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Nacionales - 29-09-2022 / 16:09
YA HAY 25 COLEGIOS PORTEÑOS TOMADOS: REPUDIAN Y DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO MACRISTA

Continúa la persecución del Gobierno de Larreta a estudiantes y a sus familias

Continúa la persecución del Gobierno de Larreta a estudiantes y a sus familias
“¿Ya fue a tu casa a la policía?”. Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición.
Cartas amenazantes a los padres primero, judicialización después, mandan al Consejo de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a sacar información y luego mandan a la policía a amedrentar y asustar a los chicos de las escuelas. Desde el patrullero en la puerta de la escuela la policía decía "Che nena, mira que conozco tu nombre, el de tu mamá y sabemos donde trabaja. Yo que vos lo pensaría dos veces", como denunciaba una alumna del Pellegrini. Mientras desde el Esnaola y el Lenguas Vivas decían que la policía se presenta en la escuela para exigir los listados y documentos de los participantes de la toma, algo que las autoridades de los colegios ya tienen.
 
"¿Ya fue a tu casa a la policía?". Era la inédita pregunta que el miércoles circulaba por los grupos de familias de diferentes escuelas porteñas. Llamados a abogados, fiscalía, defensorías, presentaciones, se sucedían entre dudas, temores, advertencias, tras la respuesta que decidió dar el Gobierno porteño a los reclamos estudiantiles que dieron pie a las 25 tomas de colegios que se contabilizaban al cierre de esta edición.
 
Lejos de abrir las demandadas instancias de diálogo, desde el Ministerio de Educación del gobierno porteño, del macrista Horacio Rodríguez Larreta, la respuesta fue pasar al plano de la judicialización, la persecución y el amedrentamiento. Se vieron patrulleros estacionados frente a las escuelas, se denunciaron camionetas sin patente y personal que se negaba a identificarse.
 
Las familias recibieron acusaciones penales, apelando al Código Contravencional de la Ciudad, y aunque no es posible tener un número final, los abogados calculan "cientos" de notificaciones que llegaron a las familias entre la noche del martes y a lo largo del miércoles, en forma exprés: con la Policía de la Ciudad llegando en patrulleros, casa por casa. Se sumó a la inédita presentación civil hecha por el martes la ministra, la ultra derechista Soledad Acuña, a través de la Procuraduría General, que calcula costas millonarias por día de toma de los hijos.
 
"Una locura jurídica", sintetizó Diego Morales, del Cels, el tenor del planteo. "Un escándalo persecutorio que está teniendo el efecto contrario al buscado", calificó María del Carmen Verdú, que con la Correpi está asumiendo algunas defensas. Desde la comunidad educativa denuncian una "estrategia de amedrentamiento y persecución", mientras se suceden abrazos como el que ayer se hizo, con gran concurrencia, en el Mariano Acosta, y el que se anuncia para hoy al mediodía en el Lengüitas.
 
En las últimas horas, varios centros de estudiantes de colegios porteños, votaron por amplia mayoría tomar los edificios escolares, 13 escuelas son las que se encuentran en ese estado, ante el reclamo del movimiento estudiantil que exige mejorar las malas condiciones de infraestructura, que se oponen a la aplicación de las pasantías laborales sin pago; reclaman mejor calidad y cantidad en las viandas escolares, y hacen un llamamiento urgente a el cese de la persecución política en los centros de estudiantes; entre otras reivindicaciones.
 
La Opinión Popular
 

 
Relatos policiales
  
Los padres y madres de diferentes escuelas relatan la nutrida presencia policial frente a las escuelas, durante las tomas, con oficiales requiriendo algo que denuncian como ilegal: datos personales a los menores. Tanto en el Acosta como en la Escuela de Teatro Niní Marshall, se reportaron también camionetas sin patente en las puertas de las escuelas y alrededor de la manzana. Al ser requerida la identificación por los padres en la Niní Marshall, se presentaron como "del Consejo de Menores", pero los ocupantes se negaron a identificarse.
 
A los chicos y chicas el personal policial les preguntaba, según pudo recabar Página/12, sus nombres y edades, nombres de directivos y docentes que estaban o habían estado junto a ellos en las tomas, motivos de la protesta, horario en que había comenzado. Bien asesorados, en todos los casos que documentó este diario los menores se negaron a dar esos datos, aunque relatan el temor que provocó el insistente requerimiento policial en las puertas de los colegios.
 
