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Nacionales - 26-09-2022 / 10:09
LA JUSTICIA VA SOBRE LOS AUTORES MATERIALES DEL ATAQUE PERO LA QUERELLA SOLICITA RASTREAR A LOS INTELECTUALES

Los copitos no nacieron de un repollo: reclaman avanzar sobre los instigadores del atentado

Los copitos no nacieron de un repollo: reclaman avanzar sobre los instigadores del atentado
La causa parece limitada al rol de los denominados "copitos", lo que hace presumir que, sin direccionamiento hacia el instigador, todo queda resumido a los responsables materiales. Las defensas de los detenidos buscan mostrarlos como indigentes, simples vendedores o megalómanos.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández reclama, al igual que lo hizo la propia ex mandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los neonazis autores materiales y algunos eventuales derechistas cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
 
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre, un operativo político sistemático, violento, de intenciones destructivas que exceden largamente a los acusados. La derecha ya cruzó todo límite con el intento de matarla, y continúan cruzándolo cuando intentan imponer que sólo se trata de la banda de los copitos (a esta altura, una identificación risible) y son nacidos de un repollo.
 
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como "Vialidad". "Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", sostuvo Fernández de Kirchner.
 
El cuarto detenido del caso, Nicolás Gabriel Carrizo, es alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta, además de que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido. Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-.
 
Carrizo es, al menos hasta ahora, el que podría conducir hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido. En las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Brenda Uliarte en las horas posteriores al ataque.
 
La Opinión Popular
 

 
SIN DIRECCIONAMIENTO HACIA EL INSTIGADOR
 
Atentado a Cristina: la investigación no avanza en la autoría intelectual
 
Por: Néstor Espósito
 
El expediente judicial por el intento de magnicidio no está dando respuestas a la presunción de la víctima, Cristina Fernández de Kirchner, quien el viernes descartó públicamente que los cuatro detenidos sean los autores intelectuales del ataque.
 
Nada surge por ahora que conduzca a quienes pudieron pensarlo e instigarlo. La mayor parte de la prueba obtenida se limita a los mensajes de Whatsapp entre «los copitos» y los dos procesados como coautores, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
 
En los próximos días la jueza María Eugenia Capuchetti resolverá la situación procesal de los otros dos detenidos, Agustina Díaz -amiga íntima de Uliarte- y Gabriel Carrizo, el dueño de la máquina de fabricar algodón de azúcar. Todo indica que ambos serán procesados; el interrogante es por qué delitos.
 
La Cámara Federal pareció demarcar el territorio (al menos en lo relativo a Díaz) al recordarle que el fiscal Carlos Rívolo la consideró, en principio, «partícipe secundaria» del intento de homicidio y «subsidiariamente», autora de «encubrimiento». La pena en expectativa en su caso es ciertamente menor y la propia resolución urgió a la jueza a resolver sobre su procesamiento, lo que «eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado» (el rechazo a la excarcelación).
 
Uno de los abogados de Díaz, Pedro Javier Molina, está convencido de que no hay nada en el expediente que pueda involucrarla en «actos preparatorios» del ataque.
 
¿Y Carrizo? Su abogado, Gastón Marano, insistirá el martes ante la Cámara Federal con su excarcelación. No tendrá éxito; el supuesto jefe de «los copitos» seguirá detenido. Pero la defensa planea el despliegue de una batería de medidas para demostrar que se trata de un casi indigente, con una vida miserable de la que reniega y aspira a salir y a quien lo único destacable que le ocurrió en los últimos tiempos fue conocer al hombre que colocó un arma a cinco centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y gatilló sin que saliera la bala. Según esa visión, su narcicismo combinado con incontinencia verbal lo llevaron a la cárcel.
 
Para demostrar que es ajena al ataque, la defensa pidió la declaración de testigos, que la jueza aún no aceptó. Insistirá con que Carrizo fue engañado para obtener la clave de su teléfono y de esa manera autoincriminarse, cosa que Capuchetti también desestimó.
 
Pero su arma más importante será una secuencia de mensajes puestos en una línea de tiempo anterior al 1 de setiembre, con la que pretende demostrar que su defendido, Sabag Montiel y Brenda Uliarte exclusivamente hablaban sobre copos de azúcar. Nada de atentados.
 
La relación, según quedó documentado, se inició en julio pasado: hablaron sobre la forma de trabajo, sobre la compra de un «palito» para colgar los copos, sobre la venta de un colchón e incluso el 27 de agosto, el día de las vallas frente a la casa de la vicepresidenta, hay un contacto a la medianoche (cuando según el chat entre Sabag y Uliarte había fracasado un primer intento de magnicidio) en el que la pareja encarga "entre 60 y 80 copos" para el día siguiente para "un evento muy importante".
 
