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Nacionales - 23-09-2022 / 11:09
JUNTOS POR EL CAMBIO VOTÓ EN CONTRA, EN DEFENSA DE SU “JUSTICIA"

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema
La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado.
La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado. El resultado terminó dando 36 votos afirmativos y 33 en contra, aunque hasta al final de la sesión persistió la duda de qué haría la puntana Eugenia Catalfamo: la única senadora oficialista en votar en contra del proyecto que había sido personalmente impulsado por Cristina Fernández.
 
La senadora Juliana Di Tullio dejó en claro su opinión sobre la "independencia" de la Corte al asegurar que prefiere el discurso sincero de un senador opositor que aseguró que en la Constitución no se le exige a la Corte que sea democrática sino que sea independiente. Y ahí aseguró que salvo que sean del "Rojo", de independiente no tienen nada ya que no son independientes del poder desde el momento en el que Mauricio Macri nombró por decreto a los actuales, presidente y vice del máximo tribunal.

Después de ese escándalo que generó Macri tuvo que hacer las cosas como es debido pero intentó meter por la ventana a sus cortesanos. La Corte necesita una ampliación, no sólo porque los únicos cuatro que hay forman parte del llamado Partido Judicial Macrista sino que además es ridículo que sean sólo cuatro personas, impidiendo así la posibilidad de desempate. "Los jueces de la Corte muy débiles, son vulnerables a los aprietes del poder económico, de independientes no tienen nada y de democráticos mucho menos. Y sacan los fallos por Clarín", afirmó Di Tullio.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, no sólo votó en contra - argumentando que la decisión de ampliar la Corte buscaba garantizar la "impunidad" de la vicepresidenta -, sino que al inicio tampoco dio quórum. Más allá de las resistencias internas y externas, el FdT logró anotarse una victoria en el Senado aprobando un proyecto que, además, garantiza la paridad de género en el Máximo Tribunal. La iniciativa se debatirá, ahora, en la Cámara de Diputados, en donde las posibilidades de que se apruebe son lejanas.

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La sesión comenzó casi a las 15 horas, con asesores del oficialismo correteando de un lado al otro para asegurarse que estuvieran les 37 senadores mínimos e indispensables para dar quórum. Fueron 20 minutos de estar transpirando, pero finalmente el FdT logró asegurarse el quórum con al acompañamiento de los aliados Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega (ya que, si bien el FdT tiene 35 senadores propios, había un ausente por cuestiones de salud).
 
"Esto recién empieza", advirtió, sin embargo, un dirigente del interbloque oficialista, anticipando el conflicto interno que se estaba dando por esas horas en el FdT: si bien se había modificado la composición del proyecto original de los gobernadores - pasando de 25 a 15 el número de supremos - de modo de hacerse con el aval de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, la reyerta familiar entre los hermanos Rodríguez Saá amenazaba con explotar la delicada paz oficialista.
 
El voto final de Eugenia Catalfamo, que responde a Alberto Rodríguez Saá, expuso cómo el gobernador puntano prefería enfrentarse directamente a la vicepresidenta que acompañar el proyecto que se había negociado con su hermano, el senador.
 
Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, no terminó presidiendo la sesión, pero sí pasó parte del día en su oficina en el primer piso del Senado, preparándose para su alegato en el marco de la causa Vialidad. La apurada convocatoria a la sesión - recién a la noche se dio a conocer el texto final del proyecto - había sido motorizada por la propia vicepresidenta, quien quería tener la media sanción de la reforma de la Corte lista para su defensa del viernes. Un sector del establishment judicial y económico, sin embargo, no le escapó tampoco al debate y cubrió la previa de la sesión con diversas gestualidades.
 
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), por ejemplo, aprovechó para publicar un comunicado expresando su "preocupación" por la decisión de avanzar en una ampliación de la Corte Suprema. La noche anterior, mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, había mantenido un encuentro con todos los camaristas del país, abocado a dar una imagen de poder a 24 horas de que el Senado avanzase con la reforma del Máximo Tribunal.
 
 
Los discursos, los cambios y el voto puntano
  
"Una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades. Busquemos una Corte federal, que haya un miembro del Sur, del Norte, del Este, del Oeste y del Centro. Esta ampliación busca la integración de las provincias y el federalismo", destacó Guillermo Snopek, encargado de anunciar oficialmente los cambios que se realizarían en el proyecto original. "Tenemos un dictamen propuesto por los gobernadores de 25 miembros que integran las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal. Pero repicaban campanas que pedían 15 miembros, 16, menos de 10", confesó, aludiendo a las resistencias de Weretilneck - que proponía una Corte de 16 - y de Adolfo Rodríguez Saá - que proponía una de 9 - que habían imposibilitado aprobar la reforma de la Corte antes.
 
Finalmente, el texto aprobado sólo modificó la composición final, pasando de 25 a 15 el número de jueces de la Corte. La paridad de género se seguiría garantizando, pero el resto de los detalles - como los referidos a la regionalización de la selección de les postulantes - se dejará en manos de la reglamentación.
 
