y su banda después de que las constancias probatorias de sus delitos fueran ampliamente conocidas por todos los que tuvieron algún interés en el asunto.  ¡En cualquier momento La Nación puede titular algún otro de sus libelos "la sociedad cree en la inocencia de D'Alesio"!
 
El actual peso de los poderes fácticos, no reglados por ninguna ley, es tendencialmente mortal para la subsistencia del régimen democrático en nuestro país. Son poderes sustentados en las creencias sociales, como si estas creencias nacieran y se desarrollaran en un vacío de poder y de política. 
 
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                  17:19  |  Martes 30 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-10-2022 / 09:10
LA “OPINIÓN PÚBLICADA”

La dictadura de los grandes medios neoliberales porteños de comunicación

La dictadura de los grandes medios neoliberales porteños de comunicación
Esa opinión pública no tiene nada de espontánea, tampoco de objetiva. Está alimentada por una maquinaria mediática que bombardea incansablemente las conciencias. Que tiene el semáforo rojo para diferenciar a los “justos” de los “réprobos”. Este poder no democrático de los grandes complejos mediáticos no sería, sin embargo, tan grave si sus libres creaciones de culpabilidades enemigas tuvieran el obstáculo de un poder judicial independiente que juzgara los hechos con la ley y la constitución en las manos.
El último 27 de septiembre el diario La Nación publicó una suerte de "editorial", atribuida su redacción a "destacados periodistas" del medio. La primera palabra del título ya adelanta su contenido y su objetivo político: ¿Atentado? es esa palabra inicial. Ya sabemos que estamos frente a una mirada negacionista, que reduce -sin ningún disimulo- el fallido intento de asesinato de Cristina a una maniobra de la propia víctima con vistas a una auto victimización para obtener ventajas en su situación procesal. Es decir, no se trataría de un intento de matarla sino de un "relato" K; más o menos -sugieren- como el que demostró el suicidio de Nisman.
 
Frente a tamaña interpretación conspiración, podrían esperarse argumentos y pruebas que la fundamenten. Nada de eso: la "prueba" es que en "las encuestas" posteriores hay una mayoría de "encuestados" que opinan de esa manera. De modo que las más mínimas reglas del oficio periodístico (investigación, testimonios, hechos objetivos...) son suplantadas por la "opinión de la gente", representada en este caso por algunas empresas que investigan la "opinión" pública.
 
Toda una novedad para la ciencia jurídica: una encuesta en el lugar principal del juicio sobre un magnicidio. Es la consagración de algo que viene sucediendo en los últimos años en el país: una denuncia de corrupción contra un funcionario (kirchnerista, claro) se convierte en una certeza mediática que demanda el castigo aún en la carencia de cualquier procedimiento jurídico. Es la dictadura de la opinión pública.
 
Pero resulta, además, que esa opinión no tiene nada de espontánea, tampoco de objetiva. Está alimentada por una maquinaria mediática que bombardea incansablemente las conciencias. Que tiene el semáforo rojo para diferenciar a los "justos" de los "réprobos". Este poder no democrático de los grandes complejos mediáticos no sería, sin embargo, tan grave si sus libres creaciones de culpabilidades enemigas tuvieran el obstáculo de un poder judicial independiente que juzgara los hechos con la ley y la constitución en las manos.
 
El sistema judicial acaba de desprocesar a D'Alesio y su banda después de que las constancias probatorias de sus delitos fueran ampliamente conocidas por todos los que tuvieron algún interés en el asunto.  ¡En cualquier momento La Nación puede titular algún otro de sus libelos "la sociedad cree en la inocencia de D'Alesio"!
 
El actual peso de los poderes fácticos, no reglados por ninguna ley, es tendencialmente mortal para la subsistencia del régimen democrático en nuestro país. Son poderes sustentados en las creencias sociales, como si estas creencias nacieran y se desarrollaran en un vacío de poder y de política. 
 

 
Las nuevas tecnologías comunicativas -absolutamente descontroladas en su acción- adquieren y acumulan un poder que está absolutamente al margen de la constitución y de las leyes. Un poder sobre la vida, la libertad, la dignidad y la seguridad de las personas. Todo eso escondido detrás del espejismo de la libertad individual de los ciudadanos.
 
