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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 02-10-2022 / 08:10
EL DIÁLOGO TE LO DEBO

La teoría de un solo demonio: relato de la derecha sobre los conflictos recientes

La teoría de un solo demonio: relato de la derecha sobre los conflictos recientes
La infatuada derecha autóctona viene acuñando “la teoría de un solo demonio”. El populismo, la izquierda, los pibes que ocupan escuelas, los planeros son culpables de todo disenso, carecen de legitimidad para reivindicar sus derechos. Extorsionadores, delincuentes, quedan excluidos del diálogo democrático aún de las tratativas usuales en toda pulseada por intereses.
Los conflictos de cualquier tipo (laborales, educativos, sociales, económicos siguen las firmas) pueden subestimarse o negarse; jamás evitarse. Una sociedad democrática se mueve a su ritmo. Por lo general son complejos, suceden dentro de un contexto histórico, arraigan en tradiciones, tienen precedentes.
 
En ningún país del mundo hay unanimidad; tampoco en la Argentina federal, diversa y pluralista. La infatuada derecha autóctona piensa distinto y viene acuñando "la teoría de un solo demonio". El populismo, la izquierda, los pibes que ocupan escuelas, los planeros son culpables de todo disenso, carecen de legitimidad para reivindicar sus derechos. Extorsionadores, delincuentes, quedan excluidos del diálogo democrático aún de las tratativas usuales en toda pulseada por intereses.
 
El diputado Javier Milei se esmera para quedar a la derecha de Juntos por el Cambio pero la principal oposición le deja poco margen. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se halconiza a diario en desesperada carrera para empardar a otros presidenciables.
 
Tal vez no lo consiga, tal vez esté destiñendo el perfil que quiso armar hace tres años... pero criminaliza a los estudiantes que formulan demandas del sector, tomando colegios. Un clásico de las luchas populares que se concreta cerca del aniversario de la Noche de los lápices.
 
La ministra Soledad Acuña ni se imagina armar una instancia de negociación, habla de denuncias penales. Miente porque no hay delito. El larretismo pijotea consigo mismo: denuncia contravenciones, manda policías de noche a los hogares de los chicos ocupantes.
 
Manifestarse es un derecho cívico, las normas argentinas estipulan priorizar el interés superior del menor. Acuña y Larreta se ne fregan. Comisionan policías que ingresan al Colegio Nacional Buenos Aires, la autonomía universitaria te la debo aunque ningún aliado radical cambiemita diga "esta boca es mía" o conmemore la Reforma universitaria.
 
Enviados de Larreta consultan a los jueces de su feudo, aquellos que son tropa propia. Le responden que no hay delito ni perspectiva de trasladar la responsabilidad penal o contravencional de los hijos a los padres. A "Horacio" no le importa ya que su afán es amedrentar.
 

CONFLICTOS RECIENTES, DESARROLLO Y LECTURA DE LA DERECHAS
 
La teoría de un solo demonio
 
Los medios dominantes doblan la apuesta. Una caterva de periodistas adultos reportea a jóvenes, los maltrata, no los deja hablar, les grita, les falta el respeto. El piberío replica con altura, argumenta, los golea en materia de debate.
  
Los reporteros se sacan, algunos putean a madres e hijos al aire. Un calificado exponente pide que corrijan un error de ortografía en un zócalo de tevé. Tuvo mala suerte porque esas fallas son plaga pero en esta ocasión estuvo bien. Errores de ortografía verbales, una novedad que junto a la violencia retórica pinta bien al periodismo hegemónico.
 
Como cuando HRL valló las cercanías del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández las agresiones contagian. Una mujer insultó y agredió a chicas y familiares del "Lengüitas". Más que en una loba solitaria cabe pensar en una persona que percibe contar con licencia social para agredir de palabra y de hecho a menores en la vía pública. Algo inimaginable en un pasado argentino no tan remoto.
 
