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Nacionales - 23-09-2022 / 11:09
JUNTOS POR EL CAMBIO VOTÓ EN CONTRA, EN DEFENSA DE SU “JUSTICIA"

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema
La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado.
La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado. El resultado terminó dando 36 votos afirmativos y 33 en contra, aunque hasta al final de la sesión persistió la duda de qué haría la puntana Eugenia Catalfamo: la única senadora oficialista en votar en contra del proyecto que había sido personalmente impulsado por Cristina Fernández.
 
La senadora Juliana Di Tullio dejó en claro su opinión sobre la "independencia" de la Corte al asegurar que prefiere el discurso sincero de un senador opositor que aseguró que en la Constitución no se le exige a la Corte que sea democrática sino que sea independiente. Y ahí aseguró que salvo que sean del "Rojo", de independiente no tienen nada ya que no son independientes del poder desde el momento en el que Mauricio Macri nombró por decreto a los actuales, presidente y vice del máximo tribunal.

Después de ese escándalo que generó Macri tuvo que hacer las cosas como es debido pero intentó meter por la ventana a sus cortesanos. La Corte necesita una ampliación, no sólo porque los únicos cuatro que hay forman parte del llamado Partido Judicial Macrista sino que además es ridículo que sean sólo cuatro personas, impidiendo así la posibilidad de desempate. "Los jueces de la Corte muy débiles, son vulnerables a los aprietes del poder económico, de independientes no tienen nada y de democráticos mucho menos. Y sacan los fallos por Clarín", afirmó Di Tullio.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, no sólo votó en contra - argumentando que la decisión de ampliar la Corte buscaba garantizar la "impunidad" de la vicepresidenta -, sino que al inicio tampoco dio quórum. Más allá de las resistencias internas y externas, el FdT logró anotarse una victoria en el Senado aprobando un proyecto que, además, garantiza la paridad de género en el Máximo Tribunal. La iniciativa se debatirá, ahora, en la Cámara de Diputados, en donde las posibilidades de que se apruebe son lejanas.

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La sesión comenzó casi a las 15 horas, con asesores del oficialismo correteando de un lado al otro para asegurarse que estuvieran les 37 senadores mínimos e indispensables para dar quórum. Fueron 20 minutos de estar transpirando, pero finalmente el FdT logró asegurarse el quórum con al acompañamiento de los aliados Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega (ya que, si bien el FdT tiene 35 senadores propios, había un ausente por cuestiones de salud).
 
"Esto recién empieza", advirtió, sin embargo, un dirigente del interbloque oficialista, anticipando el conflicto interno que se estaba dando por esas horas en el FdT: si bien se había modificado la composición del proyecto original de los gobernadores - pasando de 25 a 15 el número de supremos - de modo de hacerse con el aval de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, la reyerta familiar entre los hermanos Rodríguez Saá amenazaba con explotar la delicada paz oficialista.
 
El voto final de Eugenia Catalfamo, que responde a Alberto Rodríguez Saá, expuso cómo el gobernador puntano prefería enfrentarse directamente a la vicepresidenta que acompañar el proyecto que se había negociado con su hermano, el senador.
 
Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, no terminó presidiendo la sesión, pero sí pasó parte del día en su oficina en el primer piso del Senado, preparándose para su alegato en el marco de la causa Vialidad. La apurada convocatoria a la sesión - recién a la noche se dio a conocer el texto final del proyecto - había sido motorizada por la propia vicepresidenta, quien quería tener la media sanción de la reforma de la Corte lista para su defensa del viernes. Un sector del establishment judicial y económico, sin embargo, no le escapó tampoco al debate y cubrió la previa de la sesión con diversas gestualidades.
 
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), por ejemplo, aprovechó para publicar un comunicado expresando su "preocupación" por la decisión de avanzar en una ampliación de la Corte Suprema. La noche anterior, mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, había mantenido un encuentro con todos los camaristas del país, abocado a dar una imagen de poder a 24 horas de que el Senado avanzase con la reforma del Máximo Tribunal.
 
 
Los discursos, los cambios y el voto puntano
  
"Una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades. Busquemos una Corte federal, que haya un miembro del Sur, del Norte, del Este, del Oeste y del Centro. Esta ampliación busca la integración de las provincias y el federalismo", destacó Guillermo Snopek, encargado de anunciar oficialmente los cambios que se realizarían en el proyecto original. "Tenemos un dictamen propuesto por los gobernadores de 25 miembros que integran las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal. Pero repicaban campanas que pedían 15 miembros, 16, menos de 10", confesó, aludiendo a las resistencias de Weretilneck - que proponía una Corte de 16 - y de Adolfo Rodríguez Saá - que proponía una de 9 - que habían imposibilitado aprobar la reforma de la Corte antes.
 
Finalmente, el texto aprobado sólo modificó la composición final, pasando de 25 a 15 el número de jueces de la Corte. La paridad de género se seguiría garantizando, pero el resto de los detalles - como los referidos a la regionalización de la selección de les postulantes - se dejará en manos de la reglamentación.
 