En efecto, fuentes cercanas a los investigadores se preguntan, a raíz de esos mensajes: "¿Cómo pueden ser tan meticulosos para no nombrar a los 'jefes'? ¿Cómo pueden hablar de tantas 'pelotudeces' juntas y que no se filtre nada?". Esos cuidados y precauciones con afanes de ocultamientos y secretismo son propios de agentes de inteligencia híper entrenados y claramente no parece el caso.
 
La propia Cristina Kirchner abonó esa línea el viernes, durante su alegato en la Causa Vialidad: "Sabemos ahora por las noticias los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda..., la de autores materiales, eh!, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que me hicieron".
 
Así planteado el escenario, el expediente parece encaminarse peligrosamente a un cuello de botella en el que probablemente haya algunas detenciones más. En los próximos días se completarán los peritajes de los teléfonos secuestrados y atento a que fue esa la fuente de argumentación para las cuatro detenciones que ya se produjeron, algo más puede surgir de allí. ¿Conduce hacia los eventuales autores intelectuales del ataque? No, al menos por ahora.
 
Las líneas de investigación que Tiempo identificó en sus ediciones dominicales recientes flotan sin mayores definiciones, sólo empujadas por los abogados de CFK, José Ubeira y Marcos Aldazábal.
 
De tal manera, asoma en el horizonte la posibilidad de que se repita un esquema frecuente en las investigaciones penales: una vez detectados los autores materiales de un hecho, las razones que llevaron a ese hecho pierden relevancia. A menos que haya un instigador que surja clara y rápidamente de la investigación, el sistema penal suele desentenderse de por qué Juan mató a Pedro. Una vez probado que Juan lo mató, lo encierra, lo juzga, lo condena y a otra cosa. Es absolutamente secundario determinar si lo mató por una deuda de juego, por una rivalidad deportiva o por celotipia.
 
En una causa en la que se investiga el intento de homicidio de la figura política de mayor relieve de un país eso no debería pasar. No debería.
 
Además, parece haber pasado al olvido la figura de Sabag Montiel, el hombre del disparo fallido. Sobre él obra en la causa un informe que indica que tiene "asociación de ideas anormal, observándose disgregación del pensamiento moderado que vuelve el discurso confuso y poco inteligible. En el pensamiento predominan ideas de tipo delirante con temas hipocondriacos (arterioesclerosis por fumar tabaco armado) y de perjuicio (se describe como víctima de múltiples robos y otras acciones por parte de allegados a los cuales 'habría' denunciado varias veces) y presencia de ideación mística con tendencia a la megalomanía".
 
Sabag Montiel nunca declaró ante la jueza y el fiscal. Sin embargo en el peritaje psicológico al que fue sometido en el marco de la causa, cuando le preguntaron sobre el intento de magnicidio, respondió: "Yo no entiendo nada, fue un flash, como si apagaran la luz".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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06-12-2022 / 09:12
Como es público, todas las semanas a lo largo de más de tres años y medio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron un auténtico papelón: les declararon en contra hasta sus propios testigos. Y no sólo fue una debacle de los fiscales, sino también de los que instruyeron la causa entre 2016 y 2019. Acusaron a los 13 imputados por fraude contra el Estado sin una sola pericia que indicara qué ocurrió con las obras, dónde estuvo el fraude.
 
Al final del juicio el saldo es el siguiente:
 
·         Todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad.
·         No se pagó nada que no se hubiera construido. Lo señalaron una auditoría convocada por el gobierno de Mauricio Macri y una consultora privada, Consulbaires.
·         Resultó falso que hubiera rutas que no conducían a ningún lado. Hubo un solo caso que llevaba a un parque industrial, pero ocurrió lo contrario: la ruta se construyó y el parque industrial tardó más en construirse.
·         Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de los 81 tramos en licitaciones que no fueron objetadas y en las que participaron empresarios que, en verdad, odiaban a Báez. El santacruceño no era parte de la Cámara de la Construcción y ofrecía precios más bajos.
·         En numerosas provincias la construcción de rutas se concentró en empresas de la zona: es costoso mover el personal y la maquinaria a enormes distancias. Más aún en el caso de Santa Cruz, a 2.800 kilómetros y con un clima adverso.
·         Todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto.
·         En 2011 y 2013, la oposición presentó presupuestos alternativos. En ambos casos, figuraron las mismas obras a los mismos valores.
·         Los peritos del tribunal y de la fiscalía naufragaron de manera evidente cuando quisieron probar sobreprecios. Además, una Presidenta no tiene la menor relación con el valor, los presupuestos, de las obras.
·         Todas las obras se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Y los fondos fueron administrados por los jefes de Gabinete, no por la Presidenta.
·         En tres años y medio de juicio no hubo un solo testigo ni documento en el que se evidenciara la existencia de una instrucción para favorecer a Báez.
 
