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Nacionales - 29-09-2022 / 16:09
YA HAY 25 COLEGIOS PORTEÑOS TOMADOS: REPUDIAN Y DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO MACRISTA

Continúa la persecución del Gobierno de Larreta a estudiantes y a sus familias

Continúa la persecución del Gobierno de Larreta a estudiantes y a sus familias
“¿Ya fue a tu casa a la policía?”. Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición.
Cartas amenazantes a los padres primero, judicialización después, mandan al Consejo de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a sacar información y luego mandan a la policía a amedrentar y asustar a los chicos de las escuelas. Desde el patrullero en la puerta de la escuela la policía decía "Che nena, mira que conozco tu nombre, el de tu mamá y sabemos donde trabaja. Yo que vos lo pensaría dos veces", como denunciaba una alumna del Pellegrini. Mientras desde el Esnaola y el Lenguas Vivas decían que la policía se presenta en la escuela para exigir los listados y documentos de los participantes de la toma, algo que las autoridades de los colegios ya tienen.
 
"¿Ya fue a tu casa a la policía?". Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición.
 
Lejos de abrir las demandadas instancias de diálogo, desde el Ministerio de Educación del gobierno porteño, del macrista Horacio Rodríguez Larreta, la respuesta fue pasar al plano de la judicialización, la persecución y el amedrentamiento. Se vieron patrulleros estacionados frente a las escuelas, se denunciaron camionetas sin patente y personal que se negaba a identificarse.
 
Las familias recibieron acusaciones penales, apelando al Código Contravencional de la Ciudad, y aunque no es posible tener un número final, los abogados calculan "cientos" de notificaciones que llegaron a las familias entre la noche del martes y a lo largo del miércoles, en forma exprés: con la Policía de la Ciudad llegando en patrulleros, casa por casa. Se sumó a la inédita presentación civil hecha por el martes la ministra, la ultra derechista Soledad Acuña, a través de la Procuraduría General, que calcula costas millonarias por día de toma de los hijos.
 
"Una locura jurídica", sintetizó Diego Morales, del Cels, el tenor del planteo. "Un escándalo persecutorio que está teniendo el efecto contrario al buscado", calificó María del Carmen Verdú, que con la Correpi está asumiendo algunas defensas. Desde la comunidad educativa denuncian una "estrategia de amedrentamiento y persecución", mientras se suceden abrazos como el que ayer se hizo, con gran concurrencia, en el Mariano Acosta, y el que se anuncia para hoy al mediodía en el Lengüitas.
 
En las últimas horas, varios centros de estudiantes de colegios porteños, votaron por amplia mayoría tomar los edificios escolares, 13 escuelas son las que se encuentran en ese estado, ante el reclamo del movimiento estudiantil que exige mejorar las malas condiciones de infraestructura, que se oponen a la aplicación de las pasantías laborales sin pago; reclaman mejor calidad y cantidad en las viandas escolares, y hacen un llamamiento urgente a el cese de la persecución política en los centros de estudiantes; entre otras reivindicaciones.
 
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Relatos policiales
  
Los padres y madres de diferentes escuelas relatan la nutrida presencia policial frente a las escuelas, durante las tomas, con oficiales requiriendo algo que denuncian como ilegal: datos personales a los menores. Tanto en el Acosta como en la Escuela de Teatro Niní Marshall, se reportaron también camionetas sin patente en las puertas de las escuelas y alrededor de la manzana. Al ser requerida la identificación por los padres en la Niní Marshall, se presentaron como "del Consejo de Menores", pero los ocupantes se negaron a identificarse.
 
A los chicos y chicas el personal policial les preguntaba, según pudo recabar Página/12, sus nombres y edades, nombres de directivos y docentes que estaban o habían estado junto a ellos en las tomas, motivos de la protesta, horario en que había comenzado. Bien asesorados, en todos los casos que documentó este diario los menores se negaron a dar esos datos, aunque relatan el temor que provocó el insistente requerimiento policial en las puertas de los colegios.
 
La insistencia se trasladó luego a las casas de les chiques, para notificar a los padres que recaía sobre ellos una contravención.... por el hecho de ser padres. El inédito delivery de imputaciones comenzó el martes por noche y siguió durante el miércoles. Si, por ejemplo, iban por la noche y no los encontraban, pedían horarios, volvían a primera hora de la mañana siguiente, tocaban timbre a los vecinos para anunciar que la familia en cuestión estaba siendo notificada penalmente.
 