"Me da vergüenza tratar este tema tan ajeno a las necesidades de la gente. Estamos ante la enésima vez que el oficialismo trae a esta cámara un tema vinculado a la Justicia y temo decirle que esto va a terminar como los anteriores: en un profundo fracaso", respondió, por el lado de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, aludiendo a lo que varios legisladores de la oposición se encargaron de resaltar: por más que el proyecto se aprobase en el Senado, las posibilidades de sancionarse en Diputados eran casi nulas.
 
"¿Será que en el futuro a la vicepresidenta la pueden condenar y que para ser absuelta tiene que tomar y modificar la Corte para tener una Corte adicta?", sumó el fueguino radical, Pablo Blanco, que había llevado un bolillero para satirizar los diferentes números que se habían ido proponiendo para la composición de la Corte.
 
Uno de los discursos que generaba mayor expectativa, sin embargo, era el de Eugenia Catalfamo. "Acá vinieron siete gobernadores a exponer una propuesta federal, inclusiva y de diversidad de género. Nosotros como FdT lo tomamos y le dimos dictamen a ese proyecto que incluía 25 miembros. ¿Por qué 25? Porque estaba la representación de las 23 provincias, la CABA y el gobierno federal", comenzó exponiendo la senadora puntana que responde a Adolfo Rodríguez Saá, que fue uno de los gobernadores que impulsó el proyecto original de 25 supremos.
 
Lentamente, Catalfamo fue exponiendo sobre la importancia de reformar la Corte Suprema y recién al final de su discurso terminó anticipando su posición: "Yo no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron a esta casa, no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra del propio dictamen. Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad histórica de tener una Corte Suprema que nos representa a todos y todas". En el recinto, sus compañeros de bancada la miraban con furia.
 
En la vereda de enfrente, mientras tanto, Rodríguez Saá, el otro senador puntano y uno de los que se encargó de negociar las modificaciones al proyecto original, anticipó que votaría a favor: "Pienso que le haría muy bien a la Argentina ver en la Corte Suprema integrantes de la Patagonia, del NOA, del NEA, de Cuyo y no todos del centro del país", destacó y aseguró que el proyecto se trataba de "un paso adelante en la búsqueda de un Poder Judicial más independiente".
 
"Ahora parece que los que planteamos que haya más democracia, más miradas, más diversidad de género y más federalismo somos los mafiosos, los inmorales. ¿Cómo es la cosa? ¿Tan grave es debatir? ¿Tan antidemocrático?", se quejó, ya al momento de los cierres, Alberto Weretilneck, otro de los senadores cuyo voto terminó siendo clave para poder aprobar el proyecto. " Aquellos que defienden una Corte chica defienden un modelo autoritario", aseguró el rionegrino.
 
"Una reforma enmarañada, traída de los pelos, ¿creen que una cosa tan seria se puede tratar así? ¿La presidenta necesita esta media sanción para el alegato de mañana? ¿Creen que esta media sanción puede torcer o modificar un criterio judicial? No lo creo", cuestionó, ya casi a los gritos, el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien aseguró que la decisión de avanzar en la reforma de la Corte había sumado "descreimiento" a la convocatoria al diálogo con la oposición de parte del gobierno nacional. 
 
"Una Corte de cuatro es una Corte manejable y como tienen muchos muertos en el placard es muy fácil. Son muy débiles: esos cuatros jueces son vulnerables al apriete del poder. Y no podemos estar los 46 millones de argentinos en manos de cuatro miembros de la Corte que de independiente no tienen nada y de democráticos menos", le respondió Juliana Di Tullio.
 
 
La presión del establishment para que no avance la reforma de la Corte Suprema
 
Empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazaron la reforma de la Corte Suprema de Justicia y expresaron su "preocupación ante la sola posibilidad que esto se concrete".
 
La asociación empresarial norteamericana cuestionó la intención de avanzar en "la ampliación sustancial de los integrantes" del máximo tribunal y subrayó que "la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones". "Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros", lanzó AmCham.
 
IDEA, por su parte, señaló que convertir en ley el proyecto que se está debatiendo en el Congreso "sería una medida contraria al reclamo de estabilidad en las reglas de juego y por lo tanto afectaría negativamente la inversión y el empleo". "Sin dudas la justicia necesita de mejoras que agilicen y transparenten su funcionamiento, pero estamos seguros que la solución no pasa por el aumento en la cantidad de miembros de la Corte", manifestó.
 
De esta forma, ambas entidades les pidieron a los legisladores que no acompañen la iniciativa. "Instamos a los miembros del Congreso a focalizarse en legislar sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de la gente", afirmó IDEA. "Evalúen con profundidad estos fundamentos, en la búsqueda de construir instituciones sólidas y sustentables, dentro de un modelo republicano de gobierno y generando las condiciones para el desarrollo integral de la sociedad", agregó AmCham.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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