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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 30-10-2022 / 11:10
CUANDO SE TOMAN DECISIONES QUE AFECTAN INTERESES, NO SE TIENE LA SEGURIDAD DE QUE ESAS MEDIDAS TENDRÁN VIGENCIA

Los poderes fácticos en Argentina y la necesidad de recuperar en plenitud la democracia

Los poderes fácticos en Argentina y la necesidad de recuperar en plenitud la democracia
La técnica de los grandes grupos que concentran gran parte de esos recursos es bastante simple y poco costosa: elevan el pedido de una medida judicial de orden “cautelar” y esperan que el tiempo -o una toma de decisión favorable a esos grupos en sede judicial fulmine la decisión soberana. Es decir, existe de facto un “poder cautelar” que decide por sobre lo que resuelvan los depositarios de la voluntad popular.
Pocos días después de la asunción de quienes ganen las próximas elecciones, se cumplirán cuarenta años de la reconquista de la democracia en nuestra patria. Se discutió mucho en estos años si lo que se había restaurado era la democracia o meramente la elección de las autoridades por el voto popular; detrás de esa consideración suele anidar una concepción superadora de la democracia liberal y promotora de condiciones para que el papel del pueblo no se limite a la ceremonia electoral.
 
Desde ese punto de vista se podría seguir afirmando los límites del ejercicio de la soberanía popular: asistimos a una virtual cooptación de la toma de las principales decisiones políticas por parte del FMI, lo que equivale a una "soberanía extranjera", lo que, a su vez, significa el absoluto ocaso de la democracia.
 
Sin embargo, habría que reflexionar un poco más en la cuestión del poder en nuestro país. Estamos atravesando una etapa en la que aparece con extremada nitidez los estrechos límites en cuyo interior se desarrolla la capacidad decisoria del voto popular.
 
Desde el punto de vista formal, las decisiones políticas las toman el presidente y el congreso: ¿eso es lo que ocurre en la realidad? Desde el otoño del año 2008, con la rebelión de las patronales agrarias hemos ido asistiendo a la conformación de un "poder real" frente al cual las autoridades constitucionales sufren un sistemático veto: nos hemos ido acostumbrando a que determinadas iniciativas de los poderes instaurados por la constitución se encuentran cotidianamente limitados por el veto de poderes fácticos.
 
Cuando se toman decisiones en las sedes que afectan intereses corporativos, la sociedad no puede contar con la seguridad de que esas medidas habrán de tener vigencia. En estos días hemos escuchado (una vez más) la queja del presidente respecto a la cautelar judicial contra la limitación establecida por decreto presidencial el precio de los usos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
 
La técnica de los grandes grupos que concentran gran parte de esos recursos es bastante simple y poco costosa: elevan el pedido de una medida judicial de orden "cautelar" y esperan que el tiempo -o una toma de decisión favorable a esos grupos en sede judicial fulmine la decisión soberana. Es decir, existe de facto un "poder cautelar" que decide por sobre lo que resuelvan los depositarios de la voluntad popular. 
 

 
No hay ninguna disposición constitucional que autorice una práctica como ésta. Lo que sí existe es algo así como la costumbre de que determinados grupos económica y políticamente poderosos imponen invariablemente su punto de vista.
 
Claro que al lado de la omnipotente "justicia" viven otros mecanismos imprescindibles para esa sustracción "legal" de los derechos democráticos. Son los grandes conglomerados mediáticos que tienen una función decisiva en este proceso: son los encargados de crear "consensos" para esas prácticas ilegales e inconstitucionales.
 
Es decir, los que ante cualquier medida con mínimo sentido redistributivo y de justicia social activan todos los mecanismos para la creación de un clima adverso a ese tipo de decisiones; los que convocan "expertos" en la materia del caso (generalmente siempre los mismos) que proceden a deslegitimar la medida del caso y/o rodear de sospechas y descrédito la toma de decisión de la que se trate.
 
Estos límites al ejercicio de la democracia vienen incluyendo en su interior a una fuerza política (o a un sector que agrupa distintas fuerzas, que es lo mismo) que toman en sus manos el bloqueo parlamentario, favorecidos por las nuevas relaciones de fuerza electoral entre los partidos.
 
Esta última práctica no es en sí mismo ilegal porque se trata de actores validados por el apoyo de un sector de la población, pero en la práctica funciona como parte de un mecanismo de bloqueo del poder de decisión de las instituciones democráticas.
 
En el reciente tramo en que ese bloque político tuvo la presidencia pudimos experimentar algo así como el bloqueo perfecto a cualquier iniciativa que no forme parte del programa político del poder corporativo.
 
