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Nacionales - 20-09-2022 / 17:09
PUNTO POR PUNTO, DEMUELEN EL ALEGATO DE LOS FISCALES

La acusación trucha en la causa Vialidad es un guión armado con fines políticos

La acusación trucha en la causa Vialidad es un guión armado con fines políticos
“¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?”, se preguntó el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada una de las acusaciones. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (fotos) vieron hundirse sin remedio todos sus argumentos. El método usado por Beraldi fue lapidario. “Esto dijeron los fiscales” y de inmediato un video con los dichos de Luciani y Mola. “Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos” y enseguida cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola.
"¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?", se preguntó el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada una de las acusaciones. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vieron hundirse sin remedio todos sus argumentos. El método usado por Beraldi fue lapidario. "Esto dijeron los fiscales" y de inmediato un video con los dichos de Luciani y Mola. "Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos" y enseguida cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola. Así, a lo largo de casi siete horas. Paso a paso, hundiendo la acusación. "Esto es mentira", "esto es mala praxis de los fiscales", "esto no ocurrió" repitieron los letrados infinidad de veces.
 
El alegato de la defensa de Cristina en el marco de la denominada causa Vialidad generó reacciones de políticos y funcionarios que cuestionaron el proceso judicial, en especial a los fiscales de la causa por la cual solicitaron una pena de 12 años de cárcel contra la Vicepresidenta. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que en el juicio que se sigue por la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz "no hay un sólo hecho del Código Penal" contra Cristina, y señaló que la acusación del fiscal Luciani fue "un armado, un guión" escrito "con motivos políticos".
 
"Es muy impresionante. Se pasaron tres años haciendo un juicio en el cual los testigos que aportaban los fiscales se desdecían uno por uno de todas las acusaciones", reflexionó Kicillof y consideró que se trata de "un escándalo jurídico de una magnitud inmensa". "Hay jueces que dicen que siempre van a jugar a la quinta de Mauricio Macri. Siempre se van a tomar un café con él. Podrían tener vinculaciones con otras personas, pero siempre aparecen Macri y "Pepín" Rodríguez Simón, quien está prófugo en Uruguay", indicó el mandatario sobre el exasesor judicial del gobierno de Cambiemos.
 
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moreau, consideró que es "la primera vez" que un abogado defensor "logra demostrar la culpabilidad de los fiscales" en referencia a los alegatos que formulados por la defensa de Cristina en el juicio. "Es la primera vez que veo que en un juicio, el abogado defensor logra mostrar la culpabilidad de los fiscales, normalmente tiene que pasar lo contrario, pero en este juicio fue al revés", observó Moreau.
 
En esa línea, el legislador opinó que los fiscales son "culpables de haber mentido; ocultado información, documentos y falseado declaraciones de testigos". "Si todo esto que en las últimas 48 horas mostró Beraldi se hubiera conocido en los últimos tres años, el juicio se caía a pedazos antes de llegar a sentencia. Fue un juicio clandestino y en esta semana fue "invisibilizada la defensa", apuntó al cuestionar la escasa cobertura que los grandes medios porteños le dieron al alegato de Beraldi. Sin embargo, el diputado no se mostró optimista en relación al fallo de esta causa, al considerar que la configuración del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la Ciudad de Buenos Aires --a cargo del juicio de la obra pública-- está hecha por Macri para condenar a Cristina como sea.
 
La Opinión Popular
 

PUNTO POR PUNTO, CÓMO CARLOS BERALDI DEMOLIÓ EL ALEGATO DE LOS FISCALES 
 
El abogado de Cristina Kirchner en la causa Vialidad: "Los fiscales mintieron descaradamente"
 
"¿Cómo se sale de este ridículo? ¿Cómo se vuelve de esta vergüenza? ¡Pidieron 89 años de prisión a los distintos imputados sobre la base de mentiras! ¡Nunca vi mentir en un juicio de esta manera! ¡Todo es un disparate y lo hemos demostrado punto por punto!". Al defensor de Cristina Fernández de KirchnerCarlos Alberto Beraldi, de habitual tono calmo y docente, le brotó la indignación por casi todos los poros. A lo largo de seis horas y 56 minutos expuso las evidencias que muestran que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no cometieron errores, sino que "mintieron descaradamente, nunca buscaron la verdad"
 
