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Nacionales - 30-10-2022 / 11:10
CUANDO SE TOMAN DECISIONES QUE AFECTAN INTERESES, NO SE TIENE LA SEGURIDAD DE QUE ESAS MEDIDAS TENDRÁN VIGENCIA

Los poderes fácticos en Argentina y la necesidad de recuperar en plenitud la democracia

Los poderes fácticos en Argentina y la necesidad de recuperar en plenitud la democracia
La técnica de los grandes grupos que concentran gran parte de esos recursos es bastante simple y poco costosa: elevan el pedido de una medida judicial de orden “cautelar” y esperan que el tiempo -o una toma de decisión favorable a esos grupos en sede judicial fulmine la decisión soberana. Es decir, existe de facto un “poder cautelar” que decide por sobre lo que resuelvan los depositarios de la voluntad popular.
Pocos días después de la asunción de quienes ganen las próximas elecciones, se cumplirán cuarenta años de la reconquista de la democracia en nuestra patria. Se discutió mucho en estos años si lo que se había restaurado era la democracia o meramente la elección de las autoridades por el voto popular; detrás de esa consideración suele anidar una concepción superadora de la democracia liberal y promotora de condiciones para que el papel del pueblo no se limite a la ceremonia electoral.
 
Desde ese punto de vista se podría seguir afirmando los límites del ejercicio de la soberanía popular: asistimos a una virtual cooptación de la toma de las principales decisiones políticas por parte del FMI, lo que equivale a una "soberanía extranjera", lo que, a su vez, significa el absoluto ocaso de la democracia.
 
Sin embargo, habría que reflexionar un poco más en la cuestión del poder en nuestro país. Estamos atravesando una etapa en la que aparece con extremada nitidez los estrechos límites en cuyo interior se desarrolla la capacidad decisoria del voto popular.
 
Desde el punto de vista formal, las decisiones políticas las toman el presidente y el congreso: ¿eso es lo que ocurre en la realidad? Desde el otoño del año 2008, con la rebelión de las patronales agrarias hemos ido asistiendo a la conformación de un "poder real" frente al cual las autoridades constitucionales sufren un sistemático veto: nos hemos ido acostumbrando a que determinadas iniciativas de los poderes instaurados por la constitución se encuentran cotidianamente limitados por el veto de poderes fácticos.
 
Cuando se toman decisiones en las sedes que afectan intereses corporativos, la sociedad no puede contar con la seguridad de que esas medidas habrán de tener vigencia. En estos días hemos escuchado (una vez más) la queja del presidente respecto a la cautelar judicial contra la limitación establecida por decreto presidencial el precio de los usos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
 
La técnica de los grandes grupos que concentran gran parte de esos recursos es bastante simple y poco costosa: elevan el pedido de una medida judicial de orden "cautelar" y esperan que el tiempo -o una toma de decisión favorable a esos grupos en sede judicial fulmine la decisión soberana. Es decir, existe de facto un "poder cautelar" que decide por sobre lo que resuelvan los depositarios de la voluntad popular. 
 

 
No hay ninguna disposición constitucional que autorice una práctica como ésta. Lo que sí existe es algo así como la costumbre de que determinados grupos económica y políticamente poderosos imponen invariablemente su punto de vista.
 
Claro que al lado de la omnipotente "justicia" viven otros mecanismos imprescindibles para esa sustracción "legal" de los derechos democráticos. Son los grandes conglomerados mediáticos que tienen una función decisiva en este proceso: son los encargados de crear "consensos" para esas prácticas ilegales e inconstitucionales.
 
Es decir, los que ante cualquier medida con mínimo sentido redistributivo y de justicia social activan todos los mecanismos para la creación de un clima adverso a ese tipo de decisiones; los que convocan "expertos" en la materia del caso (generalmente siempre los mismos) que proceden a deslegitimar la medida del caso y/o rodear de sospechas y descrédito la toma de decisión de la que se trate.
 
