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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-10-2022 / 08:10
EL DIÁLOGO TE LO DEBO

La teoría de un solo demonio: relato de la derecha sobre los conflictos recientes

La teoría de un solo demonio: relato de la derecha sobre los conflictos recientes
La infatuada derecha autóctona viene acuñando “la teoría de un solo demonio”. El populismo, la izquierda, los pibes que ocupan escuelas, los planeros son culpables de todo disenso, carecen de legitimidad para reivindicar sus derechos. Extorsionadores, delincuentes, quedan excluidos del diálogo democrático aún de las tratativas usuales en toda pulseada por intereses.
Los conflictos de cualquier tipo (laborales, educativos, sociales, económicos siguen las firmas) pueden subestimarse o negarse; jamás evitarse. Una sociedad democrática se mueve a su ritmo. Por lo general son complejos, suceden dentro de un contexto histórico, arraigan en tradiciones, tienen precedentes.
 
En ningún país del mundo hay unanimidad; tampoco en la Argentina federal, diversa y pluralista. La infatuada derecha autóctona piensa distinto y viene acuñando "la teoría de un solo demonio". El populismo, la izquierda, los pibes que ocupan escuelas, los planeros son culpables de todo disenso, carecen de legitimidad para reivindicar sus derechos. Extorsionadores, delincuentes, quedan excluidos del diálogo democrático aún de las tratativas usuales en toda pulseada por intereses.
 
El diputado Javier Milei se esmera para quedar a la derecha de Juntos por el Cambio pero la principal oposición le deja poco margen. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se halconiza a diario en desesperada carrera para empardar a otros presidenciables.
 
Tal vez no lo consiga, tal vez esté destiñendo el perfil que quiso armar hace tres años... pero criminaliza a los estudiantes que formulan demandas del sector, tomando colegios. Un clásico de las luchas populares que se concreta cerca del aniversario de la Noche de los lápices.
 
La ministra Soledad Acuña ni se imagina armar una instancia de negociación, habla de denuncias penales. Miente porque no hay delito. El larretismo pijotea consigo mismo: denuncia contravenciones, manda policías de noche a los hogares de los chicos ocupantes.
 
Manifestarse es un derecho cívico, las normas argentinas estipulan priorizar el interés superior del menor. Acuña y Larreta se ne fregan. Comisionan policías que ingresan al Colegio Nacional Buenos Aires, la autonomía universitaria te la debo aunque ningún aliado radical cambiemita diga "esta boca es mía" o conmemore la Reforma universitaria.
 
Enviados de Larreta consultan a los jueces de su feudo, aquellos que son tropa propia. Le responden que no hay delito ni perspectiva de trasladar la responsabilidad penal o contravencional de los hijos a los padres. A "Horacio" no le importa ya que su afán es amedrentar.
 

CONFLICTOS RECIENTES, DESARROLLO Y LECTURA DE LA DERECHAS
 
La teoría de un solo demonio
 
Los medios dominantes doblan la apuesta. Una caterva de periodistas adultos reportea a jóvenes, los maltrata, no los deja hablar, les grita, les falta el respeto. El piberío replica con altura, argumenta, los golea en materia de debate.
  
Los reporteros se sacan, algunos putean a madres e hijos al aire. Un calificado exponente pide que corrijan un error de ortografía en un zócalo de tevé. Tuvo mala suerte porque esas fallas son plaga pero en esta ocasión estuvo bien. Errores de ortografía verbales, una novedad que junto a la violencia retórica pinta bien al periodismo hegemónico.
 
Como cuando HRL valló las cercanías del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández las agresiones contagian. Una mujer insultó y agredió a chicas y familiares del "Lengüitas". Más que en una loba solitaria cabe pensar en una persona que percibe contar con licencia social para agredir de palabra y de hecho a menores en la vía pública. Algo inimaginable en un pasado argentino no tan remoto.
 