"En mi caso sentí que fue a propósito. No sé si pensaron que me estaba escondiendo pero, como no me encontraron, tocaron todos los timbres del PH para avisarles a los vecinos que habían pasado por mi casa. Una especie de escrache vecinal", interpreta Martín, padre del Lengüitas. 
 
"Me preguntaron si sabía lo que estaba haciendo mi hija, ¡qué tremendo!", cae en la cuenta Laura, madre del Liceo 5. "Yo les dije que por supuesto, que lo sabía y que la apoyaba. De alguna forma los estaba esperando porque en el grupo de padres ya varios habían contado que fueron. Pero no dejó de ser intimidante y amenazante, más con esa pregunta de arranque. Me puse re nerviosa, cuando se fueron me quedé temblando. Tal como me recomendaron, grabé todo lo que el oficial me leyó. Y enseguida me puse en contacto para ver si hacemos una respuesta colectiva o individual".
 
Las familias se fueron asesorando con el transcurso de las horas: recibir las comunicaciones, no negarse a firmar, no minimizarlas más allá de que no tengan un asidero jurídico que las sostenga a futuro, averiguar sobre el expediente con el número de causa, recurrir a la Defensoría General o a un abogado particular que los patrocine.
 
"Esperando. O desesperando", relata Martín Smud que están como familia en este mismo momento. Hizo un relato en este diario con el que cientos de familias hoy se sienten identificadas: "La policía todavía no pasó por casa", lo tituló. Repasa la "desesperación", de las primeras horas. "Qué hacer, qué no hacer, cómo... Lo que están haciendo Larreta y Acuña es increíble pero uno tiene que asesorarse, creo que debo haber recibido 500 WhastApp por hora. Como grupo de familias del Lengüitas barajamos distintas posibilidades y en principio la idea es una presentación conjunta", cuenta.
 
 
Las denuncias y las demandas
  
Que las viandas que entrega el Gobierno porteño alcancen para todes y que se puedan comer (ver nota aparte). Que no se caigan los techos en las aulas, como muestran en fotos los estudiantes de la Niní Marshall, ni las persianas a la calle, como ocurrió recientemente en el Acosta. Que el presupuesto educativo de la ciudad más rica del país no disminuya año a año. Que las reformas no sean inconsultas. Que cuando se imponen "prácticas laborales" obligatorias y no remuneradas, eso no se traduzca en ir a lavar platos a un hotel, servir café o envolver sanguchitos, como contó Página/12 que está ocurriendo.
 
Son algunas de las demandas de les estudiantes que, en todos estos días de conflicto instalado, y a pesar de que el tema de "las tomas" ha pasado a primer plano en la agenda informativa, han quedado llamativamente fuera de foco. La ministra Soledad Acuña no ha tenido ni siquiera que molestarse en negar los reclamos; simplemente, la atención estuvo puesta en la criminalización de las tomas.
 
A las familias se las notifica de una contravención que estarían protagonizando sus hijes: La número 60, que refiere a ocupar lugares públicos o privados sin autorización. "El sinsentido empieza en el hecho de que las escuelas no tienen derecho de admisión, y sigue por que los menores de 18 años no se les puede imputar una contravención. Y son sujetos de derecho, no mascotas por las que deben responder sus familiares", describe Morales.
 
En su mirada las familias son puestas en "una situación dilemática: o enfrentan una situación crítica como es un proceso penal --más allá de que no tenga asidero, el planteo es ese--, o deben desistir de un reclamo válido, en este caso, el que protagonizan sus hijos". "Todo esto es realmente una locura, la única intención de esta estrategia es generar un efecto inhibidor en los reclamos de niñas, niños y adolescentes", concluye.
 
La pregunta por cómo se obtuvieron los datos de los familiares, con direcciones actualizadas, aparece también. "Son datos que tiene el Ministerio, lo llamativo es que no se han equivocado, en todos los casos llegaron a familias cuyos hijes estaban en la toma. Sabemos que si de algo entiende la Ciudad, es de inteligencia, así que no nos sorprende", responde Verdú.
 
"Si querían bajarle los decibeles a la cuestión, yo creo que están fallando. Si había alguna mamá o un papá que estaba pensando en desalentar la toma, con la indignación que esto provocó, pasó a apoyarlo".
 
Por Karina Micheletto
 
Fuente: Página12
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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