y su banda después de que las constancias probatorias de sus delitos fueran ampliamente conocidas por todos los que tuvieron algún interés en el asunto.  ¡En cualquier momento La Nación puede titular algún otro de sus libelos "la sociedad cree en la inocencia de D'Alesio"!
 
El actual peso de los poderes fácticos, no reglados por ninguna ley, es tendencialmente mortal para la subsistencia del régimen democrático en nuestro país. Son poderes sustentados en las creencias sociales, como si estas creencias nacieran y se desarrollaran en un vacío de poder y de política. 
 
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                  21:05  |  Viernes 18 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 02-10-2022 / 09:10
LA “OPINIÓN PÚBLICADA”

La dictadura de los grandes medios neoliberales porteños de comunicación

La dictadura de los grandes medios neoliberales porteños de comunicación
Esa opinión pública no tiene nada de espontánea, tampoco de objetiva. Está alimentada por una maquinaria mediática que bombardea incansablemente las conciencias. Que tiene el semáforo rojo para diferenciar a los “justos” de los “réprobos”. Este poder no democrático de los grandes complejos mediáticos no sería, sin embargo, tan grave si sus libres creaciones de culpabilidades enemigas tuvieran el obstáculo de un poder judicial independiente que juzgara los hechos con la ley y la constitución en las manos.
El último 27 de septiembre el diario La Nación publicó una suerte de "editorial", atribuida su redacción a "destacados periodistas" del medio. La primera palabra del título ya adelanta su contenido y su objetivo político: ¿Atentado? es esa palabra inicial. Ya sabemos que estamos frente a una mirada negacionista, que reduce -sin ningún disimulo- el fallido intento de asesinato de Cristina a una maniobra de la propia víctima con vistas a una auto victimización para obtener ventajas en su situación procesal. Es decir, no se trataría de un intento de matarla sino de un "relato" K; más o menos -sugieren- como el que demostró el suicidio de Nisman.
 
Frente a tamaña interpretación conspiración, podrían esperarse argumentos y pruebas que la fundamenten. Nada de eso: la "prueba" es que en "las encuestas" posteriores hay una mayoría de "encuestados" que opinan de esa manera. De modo que las más mínimas reglas del oficio periodístico (investigación, testimonios, hechos objetivos...) son suplantadas por la "opinión de la gente", representada en este caso por algunas empresas que investigan la "opinión" pública.
 
Toda una novedad para la ciencia jurídica: una encuesta en el lugar principal del juicio sobre un magnicidio. Es la consagración de algo que viene sucediendo en los últimos años en el país: una denuncia de corrupción contra un funcionario (kirchnerista, claro) se convierte en una certeza mediática que demanda el castigo aún en la carencia de cualquier procedimiento jurídico. Es la dictadura de la opinión pública.
 
Pero resulta, además, que esa opinión no tiene nada de espontánea, tampoco de objetiva. Está alimentada por una maquinaria mediática que bombardea incansablemente las conciencias. Que tiene el semáforo rojo para diferenciar a los "justos" de los "réprobos". Este poder no democrático de los grandes complejos mediáticos no sería, sin embargo, tan grave si sus libres creaciones de culpabilidades enemigas tuvieran el obstáculo de un poder judicial independiente que juzgara los hechos con la ley y la constitución en las manos.
 
El sistema judicial acaba de desprocesar a D'Alesio y su banda después de que las constancias probatorias de sus delitos fueran ampliamente conocidas por todos los que tuvieron algún interés en el asunto.  ¡En cualquier momento La Nación puede titular algún otro de sus libelos "la sociedad cree en la inocencia de D'Alesio"!
 
El actual peso de los poderes fácticos, no reglados por ninguna ley, es tendencialmente mortal para la subsistencia del régimen democrático en nuestro país. Son poderes sustentados en las creencias sociales, como si estas creencias nacieran y se desarrollaran en un vacío de poder y de política. 
 

 
Las nuevas tecnologías comunicativas -absolutamente descontroladas en su acción- adquieren y acumulan un poder que está absolutamente al margen de la constitución y de las leyes. Un poder sobre la vida, la libertad, la dignidad y la seguridad de las personas. Todo eso escondido detrás del espejismo de la libertad individual de los ciudadanos.
 
