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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 27-09-2022 / 08:09
QUIEREN IMPONER UN RÉGIMEN DE FACTO QUE NO ES REPRESENTATIVO NI REPUBLICANO NI FEDERAL

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia

El alegato de Cristina, el poder judicial pro macrista y las acechanzas a la democracia
La falta de pruebas que caracteriza la acusación contra Cristina y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar. Existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia.
El alegato de Cristina ante el tribunal que la juzga fue una clase magistral sobre el régimen legal y constitucional del país. Al que escribe le hubiera gustado escucharla cuando cursaba "Introducción al derecho", allá por el año setenta del siglo pasado. Y no es que recuerde mal al excelente grupo de profesores que tuve entonces: la cuestión es que el discurso de la ex presidenta no se limitó a establecer cuáles son los principios teóricos del orden jurídico, sino que estableció el modo en que esas reglas generales se expresan -o se violan- en la práctica política.
 
Es decir, no habló solamente del deber ser del orden jurídico sino de su ser, el modo en que funcionan los principios (o no funcionan en la realidad). Convirtió su propia experiencia, como víctima para mostrar la burla de ese orden constitucional, de modo sistemático y políticamente guiado, por segmentos decisivos de la estructura del poder judicial.
 
Ninguna de las referencias a las escandalosas conductas de sus fiscales resulta una novedad ni sorprende a los sectores políticamente activos que vienen oponiéndose al lawfare y a la descarada intervención de la potencia imperial en su accionar. Al fin y al cabo, los rasgos característicos de este operativo de cooptación de la estructura judicial para intereses que no son los que proclaman nuestra constitución y nuestras leyes fueron expresamente reconocidos por el ex embajador de Estados Unidos, Prado.
 
El diplomático, apenas llegó al país, en los primeros tiempos del gobierno de Macri y antes de asumir sus funciones, avisó que la tarea que tenía era "ayudar a mejorar" el servicio de justicia en el país. Por si faltara claridad en el aviso, agregó que ese "fortalecimiento" del poder judicial era una necesidad de su país para mejorar el comercio entre su país y el nuestro. A veces no es sinceridad lo que falta en el servicio exterior del país del norte...
 
Abundante en referencias a la falta de pruebas que caracteriza la acusación contra ella y de señalamientos al carácter anticonstitucional e ilegal del modo en que se tramitó la causa, el alegato tiene un significado político muy importante para el futuro de nuestro país. Podría formularse así: la vigencia del sistema republicano, representativo y federal en nuestro país está siendo sometida a un desafío muy difícil de enfrentar; se lo podría mencionar así: existe la amenaza de que el orden democrático argentino sea destruido sin necesidad de una interrupción autoritaria de su vigencia. 
 

 
La estructura actual del poder judicial y su funcionamiento real permiten la posibilidad de instalar un régimen de facto cuyos órganos no sean los que el pueblo elige periódicamente sino determinados poderes fácticos que no necesitan validación electoral.
 
Una vez más recordamos en esta página la experiencia del "paper" que circuló en el país en plena crisis de fines del año 2001, redactado por sesudos economistas (de diferentes países, pero de un único sello ideológico) que decía entre otras cosas, lo siguiente: "Argentina debe resignar la soberanía de su administración monetaria, fiscal y regulatoria, por un período determinado [...]. Se decía, entonces, que todo esto tenía que empezar por el hecho de que el país se declarara "en quiebra".
 
La propuesta no funcionó. En su lugar hubo elecciones en 2003, se formó un gobierno soberano y el país fue recuperando en unos pocos años su normalidad institucional y encarando políticas de reparación social y autonomía en la toma de decisiones.
 
Daría la impresión, por los últimos reportajes en los que participó, que el ex presidente Macri se va proponiendo como mandatario "legal" de un régimen que de la democracia no guardaría más que una apariencia muy superficial y sería lisa y llanamente un gobierno de, por y para los poderosos.
 
¿Son importantes la constitución, las leyes, los códigos para un proceso que se oriente a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social? En algunos recodos del debate popular parece haber recobrado fuerza una suerte de "materialismo cínico", según el cual lo único que sería capaz de recuperar un rumbo popular sería una drástica transformación de la distribución del ingreso.
 
