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Nacionales - 20-09-2022 / 17:09
PUNTO POR PUNTO, DEMUELEN EL ALEGATO DE LOS FISCALES

La acusación trucha en la causa Vialidad es un guión armado con fines políticos

La acusación trucha en la causa Vialidad es un guión armado con fines políticos
“¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?”, se preguntó el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada una de las acusaciones. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (fotos) vieron hundirse sin remedio todos sus argumentos. El método usado por Beraldi fue lapidario. “Esto dijeron los fiscales” y de inmediato un video con los dichos de Luciani y Mola. “Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos” y enseguida cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola.
"¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?", se preguntó el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada una de las acusaciones. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vieron hundirse sin remedio todos sus argumentos. El método usado por Beraldi fue lapidario. "Esto dijeron los fiscales" y de inmediato un video con los dichos de Luciani y Mola. "Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos" y enseguida cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola. Así, a lo largo de casi siete horas. Paso a paso, hundiendo la acusación. "Esto es mentira", "esto es mala praxis de los fiscales", "esto no ocurrió" repitieron los letrados infinidad de veces.
 
El alegato de la defensa de Cristina en el marco de la denominada causa Vialidad generó reacciones de políticos y funcionarios que cuestionaron el proceso judicial, en especial a los fiscales de la causa por la cual solicitaron una pena de 12 años de cárcel contra la Vicepresidenta. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que en el juicio que se sigue por la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz "no hay un sólo hecho del Código Penal" contra Cristina, y señaló que la acusación del fiscal Luciani fue "un armado, un guión" escrito "con motivos políticos".
 
"Es muy impresionante. Se pasaron tres años haciendo un juicio en el cual los testigos que aportaban los fiscales se desdecían uno por uno de todas las acusaciones", reflexionó Kicillof y consideró que se trata de "un escándalo jurídico de una magnitud inmensa". "Hay jueces que dicen que siempre van a jugar a la quinta de Mauricio Macri. Siempre se van a tomar un café con él. Podrían tener vinculaciones con otras personas, pero siempre aparecen Macri y "Pepín" Rodríguez Simón, quien está prófugo en Uruguay", indicó el mandatario sobre el exasesor judicial del gobierno de Cambiemos.
 
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moreau, consideró que es "la primera vez" que un abogado defensor "logra demostrar la culpabilidad de los fiscales" en referencia a los alegatos que formulados por la defensa de Cristina en el juicio. "Es la primera vez que veo que en un juicio, el abogado defensor logra mostrar la culpabilidad de los fiscales, normalmente tiene que pasar lo contrario, pero en este juicio fue al revés", observó Moreau.
 
En esa línea, el legislador opinó que los fiscales son "culpables de haber mentido; ocultado información, documentos y falseado declaraciones de testigos". "Si todo esto que en las últimas 48 horas mostró Beraldi se hubiera conocido en los últimos tres años, el juicio se caía a pedazos antes de llegar a sentencia. Fue un juicio clandestino y en esta semana fue "invisibilizada la defensa", apuntó al cuestionar la escasa cobertura que los grandes medios porteños le dieron al alegato de Beraldi. Sin embargo, el diputado no se mostró optimista en relación al fallo de esta causa, al considerar que la configuración del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la Ciudad de Buenos Aires --a cargo del juicio de la obra pública-- está hecha por Macri para condenar a Cristina como sea.
 
La Opinión Popular
 

PUNTO POR PUNTO, CÓMO CARLOS BERALDI DEMOLIÓ EL ALEGATO DE LOS FISCALES 
 
El abogado de Cristina Kirchner en la causa Vialidad: "Los fiscales mintieron descaradamente"
 
"¿Cómo se sale de este ridículo? ¿Cómo se vuelve de esta vergüenza? ¡Pidieron 89 años de prisión a los distintos imputados sobre la base de mentiras! ¡Nunca vi mentir en un juicio de esta manera! ¡Todo es un disparate y lo hemos demostrado punto por punto!". Al defensor de Cristina Fernández de KirchnerCarlos Alberto Beraldi, de habitual tono calmo y docente, le brotó la indignación por casi todos los poros. A lo largo de seis horas y 56 minutos expuso las evidencias que muestran que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no cometieron errores, sino que "mintieron descaradamente, nunca buscaron la verdad"
 
