19:36 | Martes 22 de Septiembre de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 03-11-2022 / 10:11

FUERTE BOICOT DE GRANDES EMPRESAS AL PLAN DE CONGELAMIENTO

Funes, El Codicioso: le pidieron que moderen los precios y subieron un 15 por ciento

Antes de que se ponga en marcha el plan Precios Justos, las grandes empresas desafían al Gobierno mandando listas con aumentos que hasta triplican lo sugerido por Economía. También amenazan con desabastecer a los que no acepten sus abusivas subas de precios. El propio presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se puso al frente de la resistencia a cualquier congelamiento.

En la previa al inicio de Precios Justos, el plan de congelamiento de precios de productos de la canasta básica por 120 días, las empresas fabricantes de alimentos, bebidas y limpieza volvieron a mostrar los dientes desafiando un pedido del Gobierno: desde el Ministerio de Economía les sugirieron que no remarcaran por encima del 4 por ciento, pero en las horas siguientes los más grandes mandaron a los supermercados listas con aumentos de entre 7 y 15 por ciento.

Solo unos pocos aceptaron las pautas del Estado y los que no se bajaron de las remarcaciones avisaron, además, que no entregarán mercadería a aquellos comercios que no tomen las listas con aumentos. Esta situación, conocida por el ministro de Economía, Sergio Massa, redundó en una embestida más dura y en todos los frentes contra los que incumplan. Los que no colaboren, tendrá acotado el nivel de ayuda del Estado y se endurerecerán investigaciones por concentración y multas millonarias sumadas a controles férreos en las industrias que fabrican bienes esenciales.

Detrás de los números de los aumentos y la resistencia al congelamiento de precios hay una puja política entre el Gobierno y los organismos de lobby de las grandes empresas de la industria de los alimentos y el consumo masivo.

En este escenario, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió un abordaje integral para hacer cumplir los acuerdos. "Vamos a usar todas las herramientas del Estado", dijeron laderos del funcionario. Ese todas las herramientas supone que el Gobierno trabajará con los "antecedentes fiscales" de todos los sectores que se niegan a colaborar con precios y además requieren todo el tiempo diferentes tipos de ayuda del Estado.

A saber, vía diferentes funcionarios, se observarán los pedidos de importación, el nivel de créditos que se piden en bancos oficiales y, en paralelo, se hará efectivo el endurecimiento de las multas por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y las investigaciones a empresas que aumentan por sobre la media.

La Opinión Popular

LES PIDIERON QUE SE MODEREN Y SUBIERON UN 15 POR CIENTO

Fuerte boicot de grandes empresas al plan de congelamiento de Sergio Massa

Los fabricantes enviaron listas con el triple de aumento permitido en la previa a Precios Justos. Y amenazan con no entregar mercaderias si no les toman las subas.

Según números del mercado a los que accedió Página I12, los que peor se portaron ante el pedido oficial fueron las alimenticias. Algunos casos: Bunge envió una suba de 15 por ciento para el arróz; Porta Hermanos (principal fabricante de alcoholes y bebidas) de entre 12 o 13 por ciento según el producto.

Molinos Río de la Plata pasó entre 7 y 8 por ciento en pastas y arroz. Y las papeleras que monopolizan el mercado pasaron subas muy fuertes: San Andrés de Giles, entre 6 y 9 por ciento; y Papelera del Plata un 7 esta semana, pero con un asterisco. La semana anterior pasó aumentos del 4 y avisó que después del 15 de noviembre volverá a subir otro 4, es decir, quince puntos en un mes. La empresa de cremas y productos de higiene Nivea, pasó un 7 por ciento. Y el mismo porcentaje subió Johnson y Johnson. Todas esas empresas avisaron que sólo abastecerán si les toman ese precio.

Luego, hubo un pelotón que mandó alzas pero volvió atrás. Algunas de ellas, Kimberly Clarck y SC Jonhson. Arcor, la empresa de la familia Pagani, aún no respondió si será parte del congelamiento, algo que sí hizo Mastellone, que produce la leche La Serenísima. Entre los duros también aparece Coca Cola, que como trabaja con dos distribuidoras (Reginald Lee y FEMSA), tiene constamente fuertes variaciones de precios según zonas.

