15:14 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 23-09-2022 / 11:09

JUNTOS POR EL CAMBIO VOTÓ EN CONTRA, EN DEFENSA DE SU “JUSTICIA"

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema

La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado.

La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado. El resultado terminó dando 36 votos afirmativos y 33 en contra, aunque hasta al final de la sesión persistió la duda de qué haría la puntana Eugenia Catalfamo: la única senadora oficialista en votar en contra del proyecto que había sido personalmente impulsado por Cristina Fernández.

La senadora Juliana Di Tullio dejó en claro su opinión sobre la "independencia" de la Corte al asegurar que prefiere el discurso sincero de un senador opositor que aseguró que en la Constitución no se le exige a la Corte que sea democrática sino que sea independiente. Y ahí aseguró que salvo que sean del "Rojo", de independiente no tienen nada ya que no son independientes del poder desde el momento en el que Mauricio Macri nombró por decreto a los actuales, presidente y vice del máximo tribunal.

Después de ese escándalo que generó Macri tuvo que hacer las cosas como es debido pero intentó meter por la ventana a sus cortesanos. La Corte necesita una ampliación, no sólo porque los únicos cuatro que hay forman parte del llamado Partido Judicial Macrista sino que además es ridículo que sean sólo cuatro personas, impidiendo así la posibilidad de desempate. "Los jueces de la Corte muy débiles, son vulnerables a los aprietes del poder económico, de independientes no tienen nada y de democráticos mucho menos. Y sacan los fallos por Clarín", afirmó Di Tullio.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, no sólo votó en contra - argumentando que la decisión de ampliar la Corte buscaba garantizar la "impunidad" de la vicepresidenta -, sino que al inicio tampoco dio quórum. Más allá de las resistencias internas y externas, el FdT logró anotarse una victoria en el Senado aprobando un proyecto que, además, garantiza la paridad de género en el Máximo Tribunal. La iniciativa se debatirá, ahora, en la Cámara de Diputados, en donde las posibilidades de que se apruebe son lejanas.

La Opinión Popular

La sesión comenzó casi a las 15 horas, con asesores del oficialismo correteando de un lado al otro para asegurarse que estuvieran les 37 senadores mínimos e indispensables para dar quórum. Fueron 20 minutos de estar transpirando, pero finalmente el FdT logró asegurarse el quórum con al acompañamiento de los aliados Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega (ya que, si bien el FdT tiene 35 senadores propios, había un ausente por cuestiones de salud).

"Esto recién empieza", advirtió, sin embargo, un dirigente del interbloque oficialista, anticipando el conflicto interno que se estaba dando por esas horas en el FdT: si bien se había modificado la composición del proyecto original de los gobernadores - pasando de 25 a 15 el número de supremos - de modo de hacerse con el aval de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, la reyerta familiar entre los hermanos Rodríguez Saá amenazaba con explotar la delicada paz oficialista.

El voto final de Eugenia Catalfamo, que responde a Alberto Rodríguez Saá, expuso cómo el gobernador puntano prefería enfrentarse directamente a la vicepresidenta que acompañar el proyecto que se había negociado con su hermano, el senador.

Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, no terminó presidiendo la sesión, pero sí pasó parte del día en su oficina en el primer piso del Senado, preparándose para su alegato en el marco de la causa Vialidad. La apurada convocatoria a la sesión - recién a la noche se dio a conocer el texto final del proyecto - había sido motorizada por la propia vicepresidenta, quien quería tener la media sanción de la reforma de la Corte lista para su defensa del viernes. Un sector del establishment judicial y económico, sin embargo, no le escapó tampoco al debate y cubrió la previa de la sesión con diversas gestualidades.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), por ejemplo, aprovechó para publicar un comunicado expresando su "preocupación" por la decisión de avanzar en una ampliación de la Corte Suprema. La noche anterior, mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, había mantenido un encuentro con todos los camaristas del país, abocado a dar una imagen de poder a 24 horas de que el Senado avanzase con la reforma del Máximo Tribunal.

Los discursos, los cambios y el voto puntano

"Una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades. Busquemos una Corte federal, que haya un miembro del Sur, del Norte, del Este, del Oeste y del Centro. Esta ampliación busca la integración de las provincias y el federalismo", destacó Guillermo Snopek, encargado de anunciar oficialmente los cambios que se realizarían en el proyecto original. "Tenemos un dictamen propuesto por los gobernadores de 25 miembros que integran las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal. Pero repicaban campanas que pedían 15 miembros, 16, menos de 10", confesó, aludiendo a las resistencias de Weretilneck - que proponía una Corte de 16 - y de Adolfo Rodríguez Saá - que proponía una de 9 - que habían imposibilitado aprobar la reforma de la Corte antes.

Finalmente, el texto aprobado sólo modificó la composición final, pasando de 25 a 15 el número de jueces de la Corte. La paridad de género se seguiría garantizando, pero el resto de los detalles - como los referidos a la regionalización de la selección de les postulantes - se dejará en manos de la reglamentación.

