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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 29-09-2022 / 12:09
LOS PRECIOS TUVIERON SUBAS DE HASTA EL 89% EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

Los neumáticos aumentaron más del doble que el ofrecimiento salarial del 38% de las empresas

Los neumáticos aumentaron más del doble que el ofrecimiento salarial del 38% de las empresas
Sigue la dureza de las patronales, sigue la lucha de los trabajadores. En tanto los grandes medios porteños y la oposición de derecha promueven un clima de demonización de las medidas de fuerza cuando son protagonizadas por organizaciones gremiales, lo que no ocurre cuando son impulsadas por los grandes sectores empresariales. La doble vara a todo vapor.
Qué distinto es el tratamiento mediático que reciben las medidas de fuerza según el sector que las protagonice. Hasta hace unas semanas las empresas agropecuarias venían reteniendo la cosecha de soja para sacarle al Gobierno un aumento en el precio. Tanto presionaron que al final obtuvieron lo que querían: el hoy famoso "dólar soja" que significó un costo altísimo para las arcas del Tesoro. Ninguno de los grandes medios porteños de comunicación ni la oposición de la derecha macrista esbozaron crítica alguna contra esa medida de fuerza que golpeaba directamente la economía del país al bloquear el ingreso de divisas al Banco Central con los consiguientes descalabros macroeconómicos.
 
Muy diferente ha sido la reacción con la medida de fuerza que viene implementando el sindicato del neumático (Sutna) en busca de obtener exactamente lo mismo que se había planteado las patronales del campo, una mejora en la venta de su producto, que en este caso no es soja sino mano de obra. Las empresas fabricantes de neumáticos aumentaron el precio de sus productos hasta el 89% en los últimos tres meses. En ese período, hizo eclosión el conflicto salarial con sus obreros, a los que sólo ofrecieron un incremento menor a la mitad de esa cifra.
 
Claro que enfrente de los trabajadores del neumático no está el Estado sino tres grandes compañías monopólicas que dominan el mercado y obtuvieron ganancias fabulosas en los últimos años. Es necesario enfatizar esta circunstancia para evitar confusiones. No se trata de firmas nacionales modestas pertenecientes a pequeños o medianos empresarios, sino de tres enormes corporaciones, dos de ellas de capitales extranjeros.
 
Son muy pocos los medios que han brindado datos económicos sobre estas compañías, clave para entender mejor el conflicto. Fate (que pertenece al grupo Aluar) registró un balance favorable por 904 millones de pesos y resultados financieros por 799 millones en el primer semestre del año. La italiana Pirelli, en el mismo lapso, informó ganancias por 562 millones de dólares, y la japonesa Bridgestone por 732 millones de dólares.
 
Sin embargo, en la paritaria 2021-2022 los trabajadores percibieron aumentos salariales que quedaron muy por debajo de la inflación, y las empresas se mostraron inflexibles a la hora de compensar la diferencia. También se plantaron en un incremento salarial escalonado del 38% para la actual paritaria, sustancialmente por debajo del nivel inflacionario y cuando los precios de los neumáticos que fabrican subieron en promedio 90%.
 
Conclusión: sigue la dureza de las patronales, sigue la lucha de los trabajadores. En tanto los grandes medios porteños y la oposición de derecha promueven un clima de demonización de las medidas de fuerza cuando son protagonizadas por organizaciones gremiales, lo que no ocurre cuando son impulsadas por los grandes sectores empresariales. La doble vara a todo vapor.
 
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Algunas cubiertas subieron hasta 89% en los últimos tres meses, según un informe del CEPA. Sin embargo, las compañías propusieron mejoras a sus obreros de 38% hasta marzo. Reunión clave en Trabajo para destrabar el conflicto.
 
El dato fue aportado por el titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, al comparar las publicaciones realizadas por las firmas entre los meses de junio y septiembre.
 
Según Letcher, las cubiertas de la línea Prestiva que elabora Fate pasaron de costar $ 22.100 a $ 41.750, con un incremento de 89%. En tanto, la Maxisport de la misma empresa subió de $ 27.080 a $ 49.745, con un incremento del 84%. Esa variación trimestral es aún mayor a la que midió el Indec (78%) para los últimos 12 meses, un período de tiempo cuatro veces mayor.
 