Una resistencia que no cesa

Este escenario prefigura que las empresas no asumieron, en su gran mayoría, el pedido de moderación del Gobierno en la previa al congelamiento, algo básico para que cuando en diciembre entre a regir Precios Justos, haya un punto de partido lógico para congelar los valores y las empresas no compensen los meses de precios fijos con aumentos muy por encima de la inflación.

La resistencia a Precios Justos no es nueva. Ya este diario contó que las empresas iban a la guerra con Massa y el congelamiento, pero poniendo como excusa que era imposible cumplirle al ministro el sueño de que los 1500 productos a congelar se fabricaran con el precio impreso en el paquete. Como eso se complicaba, Economía decidió no hacerlo y, en su lugar, creó una aplicación que les permitirá a los consumidores comprobar el cumplimiento del plan y el precio fijo con un simple escaneado de código de barras que se hará con el teléfono celular. Pero aún con esta solución alternativa, siguió el boicot contra el programa oficial que aún se lanzó, mostrando que, en realidad, el malestar no era por la impresión de los paquetes sino que la idea no era apoyar ningún tipo de congelamiento.

La secretaría de Comercio Interior que conduce Matías Tombolini, mientras tanto, sigue negociando con las empresas porque Massa quiere que entre diciembre y marzo del 2023 haya un congelamiento efectivo. El objetivo del ministro es un torniquete a precios que pegan fuerte en el IPC para que el año actual no termine superando el 100 por ciento de inflación, una cifra que no difiere mucho en lo real con la que está por debajo del 100, pero sí es simbólica para lo que viene.

En paralelo, lo que el Gobierno busca es que haya un acuerdo de salida ordenada del congelamiento en marzo del año próximo, pero el antecedente del comportamiento empresario en la previa a la medida, no genera demasiadas expectativas positivas.

Por Leandro Renou

Fuente: Página12

20-09-2026 / 21:09

Guillermo Michel: "El Presupuesto no busca equilibrio fiscal, busca el sometimiento de las provincias"

Detrás de la épica del equilibrio fiscal y la planilla de Excel que el gobierno libertario presenta ante el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 esconde una matriz conocida por la historia argentina: la vieja receta unitaria de fundir al interior profundo para concentrar la caja en el puerto y gobernar por extorsión.

Como lo demostró con precisión el diputado nacional entrerriano del PJ, Guillermo Michel, el plan se ejecuta mediante una doble pinza. Por un lado, la Nación se desprende brutalmente de sus obligaciones constitucionales: liquida el Fondo de Incentivo Docente (dejando el salario de los maestros librado a su suerte), desmantela el subsidio al transporte federal —mientras sostiene los privilegios en el AMBA— y abandona las rutas y la obra pública. El mensaje a los gobernadores es cínico: háganse cargo del costo social del ajuste sin un solo peso de financiamiento.

Por el otro lado, opera el dispositivo electoral. El Ejecutivo triplica los recursos de la opaca “Jurisdicción 91”, inflando a casi 8 billones de pesos el programa de “Otras Asistencias Financieras”. Una partida fantasma: sin metas físicas, sin control parlamentario y sin criterio objetivo de reparto. Es, lisa y llanamente, la caja negra con la que pretenden obligar a los mandatarios provinciales a desfilar por los despachos de la Rosada para mendigar los sueldos de sus empleados a cambio de sumisión política en las elecciones de 2027.

Para perfeccionar el despojo, la recaudación se concentra en tributos que no se coparticipan (retenciones al agro y a la industria), mientras se retienen fondos específicos de combustibles en fideicomisos paralizados. El saldo es un ataque directo a la Constitución Nacional y a la médula misma del federalismo. Frente a este intento de subordinación colonial de las provincias, el peronismo tiene la obligación doctrinaria de alzar la voz, articular con los sectores del trabajo y la producción, y poner un freno institucional: la Argentina es federal o no será.

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