07:59 | Lunes 04 de Mayo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 24-09-2022 / 11:09

MEGAJUICIO POR CORRUPCIÓN

Casación Penal de Concordia rechazó las recusaciones planteadas por la defensa de Sergio Urribarri

La Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó las recusaciones contra dos de sus pares de la Sala N° 1 de Paraná, Marcela Badano y Marcela Davite, planteados en el marco de la apelación a las condenas por el megajuicio que sentó en el banquillo al ex gobernador Sergio Urribarri, finalmente condenado en primera instancia a 8 años de cárcel. El tercer vocal de la Casación de Paraná, Hugo Perotti, ya se acogió al beneficio jubilatorio y fue reemplazado por Gustavo Pimentel.

En la resolución de la Casación de Concordia -que firma la vocal María Evangelia Bruzzo, voto al que adhieren María del Luján Giorgio y Darío Perroud- se señala, luego de analizar los planteos recusatorios: «Por consiguiente, no se ha constatado en autos evidencia alguna que autorice a justificar objetivamente y a los ojos del observador razonable, un temor en relación a la imparcialidad con que deben desempeñarse las Sras. Camaristas de la Sala Primera de este Tribunal de Casación, tanto desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas y que fueran precedentemente detalladas) como subjetivas (sesgos o prejuicios personales o ideas preconcebidas o actuar indebido de forma tal de promover los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra), las que se revelan absolutamente inexistentes en el presente».

Luego, apuntan: «Por lo tanto, considero corresponde no hacer lugar al apartamiento solicitado por los Dres. Ignacio Esteban Diaz, José Raúl, Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy, José Candelario Pérez, Juan Antonio Mendez, Emilio Fouces y Miguel Angel Cullen, ya que, tal como lo ha señalado el Máximo Órgano de Justicia Nacional, si bien no es dudoso que las cuestiones de recusación se encuentran en una directa relación con una mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio (...) no se comprueba en la especie un motivo serio y razonable que sostenga «temor de parcialidad», por lo cual propicio a los Sres. Vocales que continúan el orden de votación, el rechazo de las recusaciones interpuestas».

El planteo

El 7 de abril último, Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel -la Fiscalía había pedido 12 años- al hallarlo culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio que investigó tres grandes causas de corrupción de su gobierno.

Urribarri no quedó conforme con la resolución de la Justicia y apeló la condena.

A finales de mayo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, conformado por los jueces José María Chemez, Elvio Osir Garzón y María Carolina Castagno, resolvió conceder los recursos de casación.

Marcela Davite y Marcela Badano, vocales de la Cámara de Casación Penal de Paraná.El Tribunal que emitió las condenas y dictó absoluciones hizo lugar al recurso de los abogados Ignacio Estaban Díaz, José Raúl Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy y José Calendario Pérez -en asistencia de Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez-; por Juan Antonio Méndez -en defensa de Gustavo Rubén Tamay-, por Marcos Rodríguez Allende -en asistencia de Juan Pablo Aguilera y Luciana María Belén Almada-, por Miguel Ángel Cullen -en representación de Emiliano Giacopuzzi y Corina Elizabeth Cargnel-, y por Emilio Fouces -en defensa de Gerardo Daniel Caruso-.

Pero los defensores recusaron a los tres jueces que integran la Cámara de Casación Penal Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti. Los recusaron por entender que «no encuentran garantizada la imparcialidad del Tribunal». Una de las causales es que los jueces revisores de sentencia intervinieron antes del juicio al rechazar recursos de los abogados, concretamente en octubre y noviembre de 2019.

La segunda causal que mencionan es que el 7 de diciembre de 2021, los jueces participaron de una reunión convocada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se realizó en Victoria - "Jornada Anual del Fuero Penal"- y allí firmaron una nota junto a otros funcionarios judiciales en la que manifestaron su preocupación al Consejo Directivo de la entidad por la apertura del jury a la Procuradora Adjunto y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche (destituida recientemente).

