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Nacionales - 28-09-2022 / 10:09
ESCASO COMPROMISO DEL PRO CON LA DEMOCRACIA

El macrista Larreta persigue a los padres de los alumnos de las tomas en las escuelas

El macrista Larreta persigue a los padres de los alumnos de las tomas en las escuelas
Larreta y Acuña no tienen que pedirles permiso a padres y madres para que los estudiantes vayan a trabajar gratis para las grandes empresas, lavando platos, sirviendo café y preparando sánguches, pero sí para que ejerzan su legítimo derecho a la protesta en la toma de una escuela. El Gobierno porteño, demuestra que lleva adelante una campaña de persecución a quienes protestan contra las pasantías obligatorias no pagas y el resto de los reclamos, como las viandas que no alcanzan. Una actitud anti democrática.
Se profundiza la persecución política anti democrática del Gobierno macrista porteño hacia los alumnos que luchan en defensa de la educación pública, con amenazas sobre que "la toma va por vía judicial y se puede responder con patrimonio propio o investigación ya que la escuela es un edificio público". Así se manifestaron autoridades del Gobierno de Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, a través de un mail. Y los grandes medios porteños de comunicación (Clarín, La Nación e Infobae) ayudan a la campaña que busca estigmatizar la lucha estudiantil con titulares que intentan dividir a las familias de los estudiantes.
 
"Para que los menores se queden en la escuela deben también quedarse adultos con DNI y relación vinculante a los/as alumnos. Se realiza un acta con los reclamos correspondientes del alumnado, nombres de los menores y nombres y DNI de los adultos que quedan en el establecimiento a cargo, durante todo el tiempo de toma del edificio público", dicen en un protocolo como si no fueran de conocimiento público las demandas y reclamos de las y los alumnos.
 
Larreta y Acuña no tienen que pedirles permiso a padres y madres para que los estudiantes vayan a trabajar gratis para las grandes empresas, lavando platos, sirviendo café y preparando sánguches, pero sí para que ejerzan su legítimo derecho a la protesta en la toma de una escuela. El Gobierno porteño, demuestra que lleva adelante una campaña de persecución a quienes protestan contra las pasantías obligatorias no pagas y el resto de los reclamos, como las viandas que no alcanzan. Una actitud anti democrática.
 
¿Qué se puede esperar del macrismo porteño? No olvidemos que, siendo presidente, Mauricio Macri apoyó, hasta con el envío de pertrechos militares, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Fue un alzamiento violento contra un gobierno constitucional que provocó muchos muertos. Quedó claro que esa circunstancia extrema no constituyó un límite para Macri.
 
Recientemente, cuando el diputado Leopoldo Moreau fue consultado sobre la negativa de Patricia Bullrich a condenar el atentado terrorista con un arma contra Cristina, respondió que el espacio político liderado por Macri y Bullrich se siente "incómodo" con la democracia. Y amplió señalando que el PRO representa en la esfera política los intereses del poder económico concentrado, el que no se caracteriza precisamente por sus convicciones democráticas.
 
En 2017, cuando el policía Luis Chocobar asesinó por la espalda a un adolescente que huía luego de cometer un robo callejero, el entonces presidente Macri y su ministra Bullrich lo elogiaron y lo recibieron con honores en la Casa Rosada. El tribunal que condenó a Chocobar por el homicidio dijo que su disparo fue "innecesario y desproporcionado", pese a ello ni Macri ni Bullrich se retractaron; al contrario, cuestionaron la sentencia. ¿Se puede ubicar a los dirigentes del PRO entre los que defienden la democracia?
 
La Opinión Popular
 

RECHAZO DEL ALUMNADO A LAS ACAP CREADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PORTEÑO
 
Pasantías en colegios porteños: Lavar platos, servir café y preparar sánguches
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·         Alumnas de secundaria que asisten a una supuesta actividad laboral bilingüe y terminan lavando platos en un hotel, estudiantes que sirven café, otros que preparan sánguches en frigoríficos u oficinas. Son solo algunas de las denuncias de irregularidades en las Actividades de Aproximación al mundo laboral (ACAP) que Página/12 recabó entre alumnos y alumnas de la Ciudad durante las tomas de colegios que tienen al rechazo a esa modalidad como uno de sus principales reclamos.
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·         Los centros de estudiantes advierten que, tal como está planteado, el sistema obligatorio solo sirve como "puerta de entrada a la precarización" y piden que la ministra de Educación, Soledad Acuña, revea la política de acercamiento al mundo laboral escuchando sus voces. 
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"Rechazamos la manera en que se aplican las pasantías. Han mandado a compañeres a lavar platos, a hacer sanguchitos a frigoríficos o a servir café en una oficina". Desde la Escuela Secundaria de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano, la que habla a Página/12 es Florencia Avilés Bernat, coordinadora del centro de estudiantes, que este martes mantenía la toma del edificio escolar con el rechazo a las ACAP como uno de los principales reclamos. "No puede ser que se estudie cinco años en un colegio con una determinada orientación y te manden a servir café. Se supone que debería ser para aplicar todo lo que estudiaste", agrega. 
 