Estos límites al ejercicio de la democracia vienen incluyendo en su interior a una fuerza política (o a un sector que agrupa distintas fuerzas, que es lo mismo) que toman en sus manos el bloqueo parlamentario, favorecidos por las nuevas relaciones de fuerza electoral entre los partidos.
 
Esta última práctica no es en sí mismo ilegal porque se trata de actores validados por el apoyo de un sector de la población, pero en la práctica funciona como parte de un mecanismo de bloqueo del poder de decisión de las instituciones democráticas.
 
En el reciente tramo en que ese bloque político tuvo la presidencia pudimos experimentar algo así como el bloqueo perfecto a cualquier iniciativa que no forme parte del programa político del poder corporativo.
 
Este funcionamiento del régimen político ha "resuelto un problema" de la historia política argentino durante casi todo el siglo XX: es el de los golpes de estado clásicos en los que se interrumpe la vida institucional para "reorganizar" la política argentina, es decir para asegurar que funcione sistemáticamente a favor de los más ricos entre los ricos.
 
Si algo faltaba para tener una idea cabal de este nuevo modo de dominación, el ex presidente Macri abandonó cualquier forma de pudor para adelantar que para avanzar en esa Argentina "triunfante" que se opone al "fracaso del país durante setenta años" el liderazgo no debe frenarse ante el ejercicio de la violencia contra quienes quieren seguir en "el populismo".
 
En realidad, la novedad macrista consiste en hacer de la violencia contra el pueblo poco menos que una promesa de campaña, porque violencia hubo -y no escasa- en los tiempos de su presidencia y del ejercicio del ministerio de seguridad por Bullrich. Pero eso no le quita gravedad a lo que el ex presidente le dijo al periodista Majul: la represión estatal violenta contra la protesta social deja de ser un delito para erigirse en una estrategia válida para el ejercicio del poder.
 
Estamos necesitados de hacer de estos problemas el centro de un accionar político democrático. El principal problema de la política siempre es el poder y es un error decir que hoy lo único urgente es la satisfacción de las demandas mínimas para una vida digna.
 
El error no consiste en colocar este tema en el centro de la lucha política; consiste en separarlo de lo que es una condición imprescindible para torcer el rumbo de los acontecimientos. Para cambiar el curso hay que tener poder, no solamente un recetario de medidas.
 
Esto es siempre así pero lo es más cuando el anillo del bloqueo antidemocrático se ha consolidado y ha logrado contar con un nivel de representatividad social desconocido entre nosotros en otras épocas.
 
Muchos de estos problemas no pueden ser resueltos en plazos cortos. Pero la cuestión es incluir el problema de la democracia, como poder del pueblo en el centro de nuestro discurso.
 
Claro que la próxima elección tiene una importancia extraordinaria para nosotros. Pero la elección tiene que ser pensada y organizada como parte (incluso como punto de partida) de un proceso de fortalecimiento del campo democrático-popular que mire más allá de la elección de octubre del próximo año.
 
Tiene que ser la ocasión para abrir un debate público y masivo sobre nuestro país. Sobre nuestra inserción internacional, sobre el sistema de derechos individuales y sociales en el que queremos vivir. Sobre el poder. Para que la autoridad de la democracia tenga el cien por cien del poder y no una cuarta parte.
 
El importante documento programático que se leyó en la Plaza de Mayo el último 17 de octubre tendría que ser utilizado para impulsar esa conversación de masas. Y esto tendría que enlazar con la promoción de una discusión constitucional en Argentina.
 
Para poner al documento principal de nuestra democracia a la altura de una etapa histórica en la que el país recupere en plenitud la vida democrática para todos sus habitantes con independencia del poder económico que tenga cada persona o cada grupo social.
 
A la radicalización de la derecha que naturaliza hasta un intento de magnicidio en la persona de Cristina, tenemos que responderle con una radicalización profundamente democrática, en la tradición de la Constitución peronista de 1949.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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