"Me da vergüenza tratar este tema tan ajeno a las necesidades de la gente. Estamos ante la enésima vez que el oficialismo trae a esta cámara un tema vinculado a la Justicia y temo decirle que esto va a terminar como los anteriores: en un profundo fracaso", respondió, por el lado de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, aludiendo a lo que varios legisladores de la oposición se encargaron de resaltar: por más que el proyecto se aprobase en el Senado, las posibilidades de sancionarse en Diputados eran casi nulas.

"¿Será que en el futuro a la vicepresidenta la pueden condenar y que para ser absuelta tiene que tomar y modificar la Corte para tener una Corte adicta?", sumó el fueguino radical, Pablo Blanco, que había llevado un bolillero para satirizar los diferentes números que se habían ido proponiendo para la composición de la Corte.

Uno de los discursos que generaba mayor expectativa, sin embargo, era el de Eugenia Catalfamo. "Acá vinieron siete gobernadores a exponer una propuesta federal, inclusiva y de diversidad de género. Nosotros como FdT lo tomamos y le dimos dictamen a ese proyecto que incluía 25 miembros. ¿Por qué 25? Porque estaba la representación de las 23 provincias, la CABA y el gobierno federal", comenzó exponiendo la senadora puntana que responde a Adolfo Rodríguez Saá, que fue uno de los gobernadores que impulsó el proyecto original de 25 supremos.

Lentamente, Catalfamo fue exponiendo sobre la importancia de reformar la Corte Suprema y recién al final de su discurso terminó anticipando su posición: "Yo no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron a esta casa, no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra del propio dictamen. Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad histórica de tener una Corte Suprema que nos representa a todos y todas". En el recinto, sus compañeros de bancada la miraban con furia.

En la vereda de enfrente, mientras tanto, Rodríguez Saá, el otro senador puntano y uno de los que se encargó de negociar las modificaciones al proyecto original, anticipó que votaría a favor: "Pienso que le haría muy bien a la Argentina ver en la Corte Suprema integrantes de la Patagonia, del NOA, del NEA, de Cuyo y no todos del centro del país", destacó y aseguró que el proyecto se trataba de "un paso adelante en la búsqueda de un Poder Judicial más independiente".

"Ahora parece que los que planteamos que haya más democracia, más miradas, más diversidad de género y más federalismo somos los mafiosos, los inmorales. ¿Cómo es la cosa? ¿Tan grave es debatir? ¿Tan antidemocrático?", se quejó, ya al momento de los cierres, Alberto Weretilneck, otro de los senadores cuyo voto terminó siendo clave para poder aprobar el proyecto. " Aquellos que defienden una Corte chica defienden un modelo autoritario", aseguró el rionegrino.

"Una reforma enmarañada, traída de los pelos, ¿creen que una cosa tan seria se puede tratar así? ¿La presidenta necesita esta media sanción para el alegato de mañana? ¿Creen que esta media sanción puede torcer o modificar un criterio judicial? No lo creo", cuestionó, ya casi a los gritos, el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien aseguró que la decisión de avanzar en la reforma de la Corte había sumado "descreimiento" a la convocatoria al diálogo con la oposición de parte del gobierno nacional.

"Una Corte de cuatro es una Corte manejable y como tienen muchos muertos en el placard es muy fácil. Son muy débiles: esos cuatros jueces son vulnerables al apriete del poder. Y no podemos estar los 46 millones de argentinos en manos de cuatro miembros de la Corte que de independiente no tienen nada y de democráticos menos", le respondió Juliana Di Tullio.

La presión del establishment para que no avance la reforma de la Corte Suprema

Empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazaron la reforma de la Corte Suprema de Justicia y expresaron su "preocupación ante la sola posibilidad que esto se concrete".

La asociación empresarial norteamericana cuestionó la intención de avanzar en "la ampliación sustancial de los integrantes" del máximo tribunal y subrayó que "la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones". "Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros", lanzó AmCham.

IDEA, por su parte, señaló que convertir en ley el proyecto que se está debatiendo en el Congreso "sería una medida contraria al reclamo de estabilidad en las reglas de juego y por lo tanto afectaría negativamente la inversión y el empleo". "Sin dudas la justicia necesita de mejoras que agilicen y transparenten su funcionamiento, pero estamos seguros que la solución no pasa por el aumento en la cantidad de miembros de la Corte", manifestó.

De esta forma, ambas entidades les pidieron a los legisladores que no acompañen la iniciativa. "Instamos a los miembros del Congreso a focalizarse en legislar sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de la gente", afirmó IDEA. "Evalúen con profundidad estos fundamentos, en la búsqueda de construir instituciones sólidas y sustentables, dentro de un modelo republicano de gobierno y generando las condiciones para el desarrollo integral de la sociedad", agregó AmCham.

Por María Cafferata

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".