                                                                       ***
  
Paritarias, antes y ahora: 
  
Durante la presidencia de Néstor Kirchner las convenciones colectivas recobraron dinamismo y sentido. En la década del '90 se pactaban a la baja como consecuencia de la flexibilización de hecho. A partir de 2003 mejoraron los salarios en particular y las condiciones de trabajo en menor medida. Hablamos de modo genérico pues hay matices y excepciones.
 
De cualquier modo, la tendencia hasta 2015 fue propicia para los trabajadores registrados y solía bastar una paritaria anual. La elevada inflación durante el actual oficialismo combinada con la voluntad de los gremios y del Gobierno para preservar el valor adquisitivo de los salarios impuso un cambio tan correcto como endiablado: reajustes cada vez más frecuentes, cláusulas gatillo.
 
El mecanismo encastra con la preocupación de la gente común que no llega a fin de mes, castigada por las remarcaciones constantes de precios de artículos de primera necesidad. El Gobierno no encuentra solución al problema que es su principal deuda, la peor mochila para enfrentar las elecciones de 2023.
 
Las paritarias entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas del sector se empantanaron en los últimos meses. Se habla en plural porque se negociaban la del año 2022 y la del 2023. El secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, milita en el Partido Obrero. Sus contrapartes, multinacionales gigantes, pertenecen a la crema del empresariado. Confrontan, pues, dos sectores que por motivos polarmente diferentes se oponen al gobierno del presidente Alberto Fernández.
 
La interesante nota de Natalí Risso publicada ayer en Página 12 traza coordenadas temporales: cinco meses de tratativas fallidas, nueve días de huelga con piquetes y ocupaciones. Cuando comenzó la puja Martín Guzmán todavía era ministro. Las patronales y el gremio polarizaron posiciones.
 
La cobertura convencional se esmeró en detallar que los laburantes ganan más que otros sindicalizados. No exploró las mega ganancias de las patronales, sus patrimonios suntuosos. Menos el impacto salarial en los costos globales. Enfatizó poco las condiciones de trabajo que saben ser de 54 horas semanales, turnos rotativos con contados francos semanales.
 
El Sutna logró años atrás cuando Pedro Wasiejko era secretario general, una cláusula latente, pensada por si había mejores tiempos: participación en las ganancias. Se concretó de modo reciente. El derecho está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. Por añejas correlaciones de fuerzas no acostumbra transformarse en conquista concreta. Eppur existe. Una de sus ventajas colaterales que suele señalar el exdiputado Héctor Recalde es que habilita el acceso de los gremios a los libros de las empresas, información que está requete recontra encriptada, de ordinario.
 
Para la exministra Patricia Bullrich el mundo es más sencillo. El demonio es el otro. Rotuló  al gremio con liderazgo trotskista como "mafia sindical", mote que suele reservar a los peronistas. Se costeó hasta las fábricas para fotografiarse y hacer alharaca. Si criminalizamos que sea visible, su consigna.
 
El acuerdo tardó, llegó en la madrugada del viernes, precedido de reuniones en las que las partes no se juntaban un clásico de las conciliaciones laborales. Mediaron dirigentes sindicales del peronismo combativo y de la izquierda. El gobierno respiró aliviado.
 
Las críticas contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvieron pinta de lugar común. Provinieron desde el Sutna. Los empresarios le dijeron de todo cuenta el periodista Francisco Olivera en el diario La Nación. Los sindicalistas kirchneristas le reprueban blandura y lentitud. Desde 2020 Cristina lo tiene marcado como un funcionario que no funciona. Ahora destiñe. Cada vez es más frecuente la comparación con el ex ministro Carlos Tomada cuyo desempeño fue incomparablemente superior, cualitativamente distinto.
 
Alberto Fernández defiende a Moroni. En torno del ministro chimentan que crecen sus ganas de renunciar pero que el presidente lo frena. Por causas diferentes, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta divulga su intención de dimitir y reasumir como intendente de Hurlingham.
 
