expediente -al que le faltan 28 fojas- se inicia formalmente en enero de 2016 pero la primera actuación data de septiembre, cuando el director de Logística de Prefectura, Juan José Spiazzi, incorpora un informe en el que plantea la necesidad de embarcaciones para fortalecer el Sistema Integrado de Vigilancia Fronteriza y presenta un análisis comparativo de lanchas, sin fundamentar sus conclusiones y admitiendo que se realizó "con información básica suministrada por los astilleros o sus páginas institucionales".
 
El informe pone en evidencia el contacto puntual "con el Astillero Israel Shipyards LTD, ubicado en la Bahía de Haifa, en el Estado de Israel, que demostró interés" en hacer una propuesta.
 
El director de Material de Prefectura, Osvaldo Ríos, admitió ante la OA que las conversiones con esa firma comenzaron en abril de 2016. El 7 de junio -según el registro de audiencias del Ministerio del Interior, no incluido en el expediente- otro prefecto, Eduardo René Scarzello, recibió al vicepresidente de marketing del astillero, Breier Oded, quien expuso "la gama de productos que ofrece la empresa" (Oded sería detenido en 2018 en Israel por presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria).
 
Pero la constancia más elocuente de que el negocio se había concertado de antemano data de enero de 2016, cuando Bullrich se reunió con la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval, a la que le "hizo conocer la decisión de explorar la compra de lanchas rápidas en Israel para luchar contra el narcotráfico", según consta en el libro Industria Naval Argentina: 100 años, de Raúl Podetti (padre e hijo).
 
En diciembre el expediente "avanzó en un derrotero aún más caótico" que culminó con la firma del convenio por parte de Bullrich, el día 15, y su aprobación por parte de Marcos Peña, el día 30. Antes, el área jurídica dictaminó a favor, sin que conste sobre qué proyecto de convenio se pronunció. La elevación la firmó el secretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Föhrig, y la recibió Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Bullrich y actor protagónico en la represión que culminó con la muerte de Santiago Maldonado.
 
El análisis del proceso de compra no es menos irregular. No hay constancias de ningún llamado a cámara o agrupación de proveedores del rubro en cuestión. Apenas se menciona la consulta a "determinados astilleros", y la única constancia de oferta es la formulada por la compañía que se quedaría con el negocio.
 
Todas las personas que declararon en la OA afirmaron que desde el inicio de la tramitación del expediente el Ministerio acercó la propuesta del astillero israelí al personal de Prefectura, y que todas las reuniones fueron con esa empresa, omitiendo pedir otras ofertas o explorar otras opciones. Bullrich y Föhrig eludieron inclusive las pautas que ellos mismos habían aplicado en un convenio anterior, también en 2016, cuando para comprar sistemas de seguridad de pasos fronterizos analizaron tres ofertas de empresas israelíes antes de optar por una de ellas.
 
El último tramo de la denuncia se refiere a la comparación de valores y el probable sobreprecio pagado por el gobierno de Macri. Un detalle llamativo es que originalmente el expediente está destinado a comprar lanchas para patrullar vías navegables, y luego de recibir la propuesta de Israel Shipyards Ltd. se incorpora un documento de otra firma, Rafael Ltd., con una descripción de armas para esas embarcaciones. La OA encontró constancias de una reunión celebrada el 29 de noviembre de 2016 entre funcionarios de Bullrich y del Estado de Israel, vinculadas con ese armamento.
 
El 2017 la República Federal de Nigeria le compró al astillero israelí tres lanchas Shaldag, más modernas que las que compraría Bullrich, a 6,33 millones de dólares cada una. El gobierno de Macri, por la misma época, pagó 12,25 millones cada una, prácticamente el doble. Un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires concluyó que el precio contratado por las lanchas para Prefectura "debió ser del orden de 5,25 millones de dólares", por lo que hubo "un sobreprecio del orden del 138%", que implicó el pago de 29 millones de dólares de más.
 
"La abultada diferencia habilita a presumir que el costo de las lanchas adquiridas por el Estado Nacional podría haber sido indebidamente sobrevaluado, y que el delito de cohecho imputado a funcionarios del Astillero Israel Shipyards Ltd. respecto de las lanchas vendidas a la República de Nigeria podría haberse repetido en el presente caso, circunstancias que deberán ser profundizadas en sede penal", denunció la OA.
 
Fuente: Página12
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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