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"El peronismo es un encuadramiento de las fuerzas populares vertebrado en torno a la clase trabajadora" John William Cooke
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Nacionales - 27-09-2022 / 08:09
QUIEREN IMPONER UN RÉGIMEN DE FACTO QUE NO ES REPRESENTATIVO NI REPUBLICANO NI FEDERAL

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia
La falta de pruebas que caracteriza la acusación contra Cristina y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar. Existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia.
El alegato de Cristina ante el tribunal que la juzga fue una clase magistral sobre el régimen legal y constitucional del país. Al que escribe le hubiera gustado escucharla cuando cursaba "Introducción al derecho", allá por el año setenta del siglo pasado. Y no es que recuerde mal al excelente grupo de profesores que tuve entonces: la cuestión es que el discurso de la ex presidenta no se limitó a establecer cuáles son los principios teóricos del orden jurídico, sino que estableció el modo en que esas reglas generales se expresan -o se violan- en la práctica política.
 
Es decir, no habló solamente del deber ser del orden jurídico sino de su ser, el modo en que funcionan los principios (o no funcionan en la realidad). Convirtió su propia experiencia, como víctima para mostrar la burla de ese orden constitucional, de modo sistemático y políticamente guiado, por segmentos decisivos de la estructura del poder judicial.
 
Ninguna de las referencias a las escandalosas conductas de sus fiscales resulta una novedad ni sorprende a los sectores políticamente activos que vienen oponiéndose al lawfare y a la descarada intervención de la potencia imperial en su accionar. Al fin y al cabo, los rasgos característicos de este operativo de cooptación de la estructura judicial para intereses que no son los que proclaman nuestra constitución y nuestras leyes fueron expresamente reconocidos por el ex embajador de Estados Unidos, Prado.
 
El diplomático, apenas llegó al país, en los primeros tiempos del gobierno de Macri y antes de asumir sus funciones, avisó que la tarea que tenía era "ayudar a mejorar" el servicio de justicia en el país. Por si faltara claridad en el aviso, agregó que ese "fortalecimiento" del poder judicial era una necesidad de su país para mejorar el comercio entre su país y el nuestro. A veces no es sinceridad lo que falta en el servicio exterior del país del norte...
 
Abundante en referencias a la falta de pruebas que caracteriza la acusación contra ella y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, el alegato tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país. Podría formularse así: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar; se lo podría mencionar así: existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia. 
 

 
La estructura actual del poder judicial y su funcionamiento real permiten la posibilidad de instalar un régimen de facto cuyos órganos no sean los que el pueblo elige periódicamente sino determinados poderes fácticos que no necesitan validación electoral.
 
Una vez más recordamos en esta página la experiencia del "paper" que circuló en el país en plena crisis de fines del año 2001, redactado por sesudos economistas (de diferentes países, pero de un único sello ideológico) que decía entre otras cosas, lo siguiente: "Argentina debe resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria, por un período determinado [...]. Se decía, entonces, que todo esto tenía que empezar por el hecho de que el país se declarara "en quiebra".
 
La propuesta no funcionó. En su lugar hubo elecciones en 2003, se formó un gobierno soberano y el país fue recuperando en unos pocos años su normalidad institucional y encarando políticas de reparación social y autonomía en la toma de decisiones.
 
Daría la impresión, por los últimos reportajes en los que participó, que el ex presidente Macri se va proponiendo como mandatario "legal" de un régimen que de la democracia no guardaría más que una apariencia muy superficial y sería lisa y llanamente un gobierno de, por y para los poderosos.
 
¿Son importantes la constitución, las leyes, los códigos para un proceso que se oriente a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social? En algunos recodos del debate popular parece haber recobrado fuerza una suerte de "materialismo cínico", según el cual lo único que sería capaz de recuperar un rumbo popular sería una drástica transformación de la distribución del ingreso.
 
Está muy claro lo problemático que sería -y amenaza ser- que la fuerza hoy gobernante llegue al día previo a la elección sin algún tipo de mejora en los ingresos populares. El problema se presenta cuando, en nombre del "materialismo cínico" se sigue que la cuestión es "la única" y que los reclamos políticos -como el de una profunda reestructuración de la justicia- deben pasar a segundo plano "porque a la gente no les interesan".
 
Ese "cualunquismo popular" no termina de entender algo que la historia del país de los últimos más de cuarenta años ilustra con aplastante claridad: sin el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas no tiene anclaje duradero un programa de reformas populares.
 
Como la intervención de Cristina acaba de demostrar de modo contundente, el debilitamiento institucional (hoy particularmente pero no solamente de la institución judicial) es la palanca decisiva para desarmar al pueblo de todo recurso defensivo frente a la prepotencia de aquellos a los que Maquiavelo llamaba "los grandes" (hoy lo llamamos "el gran capital concentrado").
 