Beraldi se concentró en destruir la acusación principal sobre una supuesta asociación ilícita que habría encabezado CFK y, a través de las leyes de Presupuesto y otros instrumentos, benefició al constructor Lázaro Báez. Entre las muchas pruebas, Beraldi exhibió algunas que no se conocían antes. Por caso, en los presupuestos de 2010 y 2011, la oposición de entonces presentó proyectos alternativos y en todos los casos figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y por los mismos valores. El primer proyecto alternativo lo firmó Alfonso de Prat Gay, y el segundo un gran cantidad de diputados opositores. O sea, los mismos Presupuestos con los que quieren condenar a Cristina Kirchner y que supuestamente beneficiaban a Baéz, en el rubro de las obras de Santa Cruz, fueron idénticos a los sostenidos por los opositores
 
Beraldi además destrozó las hipótesis de que las obras no se hicieron o que no conducían a ningún lado o que los fondos no tenían control alguno. Pero sobre todo, respecto a Cristina, demostró que en el juicio no hubo un solo testigo que dijera que la expresidenta sugirió o pidió algún cambio para favorecer al constructor santacruceño. 
 
 
Cómo el macrismo empezó la causa
 
Beraldi arrancó describiendo las increíbles maniobras que hicieron el gobierno de Mauricio Macri y la justicia de Comodoro Py para armar la acusación contra Cristina en 2016.
 
Un mes después de asumir el expresidente, designó en Vialidad Nacional al ultramacrista Javier Iguacel. En su resolución número 1, el interventor no ordenó una auditoría en todo el país sino en un único distrito, Santa Cruz. Iba directo contra el kirchnerismo.
 
Beraldi contó cómo llegó Iguacel en un patrullero a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de Santa Cruz y trató de delincuentes a los empleados allí presentes. Pero lo más significativo es que la auditoría -ordenada por Iguacel- concluyó que "no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse...". Es más, en el juicio, uno de los auditores, Justo Pastor Romero, denunció que el macrismo abandonó varias rutas que estaban casi terminadas.
 
Uno de los hechos asombrosos es que en un momento, el fiscal que investigaba el expediente, Eduardo Taiano, sostuvo que había que analizar todas las empresas, incluyendo a Iecsa, de la familia Macri. Los denunciantes macristas se alarmaron. Entonces recurrieron a una maniobra burda: sacaron fotocopia de la denuncia y volvieron a asignar la causa a otros dos fiscales, uno de ellos íntimamente ligado a Juntos por el Cambio. O sea, una jugada para cambiar de fiscales.
 
 
Acusaciones sin fundamento
 
La imputación central consiste en que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita que con los presupuestos y otros instrumentos benefició a Santa Cruz, esencialmente para beneficiar a Báez.
 
Para Luciani-Mola que se le haya asignado a la provincia sureña la construcción del 12 por ciento del presupuesto de rutas del país fue delictivo porque "allí hay muy baja densidad poblacional". Los testigos --en general profesionales de carrera-- destrozaron esa postura: de los 38.000 kilómetros de rutas, Santa Cruz, con el 11,4 por ciento del territorio nacional, apenas tenía 2.380 (seis por ciento), pero más de la mitad sin pavimentar. "Esto era un déficit histórico: no tenían rutas. Y construir una ruta lleva gente allí a vivir", señalaron en el juicio.
 
Sobre el mito de que se construyeron rutas que no llevaban a ningún lado, los fiscales no presentaron ni una prueba. Los auditores designados por el macrismo sostuvieron que era una mentira y cuando se lo preguntaron al denunciante diputado opositor Fernando Sánchez, respondió: "No recuerdo".
 
En ese sentido siempre los fiscales esbozaban un supuesto hecho acusatorio y Beraldi mostró el video que los desmentía.
 
 
¿Un Congreso marginal?
 
Por otra parte, el letrado insistió en que las asignaciones presupuestarias son parte de una política de desarrollo y un fiscal o un juez no se puede poner por arriba de lo que deciden los elegidos por el pueblo, los diputados y senadores.
 
Lo insólito es que Luciani y Mola sostuvieron en su alegato "que el Congreso tuvo una participación marginal". Beraldi exhibió testimonios de legisladores oficialistas y opositores que señalaron que no tuvieron ninguna presión ni sugerencia ni de Cristina ni de nadie del Poder Ejecutivo. Beraldi exhibió los testimonios, por ejemplo, de Margarita Stolbizer.
 
En tanto, los funcionarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) contaron que cada año hay una verdadera batalla por los fondos, en los que participan todos, incluyendo los gobernadores que están muy atentos a llevarse obras para sus provincias. Es decir: en los testimonios se desmintió lo de la participación marginal.
 
En este punto, Beraldi exhibió una parte del video del alegato inicial de Cristina Kirchner al principio del juicio: "¿Cómo van a decir que a mi me aprobaban todo? -increpó CFK- ¡Si me votaron en contra la 125! ¿Cómo van a decir que yo los obligaba!".
 
