La Opinión Popular
                  16:25  |  Jueves 20 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 01-11-2022 / 10:11
LOS JUECES AMIGOS DE MACRI QUIEREN TAPAR TODO

Atentado a CFK: Un fallo que busca acotar la investigación y juzgar a tres locos sueltos

Atentado a CFK: Un fallo que busca acotar la investigación y juzgar a tres locos sueltos
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi le indicaron a la jueza que investiga el ataque a la vicepresidenta que avance hacia el juicio oral de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. También le sugieren que apunte a la custodia de CFK, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora. Quieren tapar todo.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi le indicaron a la jueza que investiga el ataque a la vicepresidenta que avance hacia el juicio oral de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. También le sugieren que apunte a la custodia de CFK, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora.
 
La decisión va en sentido opuesto a lo que reclaman los abogados de Cristina: es decir, profundizar la pesquisa sobre las relaciones de los atacantes con agrupaciones de ultraderecha y los halcones de Juntos por el Cambio, así como investigar el financiamiento de los procesados. Por otro lado, la Cámara Federal ordenó la libertad de Agustina Díaz y confirmó la imputación de Carrizo.
 
La Cámara Federal porteña, Sala I, se despachó este lunes con un fallo que podría sintetizarse así: "Señora jueza María Eugenia Capuchetti, en el caso del atentado contra Cristina Kirchner, avance hacia el juicio oral y mientras tanto siga investigando a ver si aparece algo de gravedad institucional que pueda relacionarse con este hecho. Ah, investigue a la custodia, a la Policía Federal y a los jóvenes de La Cámpora que le daban seguridad a la vicepresidenta". La resolución es asombrosa porque sugiere hacer cuanto antes un juicio para la tribuna, con un grupito de imputados, dejando a la sombra todas las conexiones de los atacantes.
 
Es una decisión que va en el sentido contrario de lo que vienen reclamando los abogados de CFK: profundizar la investigación, verificar las relaciones con los grupos neonazis, con otras fuerzas de ultraderecha y con los halcones de Juntos por el Cambio, unificar el expediente con el que se ocupa del financiamiento de Revolución Federal y otras fuentes de dinero de estos grupos.
 
En la parte que más trascendió en la mayoría de los medios, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -razonablemente- ordenaron la libertad de Agustina Díaz porque no está probado que formó parte del plan de matar a CFK y, en cambio, confirmaron la imputación contra el jefe de los vendedores de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, por ser cómplice del ataque.
 

 
Apure y mande a juicio
 
La resolución de la llamada Cámara M (por macrista, obvio) le indica a Capuchetti lo siguiente: "Con la premura que el caso impone, eleve estas actuaciones respecto de los imputados cuyas situaciones procesales se encuentran resueltas a la instancia del debate oral y público, esto sin perjuicio de continuar con las diligencias pertinentes en los demás legajos de investigación formados al efecto y profundizar agotando cualquier hipótesis que pueda vincularse con este hecho de gravedad institucional".
 
En este momento hay tres detenidos: el que gatilló, Fernando Sabag Montiel, la que parece haber impulsado el ataque, Brenda Uliarte, y Carrizo, el que tiene mensajes diciendo que el ataque estaba previsto para una semana más tarde y pensó que se iba a utilizar un arma calibre 22 que él mismo proveyó.
 
Los camaristas entonces sugieren que se los mande a juicio como si fueran un grupito aislado que emprendió el plan de matar a la vicepresidenta sin conexión alguna, sin participación ni financiamiento de nadie. Todo cerrado en ellos tres. La idea que parece haber detrás se sintetizaría así: "Hagamos un juicio cuanto antes y, de cara a la opinión pública, haremos un simulacro de que hicimos algo. Le daremos un corte a esto. Después, si aparece algo más, ya veremos".
 
 
Profundizar la pesquisa
 
El asombro es doble porque la Cámara M sorprende con un subtítulo: "profundización de la pesquisa". Y lo único que aparece en ese párrafo es lo siguiente: "ahondar las encuestas en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández". O sea, investigue a los efectivos de la custodia de la Policía Federal -que depende del Gobierno-, y los jóvenes de La Cámpora que rodeaban a la vicepresidenta. No profundice buscando en la derecha sino en lo relacionado con el peronismo.
 
A esta altura parece evidente que hubo fallas graves de la custodia, al punto que Sabag se acercó a 35 centímetros de CFK con un arma. Además, en todos los días previos estuvo el grupo de copos, con el carrito, lo que no llamó la atención de quienes debían ocuparse de la seguridad, siendo que era imposible que vendan copos a la noche, en un lugar en el que no había niños.
 
Pero parece notorio que profundizar la pesquisa no pasa ni remotamente por ahí. Pueden surgir ineficiencias graves, pero investigar el atentado pasa por otras cuestiones, como los cómplices, impulsores y financiadores. Mantener las causas separadas es toda una evidencia de la voluntad de cerrar la investigación rápidamente.
 
 
El jefe de los copos
 
El argumento del abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, también fue llamativo. Se podría sintetizar así: "Está bien, él sí habló de matar a Cristina Fernández, pero su plan se iba a llevar cabo una semana más tarde y con otra arma, una pistola calibre 22, que después hicieron desaparecer. Por lo tanto, no se lo puede responsabilizar de este ataque, él apostaba a otro ataque".
 
Los jueces, por supuesto, arrasaron con el argumento. "El objetivo propuesto, la modalidad del ataque y el lugar de su comisión no se vieron alterados, lo que lo ubica en la pesquisa, de momento, como cómplice secundario". La Cámara Federal tampoco le hizo lugar a otro argumento curioso: que como no había bala en la recámara cuando gatilló Sabag Montiel, entonces no hubo intención de matar. Ya se dijo que eso se debió a la inhabilidad del atacante, que en el nerviosismo del momento no supo mover la corredera del arma.
 
Los camaristas sí aceptaron que no hubo alevosía, es decir que consideraron que la vicepresidenta no estaba indefensa: los magistrados estimaron que la custodia y los jóvenes de La Cámpora le daban seguridad y Cristina Fernández no estaba en situación de vulnerabilidad. Alguien podrá discutir esa mirada: con un arma a 35 centímetros de la cabeza, nadie tiene defensa alguna.
 
Sobre la base de los ingredientes marcados, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens confirmaron la prisión preventiva de Carrizo.
 
 
Agustina Díaz, en libertad
 
Finalmente, los camaristas evaluaron que Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte, no participó del ataque a CFK. Las jóvenes llevaban meses sin verse y por mensaje Díaz le aconsejó a Uliarte que borre cosas de su celular, que se esconda y otras medidas para que no la apresen.
 
Para los magistrados ni siquiera hubo encubrimiento porque consideraron que Uliarte y Díaz mantenían "una amistad íntima". De manera que Agustina no tenía obligación de denunciar a Brenda cuando ésta le contó el 27 de agosto que había mandado (a Sabag Montiel) a matar a Cristina Fernández, pero que su novio falló en el intento. Fue aquel sábado en que CFK subió a un escenario improvisado y Sabag Montiel dijo que "ya se perdió la oportunidad porque había una cámara y demasiada gente". Cinco días más tarde, sí pudo acercarse y un milagro evitó la muerte de la vicepresidenta.
 
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar