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Nacionales - 23-09-2022 / 11:09
JUNTOS POR EL CAMBIO VOTÓ EN CONTRA, EN DEFENSA DE SU “JUSTICIA"

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema

El Frente de Todos logró aprobar en el Senado la ampliación de la ultra macrista Corte Suprema
La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado.
La tercera es la vencida: luego de dos intentos fallidos, el Frente de Todos logró darle media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Con cambios de último momento que terminaron llevando de 25 a 15 el número final de los supremos, el oficialismo consiguió así hacerse con los votos que le faltaba para aprobar la iniciativa en el Senado. El resultado terminó dando 36 votos afirmativos y 33 en contra, aunque hasta al final de la sesión persistió la duda de qué haría la puntana Eugenia Catalfamo: la única senadora oficialista en votar en contra del proyecto que había sido personalmente impulsado por Cristina Fernández.
 
La senadora Juliana Di Tullio dejó en claro su opinión sobre la "independencia" de la Corte al asegurar que prefiere el discurso sincero de un senador opositor que aseguró que en la Constitución no se le exige a la Corte que sea democrática sino que sea independiente. Y ahí aseguró que salvo que sean del "Rojo", de independiente no tienen nada ya que no son independientes del poder desde el momento en el que Mauricio Macri nombró por decreto a los actuales, presidente y vice del máximo tribunal.

Después de ese escándalo que generó Macri tuvo que hacer las cosas como es debido pero intentó meter por la ventana a sus cortesanos. La Corte necesita una ampliación, no sólo porque los únicos cuatro que hay forman parte del llamado Partido Judicial Macrista sino que además es ridículo que sean sólo cuatro personas, impidiendo así la posibilidad de desempate. "Los jueces de la Corte muy débiles, son vulnerables a los aprietes del poder económico, de independientes no tienen nada y de democráticos mucho menos. Y sacan los fallos por Clarín", afirmó Di Tullio.

Juntos por el Cambio, mientras tanto, no sólo votó en contra - argumentando que la decisión de ampliar la Corte buscaba garantizar la "impunidad" de la vicepresidenta -, sino que al inicio tampoco dio quórum. Más allá de las resistencias internas y externas, el FdT logró anotarse una victoria en el Senado aprobando un proyecto que, además, garantiza la paridad de género en el Máximo Tribunal. La iniciativa se debatirá, ahora, en la Cámara de Diputados, en donde las posibilidades de que se apruebe son lejanas.

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La sesión comenzó casi a las 15 horas, con asesores del oficialismo correteando de un lado al otro para asegurarse que estuvieran les 37 senadores mínimos e indispensables para dar quórum. Fueron 20 minutos de estar transpirando, pero finalmente el FdT logró asegurarse el quórum con al acompañamiento de los aliados Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega (ya que, si bien el FdT tiene 35 senadores propios, había un ausente por cuestiones de salud).
 
"Esto recién empieza", advirtió, sin embargo, un dirigente del interbloque oficialista, anticipando el conflicto interno que se estaba dando por esas horas en el FdT: si bien se había modificado la composición del proyecto original de los gobernadores - pasando de 25 a 15 el número de supremos - de modo de hacerse con el aval de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, la reyerta familiar entre los hermanos Rodríguez Saá amenazaba con explotar la delicada paz oficialista.
 
El voto final de Eugenia Catalfamo, que responde a Alberto Rodríguez Saá, expuso cómo el gobernador puntano prefería enfrentarse directamente a la vicepresidenta que acompañar el proyecto que se había negociado con su hermano, el senador.
 
Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, no terminó presidiendo la sesión, pero sí pasó parte del día en su oficina en el primer piso del Senado, preparándose para su alegato en el marco de la causa Vialidad. La apurada convocatoria a la sesión - recién a la noche se dio a conocer el texto final del proyecto - había sido motorizada por la propia vicepresidenta, quien quería tener la media sanción de la reforma de la Corte lista para su defensa del viernes. Un sector del establishment judicial y económico, sin embargo, no le escapó tampoco al debate y cubrió la previa de la sesión con diversas gestualidades.
 
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), por ejemplo, aprovechó para publicar un comunicado expresando su "preocupación" por la decisión de avanzar en una ampliación de la Corte Suprema. La noche anterior, mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, había mantenido un encuentro con todos los camaristas del país, abocado a dar una imagen de poder a 24 horas de que el Senado avanzase con la reforma del Máximo Tribunal.
 
 
Los discursos, los cambios y el voto puntano
  
"Una Corte mejorada serviría para zanjar las desigualdades. Busquemos una Corte federal, que haya un miembro del Sur, del Norte, del Este, del Oeste y del Centro. Esta ampliación busca la integración de las provincias y el federalismo", destacó Guillermo Snopek, encargado de anunciar oficialmente los cambios que se realizarían en el proyecto original. "Tenemos un dictamen propuesto por los gobernadores de 25 miembros que integran las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal. Pero repicaban campanas que pedían 15 miembros, 16, menos de 10", confesó, aludiendo a las resistencias de Weretilneck - que proponía una Corte de 16 - y de Adolfo Rodríguez Saá - que proponía una de 9 - que habían imposibilitado aprobar la reforma de la Corte antes.
 
Finalmente, el texto aprobado sólo modificó la composición final, pasando de 25 a 15 el número de jueces de la Corte. La paridad de género se seguiría garantizando, pero el resto de los detalles - como los referidos a la regionalización de la selección de les postulantes - se dejará en manos de la reglamentación.
 
"Me da vergüenza tratar este tema tan ajeno a las necesidades de la gente. Estamos ante la enésima vez que el oficialismo trae a esta cámara un tema vinculado a la Justicia y temo decirle que esto va a terminar como los anteriores: en un profundo fracaso", respondió, por el lado de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, aludiendo a lo que varios legisladores de la oposición se encargaron de resaltar: por más que el proyecto se aprobase en el Senado, las posibilidades de sancionarse en Diputados eran casi nulas.
 
"¿Será que en el futuro a la vicepresidenta la pueden condenar y que para ser absuelta tiene que tomar y modificar la Corte para tener una Corte adicta?", sumó el fueguino radical, Pablo Blanco, que había llevado un bolillero para satirizar los diferentes números que se habían ido proponiendo para la composición de la Corte.
 
Uno de los discursos que generaba mayor expectativa, sin embargo, era el de Eugenia Catalfamo. "Acá vinieron siete gobernadores a exponer una propuesta federal, inclusiva y de diversidad de género. Nosotros como FdT lo tomamos y le dimos dictamen a ese proyecto que incluía 25 miembros. ¿Por qué 25? Porque estaba la representación de las 23 provincias, la CABA y el gobierno federal", comenzó exponiendo la senadora puntana que responde a Adolfo Rodríguez Saá, que fue uno de los gobernadores que impulsó el proyecto original de 25 supremos.
 
Lentamente, Catalfamo fue exponiendo sobre la importancia de reformar la Corte Suprema y recién al final de su discurso terminó anticipando su posición: "Yo no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron a esta casa, no estoy dispuesta a deslegitimar la palabra del propio dictamen. Creo que nos estamos perdiendo la oportunidad histórica de tener una Corte Suprema que nos representa a todos y todas". En el recinto, sus compañeros de bancada la miraban con furia.
 
En la vereda de enfrente, mientras tanto, Rodríguez Saá, el otro senador puntano y uno de los que se encargó de negociar las modificaciones al proyecto original, anticipó que votaría a favor: "Pienso que le haría muy bien a la Argentina ver en la Corte Suprema integrantes de la Patagonia, del NOA, del NEA, de Cuyo y no todos del centro del país", destacó y aseguró que el proyecto se trataba de "un paso adelante en la búsqueda de un Poder Judicial más independiente".
 
"Ahora parece que los que planteamos que haya más democracia, más miradas, más diversidad de género y más federalismo somos los mafiosos, los inmorales. ¿Cómo es la cosa? ¿Tan grave es debatir? ¿Tan antidemocrático?", se quejó, ya al momento de los cierres, Alberto Weretilneck, otro de los senadores cuyo voto terminó siendo clave para poder aprobar el proyecto. " Aquellos que defienden una Corte chica defienden un modelo autoritario", aseguró el rionegrino.
 
"Una reforma enmarañada, traída de los pelos, ¿creen que una cosa tan seria se puede tratar así? ¿La presidenta necesita esta media sanción para el alegato de mañana? ¿Creen que esta media sanción puede torcer o modificar un criterio judicial? No lo creo", cuestionó, ya casi a los gritos, el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien aseguró que la decisión de avanzar en la reforma de la Corte había sumado "descreimiento" a la convocatoria al diálogo con la oposición de parte del gobierno nacional. 
 
"Una Corte de cuatro es una Corte manejable y como tienen muchos muertos en el placard es muy fácil. Son muy débiles: esos cuatros jueces son vulnerables al apriete del poder. Y no podemos estar los 46 millones de argentinos en manos de cuatro miembros de la Corte que de independiente no tienen nada y de democráticos menos", le respondió Juliana Di Tullio.
 
 
La presión del establishment para que no avance la reforma de la Corte Suprema
 
Empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazaron la reforma de la Corte Suprema de Justicia y expresaron su "preocupación ante la sola posibilidad que esto se concrete".
 
La asociación empresarial norteamericana cuestionó la intención de avanzar en "la ampliación sustancial de los integrantes" del máximo tribunal y subrayó que "la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones". "Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros", lanzó AmCham.
 
IDEA, por su parte, señaló que convertir en ley el proyecto que se está debatiendo en el Congreso "sería una medida contraria al reclamo de estabilidad en las reglas de juego y por lo tanto afectaría negativamente la inversión y el empleo". "Sin dudas la justicia necesita de mejoras que agilicen y transparenten su funcionamiento, pero estamos seguros que la solución no pasa por el aumento en la cantidad de miembros de la Corte", manifestó.
 
De esta forma, ambas entidades les pidieron a los legisladores que no acompañen la iniciativa. "Instamos a los miembros del Congreso a focalizarse en legislar sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de la gente", afirmó IDEA. "Evalúen con profundidad estos fundamentos, en la búsqueda de construir instituciones sólidas y sustentables, dentro de un modelo republicano de gobierno y generando las condiciones para el desarrollo integral de la sociedad", agregó AmCham.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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