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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-10-2022 / 08:10
EL DIÁLOGO TE LO DEBO

La teoría de un solo demonio: relato de la derecha sobre los conflictos recientes

La teoría de un solo demonio: relato de la derecha sobre los conflictos recientes
La infatuada derecha autóctona viene acuñando “la teoría de un solo demonio”. El populismo, la izquierda, los pibes que ocupan escuelas, los planeros son culpables de todo disenso, carecen de legitimidad para reivindicar sus derechos. Extorsionadores, delincuentes, quedan excluidos del diálogo democrático aún de las tratativas usuales en toda pulseada por intereses.
Los conflictos de cualquier tipo (laborales, educativos, sociales, económicos siguen las firmas) pueden subestimarse o negarse; jamás evitarse. Una sociedad democrática se mueve a su ritmo. Por lo general son complejos, suceden dentro de un contexto histórico, arraigan en tradiciones, tienen precedentes.
 
En ningún país del mundo hay unanimidad; tampoco en la Argentina federal, diversa y pluralista. La infatuada derecha autóctona piensa distinto y viene acuñando "la teoría de un solo demonio". El populismo, la izquierda, los pibes que ocupan escuelas, los planeros son culpables de todo disenso, carecen de legitimidad para reivindicar sus derechos. Extorsionadores, delincuentes, quedan excluidos del diálogo democrático aún de las tratativas usuales en toda pulseada por intereses.
 
El diputado Javier Milei se esmera para quedar a la derecha de Juntos por el Cambio pero la principal oposición le deja poco margen. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se halconiza a diario en desesperada carrera para empardar a otros presidenciables.
 
Tal vez no lo consiga, tal vez esté destiñendo el perfil que quiso armar hace tres años... pero criminaliza a los estudiantes que formulan demandas del sector, tomando colegios. Un clásico de las luchas populares que se concreta cerca del aniversario de la Noche de los lápices.
 
La ministra Soledad Acuña ni se imagina armar una instancia de negociación, habla de denuncias penales. Miente porque no hay delito. El larretismo pijotea consigo mismo: denuncia contravenciones, manda policías de noche a los hogares de los chicos ocupantes.
 
Manifestarse es un derecho cívico, las normas argentinas estipulan priorizar el interés superior del menor. Acuña y Larreta se ne fregan. Comisionan policías que ingresan al Colegio Nacional Buenos Aires, la autonomía universitaria te la debo aunque ningún aliado radical cambiemita diga "esta boca es mía" o conmemore la Reforma universitaria.
 
Enviados de Larreta consultan a los jueces de su feudo, aquellos que son tropa propia. Le responden que no hay delito ni perspectiva de trasladar la responsabilidad penal o contravencional de los hijos a los padres. A "Horacio" no le importa ya que su afán es amedrentar.
 

CONFLICTOS RECIENTES, DESARROLLO Y LECTURA DE LA DERECHAS
 
La teoría de un solo demonio
 
Los medios dominantes doblan la apuesta. Una caterva de periodistas adultos reportea a jóvenes, los maltrata, no los deja hablar, les grita, les falta el respeto. El piberío replica con altura, argumenta, los golea en materia de debate.
  
Los reporteros se sacan, algunos putean a madres e hijos al aire. Un calificado exponente pide que corrijan un error de ortografía en un zócalo de tevé. Tuvo mala suerte porque esas fallas son plaga pero en esta ocasión estuvo bien. Errores de ortografía verbales, una novedad que junto a la violencia retórica pinta bien al periodismo hegemónico.
 
Como cuando HRL valló las cercanías del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández las agresiones contagian. Una mujer insultó y agredió a chicas y familiares del "Lengüitas". Más que en una loba solitaria cabe pensar en una persona que percibe contar con licencia social para agredir de palabra y de hecho a menores en la vía pública. Algo inimaginable en un pasado argentino no tan remoto.
 