Este funcionamiento del régimen político ha "resuelto un problema" de la historia política argentino durante casi todo el siglo XX: es el de los golpes de estado clásicos en los que se interrumpe la vida institucional para "reorganizar" la política argentina, es decir para asegurar que funcione sistemáticamente a favor de los más ricos entre los ricos.
 
Si algo faltaba para tener una idea cabal de este nuevo modo de dominación, el ex presidente Macri abandonó cualquier forma de pudor para adelantar que para avanzar en esa Argentina "triunfante" que se opone al "fracaso del país durante setenta años" el liderazgo no debe frenarse ante el ejercicio de la violencia contra quienes quieren seguir en "el populismo".
 
En realidad, la novedad macrista consiste en hacer de la violencia contra el pueblo poco menos que una promesa de campaña, porque violencia hubo -y no escasa- en los tiempos de su presidencia y del ejercicio del ministerio de seguridad por Bullrich. Pero eso no le quita gravedad a lo que el ex presidente le dijo al periodista Majul: la represión estatal violenta contra la protesta social deja de ser un delito para erigirse en una estrategia válida para el ejercicio del poder.
 
Estamos necesitados de hacer de estos problemas el centro de un accionar político democrático. El principal problema de la política siempre es el poder y es un error decir que hoy lo único urgente es la satisfacción de las demandas mínimas para una vida digna.
 
El error no consiste en colocar este tema en el centro de la lucha política; consiste en separarlo de lo que es una condición imprescindible para torcer el rumbo de los acontecimientos. Para cambiar el curso hay que tener poder, no solamente un recetario de medidas.
 
Esto es siempre así pero lo es más cuando el anillo del bloqueo antidemocrático se ha consolidado y ha logrado contar con un nivel de representatividad social desconocido entre nosotros en otras épocas.
 
Muchos de estos problemas no pueden ser resueltos en plazos cortos. Pero la cuestión es incluir el problema de la democracia, como poder del pueblo en el centro de nuestro discurso.
 
Claro que la próxima elección tiene una importancia extraordinaria para nosotros. Pero la elección tiene que ser pensada y organizada como parte (incluso como punto de partida) de un proceso de fortalecimiento del campo democrático-popular que mire más allá de la elección de octubre del próximo año.
 
Tiene que ser la ocasión para abrir un debate público y masivo sobre nuestro país. Sobre nuestra inserción internacional, sobre el sistema de derechos individuales y sociales en el que queremos vivir. Sobre el poder. Para que la autoridad de la democracia tenga el cien por cien del poder y no una cuarta parte.
 
El importante documento programático que se leyó en la Plaza de Mayo el último 17 de octubre tendría que ser utilizado para impulsar esa conversación de masas. Y esto tendría que enlazar con la promoción de una discusión constitucional en Argentina.
 
Para poner al documento principal de nuestra democracia a la altura de una etapa histórica en la que el país recupere en plenitud la vida democrática para todos sus habitantes con independencia del poder económico que tenga cada persona o cada grupo social.
 
A la radicalización de la derecha que naturaliza hasta un intento de magnicidio en la persona de Cristina, tenemos que responderle con una radicalización profundamente democrática, en la tradición de la Constitución peronista de 1949.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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06-12-2022 / 09:12
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

06-12-2022 / 08:12
El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
Este martes el Poder Judicial Macrista de Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.
 
Sobre ese tema, la vicepresidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que se expresó sobre el veredicto que se conocerá este martes en la causa Vialidad y sobre el avance del lawfare en la Argentina. "Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder", aseguró y apuntó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
Cristina remarcó que el "partido judicial" surgió en la región contra "aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados".
 
"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta al referirse al fallo que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
 
En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto". "Que estaba la sentencia escrita lo dije el dos de diciembre del 2019 la primera vez que declaré en el juicio", añadió.
 
Cristina también apuntó contra el juez Julián Ercolini. "El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada", recordó.
 
"Durante todo el juicio que duró tres años en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme", afirmó la exmandataria y remarcó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
El sector del aparato judicial de Comodoro Py viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron hacer por la restauración democrática. La función del Partido Judicial Macrista es garantizar una democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. En esa democracia tutelada los grandes medios porteños del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a los propios.
 
El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien, sin prueba alguna, que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro macrista porteño, el jefe de los fiscales macristas de CABA y un empresario con pasado entre los espías macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del millonario Joe Lewis abrió un escándalo por "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
 
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
 
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
 
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar. El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado a Bariloche para trasladarse luego a la propiedad del británico Joe Lewis circuló enseguida en las redes sociales de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
 
Esta es la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO. Tras la difusión de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
 
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
 
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
 
La Opinión Popular
 

04-12-2022 / 09:12
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

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