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Nacionales - 29-09-2022 / 16:09
YA HAY 25 COLEGIOS PORTEÑOS TOMADOS: REPUDIAN Y DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO MACRISTA

Continúa la persecución del Gobierno de Larreta a estudiantes y a sus familias

Continúa la persecución del Gobierno de Larreta a estudiantes y a sus familias
“¿Ya fue a tu casa a la policía?”. Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición.
Cartas amenazantes a los padres primero, judicialización después, mandan al Consejo de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a sacar información y luego mandan a la policía a amedrentar y asustar a los chicos de las escuelas. Desde el patrullero en la puerta de la escuela la policía decía "Che nena, mira que conozco tu nombre, el de tu mamá y sabemos donde trabaja. Yo que vos lo pensaría dos veces", como denunciaba una alumna del Pellegrini. Mientras desde el Esnaola y el Lenguas Vivas decían que la policía se presenta en la escuela para exigir los listados y documentos de los participantes de la toma, algo que las autoridades de los colegios ya tienen.
 
"¿Ya fue a tu casa a la policía?". Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición.
 
Lejos de abrir las demandadas instancias de diálogo, desde el Ministerio de Educación del gobierno porteño, del macrista Horacio Rodríguez Larreta, la respuesta fue pasar al plano de la judicialización, la persecución y el amedrentamiento. Se vieron patrulleros estacionados frente a las escuelas, se denunciaron camionetas sin patente y personal que se negaba a identificarse.
 
Las familias recibieron acusaciones penales, apelando al Código Contravencional de la Ciudad, y aunque no es posible tener un número final, los abogados calculan "cientos" de notificaciones que llegaron a las familias entre la noche del martes y a lo largo del miércoles, en forma exprés: con la Policía de la Ciudad llegando en patrulleros, casa por casa. Se sumó a la inédita presentación civil hecha por el martes la ministra, la ultra derechista Soledad Acuña, a través de la Procuraduría General, que calcula costas millonarias por día de toma de los hijos.
 
"Una locura jurídica", sintetizó Diego Morales, del Cels, el tenor del planteo. "Un escándalo persecutorio que está teniendo el efecto contrario al buscado", calificó María del Carmen Verdú, que con la Correpi está asumiendo algunas defensas. Desde la comunidad educativa denuncian una "estrategia de amedrentamiento y persecución", mientras se suceden abrazos como el que ayer se hizo, con gran concurrencia, en el Mariano Acosta, y el que se anuncia para hoy al mediodía en el Lengüitas.
 
En las últimas horas, varios centros de estudiantes de colegios porteños, votaron por amplia mayoría tomar los edificios escolares, 13 escuelas son las que se encuentran en ese estado, ante el reclamo del movimiento estudiantil que exige mejorar las malas condiciones de infraestructura, que se oponen a la aplicación de las pasantías laborales sin pago; reclaman mejor calidad y cantidad en las viandas escolares, y hacen un llamamiento urgente a el cese de la persecución política en los centros de estudiantes; entre otras reivindicaciones.
 
La Opinión Popular
 

 
Relatos policiales
  
Los padres y madres de diferentes escuelas relatan la nutrida presencia policial frente a las escuelas, durante las tomas, con oficiales requiriendo algo que denuncian como ilegal: datos personales a los menores. Tanto en el Acosta como en la Escuela de Teatro Niní Marshall, se reportaron también camionetas sin patente en las puertas de las escuelas y alrededor de la manzana. Al ser requerida la identificación por los padres en la Niní Marshall, se presentaron como "del Consejo de Menores", pero los ocupantes se negaron a identificarse.
 
A los chicos y chicas el personal policial les preguntaba, según pudo recabar Página/12, sus nombres y edades, nombres de directivos y docentes que estaban o habían estado junto a ellos en las tomas, motivos de la protesta, horario en que había comenzado. Bien asesorados, en todos los casos que documentó este diario los menores se negaron a dar esos datos, aunque relatan el temor que provocó el insistente requerimiento policial en las puertas de los colegios.
 
La insistencia se trasladó luego a las casas de les chiques, para notificar a los padres que recaía sobre ellos una contravención.... por el hecho de ser padres. El inédito delivery de imputaciones comenzó el martes por noche y siguió durante el miércoles. Si, por ejemplo, iban por la noche y no los encontraban, pedían horarios, volvían a primera hora de la mañana siguiente, tocaban timbre a los vecinos para anunciar que la familia en cuestión estaba siendo notificada penalmente.
 
"En mi caso sentí que fue a propósito. No sé si pensaron que me estaba escondiendo pero, como no me encontraron, tocaron todos los timbres del PH para avisarles a los vecinos que habían pasado por mi casa. Una especie de escrache vecinal", interpreta Martín, padre del Lengüitas. 
 
"Me preguntaron si sabía lo que estaba haciendo mi hija, ¡qué tremendo!", cae en la cuenta Laura, madre del Liceo 5. "Yo les dije que por supuesto, que lo sabía y que la apoyaba. De alguna forma los estaba esperando porque en el grupo de padres ya varios habían contado que fueron. Pero no dejó de ser intimidante y amenazante, más con esa pregunta de arranque. Me puse re nerviosa, cuando se fueron me quedé temblando. Tal como me recomendaron, grabé todo lo que el oficial me leyó. Y enseguida me puse en contacto para ver si hacemos una respuesta colectiva o individual".
 