Beraldi se concentró en destruir la acusación principal sobre una supuesta asociación ilícita que habría encabezado CFK y, a través de las leyes de Presupuesto y otros instrumentos, benefició al constructor Lázaro Báez. Entre las muchas pruebas, Beraldi exhibió algunas que no se conocían antes. Por caso, en los presupuestos de 2010 y 2011, la oposición de entonces presentó proyectos alternativos y en todos los casos figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y por los mismos valores. El primer proyecto alternativo lo firmó Alfonso de Prat Gay, y el segundo un gran cantidad de diputados opositores. O sea, los mismos Presupuestos con los que quieren condenar a Cristina Kirchner y que supuestamente beneficiaban a Baéz, en el rubro de las obras de Santa Cruz, fueron idénticos a los sostenidos por los opositores
 
Beraldi además destrozó las hipótesis de que las obras no se hicieron o que no conducían a ningún lado o que los fondos no tenían control alguno. Pero sobre todo, respecto a Cristina, demostró que en el juicio no hubo un solo testigo que dijera que la expresidenta sugirió o pidió algún cambio para favorecer al constructor santacruceño. 
 
 
Cómo el macrismo empezó la causa
 
Beraldi arrancó describiendo las increíbles maniobras que hicieron el gobierno de Mauricio Macri y la justicia de Comodoro Py para armar la acusación contra Cristina en 2016.
 
Un mes después de asumir el expresidente, designó en Vialidad Nacional al ultramacrista Javier Iguacel. En su resolución número 1, el interventor no ordenó una auditoría en todo el país sino en un único distrito, Santa Cruz. Iba directo contra el kirchnerismo.
 
Beraldi contó cómo llegó Iguacel en un patrullero a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de Santa Cruz y trató de delincuentes a los empleados allí presentes. Pero lo más significativo es que la auditoría -ordenada por Iguacel- concluyó que "no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse...". Es más, en el juicio, uno de los auditores, Justo Pastor Romero, denunció que el macrismo abandonó varias rutas que estaban casi terminadas.
 
Uno de los hechos asombrosos es que en un momento, el fiscal que investigaba el expediente, Eduardo Taiano, sostuvo que había que analizar todas las empresas, incluyendo a Iecsa, de la familia Macri. Los denunciantes macristas se alarmaron. Entonces recurrieron a una maniobra burda: sacaron fotocopia de la denuncia y volvieron a asignar la causa a otros dos fiscales, uno de ellos íntimamente ligado a Juntos por el Cambio. O sea, una jugada para cambiar de fiscales.
 
 
Acusaciones sin fundamento
 
La imputación central consiste en que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita que con los presupuestos y otros instrumentos benefició a Santa Cruz, esencialmente para beneficiar a Báez.
 
Para Luciani-Mola que se le haya asignado a la provincia sureña la construcción del 12 por ciento del presupuesto de rutas del país fue delictivo porque "allí hay muy baja densidad poblacional". Los testigos --en general profesionales de carrera-- destrozaron esa postura: de los 38.000 kilómetros de rutas, Santa Cruz, con el 11,4 por ciento del territorio nacional, apenas tenía 2.380 (seis por ciento), pero más de la mitad sin pavimentar. "Esto era un déficit histórico: no tenían rutas. Y construir una ruta lleva gente allí a vivir", señalaron en el juicio.
 
Sobre el mito de que se construyeron rutas que no llevaban a ningún lado, los fiscales no presentaron ni una prueba. Los auditores designados por el macrismo sostuvieron que era una mentira y cuando se lo preguntaron al denunciante diputado opositor Fernando Sánchez, respondió: "No recuerdo".
 
En ese sentido siempre los fiscales esbozaban un supuesto hecho acusatorio y Beraldi mostró el video que los desmentía.
 
 
¿Un Congreso marginal?
 
Por otra parte, el letrado insistió en que las asignaciones presupuestarias son parte de una política de desarrollo y un fiscal o un juez no se puede poner por arriba de lo que deciden los elegidos por el pueblo, los diputados y senadores.
 
Lo insólito es que Luciani y Mola sostuvieron en su alegato "que el Congreso tuvo una participación marginal". Beraldi exhibió testimonios de legisladores oficialistas y opositores que señalaron que no tuvieron ninguna presión ni sugerencia ni de Cristina ni de nadie del Poder Ejecutivo. Beraldi exhibió los testimonios, por ejemplo, de Margarita Stolbizer.
 
En tanto, los funcionarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) contaron que cada año hay una verdadera batalla por los fondos, en los que participan todos, incluyendo los gobernadores que están muy atentos a llevarse obras para sus provincias. Es decir: en los testimonios se desmintió lo de la participación marginal.
 
En este punto, Beraldi exhibió una parte del video del alegato inicial de Cristina Kirchner al principio del juicio: "¿Cómo van a decir que a mi me aprobaban todo? -increpó CFK- ¡Si me votaron en contra la 125! ¿Cómo van a decir que yo los obligaba!".
 