Al respecto, citan una nota de Entre Ríos Ahora en la que se daba cuenta del encuentro. La publicación periodística consignaba que la nota elevada al Consejo Directivo de la entidad, decía: «Motiva nuestro pedido el inminente inicio de juicio por ante el Jurado de Enjuiciamiento al titular del Ministerio Público Fiscal y a una de sus adjuntas, organismo que abre su jurisdicción simultáneamente a que se encuentran sustanciando por ante la justicia ordinaria con sede en Paraná emblemáticas causas promovidas por tales funcionarios que tienen como acusados a un ex gobernador y a un ex ministro de la administración provincial".

De los 13 imputados que llegaron al megajuicio, fueron absueltos 5 imputados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.

Al exgobernador Sergio Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo condenó a 8 años de cárcel.

A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue de 6 años y 6 meses de prisión.

A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel.

A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal consideró excesiva la pena pedida por Fiscalía y le aplicó 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

Al empresario Gerardo Daniel "Foia" Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua. El tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelto de culpa y cargo.

A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser "testaferro" de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada por el tribunal es de 2 años y 6 meses de ejecución condicioanl.

A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Le aplicaron 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, más pago de multa de $90 mil.

A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser "testaferro", le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada 2 años y 6 meses de ejecución condicional.

A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achacó ser partícipe secundario en el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pidió la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal decidió absolverlo. Almada actualmente es funcionario de la Cámara de Diputados. Fue absuelto de culpa y cargo.

A Maximiliano Romeo Sena, otro "prestanombre", según Fiscalía, fue acusado por Fiscalía como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo absolvió.

A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal le aplicó la pena de 1 año y 2 meses de prisión condicional.

A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la Fiscalía solicitó la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal entendió que no tuvo participación en los delitos reprochados, y lo absolvió. También absolvió al ya fallecido Hugo Céspedes.

Fuente: Entre Ríos Ahora

03-05-2026 / 10:05

Frigerio, atrapado entre el ajuste previsional y el hambre salarial

Mientras el marketing oficial intenta vender una gestión de "orden y transparencia", la realidad en las calles de Entre Ríos cuenta una historia muy distinta. El gobierno de Rogelio Frigerio ha decidido cerrar el puño frente a las necesidades de los trabajadores, abriendo dos frentes de conflicto que amenazan con incendiar la paz social de la provincia: una reforma previsional que busca saquear el bolsillo de los pasivos y una paritaria que condena a los activos a la miseria.

Bajo el disfraz de una "emergencia", el Ejecutivo provincial intenta que el costo de la crisis recaiga sobre las espaldas de docentes, estatales y pasivos, rompiendo el contrato social básico en una provincia que ya no resiste más ajuste.

La resistencia organizada de la Multisectorial y los gremios AGMER y ATE, quienes han unificado el grito de "La Caja no se toca" frente a una reforma previsional regresiva y un reclamo salarial que no admite más dilaciones. Mientras el oficialismo se encierra en los despachos, la calle empieza a marcarle la cancha a un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por encima de la dignidad de quienes sostienen el funcionamiento de Entre Ríos.

De la redacción de La Opinión Popular

29-04-2026 / 22:04

Caja de Jubilaciones: Frigerio busca quitar derechos y garantías previsionales

El reciente informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) advierte que la reforma previsional impulsada por el gobernador Frigerio en Entre Ríos trasciende lo técnico para convertirse en una definición política sobre quién paga la crisis. Bajo la bandera de la "sustentabilidad", el oficialismo justifica el endurecimiento de las condiciones de acceso —como el aumento de la edad jubilatoria y los años de aporte— omitiendo que el déficit actual responde a desfinanciaciones históricas y deudas del Estado nacional.

