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Nacionales - 26-09-2022 / 10:09
LA JUSTICIA VA SOBRE LOS AUTORES MATERIALES DEL ATAQUE PERO LA QUERELLA SOLICITA RASTREAR A LOS INTELECTUALES

Los copitos no nacieron de un repollo: reclaman avanzar sobre los instigadores del atentado

Los copitos no nacieron de un repollo: reclaman avanzar sobre los instigadores del atentado
La causa parece limitada al rol de los denominados "copitos", lo que hace presumir que, sin direccionamiento hacia el instigador, todo queda resumido a los responsables materiales. Las defensas de los detenidos buscan mostrarlos como indigentes, simples vendedores o megalómanos.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández reclama, al igual que lo hizo la propia ex mandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los neonazis autores materiales y algunos eventuales derechistas cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
 
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre, un operativo político sistemático, violento, de intenciones destructivas que exceden largamente a los acusados. La derecha ya cruzó todo límite con el intento de matarla, y continúan cruzándolo cuando intentan imponer que sólo se trata de la banda de los copitos (a esta altura, una identificación risible) y son nacidos de un repollo.
 
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como "Vialidad". "Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", sostuvo Fernández de Kirchner.
 
El cuarto detenido del caso, Nicolás Gabriel Carrizo, es alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta, además de que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido. Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-.
 
Carrizo es, al menos hasta ahora, el que podría conducir hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido. En las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Brenda Uliarte en las horas posteriores al ataque.
 
La Opinión Popular
 

 
SIN DIRECCIONAMIENTO HACIA EL INSTIGADOR
 
Atentado a Cristina: la investigación no avanza en la autoría intelectual
 
Por: Néstor Espósito
 
El expediente judicial por el intento de magnicidio no está dando respuestas a la presunción de la víctima, Cristina Fernández de Kirchner, quien el viernes descartó públicamente que los cuatro detenidos sean los autores intelectuales del ataque.
 
Nada surge por ahora que conduzca a quienes pudieron pensarlo e instigarlo. La mayor parte de la prueba obtenida se limita a los mensajes de Whatsapp entre «los copitos» y los dos procesados como coautores, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
 
En los próximos días la jueza María Eugenia Capuchetti resolverá la situación procesal de los otros dos detenidos, Agustina Díaz -amiga íntima de Uliarte- y Gabriel Carrizo, el dueño de la máquina de fabricar algodón de azúcar. Todo indica que ambos serán procesados; el interrogante es por qué delitos.
 
La Cámara Federal pareció demarcar el territorio (al menos en lo relativo a Díaz) al recordarle que el fiscal Carlos Rívolo la consideró, en principio, «partícipe secundaria» del intento de homicidio y «subsidiariamente», autora de «encubrimiento». La pena en expectativa en su caso es ciertamente menor y la propia resolución urgió a la jueza a resolver sobre su procesamiento, lo que «eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado» (el rechazo a la excarcelación).
 
Uno de los abogados de Díaz, Pedro Javier Molina, está convencido de que no hay nada en el expediente que pueda involucrarla en «actos preparatorios» del ataque.
 
¿Y Carrizo? Su abogado, Gastón Marano, insistirá el martes ante la Cámara Federal con su excarcelación. No tendrá éxito; el supuesto jefe de «los copitos» seguirá detenido. Pero la defensa planea el despliegue de una batería de medidas para demostrar que se trata de un casi indigente, con una vida miserable de la que reniega y aspira a salir y a quien lo único destacable que le ocurrió en los últimos tiempos fue conocer al hombre que colocó un arma a cinco centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y gatilló sin que saliera la bala. Según esa visión, su narcicismo combinado con incontinencia verbal lo llevaron a la cárcel.
 
Para demostrar que es ajena al ataque, la defensa pidió la declaración de testigos, que la jueza aún no aceptó. Insistirá con que Carrizo fue engañado para obtener la clave de su teléfono y de esa manera autoincriminarse, cosa que Capuchetti también desestimó.
 
Pero su arma más importante será una secuencia de mensajes puestos en una línea de tiempo anterior al 1 de setiembre, con la que pretende demostrar que su defendido, Sabag Montiel y Brenda Uliarte exclusivamente hablaban sobre copos de azúcar. Nada de atentados.
 
La relación, según quedó documentado, se inició en julio pasado: hablaron sobre la forma de trabajo, sobre la compra de un «palito» para colgar los copos, sobre la venta de un colchón e incluso el 27 de agosto, el día de las vallas frente a la casa de la vicepresidenta, hay un contacto a la medianoche (cuando según el chat entre Sabag y Uliarte había fracasado un primer intento de magnicidio) en el que la pareja encarga "entre 60 y 80 copos" para el día siguiente para "un evento muy importante".
 
En efecto, fuentes cercanas a los investigadores se preguntan, a raíz de esos mensajes: "¿Cómo pueden ser tan meticulosos para no nombrar a los 'jefes'? ¿Cómo pueden hablar de tantas 'pelotudeces' juntas y que no se filtre nada?". Esos cuidados y precauciones con afanes de ocultamientos y secretismo son propios de agentes de inteligencia híper entrenados y claramente no parece el caso.
 
La propia Cristina Kirchner abonó esa línea el viernes, durante su alegato en la Causa Vialidad: "Sabemos ahora por las noticias los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda..., la de autores materiales, eh!, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que me hicieron".
 
Así planteado el escenario, el expediente parece encaminarse peligrosamente a un cuello de botella en el que probablemente haya algunas detenciones más. En los próximos días se completarán los peritajes de los teléfonos secuestrados y atento a que fue esa la fuente de argumentación para las cuatro detenciones que ya se produjeron, algo más puede surgir de allí. ¿Conduce hacia los eventuales autores intelectuales del ataque? No, al menos por ahora.
 
Las líneas de investigación que Tiempo identificó en sus ediciones dominicales recientes flotan sin mayores definiciones, sólo empujadas por los abogados de CFK, José Ubeira y Marcos Aldazábal.
 
De tal manera, asoma en el horizonte la posibilidad de que se repita un esquema frecuente en las investigaciones penales: una vez detectados los autores materiales de un hecho, las razones que llevaron a ese hecho pierden relevancia. A menos que haya un instigador que surja clara y rápidamente de la investigación, el sistema penal suele desentenderse de por qué Juan mató a Pedro. Una vez probado que Juan lo mató, lo encierra, lo juzga, lo condena y a otra cosa. Es absolutamente secundario determinar si lo mató por una deuda de juego, por una rivalidad deportiva o por celotipia.
 
En una causa en la que se investiga el intento de homicidio de la figura política de mayor relieve de un país eso no debería pasar. No debería.
 
Además, parece haber pasado al olvido la figura de Sabag Montiel, el hombre del disparo fallido. Sobre él obra en la causa un informe que indica que tiene "asociación de ideas anormal, observándose disgregación del pensamiento moderado que vuelve el discurso confuso y poco inteligible. En el pensamiento predominan ideas de tipo delirante con temas hipocondriacos (arterioesclerosis por fumar tabaco armado) y de perjuicio (se describe como víctima de múltiples robos y otras acciones por parte de allegados a los cuales 'habría' denunciado varias veces) y presencia de ideación mística con tendencia a la megalomanía".
 
Sabag Montiel nunca declaró ante la jueza y el fiscal. Sin embargo en el peritaje psicológico al que fue sometido en el marco de la causa, cuando le preguntaron sobre el intento de magnicidio, respondió: "Yo no entiendo nada, fue un flash, como si apagaran la luz".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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