Beraldi agregó: "¿Son tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?. Los fiscales no trajeron ni una prueba para sostener algo así".
 
 
El macrismo presentó las misms obras y números
 
Pero tal vez lo más impactante fue que los letrados Beraldi y Llernovoy revelaron que en 2010 y en 2011, el macrismo no sólo se oponía a CFK, sino que presentó sus propios proyectos de Presupuesto.
 
En esas iniciativas la discrepancia estaba planteada más bien en las cuestiones de seguridad social. Pero en esos proyectos de Presupuesto de la oposición figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y con los mismos valores. Una evidencia que desmoronó la idea de que CFK utilizó el presupuesto para favorecer a Báez y que Cambiemos -que supuestamente era enemigo de Báez- propuso esas mismas obras y esos mismos fondos.
 
 
Graciela Ocaña firmó los DNU
 
Los fiscales también habían embestido en su alegato con que CFK dictó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar las partidas presupuestarias, favorecer a Vialidad y por esa vía a Báez.
 
Beraldi exhibió los testimonios de todos los jefes de Gabinete. Estos dijeron que los DNU eran habituales en todos los gobiernos, antes y después de CFK, porque entre que se aprueba y se ejecuta un presupuesto pasa un tiempo y deben ajustarse los valores. Pero quedó en claro por los testimonios que esos funcionarios que los DNU amplían partidas generales para todo el Estado, incluyendo --según mostró Beraldi-- las partidas para el Poder Judicial y para el Ministerio Público.
 
Lo significativo, además, es que los DNU se mandan al Congreso porque requieren aprobación. Y los firman todos los ministros. Entre ellos, por ejemplo, una ministra que se pasó a la oposición, Graciela Ocaña. Ella suscribió aquellos DNU sin objeciones.
 
 
Mentiras evidentes
 
Durante los alegatos de la dupla Luciani Mola surgieron algunas cuestiones grotescas. Por ejemplo, destacaron la existencia de un fondo con el que se construyen rutas que proviene de un fideicomiso, un impuesto sobre el gasoil. El dato es que eso no lo habían inventado los Kirchner sino que surgió en la época de Fernando De la Rúa. Los fiscales dijeron que ese dinero lo usaron para beneficiar a Báez porque no figura en el presupuesto. 
 
Pero Beraldi mostró las planillas donde sí figuraban y además exhibió los videos de los testigos afirmando lo mismo"Esto es agotador -concluyó el abogado-. Pidieron 89 años de prisión en base a este disparate. Esto es lo grave".
 
Los fiscales también dijeron que al Congreso se le informaron valores mucho más bajos que los destinados a las 34 obras de Báez. La respuesta vino de la Oficina de Presupuesto: esas obras están correctamente informadas, con un leve cambio en la designación, pero con el número de obra correspondiente. Un dato que destruyó la acusación de Luciani-Mola.
 
Pero, para redondear, los fiscales incluso mencionaron que ninguna de las obras de Báez figuraba en los Presupuestos de 2013, 2014 y 2015. Sin embargo Beraldi dijo que revisó las planillas, con los números de obras, y constató que aparecían. "Nos quitaron la capacidad de asombro, todo es inverosímil", se quejó el letrado.
  
 
No buscar la verdad para poder mentir
 
Finalmente, Beraldi expuso sobre la Cuenta de Inversión que es una ley que vota el Congreso aprobando lo que se hizo con los montos y las metas físicas de cada presupuesto (por ejemplo, kilómetros de rutas, cantidad de vacunas o de becas). Los fiscales sostuvieron que la aprobación de todos los años de los Presupuestos del gobierno de CFK fue un tema menor, que no se le daba importancia.
 
Beraldi mostró los testimonios del juicio que afirmaron todo lo contrario: es de gran relevancia. Son dos libros de la Contaduría General de la Nación en el que se detalla la ejecución del Presupuesto. "Los fiscales dicen que el Congreso votó cualquier cosa --recordó Beraldi--. ¿Escucharon esta barbaridad? Pero, además, ¿por qué no convocaron a diputados y senadores para probarlo? Nosotros pedimos que vengan. Ellos no querían para seguir mintiendo de manera descarada".
 
 
Este martes, la segunda parte
 
Beraldi y Llernovoy continuarán este martes a partir de las 9. Pero dejaron planteado que lo que sigue será aún más duro que el tramo inicial. Lo relató la propia vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter: "Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis". Más tarde, volvió a expresarse al invitar a continuar viendo la exposición de su defensa: "Seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el "plan limpien todo". No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido". El próximo viernes será el turno de la propia Cristina Kirchner. 
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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