Está muy claro lo problemático que sería -y amenaza ser- que la fuerza hoy gobernante llegue al día previo a la elección sin algún tipo de mejora en los ingresos populares. El problema se presenta cuando, en nombre del "materialismo cínico" se sigue que la cuestión es "la única" y que los reclamos políticos -como el de una profunda reestructuración de la justicia- deben pasar a segundo plano "porque a la gente no les interesan".
 
Ese "cualunquismo popular" no termina de entender algo que la historia del país de los últimos más de cuarenta años ilustra con aplastante claridad: sin el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas no tiene anclaje duradero un programa de reformas populares.
 
Como la intervención de Cristina acaba de demostrar de modo contundente, el debilitamiento institucional (hoy particularmente pero no solamente de la institución judicial) es la palanca decisiva para desarmar al pueblo de todo recurso defensivo frente a la prepotencia de aquellos a los que Maquiavelo llamaba "los grandes" (hoy lo llamamos "el gran capital concentrado").
 
La pregunta es ¿cómo se hace para sostener un salario digno si el mejoramiento de nuestro poder judicial pasa, según los consejeros gringos, por debilitar el derecho laboral, reducir el rol del Estado en la regulación de la actividad económica, afianzar el peso del mercado monopólico en cuestiones tales como la energía, la minería, las aguas y otros de los insumos que, administrados democráticamente, (es decir por órganos estrictamente constitucionales y no por grupos de aventureros, lavadores de dinero y mafiosos de toda laya) podrían ser la base de una sólida y duradera recuperación nacional?.
 
El "materialismo cínico" no tiene gran cosa que decir al respecto. Y lo más grave es que el abandono de ese terreno principal de la lucha específicamente política se propone como receta para el campo popular en el mismo momento en que la cuestión de la defensa de la vida de la principal líder de ese espacio ha pasado a ocupar el rol excluyente como de eje articulador del conflicto político.
 
Ahora que los sectores más rancios de la derecha (para nada minoritarios hoy en su interior) han dejado de vender globos y prometer que no se iban a meter con ninguno de los derechos de la Argentina peronista y avisan que van por una contrarrevolución tan profunda como "legal", sostenida en la capacidad casi absoluta del sistema judicial en frenar (por "inconstitucional") cualquier reforma  por mínima que sea, capaz de mejorar la vida de los trabajadores y la gente sencilla: el "secuestro" pedido por el grupo Clarín y ejecutado por el sistema judicial de la declaración de interés público de las tecnologías de la información y la comunicación resuelta por el actual gobierno es un claro ejemplo, pero no el único.
 
El sistema judicial es hoy un punto clave de la puja distributiva (o lucha de clases como se decía antes). Pero no solamente por sus fallos en temáticas económicas y sociales como acabamos de ejemplificar. Hoy lo es también y principalmente por la aptitud alcanzada (que ninguna ley entendida en el sentido constitucional autoriza) para someter al sistema político a un "control constitucional" que sistemáticamente organiza sus decisiones con arreglo al interés de los sectores más poderosos de la economía y de la sociedad en su conjunto.
 
Hace unos años decíamos que la derecha argentina había construido una herramienta electoral competitiva, la que ungió a Macri como presidente. De ese modo se suplantó la larga experiencia de golpes militares y/o cooptación oligárquica de alguna de las dos fuerzas políticas populares por la puesta en marcha de una coalición política con pretensiones de gobierno "legal".
 
Hoy la novedad es otra: la coalición de derecha en el país ya no recurre ni a cortinas de humo, ni a inocentes globos voladores. Ahora se siente con el poder de avisar, de adelantar lo que piensan hacer si ganan la próxima elección.
 
El menú incluye reprivatización de las AFJP, desaparición de la línea aérea nacional, reforma laboral, que es un santo y seña para presentar la absoluta desregulación del mercado laboral (virtual regreso "legalizado" de las condiciones de trabajo anteriores a la emergencia del peronismo). Y no es muy oportuna la afirmación de que esta desregulación ya está en marcha. Aunque así fuera, esto no puede usarse para la resignación al estado de cosas que nos quieren imponer.
 
El alegato de Cristina puede leerse en clave de reivindicación del estado de derecho en Argentina. Y en puesta al día de los riesgos enormes y cercanos de cierta "agonía" que hoy padece, desde que en algunos círculos de "países amigos" se sienten en el caso de imponernos (o de "ayudarnos a tener") un régimen de facto que no es representativo ni republicano ni federal. Aunque pudiera tener la fachada de tal.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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