Como ocurrió con Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador utilizarán la justicia para la política, para intentar sacar de la cancha a las figuras que no se disciplinan ante los poderes fácticos internacionales y nacionales. Lo que se viene es una nueva batalla. Una más. Nada demasiado distinto a lo que ya viene siendo. 
 

06-12-2022 / 08:12
El presidente Alberto Fernández fijó por cadena nacional la posición oficial frente al escándalo desatado por la filtración del chat entre jueces, ex espías macristas, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. El Presidente impulsará la investigación penal del viaje conjunto y que se abra un sumario a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Es que el poder en las sombras fue puesto en evidencia. Y esta vez mediante pruebas que hablan del entramado mafioso que une a jueces federales, la gran prensa corporativa porteña, funcionarios del macrismo y la elite de los empresarios más ricos y poderosos.
 
Los audios y chats que se filtraron constituyen prueba ostensible de la reunión que mantuvieron el 13 de octubre, en Lago Escondido, en la mansión de Joe Lewis (el magnate inglés amigo de Mauricio Macri) dos altos directivos del Grupo Clarín: Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto) y Jorge Rendo; los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia de la CABA, el macrista Marcelo D'Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Leonardo Bergroth, y el publicista experto en campañas en redes sociales, Tomás Reinke.
 
En las conversaciones divulgadas, jueces, directivos de Clarín y D'Alessandro intercambian mensajes para organizar una operación tendiente a contrarrestar las informaciones referidas a aquel viaje. Con tal propósito proponen adquirir facturas truchas para justificar los gastos del vuelo en avión y la contratación del hospedaje y transporte en el sur que, todo indica, no fueron pagados por los viajeros lo que cabría calificar como "dádivas" según el Código Penal. También hablan de presiones sobre una fiscal de Bariloche para que la causa que investiga los hechos sea enviada al serpentario de Comodoro Py, y mencionan a varios periodistas que podrían prestarse para divulgar la versión interesada de los propios confabulados.
 
Uno de los jueces que integró la comitiva y participó de los intercambios para borrar huellas del contubernio, Julián Ercolini, es un viejo alfil del Grupo Clarín; de hecho archivó la causa que investigaba la transferencia de Papel Prensa durante la última dictadura, encabezó la persecución al Grupo Indalo y a Cristina en la causa Vialidad. Otro juez, Pablo Cayssials, no es menos solícito con la empresa de Magnetto, ya que evitó el proceso de desinversión para adecuarla a la Ley de Medios Audiovisuales.
 
Pero no solo con pedidos de investigación de dudosa eficacia se combate esta mafia en la democracia, porque el aparato de la justicia federal de Comodoro Py está cooptado por este poder en las sombras. A horas de conocerse la sentencia contra Cristina por la causa trucha Vialidad, con la que Cambiemos apuesta a una condena para enterrar los chats del lawfare, se requiere de mucha mayor determinación por parte del Frente de Todos y sus aliados para enfrentar esta gangrena que degrada a la democracia. Es con más política, más concientización y movilización para no dejar que el tema sea ocultado por la gran prensa dominante, como se puede afrontar esta decisiva pelea de fondo. Con mafia no hay democracia.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
Este martes el Poder Judicial Macrista de Comodoro Py dará una nueva estocada contra la democracia argentina. Todo indica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada y que la proscripción volverá a posarse sobre el liderazgo peronista, 67 años después del golpe de 1955. No es como si la historia se repitiera. Es peor: parece la película El día de la marmota, en la que el protagonista no puede evitar despertarse y volver a vivir el mismo día una y otra vez.
 
Sobre ese tema, la vicepresidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que se expresó sobre el veredicto que se conocerá este martes en la causa Vialidad y sobre el avance del lawfare en la Argentina. "Acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder", aseguró y apuntó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
Cristina remarcó que el "partido judicial" surgió en la región contra "aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment les permitía en cuanto a inclusión y beneficios para los sectores más postergados".
 
"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta al referirse al fallo que emitirá el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
 
En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto". "Que estaba la sentencia escrita lo dije el dos de diciembre del 2019 la primera vez que declaré en el juicio", añadió.
 
Cristina también apuntó contra el juez Julián Ercolini. "El juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada", recordó.
 
