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Nacionales - 20-09-2022 / 17:09
PUNTO POR PUNTO, DEMUELEN EL ALEGATO DE LOS FISCALES

La acusación trucha en la causa Vialidad es un guión armado con fines políticos

La acusación trucha en la causa Vialidad es un guión armado con fines políticos
“¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?”, se preguntó el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada una de las acusaciones. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (fotos) vieron hundirse sin remedio todos sus argumentos. El método usado por Beraldi fue lapidario. “Esto dijeron los fiscales” y de inmediato un video con los dichos de Luciani y Mola. “Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos” y enseguida cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola.
"¿Cómo se vuelve de esta vergüenza?", se preguntó el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, después de dejar en ridículo cada una de las acusaciones. Para hacerlo, utilizó todo lo ocurrido durante el juicio, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vieron hundirse sin remedio todos sus argumentos. El método usado por Beraldi fue lapidario. "Esto dijeron los fiscales" y de inmediato un video con los dichos de Luciani y Mola. "Esto es lo que dijeron en este juicio los testigos" y enseguida cada una de las personas que declararon en el juicio, desmintiendo a Luciani-Mola. Así, a lo largo de casi siete horas. Paso a paso, hundiendo la acusación. "Esto es mentira", "esto es mala praxis de los fiscales", "esto no ocurrió" repitieron los letrados infinidad de veces.
 
El alegato de la defensa de Cristina en el marco de la denominada causa Vialidad generó reacciones de políticos y funcionarios que cuestionaron el proceso judicial, en especial a los fiscales de la causa por la cual solicitaron una pena de 12 años de cárcel contra la Vicepresidenta. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que en el juicio que se sigue por la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz "no hay un sólo hecho del Código Penal" contra Cristina, y señaló que la acusación del fiscal Luciani fue "un armado, un guión" escrito "con motivos políticos".
 
"Es muy impresionante. Se pasaron tres años haciendo un juicio en el cual los testigos que aportaban los fiscales se desdecían uno por uno de todas las acusaciones", reflexionó Kicillof y consideró que se trata de "un escándalo jurídico de una magnitud inmensa". "Hay jueces que dicen que siempre van a jugar a la quinta de Mauricio Macri. Siempre se van a tomar un café con él. Podrían tener vinculaciones con otras personas, pero siempre aparecen Macri y "Pepín" Rodríguez Simón, quien está prófugo en Uruguay", indicó el mandatario sobre el exasesor judicial del gobierno de Cambiemos.
 
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moreau, consideró que es "la primera vez" que un abogado defensor "logra demostrar la culpabilidad de los fiscales" en referencia a los alegatos que formulados por la defensa de Cristina en el juicio. "Es la primera vez que veo que en un juicio, el abogado defensor logra mostrar la culpabilidad de los fiscales, normalmente tiene que pasar lo contrario, pero en este juicio fue al revés", observó Moreau.
 
En esa línea, el legislador opinó que los fiscales son "culpables de haber mentido; ocultado información, documentos y falseado declaraciones de testigos". "Si todo esto que en las últimas 48 horas mostró Beraldi se hubiera conocido en los últimos tres años, el juicio se caía a pedazos antes de llegar a sentencia. Fue un juicio clandestino y en esta semana fue "invisibilizada la defensa", apuntó al cuestionar la escasa cobertura que los grandes medios porteños le dieron al alegato de Beraldi. Sin embargo, el diputado no se mostró optimista en relación al fallo de esta causa, al considerar que la configuración del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la Ciudad de Buenos Aires --a cargo del juicio de la obra pública-- está hecha por Macri para condenar a Cristina como sea.
 
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PUNTO POR PUNTO, CÓMO CARLOS BERALDI DEMOLIÓ EL ALEGATO DE LOS FISCALES 
 
El abogado de Cristina Kirchner en la causa Vialidad: "Los fiscales mintieron descaradamente"
 
"¿Cómo se sale de este ridículo? ¿Cómo se vuelve de esta vergüenza? ¡Pidieron 89 años de prisión a los distintos imputados sobre la base de mentiras! ¡Nunca vi mentir en un juicio de esta manera! ¡Todo es un disparate y lo hemos demostrado punto por punto!". Al defensor de Cristina Fernández de KirchnerCarlos Alberto Beraldi, de habitual tono calmo y docente, le brotó la indignación por casi todos los poros. A lo largo de seis horas y 56 minutos expuso las evidencias que muestran que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no cometieron errores, sino que "mintieron descaradamente, nunca buscaron la verdad"
 