Según el análisis del Mg. Cr. Álvaro Gabás, la estrategia elegida busca reducir el gasto futuro a costa de los trabajadores, desplazando la discusión sobre fuentes alternativas de financiamiento o la eliminación de privilegios reales. La "clave política" del proyecto radica en la modificación del cálculo del haber inicial: al extender el período de referencia de los últimos 10 años a 30, el gobierno mantiene la retórica del 82% móvil pero lo vacia de contenido, resultando en jubilaciones significativamente menores. Se estima que esta maniobra podría representar una pérdida de ingresos superior al 25% respecto al sistema vigente. Sin estudios actuariales públicos ni un consenso social sólido, la reforma se perfila como una decisión que redefine el contrato social, convirtiendo nuevamente al salario diferido de los trabajadores en la variable de ajuste fiscal. A continuación la nota completa.

De la redacción de La Opinión Popular

29-04-2026 / 14:04

Encuesta: ¿El Ocaso del “Frigerismo” y el Retorno de la Identidad?

La política entrerriana atraviesa un sismo cuyas réplicas amenazan con sepultar el proyecto de Rogelio Frigerio antes de lo previsto. Según el reciente informe de Página Política, el gobernador se encuentra atrapado en una encerrona estratégica: mientras intenta gesticular una administración "moderada", su alineamiento con el ajuste de Javier Milei lo ha vaciado de capital propio, dejándolo relegado a un tercer puesto que lo transforma en un espectador de su propio destino. Las conclusiones son de una encuesta realizada por la consultora Aresco, la firma dirigida por Julio y Federico Aurelio, una de las mas influyentes del país.

Lo más paradójico es que se trata del mismo escenario de tercios con el cual Frigerio logró acceder a la gobernación en 2023, pero con un orden de factores que invierte su suerte: aquel esquema que lo llevó a la victoria hoy lo deposita en un tercer cómodo puesto. En apenas unos meses de gestión, el "arquitecto del cambio" ha dilapidado su ventaja competitiva, siendo fagocitado por la misma ola libertaria que antes le sirvió de impulso y quedando hoy por debajo de un peronismo que, lejos de extinguirse, recupera centralidad.

Este escenario expone la claudicación de la "tercera vía" entrerriana. Al no ofrecer una resistencia real al modelo nacional ni soluciones tangibles a la crisis local, Frigerio ha pasado de ser el líder de la oposición al peronismo a convertirse en un donante de sangre para La Libertad Avanza, quien con estos numeros pensará en poner un candidato a gobernador propio. Mientras tanto, el PJ resiste en un empate técnico por la cima, demostrando que su anclaje territorial y la gestión de sus intendencias son el único dique de contención frente al experimento de la motosierra.

De la redacción de La Opinión Popular

29-04-2026 / 14:04

La Entre Ríos de Frigerio: de “Capital de la Avicultura” al cementerio de la producción

La postal del abandono: mientras el gobierno nacional de Javier Milei asfixia a las economías regionales con un ajuste que desprecia la producción real, Entre Ríos paga el precio de tener un gobernador como Rogelio Frigerio, más ocupado en ser el "alumno ejemplar" de la Casa Rosada que en defender el plato de comida de los trabajadores. La mortandad de pollos en Granja Tres Arroyos no es un accidente de la naturaleza; es el resultado obsceno de un modelo que prioriza la timba financiera y el déficit cero sobre la vida, dejando a la deriva el corazón avícola de nuestra provincia en nombre de una libertad que solo parece servir para morir de hambre.

Bajo la mirada indolente de una gestión provincial que se autopercibe "productivista", el silencio de Frigerio se vuelve cómplice del desguace. El alineamiento automático con las políticas de shock de Milei ha roto la cadena de pagos, ha pulverizado el consumo y ha convertido a las empresas emblemáticas en cementerios a cielo abierto. No es solo una crisis sectorial, es una claudicación política: Entre Ríos está siendo sacrificada en el altar de la macroeconomía nacional por un gobierno local que ha decidido abandonar su soberanía productiva para transformarse en el ejecutor del sacrificio de los entrerrianos.

De la redacción de La Opinión Popular

26-04-2026 / 10:04

La crisis económica empuja a trabajadores estatales entrerrianos a la quiebra personal

El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.

Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.

De la Opinión Popular