La pregunta es ¿cómo se hace para sostener un salario digno si el mejoramiento de nuestro poder judicial pasa, según los consejeros gringos, por debilitar el derecho laboral, reducir el rol del Estado en la regulación de la actividad económica, afianzar el peso del mercado monopólico en cuestiones tales como la energía, la minería, las aguas y otros de los insumos que, administrados democráticamente, (es decir por órganos estrictamente constitucionales y no por grupos de aventureros, lavadores de dinero y mafiosos de toda laya) podrían ser la base de una sólida y duradera recuperación nacional?.
 
El "materialismo cínico" no tiene gran cosa que decir al respecto. Y lo más grave es que el abandono de ese terreno principal de la lucha específicamente política se propone como receta para el campo popular en el mismo momento en que la cuestión de la defensa de la vida de la principal líder de ese espacio ha pasado a ocupar el rol excluyente como de eje articulador del conflicto político.
 
Ahora que los sectores más rancios de la derecha (para nada minoritarios hoy en su interior) han dejado de vender globos y prometer que no se iban a meter con ninguno de los derechos de la Argentina peronista y avisan que van por una contrarrevolución tan profunda como "legal", sostenida en la capacidad casi absoluta del sistema judicial en frenar (por "inconstitucional") cualquier reforma  por mínima que sea, capaz de mejorar la vida de los trabajadores y la gente sencilla: el "secuestro" pedido por el grupo Clarín y ejecutado por el sistema judicial de la declaración de interés público de las tecnologías de la información y la comunicación resuelta por el actual gobierno es un claro ejemplo, pero no el único.
 
El sistema judicial es hoy un punto clave de la puja distributiva (o lucha de clases como se decía antes). Pero no solamente por sus fallos en temáticas económicas y sociales como acabamos de ejemplificar. Hoy lo es también y principalmente por la aptitud alcanzada (que ninguna ley entendida en el sentido constitucional autoriza) para someter al sistema político a un "control constitucional" que sistemáticamente organiza sus decisiones con arreglo al interés de los sectores más poderosos de la economía y de la sociedad en su conjunto.
 
Hace unos años decíamos que la derecha argentina había construido una herramienta electoral competitiva, la que ungió a Macri como presidente. De ese modo se suplantó la larga experiencia de golpes militares y/o cooptación oligárquica de alguna de las dos fuerzas políticas populares por la puesta en marcha de una coalición política con pretensiones de gobierno "legal".
 
Hoy la novedad es otra: la coalición de derecha en el país ya no recurre ni a cortinas de humo, ni a inocentes globos voladores. Ahora se siente con el poder de avisar, de adelantar lo que piensan hacer si ganan la próxima elección.
 
El menú incluye reprivatización de las AFJP, desaparición de la línea aérea nacional, reforma laboral, que es un santo y seña para presentar la absoluta desregulación del mercado laboral (virtual regreso "legalizado" de las condiciones de trabajo anteriores a la emergencia del peronismo). Y no es muy oportuna la afirmación de que esta desregulación ya está en marcha. Aunque así fuera, esto no puede usarse para la resignación al estado de cosas que nos quieren imponer.
 
El alegato de Cristina puede leerse en clave de reivindicación del estado de derecho en Argentina. Y en puesta al día de los riesgos enormes y cercanos de cierta "agonía" que hoy padece, desde que en algunos círculos de "países amigos" se sienten en el caso de imponernos (o de "ayudarnos a tener") un régimen de facto que no es representativo ni republicano ni federal. Aunque pudiera tener la fachada de tal.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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06-12-2022 / 09:12
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

06-12-2022 / 08:12
El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
Este martes el Poder Judicial Macrista de Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.
 
Sobre ese tema, la vicepresidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que se expresó sobre el veredicto que se conocerá este martes en la causa Vialidad y sobre el avance del lawfare en la Argentina. "Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder", aseguró y apuntó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
Cristina remarcó que el "partido judicial" surgió en la región contra "aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados".
 
"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta al referirse al fallo que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
 
En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto". "Que estaba la sentencia escrita lo dije el dos de diciembre del 2019 la primera vez que declaré en el juicio", añadió.
 
Cristina también apuntó contra el juez Julián Ercolini. "El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada", recordó.
 
"Durante todo el juicio que duró tres años en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme", afirmó la exmandataria y remarcó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
El sector del aparato judicial de Comodoro Py viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron hacer por la restauración democrática. La función del Partido Judicial Macrista es garantizar una democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. En esa democracia tutelada los grandes medios porteños del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a los propios.
 
El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien, sin prueba alguna, que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro macrista porteño, el jefe de los fiscales macristas de CABA y un empresario con pasado entre los espías macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del millonario Joe Lewis abrió un escándalo por "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
 
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
 
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
 
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar. El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado a Bariloche para trasladarse luego a la propiedad del británico Joe Lewis circuló enseguida en las redes sociales de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
 
Esta es la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO. Tras la difusión de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
 
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
 
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
 
La Opinión Popular
 

04-12-2022 / 09:12
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

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