La insistencia se trasladó luego a las casas de les chiques, para notificar a los padres que recaía sobre ellos una contravención.... por el hecho de ser padres. El inédito delivery de imputaciones comenzó el martes por noche y siguió durante el miércoles. Si, por ejemplo, iban por la noche y no los encontraban, pedían horarios, volvían a primera hora de la mañana siguiente, tocaban timbre a los vecinos para anunciar que la familia en cuestión estaba siendo notificada penalmente.
 
"En mi caso sentí que fue a propósito. No sé si pensaron que me estaba escondiendo pero, como no me encontraron, tocaron todos los timbres del PH para avisarles a los vecinos que habían pasado por mi casa. Una especie de escrache vecinal", interpreta Martín, padre del Lengüitas. 
 
"Me preguntaron si sabía lo que estaba haciendo mi hija, ¡qué tremendo!", cae en la cuenta Laura, madre del Liceo 5. "Yo les dije que por supuesto, que lo sabía y que la apoyaba. De alguna forma los estaba esperando porque en el grupo de padres ya varios habían contado que fueron. Pero no dejó de ser intimidante y amenazante, más con esa pregunta de arranque. Me puse re nerviosa, cuando se fueron me quedé temblando. Tal como me recomendaron, grabé todo lo que el oficial me leyó. Y enseguida me puse en contacto para ver si hacemos una respuesta colectiva o individual".
 
Las familias se fueron asesorando con el transcurso de las horas: recibir las comunicaciones, no negarse a firmar, no minimizarlas más allá de que no tengan un asidero jurídico que las sostenga a futuro, averiguar sobre el expediente con el número de causa, recurrir a la Defensoría General o a un abogado particular que los patrocine.
 
"Esperando. O desesperando", relata Martín Smud que están como familia en este mismo momento. Hizo un relato en este diario con el que cientos de familias hoy se sienten identificadas: "La policía todavía no pasó por casa", lo tituló. Repasa la "desesperación", de las primeras horas. "Qué hacer, qué no hacer, cómo... Lo que están haciendo Larreta y Acuña es increíble pero uno tiene que asesorarse, creo que debo haber recibido 500 WhastApp por hora. Como grupo de familias del Lengüitas barajamos distintas posibilidades y en principio la idea es una presentación conjunta", cuenta.
 
 
Las denuncias y las demandas
  
Que las viandas que entrega el Gobierno porteño alcancen para todes y que se puedan comer (ver nota aparte). Que no se caigan los techos en las aulas, como muestran en fotos los estudiantes de la Niní Marshall, ni las persianas a la calle, como ocurrió recientemente en el Acosta. Que el presupuesto educativo de la ciudad más rica del país no disminuya año a año. Que las reformas no sean inconsultas. Que cuando se imponen "prácticas laborales" obligatorias y no remuneradas, eso no se traduzca en ir a lavar platos a un hotel, servir café o envolver sanguchitos, como contó Página/12 que está ocurriendo.
 
Son algunas de las demandas de les estudiantes que, en todos estos días de conflicto instalado, y a pesar de que el tema de "las tomas" ha pasado a primer plano en la agenda informativa, han quedado llamativamente fuera de foco. La ministra Soledad Acuña no ha tenido ni siquiera que molestarse en negar los reclamos; simplemente, la atención estuvo puesta en la criminalización de las tomas.
 
A las familias se las notifica de una contravención que estarían protagonizando sus hijes: La número 60, que refiere a ocupar lugares públicos o privados sin autorización. "El sinsentido empieza en el hecho de que las escuelas no tienen derecho de admisión, y sigue por que los menores de 18 años no se les puede imputar una contravención. Y son sujetos de derecho, no mascotas por las que deben responder sus familiares", describe Morales.
 
En su mirada las familias son puestas en "una situación dilemática: o enfrentan una situación crítica como es un proceso penal --más allá de que no tenga asidero, el planteo es ese--, o deben desistir de un reclamo válido, en este caso, el que protagonizan sus hijos". "Todo esto es realmente una locura, la única intención de esta estrategia es generar un efecto inhibidor en los reclamos de niñas, niños y adolescentes", concluye.
 
La pregunta por cómo se obtuvieron los datos de los familiares, con direcciones actualizadas, aparece también. "Son datos que tiene el Ministerio, lo llamativo es que no se han equivocado, en todos los casos llegaron a familias cuyos hijes estaban en la toma. Sabemos que si de algo entiende la Ciudad, es de inteligencia, así que no nos sorprende", responde Verdú.
 
"Si querían bajarle los decibeles a la cuestión, yo creo que están fallando. Si había alguna mamá o un papá que estaba pensando en desalentar la toma, con la indignación que esto provocó, pasó a apoyarlo".
 
Por Karina Micheletto
 
Fuente: Página12
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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