En simultáneo con menos estrépito, el secretario general de la Bancaria Sergio Palazzo obtuvo un incremento superior a la inflación predecible, asimismo sujeto a actualización.

Con un pronóstico de inflación anual que ronda el 100 por ciento el horizonte de nuevas reaperturas y reclamos será agenda del último trimestre. Y los movimientos en el Gabinete insinúan otro dolor de cabeza para la Casa Rosada.

 
                                                               ***
  
La macro y la indigencia: 
  
El ministro de Economía Sergio Massa irrumpió en la recta final de la negociación amenazando con abrir las importaciones de neumáticos. La parcialidad fue cuestionada por el Sutna, con razón.

Massa anunció el saldo de otra pulseada inconfesa, la recaudación del llamado "dólar soja" que superó sus propias expectativas. Las consecuencias virtuosas macro son nítidas: alivio para las arcas fiscales, refuerzo de las reservas del Banco Central, el alejamiento de la hipótesis de corrida financiera catastrófica.

 
No es poco aunque se omite que lo colectado fue consecuencia de ceder ante las presiones de los exportadores-especuladores. En una de esas el retroceso era ineludible o necesario... igual es una concesión a los poderosos.
 
Otra contrapartida que figuraba en el decreto que creaba por un mes el dólar soja es el "bono soja", una transferencia de ingresos para los argentinos de menos recursos. Bienvenida siempre, jamás definitiva. Su alcance y valores se conocerán en este mes.
 
La divulgación de los porcentajes de pobreza e indigencia ratifican condiciones estructurales de la economía. Demasiadas mujeres y chicos nacen pobres y están casi condenados a no trascender esa condición. El gobierno perdió la chance de implementar años atrás un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no tiene en su caja de herramientas institucionalizar un programa de ingresos. 
  
Un notable trabajo de la economista Mercedes D'Alessandro (titulado "Ingreso familiar de emergencia: notas sobre una política pública a contrarreloj" https://t.co/alh7m3nBzA ) pone en valor las virtudes del IFE y ayuda a pensar en eventuales continuidades aprovechando sus enseñanzas.
 
Cristina Fernández de Kirchner tuiteó para alertar acerca de la suba de los índices de indigencia y vincularlo con las exorbitantes ganancias de las empresas. Resaltó que Economía trabaja duro pero el mensaje quedó claro.
 
El viceministro de Economía Gabriel Rubinstein le replicó sin identificarla, esgrimiendo su ortodoxo punto de vista.
 
Es el primer cuestionamiento de CFK a la gestión de Massa. En las próximas semanas o meses se sabrá cómo sigue esta discusión, de inicio delicado y preciso a la vez.
 
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Brasil decide: 
  
La Nación cometió un editorial sintomático esta semanaVersó sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Puso en tela de juicio su existencia, se inclinó por considerar que la hipótesis más posible es un simulacro urdido por la propia Cristina. La teoría del demonio único, al extremo: la víctima es la culpable. Dale nomás.
 
En un cuadro mundial desplazado a derecha, el pueblo brasileño votará hoy para definir su futuro. La disyuntiva se polariza, dos proyectos antagónicos. El expresidente Lula da Silva presumiblemente no podrá repetir los logros alcanzados en sus mandatos y los de Dilma Rousseff pero como estadista popular tratará de encauzar la economía y la política de su patria, atenuar las desigualdades. El presidente Jair Bolsonaro, en cambio, repetiría y ahondaría todo el daño que ya ha hecho. Una ultraderecha primitiva y feroz.
 
Alguna vez, bromeando apenas, este cronista escribió que los argentinos deberían votar en elecciones de otros países porque de ellas depende una fracción importante de su futuro. Es una de las tantas variables fundamentales que inciden en la vida de los pueblos y en las posibilidades de los gobiernos sin que se pueda intervenir. Habrá que ver, esperar y leer el consabido diario del lunes.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar   
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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