Mucho más dramático se torna el cuadro si se agrega el interés que la principal potencia regional tiene en la política argentina. Un interés que siempre existió y que siempre actuó -según lo demuestran plenamente los documentos del pentágono norteamericano que revelan -varios años después, claro- los modos en que esta potencia actúa en el interior de lo que -pública e impunemente- llaman su "patio trasero".
 
A la limitación manifiesta de la vida democrática del país en estas condiciones, hay que agregarle la pérdida de soberanía nacional para que el cuadro se complete. Como nos lo recordaba siempre ese gran cientista y político brasileño, Marco Aurelio García, el proceso de integración regional y soberanía popular-democrática que se desplegó en la región a comienzos de este siglo "coincidió" con las dificultades norteamericanas para interferir en ese proceso, en el contexto de los atentados terroristas en su territorio y la subsiguiente "guerra" declarada unilateralmente por ese país contra cualquier estado que resultase sospechoso de alianzas con los grupos terroristas opuestos a sus intereses.
 
Hoy la "guerra antiterrorista" no está en el centro de la agenda americana. Su lugar lo ocupa -en lugar central- la competencia geopolítica con China y Rusia y la estrategia de "persuadir" a los países de su esfera de influencia para que no establezcan acuerdos estratégicos con esas potencias.
 
A todo esto, al nuevo embajador de EE.UU. en nuestro país no se le puede reprochar que sus movimientos tácticos se desarrollen en el silencio y el ocultamiento: públicamente sostuvo que la unión de las fuerzas políticas amigas de su país debía hacerse ya. Es decir que puede haber una fuerza mayoritaria amiga de sus intereses antes de las próximas elecciones.
 
El presidente Alberto Fernández sostuvo, antes incluso de las elecciones que el canal y la radio estatal no debían tener programas políticos. Curiosa auto restricción en el interior de un sistema de medios privados del que podría decirse que no hace otra cosa que no sea política. La política inunda las programaciones de esos medios, incluidos los programas que no se presentan como políticos.
 
Eso es lo que pugna por imponer un régimen político de facto, en el que la última palabra la tienen siempre las corporaciones. El género es de una intensa propaganda política presentada a través de la "inocencia" de ciertas personas que no son "de la política". Eso es lo que está en la base de los llamados "discursos de odio". El odio se ha convertido en el arma principal de una coalición política neoconservadora y sometida de modo manifiesto a las grandes cadenas de construcción de sentido imperial.
 
En nuestro país esa estrategia mediática general y mundial tiene su mira puesta inequívocamente en la creación de un clima de persecución, desaliento y erosión del fenómeno político local surgido en la época de la crisis global de principios de siglo.
 
El kirchnerismo pudo ser tolerado por esta coalición del privilegio y la dependencia mientras transitó el camino de una incipiente recuperación económica que ya había despuntado durante el interinato de Duhalde.
 
Cuando a la agenda local y mundial se incorporaron los temas de las políticas de alianza internacionales y las de recuperación (relativa) de grados de ejercicio de la soberanía con un sesgo claro de justicia social, entonces la tolerancia que el grupo Clarín había prestado al gobierno surgido en 2003 terminó drásticamente.
 
Y no fue el conflicto agrario el primer episodio (aunque sí el principal y decisivo) sino el famoso "caso Antonini Wilson", claramente utilizado como ariete contra el proceso de integración regional que tenía al gobierno venezolano de Chávez en su centro.
 
Ahora que ya hicimos la experiencia del macrismo en el gobierno y las graves y duraderas consecuencias que provocó en el país, corresponde que seamos conscientes de la gravedad de la amenaza ante la que estamos. El tipo de país que quiere la derecha es uno que retroceda no solamente desde 1983 (el de la democracia, el de los derechos civiles y políticos) sino que sea capaz de cerrar el capítulo peronista comenzado en 1945.
 
Aquello que el colonialismo y el conservadorismo no consiguieron ni siquiera después de la ordalía de la dictadura de 1976 es la hoja de ruta de la derecha para el futuro próximo. Desarmar la Argentina peronista es la consigna.
 
Y la ruta es la virtual desaparición del derecho laboral y su sustitución por el "libre juego de la oferta y la demanda" que es la súper explotación de los trabajadores. En perspectiva, el triunfo de la coalición conservadora desemboca en una Argentina más sometida al colonialismo externo e interno, aislada de la patria grande y arrojada a un proceso en cuyo interior la democracia no tenga ningún significado.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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