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Nacionales - 26-09-2022 / 10:09
LA JUSTICIA VA SOBRE LOS AUTORES MATERIALES DEL ATAQUE PERO LA QUERELLA SOLICITA RASTREAR A LOS INTELECTUALES

Los copitos no nacieron de un repollo: reclaman avanzar sobre los instigadores del atentado

Los copitos no nacieron de un repollo: reclaman avanzar sobre los instigadores del atentado
La causa parece limitada al rol de los denominados "copitos", lo que hace presumir que, sin direccionamiento hacia el instigador, todo queda resumido a los responsables materiales. Las defensas de los detenidos buscan mostrarlos como indigentes, simples vendedores o megalómanos.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández reclama, al igual que lo hizo la propia ex mandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los neonazis autores materiales y algunos eventuales derechistas cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
 
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre, un operativo político sistemático, violento, de intenciones destructivas que exceden largamente a los acusados. La derecha ya cruzó todo límite con el intento de matarla, y continúan cruzándolo cuando intentan imponer que sólo se trata de la banda de los copitos (a esta altura, una identificación risible) y son nacidos de un repollo.
 
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como "Vialidad". "Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", sostuvo Fernández de Kirchner.
 
El cuarto detenido del caso, Nicolás Gabriel Carrizo, es alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta, además de que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido. Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-.
 
Carrizo es, al menos hasta ahora, el que podría conducir hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido. En las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Brenda Uliarte en las horas posteriores al ataque.
 
La Opinión Popular
 

 
SIN DIRECCIONAMIENTO HACIA EL INSTIGADOR
 
Atentado a Cristina: la investigación no avanza en la autoría intelectual
 
Por: Néstor Espósito
 
El expediente judicial por el intento de magnicidio no está dando respuestas a la presunción de la víctima, Cristina Fernández de Kirchner, quien el viernes descartó públicamente que los cuatro detenidos sean los autores intelectuales del ataque.
 
Nada surge por ahora que conduzca a quienes pudieron pensarlo e instigarlo. La mayor parte de la prueba obtenida se limita a los mensajes de Whatsapp entre «los copitos» y los dos procesados como coautores, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
 
En los próximos días la jueza María Eugenia Capuchetti resolverá la situación procesal de los otros dos detenidos, Agustina Díaz -amiga íntima de Uliarte- y Gabriel Carrizo, el dueño de la máquina de fabricar algodón de azúcar. Todo indica que ambos serán procesados; el interrogante es por qué delitos.
 
La Cámara Federal pareció demarcar el territorio (al menos en lo relativo a Díaz) al recordarle que el fiscal Carlos Rívolo la consideró, en principio, «partícipe secundaria» del intento de homicidio y «subsidiariamente», autora de «encubrimiento». La pena en expectativa en su caso es ciertamente menor y la propia resolución urgió a la jueza a resolver sobre su procesamiento, lo que «eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado» (el rechazo a la excarcelación).
 
Uno de los abogados de Díaz, Pedro Javier Molina, está convencido de que no hay nada en el expediente que pueda involucrarla en «actos preparatorios» del ataque.
 
¿Y Carrizo? Su abogado, Gastón Marano, insistirá el martes ante la Cámara Federal con su excarcelación. No tendrá éxito; el supuesto jefe de «los copitos» seguirá detenido. Pero la defensa planea el despliegue de una batería de medidas para demostrar que se trata de un casi indigente, con una vida miserable de la que reniega y aspira a salir y a quien lo único destacable que le ocurrió en los últimos tiempos fue conocer al hombre que colocó un arma a cinco centímetros de la cabeza de la vicepresidenta y gatilló sin que saliera la bala. Según esa visión, su narcicismo combinado con incontinencia verbal lo llevaron a la cárcel.
 
Para demostrar que es ajena al ataque, la defensa pidió la declaración de testigos, que la jueza aún no aceptó. Insistirá con que Carrizo fue engañado para obtener la clave de su teléfono y de esa manera autoincriminarse, cosa que Capuchetti también desestimó.
 
Pero su arma más importante será una secuencia de mensajes puestos en una línea de tiempo anterior al 1 de setiembre, con la que pretende demostrar que su defendido, Sabag Montiel y Brenda Uliarte exclusivamente hablaban sobre copos de azúcar. Nada de atentados.
 
La relación, según quedó documentado, se inició en julio pasado: hablaron sobre la forma de trabajo, sobre la compra de un «palito» para colgar los copos, sobre la venta de un colchón e incluso el 27 de agosto, el día de las vallas frente a la casa de la vicepresidenta, hay un contacto a la medianoche (cuando según el chat entre Sabag y Uliarte había fracasado un primer intento de magnicidio) en el que la pareja encarga "entre 60 y 80 copos" para el día siguiente para "un evento muy importante".
 
En efecto, fuentes cercanas a los investigadores se preguntan, a raíz de esos mensajes: "¿Cómo pueden ser tan meticulosos para no nombrar a los 'jefes'? ¿Cómo pueden hablar de tantas 'pelotudeces' juntas y que no se filtre nada?". Esos cuidados y precauciones con afanes de ocultamientos y secretismo son propios de agentes de inteligencia híper entrenados y claramente no parece el caso.
 
La propia Cristina Kirchner abonó esa línea el viernes, durante su alegato en la Causa Vialidad: "Sabemos ahora por las noticias los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda..., la de autores materiales, eh!, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que me hicieron".
 
Así planteado el escenario, el expediente parece encaminarse peligrosamente a un cuello de botella en el que probablemente haya algunas detenciones más. En los próximos días se completarán los peritajes de los teléfonos secuestrados y atento a que fue esa la fuente de argumentación para las cuatro detenciones que ya se produjeron, algo más puede surgir de allí. ¿Conduce hacia los eventuales autores intelectuales del ataque? No, al menos por ahora.
 
Las líneas de investigación que Tiempo identificó en sus ediciones dominicales recientes flotan sin mayores definiciones, sólo empujadas por los abogados de CFK, José Ubeira y Marcos Aldazábal.
 
De tal manera, asoma en el horizonte la posibilidad de que se repita un esquema frecuente en las investigaciones penales: una vez detectados los autores materiales de un hecho, las razones que llevaron a ese hecho pierden relevancia. A menos que haya un instigador que surja clara y rápidamente de la investigación, el sistema penal suele desentenderse de por qué Juan mató a Pedro. Una vez probado que Juan lo mató, lo encierra, lo juzga, lo condena y a otra cosa. Es absolutamente secundario determinar si lo mató por una deuda de juego, por una rivalidad deportiva o por celotipia.
 
En una causa en la que se investiga el intento de homicidio de la figura política de mayor relieve de un país eso no debería pasar. No debería.
 
Además, parece haber pasado al olvido la figura de Sabag Montiel, el hombre del disparo fallido. Sobre él obra en la causa un informe que indica que tiene "asociación de ideas anormal, observándose disgregación del pensamiento moderado que vuelve el discurso confuso y poco inteligible. En el pensamiento predominan ideas de tipo delirante con temas hipocondriacos (arterioesclerosis por fumar tabaco armado) y de perjuicio (se describe como víctima de múltiples robos y otras acciones por parte de allegados a los cuales 'habría' denunciado varias veces) y presencia de ideación mística con tendencia a la megalomanía".
 
Sabag Montiel nunca declaró ante la jueza y el fiscal. Sin embargo en el peritaje psicológico al que fue sometido en el marco de la causa, cuando le preguntaron sobre el intento de magnicidio, respondió: "Yo no entiendo nada, fue un flash, como si apagaran la luz".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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