y su banda después de que las constancias probatorias de sus delitos fueran ampliamente conocidas por todos los que tuvieron algún interés en el asunto.  ¡En cualquier momento La Nación puede titular algún otro de sus libelos "la sociedad cree en la inocencia de D'Alesio"!
 
El actual peso de los poderes fácticos, no reglados por ninguna ley, es tendencialmente mortal para la subsistencia del régimen democrático en nuestro país. Son poderes sustentados en las creencias sociales, como si estas creencias nacieran y se desarrollaran en un vacío de poder y de política. 
 
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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-10-2022 / 09:10
LA “OPINIÓN PÚBLICADA”

La dictadura de los grandes medios neoliberales porteños de comunicación

La dictadura de los grandes medios neoliberales porteños de comunicación
Esa opinión pública no tiene nada de espontánea, tampoco de objetiva. Está alimentada por una maquinaria mediática que bombardea incansablemente las conciencias. Que tiene el semáforo rojo para diferenciar a los “justos” de los “réprobos”. Este poder no democrático de los grandes complejos mediáticos no sería, sin embargo, tan grave si sus libres creaciones de culpabilidades enemigas tuvieran el obstáculo de un poder judicial independiente que juzgara los hechos con la ley y la constitución en las manos.
El último 27 de septiembre el diario La Nación publicó una suerte de "editorial", atribuida su redacción a "destacados periodistas" del medio. La primera palabra del título ya adelanta su contenido y su objetivo político: ¿Atentado? es esa palabra inicial. Ya sabemos que estamos frente a una mirada negacionista, que reduce -sin ningún disimulo- el fallido intento de asesinato de Cristina a una maniobra de la propia víctima con vistas a una auto victimización para obtener ventajas en su situación procesal. Es decir, no se trataría de un intento de matarla sino de un "relato" K; más o menos -sugieren- como el que demostró el suicidio de Nisman.
 
Frente a tamaña interpretación conspiración, podrían esperarse argumentos y pruebas que la fundamenten. Nada de eso: la "prueba" es que en "las encuestas" posteriores hay una mayoría de "encuestados" que opinan de esa manera. De modo que las más mínimas reglas del oficio periodístico (investigación, testimonios, hechos objetivos...) son suplantadas por la "opinión de la gente", representada en este caso por algunas empresas que investigan la "opinión" pública.
 
Toda una novedad para la ciencia jurídica: una encuesta en el lugar principal del juicio sobre un magnicidio. Es la consagración de algo que viene sucediendo en los últimos años en el país: una denuncia de corrupción contra un funcionario (kirchnerista, claro) se convierte en una certeza mediática que demanda el castigo aún en la carencia de cualquier procedimiento jurídico. Es la dictadura de la opinión pública.
 
Pero resulta, además, que esa opinión no tiene nada de espontánea, tampoco de objetiva. Está alimentada por una maquinaria mediática que bombardea incansablemente las conciencias. Que tiene el semáforo rojo para diferenciar a los "justos" de los "réprobos". Este poder no democrático de los grandes complejos mediáticos no sería, sin embargo, tan grave si sus libres creaciones de culpabilidades enemigas tuvieran el obstáculo de un poder judicial independiente que juzgara los hechos con la ley y la constitución en las manos.
 
El sistema judicial acaba de desprocesar a D'Alesio y su banda después de que las constancias probatorias de sus delitos fueran ampliamente conocidas por todos los que tuvieron algún interés en el asunto.  ¡En cualquier momento La Nación puede titular algún otro de sus libelos "la sociedad cree en la inocencia de D'Alesio"!
 
El actual peso de los poderes fácticos, no reglados por ninguna ley, es tendencialmente mortal para la subsistencia del régimen democrático en nuestro país. Son poderes sustentados en las creencias sociales, como si estas creencias nacieran y se desarrollaran en un vacío de poder y de política. 
 

 
Las nuevas tecnologías comunicativas -absolutamente descontroladas en su acción- adquieren y acumulan un poder que está absolutamente al margen de la constitución y de las leyes. Un poder sobre la vida, la libertad, la dignidad y la seguridad de las personas. Todo eso escondido detrás del espejismo de la libertad individual de los ciudadanos.
 