Mucho más dramático se torna el cuadro si se agrega el interés que la principal potencia regional tiene en la política argentina. Un interés que siempre existió y que siempre actuó -según lo demuestran plenamente los documentos del pentágono norteamericano que revelan -varios años después, claro- los modos en que esta potencia actúa en el interior de lo que -pública e impunemente- llaman su "patio trasero".
 
A la limitación manifiesta de la vida democrática del país en estas condiciones, hay que agregarle la pérdida de soberanía nacional para que el cuadro se complete. Como nos lo recordaba siempre ese gran cientista y político brasileño, Marco Aurelio García, el proceso de integración regional y soberanía popular-democrática que se desplegó en la región a comienzos de este siglo "coincidió" con las dificultades norteamericanas para interferir en ese proceso, en el contexto de los atentados terroristas en su territorio y la subsiguiente "guerra" declarada unilateralmente por ese país contra cualquier estado que resultase sospechoso de alianzas con los grupos terroristas opuestos a sus intereses.
 
Hoy la "guerra antiterrorista" no está en el centro de la agenda americana. Su lugar lo ocupa -en lugar central- la competencia geopolítica con China y Rusia y la estrategia de "persuadir" a los países de su esfera de influencia para que no establezcan acuerdos estratégicos con esas potencias.
 
A todo esto, al nuevo embajador de EE.UU. en nuestro país no se le puede reprochar que sus movimientos tácticos se desarrollen en el silencio y el ocultamiento: públicamente sostuvo que la unión de las fuerzas políticas amigas de su país debía hacerse ya. Es decir que puede haber una fuerza mayoritaria amiga de sus intereses antes de las próximas elecciones.
 
El presidente Alberto Fernández sostuvo, antes incluso de las elecciones que el canal y la radio estatal no debían tener programas políticos. Curiosa auto restricción en el interior de un sistema de medios privados del que podría decirse que no hace otra cosa que no sea política. La política inunda las programaciones de esos medios, incluidos los programas que no se presentan como políticos.
 
Eso es lo que pugna por imponer un régimen político de facto, en el que la última palabra la tienen siempre las corporaciones. El género es de una intensa propaganda política presentada a través de la "inocencia" de ciertas personas que no son "de la política". Eso es lo que está en la base de los llamados "discursos de odio". El odio se ha convertido en el arma principal de una coalición política neoconservadora y sometida de modo manifiesto a las grandes cadenas de construcción de sentido imperial.
 
En nuestro país esa estrategia mediática general y mundial tiene su mira puesta inequívocamente en la creación de un clima de persecución, desaliento y erosión del fenómeno político local surgido en la época de la crisis global de principios de siglo.
 
El kirchnerismo pudo ser tolerado por esta coalición del privilegio y la dependencia mientras transitó el camino de una incipiente recuperación económica que ya había despuntado durante el interinato de Duhalde.
 
Cuando a la agenda local y mundial se incorporaron los temas de las políticas de alianza internacionales y las de recuperación (relativa) de grados de ejercicio de la soberanía con un sesgo claro de justicia social, entonces la tolerancia que el grupo Clarín había prestado al gobierno surgido en 2003 terminó drásticamente.
 
Y no fue el conflicto agrario el primer episodio (aunque sí el principal y decisivo) sino el famoso "caso Antonini Wilson", claramente utilizado como ariete contra el proceso de integración regional que tenía al gobierno venezolano de Chávez en su centro.
 
Ahora que ya hicimos la experiencia del macrismo en el gobierno y las graves y duraderas consecuencias que provocó en el país, corresponde que seamos conscientes de la gravedad de la amenaza ante la que estamos. El tipo de país que quiere la derecha es uno que retroceda no solamente desde 1983 (el de la democracia, el de los derechos civiles y políticos) sino que sea capaz de cerrar el capítulo peronista comenzado en 1945.
 
Aquello que el colonialismo y el conservadorismo no consiguieron ni siquiera después de la ordalía de la dictadura de 1976 es la hoja de ruta de la derecha para el futuro próximo. Desarmar la Argentina peronista es la consigna.
 
Y la ruta es la virtual desaparición del derecho laboral y su sustitución por el "libre juego de la oferta y la demanda" que es la súper explotación de los trabajadores. En perspectiva, el triunfo de la coalición conservadora desemboca en una Argentina más sometida al colonialismo externo e interno, aislada de la patria grande y arrojada a un proceso en cuyo interior la democracia no tenga ningún significado.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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