Las familias se fueron asesorando con el transcurso de las horas: recibir las comunicaciones, no negarse a firmar, no minimizarlas más allá de que no tengan un asidero jurídico que las sostenga a futuro, averiguar sobre el expediente con el número de causa, recurrir a la Defensoría General o a un abogado particular que los patrocine.
 
"Esperando. O desesperando", relata Martín Smud que están como familia en este mismo momento. Hizo un relato en este diario con el que cientos de familias hoy se sienten identificadas: "La policía todavía no pasó por casa", lo tituló. Repasa la "desesperación", de las primeras horas. "Qué hacer, qué no hacer, cómo... Lo que están haciendo Larreta y Acuña es increíble pero uno tiene que asesorarse, creo que debo haber recibido 500 WhastApp por hora. Como grupo de familias del Lengüitas barajamos distintas posibilidades y en principio la idea es una presentación conjunta", cuenta.
 
 
Las denuncias y las demandas
  
Que las viandas que entrega el Gobierno porteño alcancen para todes y que se puedan comer (ver nota aparte). Que no se caigan los techos en las aulas, como muestran en fotos los estudiantes de la Niní Marshall, ni las persianas a la calle, como ocurrió recientemente en el Acosta. Que el presupuesto educativo de la ciudad más rica del país no disminuya año a año. Que las reformas no sean inconsultas. Que cuando se imponen "prácticas laborales" obligatorias y no remuneradas, eso no se traduzca en ir a lavar platos a un hotel, servir café o envolver sanguchitos, como contó Página/12 que está ocurriendo.
 
Son algunas de las demandas de les estudiantes que, en todos estos días de conflicto instalado, y a pesar de que el tema de "las tomas" ha pasado a primer plano en la agenda informativa, han quedado llamativamente fuera de foco. La ministra Soledad Acuña no ha tenido ni siquiera que molestarse en negar los reclamos; simplemente, la atención estuvo puesta en la criminalización de las tomas.
 
A las familias se las notifica de una contravención que estarían protagonizando sus hijes: La número 60, que refiere a ocupar lugares públicos o privados sin autorización. "El sinsentido empieza en el hecho de que las escuelas no tienen derecho de admisión, y sigue por que los menores de 18 años no se les puede imputar una contravención. Y son sujetos de derecho, no mascotas por las que deben responder sus familiares", describe Morales.
 
En su mirada las familias son puestas en "una situación dilemática: o enfrentan una situación crítica como es un proceso penal --más allá de que no tenga asidero, el planteo es ese--, o deben desistir de un reclamo válido, en este caso, el que protagonizan sus hijos". "Todo esto es realmente una locura, la única intención de esta estrategia es generar un efecto inhibidor en los reclamos de niñas, niños y adolescentes", concluye.
 
La pregunta por cómo se obtuvieron los datos de los familiares, con direcciones actualizadas, aparece también. "Son datos que tiene el Ministerio, lo llamativo es que no se han equivocado, en todos los casos llegaron a familias cuyos hijes estaban en la toma. Sabemos que si de algo entiende la Ciudad, es de inteligencia, así que no nos sorprende", responde Verdú.
 
"Si querían bajarle los decibeles a la cuestión, yo creo que están fallando. Si había alguna mamá o un papá que estaba pensando en desalentar la toma, con la indignación que esto provocó, pasó a apoyarlo".
 
Por Karina Micheletto
 
Fuente: Página12
 

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06-12-2022 / 09:12
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

06-12-2022 / 08:12
El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
Este martes el Poder Judicial Macrista de Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.
 
Sobre ese tema, la vicepresidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que se expresó sobre el veredicto que se conocerá este martes en la causa Vialidad y sobre el avance del lawfare en la Argentina. "Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder", aseguró y apuntó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
Cristina remarcó que el "partido judicial" surgió en la región contra "aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados".
 
"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta al referirse al fallo que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
 
En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto". "Que estaba la sentencia escrita lo dije el dos de diciembre del 2019 la primera vez que declaré en el juicio", añadió.
 
Cristina también apuntó contra el juez Julián Ercolini. "El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada", recordó.
 
"Durante todo el juicio que duró tres años en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme", afirmó la exmandataria y remarcó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
El sector del aparato judicial de Comodoro Py viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron hacer por la restauración democrática. La función del Partido Judicial Macrista es garantizar una democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. En esa democracia tutelada los grandes medios porteños del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a los propios.
 
El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien, sin prueba alguna, que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro macrista porteño, el jefe de los fiscales macristas de CABA y un empresario con pasado entre los espías macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del millonario Joe Lewis abrió un escándalo por "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
 
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
 
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
 
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar. El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado a Bariloche para trasladarse luego a la propiedad del británico Joe Lewis circuló enseguida en las redes sociales de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
 
Esta es la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO. Tras la difusión de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
 
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
 
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
 
La Opinión Popular
 

04-12-2022 / 09:12
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

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