Mucho más dramático se torna el cuadro si se agrega el interés que la principal potencia regional tiene en la política argentina. Un interés que siempre existió y que siempre actuó -según lo demuestran plenamente los documentos del pentágono norteamericano que revelan -varios años después, claro- los modos en que esta potencia actúa en el interior de lo que -pública e impunemente- llaman su "patio trasero".
 
A la limitación manifiesta de la vida democrática del país en estas condiciones, hay que agregarle la pérdida de soberanía nacional para que el cuadro se complete. Como nos lo recordaba siempre ese gran cientista y político brasileño, Marco Aurelio García, el proceso de integración regional y soberanía popular-democrática que se desplegó en la región a comienzos de este siglo "coincidió" con las dificultades norteamericanas para interferir en ese proceso, en el contexto de los atentados terroristas en su territorio y la subsiguiente "guerra" declarada unilateralmente por ese país contra cualquier estado que resultase sospechoso de alianzas con los grupos terroristas opuestos a sus intereses.
 
Hoy la "guerra antiterrorista" no está en el centro de la agenda americana. Su lugar lo ocupa -en lugar central- la competencia geopolítica con China y Rusia y la estrategia de "persuadir" a los países de su esfera de influencia para que no establezcan acuerdos estratégicos con esas potencias.
 
A todo esto, al nuevo embajador de EE.UU. en nuestro país no se le puede reprochar que sus movimientos tácticos se desarrollen en el silencio y el ocultamiento: públicamente sostuvo que la unión de las fuerzas políticas amigas de su país debía hacerse ya. Es decir que puede haber una fuerza mayoritaria amiga de sus intereses antes de las próximas elecciones.
 
El presidente Alberto Fernández sostuvo, antes incluso de las elecciones que el canal y la radio estatal no debían tener programas políticos. Curiosa auto restricción en el interior de un sistema de medios privados del que podría decirse que no hace otra cosa que no sea política. La política inunda las programaciones de esos medios, incluidos los programas que no se presentan como políticos.
 
Eso es lo que pugna por imponer un régimen político de facto, en el que la última palabra la tienen siempre las corporaciones. El género es de una intensa propaganda política presentada a través de la "inocencia" de ciertas personas que no son "de la política". Eso es lo que está en la base de los llamados "discursos de odio". El odio se ha convertido en el arma principal de una coalición política neoconservadora y sometida de modo manifiesto a las grandes cadenas de construcción de sentido imperial.
 
En nuestro país esa estrategia mediática general y mundial tiene su mira puesta inequívocamente en la creación de un clima de persecución, desaliento y erosión del fenómeno político local surgido en la época de la crisis global de principios de siglo.
 
El kirchnerismo pudo ser tolerado por esta coalición del privilegio y la dependencia mientras transitó el camino de una incipiente recuperación económica que ya había despuntado durante el interinato de Duhalde.
 
Cuando a la agenda local y mundial se incorporaron los temas de las políticas de alianza internacionales y las de recuperación (relativa) de grados de ejercicio de la soberanía con un sesgo claro de justicia social, entonces la tolerancia que el grupo Clarín había prestado al gobierno surgido en 2003 terminó drásticamente.
 
Y no fue el conflicto agrario el primer episodio (aunque sí el principal y decisivo) sino el famoso "caso Antonini Wilson", claramente utilizado como ariete contra el proceso de integración regional que tenía al gobierno venezolano de Chávez en su centro.
 
Ahora que ya hicimos la experiencia del macrismo en el gobierno y las graves y duraderas consecuencias que provocó en el país, corresponde que seamos conscientes de la gravedad de la amenaza ante la que estamos. El tipo de país que quiere la derecha es uno que retroceda no solamente desde 1983 (el de la democracia, el de los derechos civiles y políticos) sino que sea capaz de cerrar el capítulo peronista comenzado en 1945.
 
Aquello que el colonialismo y el conservadorismo no consiguieron ni siquiera después de la ordalía de la dictadura de 1976 es la hoja de ruta de la derecha para el futuro próximo. Desarmar la Argentina peronista es la consigna.
 
Y la ruta es la virtual desaparición del derecho laboral y su sustitución por el "libre juego de la oferta y la demanda" que es la súper explotación de los trabajadores. En perspectiva, el triunfo de la coalición conservadora desemboca en una Argentina más sometida al colonialismo externo e interno, aislada de la patria grande y arrojada a un proceso en cuyo interior la democracia no tenga ningún significado.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

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