Otra de las empresas involucradas en el conflicto, Pirelli, decidió una suba de 150% interanual en el valor de su cubierta Fórmula Energy 175/65, que pasó de los $ 12.483 en que se vendía en septiembre del año pasado a $ 30.786 en la actualidad. "¿Crees que estas subas fueron el resultado del conflicto laboral o por el problema de las importaciones? Falso", escribió Letcher en sus redes sociales.
 
Los números revelan las consecuencias de la fuerte concentración empresaria que deja la producción de este insumo vital para la fabricación de automotores en apenas tres compañías en todo el país: Fate, Bridgestone y Pirelli. Las mismas decidieron paralizar su actividad ante el agravamiento del conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que incluyó bloqueos en las puertas de las plantas.
 
El titular de Fate, Javier Madanes Quintanilla, señaló en declaraciones a FM Urbana Play que los incrementos de precios de los neumáticos, previo al conflicto, eran "totalmente justificados por la evolución de los costos" con una brecha reducida respecto de la inflación, y responsabilizó a la cadena de distribución por la distorsión en los valores. "Hicimos una presentación hace varios meses y concurrí tres veces a la Secretaría de Comercio donde mostramos la distribución de costos durante la gestión de (Roberto) Feletti. Lamento mucho que este informe no se haya puesto al conocimiento del público", concluyó Madanes Quintanilla.
 
El conflicto laboral en el sector viene de arrastre desde hace cinco meses, cuando la conducción gremial comenzó a pedir la renegociación de la paritaria que venció en julio pasado. Después de más de 30 reuniones entre las partes, las empresas sólo ofrecieron un 38% de incremento (menos de la mitad de lo que aumentaron sus precios en este trimestre) con la posibilidad de revisarlo recién en marzo de 2023.
 
En las últimas horas el gobierno decidió acceder al pedido de las compañías automotrices para liberar la importación hasta tanto se solucione el conflicto. Mientras tanto, las principales terminales automotrices como Ford, Toyota y el grupo Stellantis, redujeron o suspendieron su producción ante la escasez de insumos.
 
El líder del Sutna, Alejandro Crespo, trasladó la responsabilidad de la huelga a las empresas y pidió que el Ministerio de Trabajo se ponga firme para lograr «una respuesta por parte de las patronales que tienen de rehén al país». La cartera a cargo de Claudio Moroni convocó a las partes nuevamente para este miércoles en procura de llegar a un acuerdo.
 
Por: Marcelo Di Bari
 
Fuentes: Tiempo Argentino y La Arena
 

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06-12-2022 / 09:12
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

06-12-2022 / 08:12
El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
Este martes el Poder Judicial Macrista de Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.
 
Sobre ese tema, la vicepresidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que se expresó sobre el veredicto que se conocerá este martes en la causa Vialidad y sobre el avance del lawfare en la Argentina. "Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder", aseguró y apuntó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
Cristina remarcó que el "partido judicial" surgió en la región contra "aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados".
 
"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta al referirse al fallo que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
 
En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto". "Que estaba la sentencia escrita lo dije el dos de diciembre del 2019 la primera vez que declaré en el juicio", añadió.
 
Cristina también apuntó contra el juez Julián Ercolini. "El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada", recordó.
 
"Durante todo el juicio que duró tres años en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme", afirmó la exmandataria y remarcó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
El sector del aparato judicial de Comodoro Py viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron hacer por la restauración democrática. La función del Partido Judicial Macrista es garantizar una democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. En esa democracia tutelada los grandes medios porteños del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a los propios.
 
El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien, sin prueba alguna, que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro macrista porteño, el jefe de los fiscales macristas de CABA y un empresario con pasado entre los espías macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del millonario Joe Lewis abrió un escándalo por "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
 
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
 
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
 
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar. El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado a Bariloche para trasladarse luego a la propiedad del británico Joe Lewis circuló enseguida en las redes sociales de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
 
Esta es la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO. Tras la difusión de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
 
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
 
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
 
La Opinión Popular
 

04-12-2022 / 09:12
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

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