"Me da vergüenza tratar este tema tan ajeno a las necesidades de la gente. Estamos ante la enésima vez que el oficialismo trae a esta cámara un tema vinculado a la Justicia y temo decirle que esto va a terminar como los anteriores: en un profundo fracaso", respondió, por el lado de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, aludiendo a lo que varios legisladores de la oposición se encargaron de resaltar: por más que el proyecto se aprobase en el Senado, las posibilidades de sancionarse en Diputados eran casi nulas.
 
"¿Será que en el futuro a la vicepresidenta la pueden condenar y que para ser absuelta tiene que tomar y modificar la Corte para tener una Corte adicta?", sumó el fueguino radical, Pablo Blanco, que había llevado un bolillero para satirizar los diferentes números que se habían ido proponiendo para la composición de la Corte.
 
Uno de los discursos que generaba mayor expectativa, sin embargo, era el de Eugenia Catalfamo. "Acá vinieron siete gobernadores a exponer una propuesta federal, inclusiva y de diversidad de género. Nosotros como FdT lo tomamos y le dimos dictamen a ese proyecto que incluía 25 miembros. ¿Por qué 25? Porque estaba la representación de las 23 provincias, la CABA y el gobierno federal", comenzó exponiendo la senadora puntana que responde a Adolfo Rodríguez Saá, que fue uno de los gobernadores que impulsó el proyecto original de 25 supremos.
 
Lentamente, Catalfamo fue exponiendo sobre la importancia de reformar la Corte Suprema y recién al final de su discurso terminó anticipando su posición: "Yo no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron a esta casa, no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra del propio dictamen. Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad histórica de tener una Corte Suprema que nos representa a todos y todas". En el recinto, sus compañeros de bancada la miraban con furia.
 
En la vereda de enfrente, mientras tanto, Rodríguez Saá, el otro senador puntano y uno de los que se encargó de negociar las modificaciones al proyecto original, anticipó que votaría a favor: "Pienso que le haría muy bien a la Argentina ver en la Corte Suprema integrantes de la Patagonia, del NOA, del NEA, de Cuyo y no todos del centro del país", destacó y aseguró que el proyecto se trataba de "un paso adelante en la búsqueda de un Poder Judicial más independiente".
 
"Ahora parece que los que planteamos que haya más democracia, más miradas, más diversidad de género y más federalismo somos los mafiosos, los inmorales. ¿Cómo es la cosa? ¿Tan grave es debatir? ¿Tan antidemocrático?", se quejó, ya al momento de los cierres, Alberto Weretilneck, otro de los senadores cuyo voto terminó siendo clave para poder aprobar el proyecto. " Aquellos que defienden una Corte chica defienden un modelo autoritario", aseguró el rionegrino.
 
"Una reforma enmarañada, traída de los pelos, ¿creen que una cosa tan seria se puede tratar así? ¿La presidenta necesita esta media sanción para el alegato de mañana? ¿Creen que esta media sanción puede torcer o modificar un criterio judicial? No lo creo", cuestionó, ya casi a los gritos, el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien aseguró que la decisión de avanzar en la reforma de la Corte había sumado "descreimiento" a la convocatoria al diálogo con la oposición de parte del gobierno nacional. 
 
"Una Corte de cuatro es una Corte manejable y como tienen muchos muertos en el placard es muy fácil. Son muy débiles: esos cuatros jueces son vulnerables al apriete del poder. Y no podemos estar los 46 millones de argentinos en manos de cuatro miembros de la Corte que de independiente no tienen nada y de democráticos menos", le respondió Juliana Di Tullio.
 
 
La presión del establishment para que no avance la reforma de la Corte Suprema
 
Empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazaron la reforma de la Corte Suprema de Justicia y expresaron su "preocupación ante la sola posibilidad que esto se concrete".
 
La asociación empresarial norteamericana cuestionó la intención de avanzar en "la ampliación sustancial de los integrantes" del máximo tribunal y subrayó que "la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones". "Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros", lanzó AmCham.
 
IDEA, por su parte, señaló que convertir en ley el proyecto que se está debatiendo en el Congreso "sería una medida contraria al reclamo de estabilidad en las reglas de juego y por lo tanto afectaría negativamente la inversión y el empleo". "Sin dudas la justicia necesita de mejoras que agilicen y transparenten su funcionamiento, pero estamos seguros que la solución no pasa por el aumento en la cantidad de miembros de la Corte", manifestó.
 
De esta forma, ambas entidades les pidieron a los legisladores que no acompañen la iniciativa. "Instamos a los miembros del Congreso a focalizarse en legislar sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de la gente", afirmó IDEA. "Evalúen con profundidad estos fundamentos, en la búsqueda de construir instituciones sólidas y sustentables, dentro de un modelo republicano de gobierno y generando las condiciones para el desarrollo integral de la sociedad", agregó AmCham.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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