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Paritarias, antes y ahora: 
  
Durante la presidencia de Néstor Kirchner las convenciones colectivas recobraron dinamismo y sentido. En la década del '90 se pactaban a la baja como consecuencia de la flexibilización de hecho. A partir de 2003 mejoraron los salarios en particular y las condiciones de trabajo en menor medida. Hablamos de modo genérico pues hay matices y excepciones.
 
De cualquier modo, la tendencia hasta 2015 fue propicia para los trabajadores registrados y solía bastar una paritaria anual. La elevada inflación durante el actual oficialismo combinada con la voluntad de los gremios y del Gobierno para preservar el valor adquisitivo de los salarios impuso un cambio tan correcto como endiablado: reajustes cada vez más frecuentes, cláusulas gatillo.
 
El mecanismo encastra con la preocupación de la gente común que no llega a fin de mes, castigada por las remarcaciones constantes de precios de artículos de primera necesidad. El Gobierno no encuentra solución al problema que es su principal deuda, la peor mochila para enfrentar las elecciones de 2023.
 
Las paritarias entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas del sector se empantanaron en los últimos meses. Se habla en plural porque se negociaban la del año 2022 y la del 2023. El secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, milita en el Partido Obrero. Sus contrapartes, multinacionales gigantes, pertenecen a la crema del empresariado. Confrontan, pues, dos sectores que por motivos polarmente diferentes se oponen al gobierno del presidente Alberto Fernández.
 
La interesante nota de Natalí Risso publicada ayer en Página 12 traza coordenadas temporales: cinco meses de tratativas fallidas, nueve días de huelga con piquetes y ocupaciones. Cuando comenzó la puja Martín Guzmán todavía era ministro. Las patronales y el gremio polarizaron posiciones.
 
La cobertura convencional se esmeró en detallar que los laburantes ganan más que otros sindicalizados. No exploró las mega ganancias de las patronales, sus patrimonios suntuosos. Menos el impacto salarial en los costos globales. Enfatizó poco las condiciones de trabajo que saben ser de 54 horas semanales, turnos rotativos con contados francos semanales.
 
El Sutna logró años atrás cuando Pedro Wasiejko era secretario general, una cláusula latente, pensada por si había mejores tiempos: participación en las ganancias. Se concretó de modo reciente. El derecho está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. Por añejas correlaciones de fuerzas no acostumbra transformarse en conquista concreta. Eppur existe. Una de sus ventajas colaterales que suele señalar el exdiputado Héctor Recalde es que habilita el acceso de los gremios a los libros de las empresas, información que está requete recontra encriptada, de ordinario.
 
Para la exministra Patricia Bullrich el mundo es más sencillo. El demonio es el otro. Rotuló  al gremio con liderazgo trotskista como "mafia sindical", mote que suele reservar a los peronistas. Se costeó hasta las fábricas para fotografiarse y hacer alharaca. Si criminalizamos que sea visible, su consigna.
 
El acuerdo tardó, llegó en la madrugada del viernes, precedido de reuniones en las que las partes no se juntaban un clásico de las conciliaciones laborales. Mediaron dirigentes sindicales del peronismo combativo y de la izquierda. El gobierno respiró aliviado.
 
Las críticas contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvieron pinta de lugar común. Provinieron desde el Sutna. Los empresarios le dijeron de todo cuenta el periodista Francisco Olivera en el diario La Nación. Los sindicalistas kirchneristas le reprueban blandura y lentitud. Desde 2020 Cristina lo tiene marcado como un funcionario que no funciona. Ahora destiñe. Cada vez es más frecuente la comparación con el ex ministro Carlos Tomada cuyo desempeño fue incomparablemente superior, cualitativamente distinto.
 
Alberto Fernández defiende a Moroni. En torno del ministro chimentan que crecen sus ganas de renunciar pero que el presidente lo frena. Por causas diferentes, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta divulga su intención de dimitir y reasumir como intendente de Hurlingham.
 