"Durante todo el juicio que duró tres años en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme", afirmó la exmandataria y remarcó: "Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita".
 
El sector del aparato judicial de Comodoro Py viene a cumplir el rol que tuvo el partido militar en el siglo XX y a garantizar lo que esos militares no pudieron hacer por la restauración democrática. La función del Partido Judicial Macrista es garantizar una democracia tutelada. La voluntad popular podrá avanzar solo hasta el punto en que la lapicera de un juez lo permita. En esa democracia tutelada los grandes medios porteños del establishment cumplen un rol fundamental, estigmatizar al campo popular y mantener a raya a los propios.
 
El martes darán un nuevo paso, cuando sentencien, sin prueba alguna, que la política argentina que más respaldo popular concita debe ir presa y nunca más ser candidata.
 
La Opinión Popular
 

05-12-2022 / 11:12
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro macrista porteño, el jefe de los fiscales macristas de CABA y un empresario con pasado entre los espías macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del millonario Joe Lewis abrió un escándalo por "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.
 
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
 
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
 
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar. El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado a Bariloche para trasladarse luego a la propiedad del británico Joe Lewis circuló enseguida en las redes sociales de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
 
Esta es la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO. Tras la difusión de la lista de pasajeros del vuelo 26.917, en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por "mal desempeño de sus funciones" contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en "graves desórdenes" de conducta en tanto magistrados.
 
Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas" (recibir regalos o prebendas que son entregadas "en consideración de su oficio" y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.
 
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py. En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con "mosca", al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
 
La Opinión Popular
 

04-12-2022 / 09:12
La patética puesta en escena con la que un grupo de diputados, incluyendo a jefes de bloque, interrumpió el funcionamiento de la cámara de diputados el jueves por la tarde, con insultos, amenazas y golpes en los escritorios del recinto, es un nuevo paso firme hacia adelante en la estrategia de tierra arrasada de Juntos por el Cambio: que el Estado no funcione y el gobierno no pueda gobernar. Busca la debacle absoluta del peronismo.
 
Desde que Horacio Rosatti dio un golpe institucional y asumió para sí la rectoría del Consejo de la Magistratura, se paralizó ese órgano de control sobre el Poder Judicial. Ahora la oposición intenta aprovechar la dificultad recurrente del Frente de Todos a la hora de conseguir mayorías en la cámara baja para ponerle un cepo al Congreso y no dejar que funcione. Ni siquiera para sacar proyectos de consenso, como estaba previsto este jueves.
 
Al mismo tiempo, los jueces toman para sí facultades que no les asigna ninguna ley ni artículo de la Constitución. La Corte se arroga opinión sobre cómo se conforman las bancadas legislativas, un juez frena con una cautelar eterna la explotación de recursos naturales estratégicos, otro prohíbe la promoción de vacunas para niños. Este martes, habrá que ver, quizás resulte que otros decidan proscribir a Cristina Fernández.
 
Se trata de un avance insidioso y orquestado ya no sobre la democracia sino contra la idea misma de política en tanto herramienta para que una sociedad sea, hasta cierto punto, artífice de su propia fortuna o desgracia. El vaciamiento de los poderes elegidos por el voto popular y su reemplazo por sentencias judiciales viciadas de parcialidad, que benefician siempre a los mismos, decanta en un desguace de la cosa pública, pieza por pieza.
 
Los funcionarios del Poder Judicial que conforman la fuerza de choque de este blitzkrieg no están solos. Son parte de una alianza conformada por jueces y fiscales, dirigentes opositores, sindicalistas quebrados, figuras mediáticas, intelectuales de tercera línea para abajo, financistas turbios, youtubers, empresarios y espías, aunados por una causa común. Un verdadero partido antipolítico que se propone fagocitar al sistema democrático desde adentro.
 
Su objetivo lo conocemos, no solamente porque lo dijeron en público y porque se filmaron ellos mismos confesándolo en una sala del edificio Banco Provincia, sino también, y sobre todo, porque es el mismo desde 1955: la eliminación del peronismo y de cualquier expresión política, sindical o social que constituya un obstáculo para la voracidad de los dueños de los negocios más importantes del país, no precisamente una constructora en Santa Cruz.
 
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tiene este gobierno y las circunstancias infaustas que le tocó administrar, no es sencillo conseguir que la mitad del país vote en pos de los intereses del 0,02 por ciento, por tomar como universo aquellos que fueron afectados por el impuesto a la riqueza. De ahí las dificultades de la oposición para que la realidad se acerque al relato que armaron y se creyeron, con final feliz en la Casa Rosada.
 

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