Beraldi se concentró en destruir la acusación principal sobre una supuesta asociación ilícita que habría encabezado CFK y, a través de las leyes de Presupuesto y otros instrumentos, benefició al constructor Lázaro Báez. Entre las muchas pruebas, Beraldi exhibió algunas que no se conocían antes. Por caso, en los presupuestos de 2010 y 2011, la oposición de entonces presentó proyectos alternativos y en todos los casos figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y por los mismos valores. El primer proyecto alternativo lo firmó Alfonso de Prat Gay, y el segundo un gran cantidad de diputados opositores. O sea, los mismos Presupuestos con los que quieren condenar a Cristina Kirchner y que supuestamente beneficiaban a Baéz, en el rubro de las obras de Santa Cruz, fueron idénticos a los sostenidos por los opositores
 
Beraldi además destrozó las hipótesis de que las obras no se hicieron o que no conducían a ningún lado o que los fondos no tenían control alguno. Pero sobre todo, respecto a Cristina, demostró que en el juicio no hubo un solo testigo que dijera que la expresidenta sugirió o pidió algún cambio para favorecer al constructor santacruceño. 
 
 
Cómo el macrismo empezó la causa
 
Beraldi arrancó describiendo las increíbles maniobras que hicieron el gobierno de Mauricio Macri y la justicia de Comodoro Py para armar la acusación contra Cristina en 2016.
 
Un mes después de asumir el expresidente, designó en Vialidad Nacional al ultramacrista Javier Iguacel. En su resolución número 1, el interventor no ordenó una auditoría en todo el país sino en un único distrito, Santa Cruz. Iba directo contra el kirchnerismo.
 
Beraldi contó cómo llegó Iguacel en un patrullero a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de Santa Cruz y trató de delincuentes a los empleados allí presentes. Pero lo más significativo es que la auditoría -ordenada por Iguacel- concluyó que "no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse...". Es más, en el juicio, uno de los auditores, Justo Pastor Romero, denunció que el macrismo abandonó varias rutas que estaban casi terminadas.
 
Uno de los hechos asombrosos es que en un momento, el fiscal que investigaba el expediente, Eduardo Taiano, sostuvo que había que analizar todas las empresas, incluyendo a Iecsa, de la familia Macri. Los denunciantes macristas se alarmaron. Entonces recurrieron a una maniobra burda: sacaron fotocopia de la denuncia y volvieron a asignar la causa a otros dos fiscales, uno de ellos íntimamente ligado a Juntos por el Cambio. O sea, una jugada para cambiar de fiscales.
 
 
Acusaciones sin fundamento
 
La imputación central consiste en que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita que con los presupuestos y otros instrumentos benefició a Santa Cruz, esencialmente para beneficiar a Báez.
 
Para Luciani-Mola que se le haya asignado a la provincia sureña la construcción del 12 por ciento del presupuesto de rutas del país fue delictivo porque "allí hay muy baja densidad poblacional". Los testigos --en general profesionales de carrera-- destrozaron esa postura: de los 38.000 kilómetros de rutas, Santa Cruz, con el 11,4 por ciento del territorio nacional, apenas tenía 2.380 (seis por ciento), pero más de la mitad sin pavimentar. "Esto era un déficit histórico: no tenían rutas. Y construir una ruta lleva gente allí a vivir", señalaron en el juicio.
 
Sobre el mito de que se construyeron rutas que no llevaban a ningún lado, los fiscales no presentaron ni una prueba. Los auditores designados por el macrismo sostuvieron que era una mentira y cuando se lo preguntaron al denunciante diputado opositor Fernando Sánchez, respondió: "No recuerdo".
 
En ese sentido siempre los fiscales esbozaban un supuesto hecho acusatorio y Beraldi mostró el video que los desmentía.
 
 
¿Un Congreso marginal?
 
Por otra parte, el letrado insistió en que las asignaciones presupuestarias son parte de una política de desarrollo y un fiscal o un juez no se puede poner por arriba de lo que deciden los elegidos por el pueblo, los diputados y senadores.
 
Lo insólito es que Luciani y Mola sostuvieron en su alegato "que el Congreso tuvo una participación marginal". Beraldi exhibió testimonios de legisladores oficialistas y opositores que señalaron que no tuvieron ninguna presión ni sugerencia ni de Cristina ni de nadie del Poder Ejecutivo. Beraldi exhibió los testimonios, por ejemplo, de Margarita Stolbizer.
 
En tanto, los funcionarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) contaron que cada año hay una verdadera batalla por los fondos, en los que participan todos, incluyendo los gobernadores que están muy atentos a llevarse obras para sus provincias. Es decir: en los testimonios se desmintió lo de la participación marginal.
 
En este punto, Beraldi exhibió una parte del video del alegato inicial de Cristina Kirchner al principio del juicio: "¿Cómo van a decir que a mi me aprobaban todo? -increpó CFK- ¡Si me votaron en contra la 125! ¿Cómo van a decir que yo los obligaba!".
 