                                                                       ***
  
Paritarias, antes y ahora: 
  
Durante la presidencia de Néstor Kirchner las convenciones colectivas recobraron dinamismo y sentido. En la década del '90 se pactaban a la baja como consecuencia de la flexibilización de hecho. A partir de 2003 mejoraron los salarios en particular y las condiciones de trabajo en menor medida. Hablamos de modo genérico pues hay matices y excepciones.
 
De cualquier modo, la tendencia hasta 2015 fue propicia para los trabajadores registrados y solía bastar una paritaria anual. La elevada inflación durante el actual oficialismo combinada con la voluntad de los gremios y del Gobierno para preservar el valor adquisitivo de los salarios impuso un cambio tan correcto como endiablado: reajustes cada vez más frecuentes, cláusulas gatillo.
 
El mecanismo encastra con la preocupación de la gente común que no llega a fin de mes, castigada por las remarcaciones constantes de precios de artículos de primera necesidad. El Gobierno no encuentra solución al problema que es su principal deuda, la peor mochila para enfrentar las elecciones de 2023.
 
Las paritarias entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas del sector se empantanaron en los últimos meses. Se habla en plural porque se negociaban la del año 2022 y la del 2023. El secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, milita en el Partido Obrero. Sus contrapartes, multinacionales gigantes, pertenecen a la crema del empresariado. Confrontan, pues, dos sectores que por motivos polarmente diferentes se oponen al gobierno del presidente Alberto Fernández.
 
La interesante nota de Natalí Risso publicada ayer en Página 12 traza coordenadas temporales: cinco meses de tratativas fallidas, nueve días de huelga con piquetes y ocupaciones. Cuando comenzó la puja Martín Guzmán todavía era ministro. Las patronales y el gremio polarizaron posiciones.
 
La cobertura convencional se esmeró en detallar que los laburantes ganan más que otros sindicalizados. No exploró las mega ganancias de las patronales, sus patrimonios suntuosos. Menos el impacto salarial en los costos globales. Enfatizó poco las condiciones de trabajo que saben ser de 54 horas semanales, turnos rotativos con contados francos semanales.
 
El Sutna logró años atrás cuando Pedro Wasiejko era secretario general, una cláusula latente, pensada por si había mejores tiempos: participación en las ganancias. Se concretó de modo reciente. El derecho está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución. Por añejas correlaciones de fuerzas no acostumbra transformarse en conquista concreta. Eppur existe. Una de sus ventajas colaterales que suele señalar el exdiputado Héctor Recalde es que habilita el acceso de los gremios a los libros de las empresas, información que está requete recontra encriptada, de ordinario.
 
Para la exministra Patricia Bullrich el mundo es más sencillo. El demonio es el otro. Rotuló  al gremio con liderazgo trotskista como "mafia sindical", mote que suele reservar a los peronistas. Se costeó hasta las fábricas para fotografiarse y hacer alharaca. Si criminalizamos que sea visible, su consigna.
 
El acuerdo tardó, llegó en la madrugada del viernes, precedido de reuniones en las que las partes no se juntaban un clásico de las conciliaciones laborales. Mediaron dirigentes sindicales del peronismo combativo y de la izquierda. El gobierno respiró aliviado.
 
Las críticas contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvieron pinta de lugar común. Provinieron desde el Sutna. Los empresarios le dijeron de todo cuenta el periodista Francisco Olivera en el diario La Nación. Los sindicalistas kirchneristas le reprueban blandura y lentitud. Desde 2020 Cristina lo tiene marcado como un funcionario que no funciona. Ahora destiñe. Cada vez es más frecuente la comparación con el ex ministro Carlos Tomada cuyo desempeño fue incomparablemente superior, cualitativamente distinto.
 
Alberto Fernández defiende a Moroni. En torno del ministro chimentan que crecen sus ganas de renunciar pero que el presidente lo frena. Por causas diferentes, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta divulga su intención de dimitir y reasumir como intendente de Hurlingham.
 