Beraldi agregó: "¿Son tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?. Los fiscales no trajeron ni una prueba para sostener algo así".
 
 
El macrismo presentó las misms obras y números
 
Pero tal vez lo más impactante fue que los letrados Beraldi y Llernovoy revelaron que en 2010 y en 2011, el macrismo no sólo se oponía a CFK, sino que presentó sus propios proyectos de Presupuesto.
 
En esas iniciativas la discrepancia estaba planteada más bien en las cuestiones de seguridad social. Pero en esos proyectos de Presupuesto de la oposición figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y con los mismos valores. Una evidencia que desmoronó la idea de que CFK utilizó el presupuesto para favorecer a Báez y que Cambiemos -que supuestamente era enemigo de Báez- propuso esas mismas obras y esos mismos fondos.
 
 
Graciela Ocaña firmó los DNU
 
Los fiscales también habían embestido en su alegato con que CFK dictó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar las partidas presupuestarias, favorecer a Vialidad y por esa vía a Báez.
 
Beraldi exhibió los testimonios de todos los jefes de Gabinete. Estos dijeron que los DNU eran habituales en todos los gobiernos, antes y después de CFK, porque entre que se aprueba y se ejecuta un presupuesto pasa un tiempo y deben ajustarse los valores. Pero quedó en claro por los testimonios que esos funcionarios que los DNU amplían partidas generales para todo el Estado, incluyendo --según mostró Beraldi-- las partidas para el Poder Judicial y para el Ministerio Público.
 
Lo significativo, además, es que los DNU se mandan al Congreso porque requieren aprobación. Y los firman todos los ministros. Entre ellos, por ejemplo, una ministra que se pasó a la oposición, Graciela Ocaña. Ella suscribió aquellos DNU sin objeciones.
 
 
Mentiras evidentes
 
Durante los alegatos de la dupla Luciani Mola surgieron algunas cuestiones grotescas. Por ejemplo, destacaron la existencia de un fondo con el que se construyen rutas que proviene de un fideicomiso, un impuesto sobre el gasoil. El dato es que eso no lo habían inventado los Kirchner sino que surgió en la época de Fernando De la Rúa. Los fiscales dijeron que ese dinero lo usaron para beneficiar a Báez porque no figura en el presupuesto. 
 
Pero Beraldi mostró las planillas donde sí figuraban y además exhibió los videos de los testigos afirmando lo mismo"Esto es agotador -concluyó el abogado-. Pidieron 89 años de prisión en base a este disparate. Esto es lo grave".
 
Los fiscales también dijeron que al Congreso se le informaron valores mucho más bajos que los destinados a las 34 obras de Báez. La respuesta vino de la Oficina de Presupuesto: esas obras están correctamente informadas, con un leve cambio en la designación, pero con el número de obra correspondiente. Un dato que destruyó la acusación de Luciani-Mola.
 
Pero, para redondear, los fiscales incluso mencionaron que ninguna de las obras de Báez figuraba en los Presupuestos de 2013, 2014 y 2015. Sin embargo Beraldi dijo que revisó las planillas, con los números de obras, y constató que aparecían. "Nos quitaron la capacidad de asombro, todo es inverosímil", se quejó el letrado.
  
 
No buscar la verdad para poder mentir
 
Finalmente, Beraldi expuso sobre la Cuenta de Inversión que es una ley que vota el Congreso aprobando lo que se hizo con los montos y las metas físicas de cada presupuesto (por ejemplo, kilómetros de rutas, cantidad de vacunas o de becas). Los fiscales sostuvieron que la aprobación de todos los años de los Presupuestos del gobierno de CFK fue un tema menor, que no se le daba importancia.
 
Beraldi mostró los testimonios del juicio que afirmaron todo lo contrario: es de gran relevancia. Son dos libros de la Contaduría General de la Nación en el que se detalla la ejecución del Presupuesto. "Los fiscales dicen que el Congreso votó cualquier cosa --recordó Beraldi--. ¿Escucharon esta barbaridad? Pero, además, ¿por qué no convocaron a diputados y senadores para probarlo? Nosotros pedimos que vengan. Ellos no querían para seguir mintiendo de manera descarada".
 
 
Este martes, la segunda parte
 
Beraldi y Llernovoy continuarán este martes a partir de las 9. Pero dejaron planteado que lo que sigue será aún más duro que el tramo inicial. Lo relató la propia vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter: "Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis". Más tarde, volvió a expresarse al invitar a continuar viendo la exposición de su defensa: "Seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el "plan limpien todo". No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido". El próximo viernes será el turno de la propia Cristina Kirchner. 
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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