En simultáneo con menos estrépito, el secretario general de la Bancaria Sergio Palazzo obtuvo un incremento superior a la inflación predecible, asimismo sujeto a actualización.

Con un pronóstico de inflación anual que ronda el 100 por ciento el horizonte de nuevas reaperturas y reclamos será agenda del último trimestre. Y los movimientos en el Gabinete insinúan otro dolor de cabeza para la Casa Rosada.

 
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La macro y la indigencia: 
  
El ministro de Economía Sergio Massa irrumpió en la recta final de la negociación amenazando con abrir las importaciones de neumáticos. La parcialidad fue cuestionada por el Sutna, con razón.

Massa anunció el saldo de otra pulseada inconfesa, la recaudación del llamado "dólar soja" que superó sus propias expectativas. Las consecuencias virtuosas macro son nítidas: alivio para las arcas fiscales, refuerzo de las reservas del Banco Central, el alejamiento de la hipótesis de corrida financiera catastrófica.

 
No es poco aunque se omite que lo colectado fue consecuencia de ceder ante las presiones de los exportadores-especuladores. En una de esas el retroceso era ineludible o necesario... igual es una concesión a los poderosos.
 
Otra contrapartida que figuraba en el decreto que creaba por un mes el dólar soja es el "bono soja", una transferencia de ingresos para los argentinos de menos recursos. Bienvenida siempre, jamás definitiva. Su alcance y valores se conocerán en este mes.
 
La divulgación de los porcentajes de pobreza e indigencia ratifican condiciones estructurales de la economía. Demasiadas mujeres y chicos nacen pobres y están casi condenados a no trascender esa condición. El gobierno perdió la chance de implementar años atrás un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no tiene en su caja de herramientas institucionalizar un programa de ingresos. 
  
Un notable trabajo de la economista Mercedes D'Alessandro (titulado "Ingreso familiar de emergencia: notas sobre una política pública a contrarreloj" https://t.co/alh7m3nBzA ) pone en valor las virtudes del IFE y ayuda a pensar en eventuales continuidades aprovechando sus enseñanzas.
 
Cristina Fernández de Kirchner tuiteó para alertar acerca de la suba de los índices de indigencia y vincularlo con las exorbitantes ganancias de las empresas. Resaltó que Economía trabaja duro pero el mensaje quedó claro.
 
El viceministro de Economía Gabriel Rubinstein le replicó sin identificarla, esgrimiendo su ortodoxo punto de vista.
 
Es el primer cuestionamiento de CFK a la gestión de Massa. En las próximas semanas o meses se sabrá cómo sigue esta discusión, de inicio delicado y preciso a la vez.
 
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Brasil decide: 
  
La Nación cometió un editorial sintomático esta semanaVersó sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Puso en tela de juicio su existencia, se inclinó por considerar que la hipótesis más posible es un simulacro urdido por la propia Cristina. La teoría del demonio único, al extremo: la víctima es la culpable. Dale nomás.
 
En un cuadro mundial desplazado a derecha, el pueblo brasileño votará hoy para definir su futuro. La disyuntiva se polariza, dos proyectos antagónicos. El expresidente Lula da Silva presumiblemente no podrá repetir los logros alcanzados en sus mandatos y los de Dilma Rousseff pero como estadista popular tratará de encauzar la economía y la política de su patria, atenuar las desigualdades. El presidente Jair Bolsonaro, en cambio, repetiría y ahondaría todo el daño que ya ha hecho. Una ultraderecha primitiva y feroz.
 
Alguna vez, bromeando apenas, este cronista escribió que los argentinos deberían votar en elecciones de otros países porque de ellas depende una fracción importante de su futuro. Es una de las tantas variables fundamentales que inciden en la vida de los pueblos y en las posibilidades de los gobiernos sin que se pueda intervenir. Habrá que ver, esperar y leer el consabido diario del lunes.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar   
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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