En simultáneo con menos estrépito, el secretario general de la Bancaria Sergio Palazzo obtuvo un incremento superior a la inflación predecible, asimismo sujeto a actualización.

Con un pronóstico de inflación anual que ronda el 100 por ciento el horizonte de nuevas reaperturas y reclamos será agenda del último trimestre. Y los movimientos en el Gabinete insinúan otro dolor de cabeza para la Casa Rosada.

 
                                                               ***
  
La macro y la indigencia: 
  
El ministro de Economía Sergio Massa irrumpió en la recta final de la negociación amenazando con abrir las importaciones de neumáticos. La parcialidad fue cuestionada por el Sutna, con razón.

Massa anunció el saldo de otra pulseada inconfesa, la recaudación del llamado "dólar soja" que superó sus propias expectativas. Las consecuencias virtuosas macro son nítidas: alivio para las arcas fiscales, refuerzo de las reservas del Banco Central, el alejamiento de la hipótesis de corrida financiera catastrófica.

 
No es poco aunque se omite que lo colectado fue consecuencia de ceder ante las presiones de los exportadores-especuladores. En una de esas el retroceso era ineludible o necesario... igual es una concesión a los poderosos.
 
Otra contrapartida que figuraba en el decreto que creaba por un mes el dólar soja es el "bono soja", una transferencia de ingresos para los argentinos de menos recursos. Bienvenida siempre, jamás definitiva. Su alcance y valores se conocerán en este mes.
 
La divulgación de los porcentajes de pobreza e indigencia ratifican condiciones estructurales de la economía. Demasiadas mujeres y chicos nacen pobres y están casi condenados a no trascender esa condición. El gobierno perdió la chance de implementar años atrás un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no tiene en su caja de herramientas institucionalizar un programa de ingresos. 
  
Un notable trabajo de la economista Mercedes D'Alessandro (titulado "Ingreso familiar de emergencia: notas sobre una política pública a contrarreloj" https://t.co/alh7m3nBzA ) pone en valor las virtudes del IFE y ayuda a pensar en eventuales continuidades aprovechando sus enseñanzas.
 
Cristina Fernández de Kirchner tuiteó para alertar acerca de la suba de los índices de indigencia y vincularlo con las exorbitantes ganancias de las empresas. Resaltó que Economía trabaja duro pero el mensaje quedó claro.
 
El viceministro de Economía Gabriel Rubinstein le replicó sin identificarla, esgrimiendo su ortodoxo punto de vista.
 
Es el primer cuestionamiento de CFK a la gestión de Massa. En las próximas semanas o meses se sabrá cómo sigue esta discusión, de inicio delicado y preciso a la vez.
 
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Brasil decide: 
  
La Nación cometió un editorial sintomático esta semanaVersó sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Puso en tela de juicio su existencia, se inclinó por considerar que la hipótesis más posible es un simulacro urdido por la propia Cristina. La teoría del demonio único, al extremo: la víctima es la culpable. Dale nomás.
 
En un cuadro mundial desplazado a derecha, el pueblo brasileño votará hoy para definir su futuro. La disyuntiva se polariza, dos proyectos antagónicos. El expresidente Lula da Silva presumiblemente no podrá repetir los logros alcanzados en sus mandatos y los de Dilma Rousseff pero como estadista popular tratará de encauzar la economía y la política de su patria, atenuar las desigualdades. El presidente Jair Bolsonaro, en cambio, repetiría y ahondaría todo el daño que ya ha hecho. Una ultraderecha primitiva y feroz.
 
Alguna vez, bromeando apenas, este cronista escribió que los argentinos deberían votar en elecciones de otros países porque de ellas depende una fracción importante de su futuro. Es una de las tantas variables fundamentales que inciden en la vida de los pueblos y en las posibilidades de los gobiernos sin que se pueda intervenir. Habrá que ver, esperar y leer el consabido diario del lunes.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar   
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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