Beraldi agregó: "¿Son tontos los legisladores? ¿Por qué iban a levantar la mano?. Los fiscales no trajeron ni una prueba para sostener algo así".
 
 
El macrismo presentó las misms obras y números
 
Pero tal vez lo más impactante fue que los letrados Beraldi y Llernovoy revelaron que en 2010 y en 2011, el macrismo no sólo se oponía a CFK, sino que presentó sus propios proyectos de Presupuesto.
 
En esas iniciativas la discrepancia estaba planteada más bien en las cuestiones de seguridad social. Pero en esos proyectos de Presupuesto de la oposición figuraban exactamente las mismas obras para Santa Cruz y con los mismos valores. Una evidencia que desmoronó la idea de que CFK utilizó el presupuesto para favorecer a Báez y que Cambiemos -que supuestamente era enemigo de Báez- propuso esas mismas obras y esos mismos fondos.
 
 
Graciela Ocaña firmó los DNU
 
Los fiscales también habían embestido en su alegato con que CFK dictó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar las partidas presupuestarias, favorecer a Vialidad y por esa vía a Báez.
 
Beraldi exhibió los testimonios de todos los jefes de Gabinete. Estos dijeron que los DNU eran habituales en todos los gobiernos, antes y después de CFK, porque entre que se aprueba y se ejecuta un presupuesto pasa un tiempo y deben ajustarse los valores. Pero quedó en claro por los testimonios que esos funcionarios que los DNU amplían partidas generales para todo el Estado, incluyendo --según mostró Beraldi-- las partidas para el Poder Judicial y para el Ministerio Público.
 
Lo significativo, además, es que los DNU se mandan al Congreso porque requieren aprobación. Y los firman todos los ministros. Entre ellos, por ejemplo, una ministra que se pasó a la oposición, Graciela Ocaña. Ella suscribió aquellos DNU sin objeciones.
 
 
Mentiras evidentes
 
Durante los alegatos de la dupla Luciani Mola surgieron algunas cuestiones grotescas. Por ejemplo, destacaron la existencia de un fondo con el que se construyen rutas que proviene de un fideicomiso, un impuesto sobre el gasoil. El dato es que eso no lo habían inventado los Kirchner sino que surgió en la época de Fernando De la Rúa. Los fiscales dijeron que ese dinero lo usaron para beneficiar a Báez porque no figura en el presupuesto. 
 
Pero Beraldi mostró las planillas donde sí figuraban y además exhibió los videos de los testigos afirmando lo mismo"Esto es agotador -concluyó el abogado-. Pidieron 89 años de prisión en base a este disparate. Esto es lo grave".
 
Los fiscales también dijeron que al Congreso se le informaron valores mucho más bajos que los destinados a las 34 obras de Báez. La respuesta vino de la Oficina de Presupuesto: esas obras están correctamente informadas, con un leve cambio en la designación, pero con el número de obra correspondiente. Un dato que destruyó la acusación de Luciani-Mola.
 
Pero, para redondear, los fiscales incluso mencionaron que ninguna de las obras de Báez figuraba en los Presupuestos de 2013, 2014 y 2015. Sin embargo Beraldi dijo que revisó las planillas, con los números de obras, y constató que aparecían. "Nos quitaron la capacidad de asombro, todo es inverosímil", se quejó el letrado.
  
 
No buscar la verdad para poder mentir
 
Finalmente, Beraldi expuso sobre la Cuenta de Inversión que es una ley que vota el Congreso aprobando lo que se hizo con los montos y las metas físicas de cada presupuesto (por ejemplo, kilómetros de rutas, cantidad de vacunas o de becas). Los fiscales sostuvieron que la aprobación de todos los años de los Presupuestos del gobierno de CFK fue un tema menor, que no se le daba importancia.
 
Beraldi mostró los testimonios del juicio que afirmaron todo lo contrario: es de gran relevancia. Son dos libros de la Contaduría General de la Nación en el que se detalla la ejecución del Presupuesto. "Los fiscales dicen que el Congreso votó cualquier cosa --recordó Beraldi--. ¿Escucharon esta barbaridad? Pero, además, ¿por qué no convocaron a diputados y senadores para probarlo? Nosotros pedimos que vengan. Ellos no querían para seguir mintiendo de manera descarada".
 
 
Este martes, la segunda parte
 
Beraldi y Llernovoy continuarán este martes a partir de las 9. Pero dejaron planteado que lo que sigue será aún más duro que el tramo inicial. Lo relató la propia vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter: "Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis". Más tarde, volvió a expresarse al invitar a continuar viendo la exposición de su defensa: "Seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el "plan limpien todo". No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido". El próximo viernes será el turno de la propia Cristina Kirchner. 
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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