En el Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocido como "Lengüitas", el rechazo a la implementación de las ACAP se escucha aún más fuerte, tras dos casos que despertaron la bronca de sus estudiantes. Desde la toma, Julia, estudiante del colegio, cuenta a este diario que en el quinto año de orientación en Ciencias Naturales "los enviaron a una empresa y la propuesta terminó siendo empaquetar sánguches".
 
"En el quinto especializado en idiomas el proyecto era en un hotel con el supuesto objetivo de intercambiar con extranjeros, pero las chicas terminaron lavando los platos", agrega Julia, militante de la agrupación Juana Azurduy. 
 
Según alertaron desde el centro de estudiantes en un comunicado, se trata del Hotel Marriott, en el que las estudiantes denunciaron "desde tratos injustos a tener que realizar tareas como lavar los platos y cumplir con el trabajo que el staff tenía que realizar". Estudiantes del Lengüitas indican a este diario que al plantear la problemática en una reunión que lograron tener con representantes del Ministerio les respondieron que "lavando los platos los chicos entienden que tienen responsabilidades". 
 
Como contrapartida, Julia sostiene que para los y las alumnas "el cómo llegamos a trabajar es importante, porque no es solo acercarse al mundo laboral, tiene que ser con contenido. No es lo mismo lavar los platos que profundizar algo que vos decidiste en tu orientación". "No solo son proyectos inconsultos sino que las propuestas originales no se cumplen. Además son obligatorias y en horario escolar, por lo que se pierde contenido que no se recupera", agrega sobre las ACAP, que comenzaron a implementarse en 2022 pero ya estaban previstas para el quinto año desde la creación de la "Secundaria del Futuro" en 2018.
 
Además de ser obligatorias, las actividades no se hacen con acompañamiento por parte de representantes de los establecimientos y durante los espacios curriculares no se retoma para profundizar nada de lo que se trabaja en esas jornadas. Federico Lavagnino, presidente del Centro de Estudiantes del ESEA Juan Pedro Esnaola, otro de los colegios tomados, señala que "para garantizar que sean pasantías vinculadas con nuestras orientaciones tienen que estar necesariamente pensadas con les estudiantes y deben ser de carácter optativo, como establece la ley. ¿A quién se le ocurre que obliguen a estudiantes a ir a laburar a un hotel cinco estrellas en la otra punta de la ciudad?".
 
El temor a posibles represalias por los reclamos corre en los colegios desde que el Ministerio envió mails amenazantes el viernes, ante el inicio de la toma del Mariano Acosta, y se profundizó este lunes, cuando la ministra Acuña anunció que denunciaría penalmente a los padres y madres de los chicos y chicas que participen de las tomas. Aunque prefiere mantener el anonimato, la madre de una alumna de cuarto año del Lengüitas asegura a este diario que le preocupa "el clima que se genera, cómo se tergiversa la información y hacen quedar a los chicos como responsables de que no haya clases. Ellos están dispuestos a quedarse en un sector del colegio para que puedan seguir las clases y nunca echaron a las autoridades". La madre sostiene que, de continuar las ACAP de este modo en 2023, evaluará presentar una acción de amparo
 
"No creemos que el acercamiento al mundo laboral esté mal, eso es mentira. Lo que queremos es un acercamiento orientado a lo que elegimos en nuestro colegio y que esté bien aplicado, que no sea cualquier cosa. Que sea hablado con nuestros docentes y que ellos sean un puente hacia ese mundo. Que no sean obligatorias y sobre todo que no sean una puerta de entrada a la precarización laboral", subraya Avilés Bernat, también referente de la Coordinadora de Estudiantes de Base. Para la estudiante, el término ACAP es solo un eufemismo del GCBA: "si les dijeran pasantías tendrían que ser pagas", concluye.
 
Por Santiago Brunetto
 
Fuente: Página12
 

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06-12-2022 / 09:12
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

06-12-2022 / 08:12
El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
Este martes el Poder Judicial Macrista de Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.
 
Sobre ese tema, la vicepresidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que se expresó sobre el veredicto que se conocerá este martes en la causa Vialidad y sobre el avance del lawfare en la Argentina. "Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder", aseguró y apuntó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
Cristina remarcó que el "partido judicial" surgió en la región contra "aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados".
 
"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta al referirse al fallo que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
 
En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto". "Que estaba la sentencia escrita lo dije el dos de diciembre del 2019 la primera vez que declaré en el juicio", añadió.
 
Cristina también apuntó contra el juez Julián Ercolini. "El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada", recordó.
 
"Durante todo el juicio que duró tres años en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme", afirmó la exmandataria y remarcó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
El sector del aparato judicial de Comodoro Py viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron hacer por la restauración democrática. La función del Partido Judicial Macrista es garantizar una democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. En esa democracia tutelada los grandes medios porteños del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a los propios.
 
El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien, sin prueba alguna, que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro macrista porteño, el jefe de los fiscales macristas de CABA y un empresario con pasado entre los espías macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del millonario Joe Lewis abrió un escándalo por "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
 
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
 
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
 
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar. El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado a Bariloche para trasladarse luego a la propiedad del británico Joe Lewis circuló enseguida en las redes sociales de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
 
Esta es la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO. Tras la difusión de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
 
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
 
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
 
La Opinión Popular
 

04-12-2022 / 09:12
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

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