10:40 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 19-09-2022 / 12:09

LOS VIEJOS INCENDIOS Y UN NUEVO DEBATE

Masiva marcha en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas intencionales en las islas del Delta del Paraná

El caso de la quema en las islas del río Paraná ha alcanzado proporciones inusitadas. En un país donde la aplicación de las leyes suele ser algo muy relativo parecería que un grupúsculo de agroganaderos y desarrolladores inmobiliarios puede más que toda una estructura de códigos que apuntan a la convivencia, y siguen propiciando desastres ecológicos con su accionar.

Actualmente, y pese al escándalo desatado unos días atrás por los inconvenientes causados por las quemas y el humo, las autoridades comunales de la región despotricaron contra el gobierno entrerriano (a quien consideran responsable del desastre ambiental) y anunciaron una marcha sobre Buenos Aires donde, ya se sabe, atiende Dios, pese a estar en todas partes. Las banderas que portarán los manifestantes son sintéticas, elocuentes y dolorosas: "Queremos respirar", dicen.

El proceder se justifica. Pese a las medidas que, dicen, se han tomado el humo sigue atosigando las ciudades de Santa Fe y Rosario, ya con consecuencias muy serias, si no graves. Menudean por de pronto los reclamos de las madres que ven sus bebés con toses continuas y, ya en mayores, la aparición de manifestaciones de anormalidad respiratoria. Duele y asombra que los responsables de esos incendios, fácilmente identificables por las fuerzas públicas, prosigan en su ecocidio sin el menor interés y absoluta insolidaridad por los serios problemas que están causando. Su persistencia también hace evidente la escasa o nula acción de la fuerza pública.

Organizaciones socioambientales y vecinos autoconvocados de Rosario y alrededores cortaron el tránsito en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas "intencionales" en las islas del Delta del Paraná y la sanción de una Ley de Humedales consensuada. Íntimamente relacionado con el problema está el hecho de que el jueves venidero comenzará en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo debate en comisiones para avanzar con la aprobación de una Ley de Humedales. Tras diez años de proyectos presentados y tres intentos frustrados de aprobar la norma hubo consenso entre los bloques y las iniciativas presentadas.

Esas magnitudes temporales obligan a pensar en la distancia que media entre los manejos legislativos que tratan de conciliar intereses políticos y la realidad, por dolorosa que esta sea. Más expeditivos, los pueblos que ven afectados su presente por la humareda y su futuro por el desastre ecológico realizaron una marcha, y corte incluido, sobre el puente Rosario-Victoria, como forma efectiva de hacerse oír y que se proceda en consecuencia.

"El argumento de que una ley de protección de humedales atentaría contra el desarrollo productivo en esas zonas -ha dicho uno de los legisladores- es uno de los más utilizados por los sectores del lobby agropecuario que se oponen al proyecto. Una ley de humedales puede aportar a que las provincias y Nación tengan más herramientas para el ordenamiento del territorio. Esta no es una ley en contra de la producción, que es el principal argumento de la Sociedad Rural, es una ley en contra de la destrucción".

La Opinión Popular

Masiva marcha por la Ley de Humedales

La manifestación fue parte de la Acción Plurinacional por los Humedales que se realiza en simultáneo en distintos puntos del país y que se extenderá hasta hoy con una noche de vigilia y acampe, mientras que ayer la región amaneció con múltiples columnas de humo en la zona de islas.

La Acción Plurinacional por los Humedales, es organizada por unas 520 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias de todo el país. A ellas se sumó Greenpeace, que realizó más de 150 actividades territoriales para visibilizar el estado de "emergencia ambiental" que sufre el territorio de humedales del Delta del Paraná ante las quemas "reiteradas e intencionales".

La protesta nacional tuvo ayer su epicentro en la ciudad santafesina de Rosario por ser una de las más afectadas por los incendios forestales.

A partir de las 14, miles de manifestantes se convocaron en la explanada que sube hacia el puente Rosario-Victoria, desde Boulevard Rondeau, en donde cerca de las 15 interrumpieron totalmente el tránsito vehicular.

Caravana

Una caravana de cientos de bicicletas, vehículos y personas a pie partió desde la ciudad de Rosario y alcanzó finalmente el puente cerca de las 15:30. Desde allí, comenzó a marchar una gran columna que ocupó el ancho de la traza y que avanzó hasta la mitad del puente, encabezada por una bandera con la leyenda: "Ley de humedales ya".

"Por suerte la ciudadanía se hizo presente masivamente con miles de manifestantes en el puente ante la emergencia territorial y social que estamos viviendo", apuntó el representante de la Multisectorial por lo Humedales, Ivo Peruggino.

"Las quemas intencionales que vemos todos los días y que se intensificaron en los últimos tiempos son un atentado a la salud pública y es indignante que siga sin haber responsables presos", enfatizó. Y consideró que "cuando no hay reacción de la Justicia ni de los funcionarios, la única respuesta es la gente en la calle".

Político

En la parte central del puente, las organizaciones leyeron un documento consensuado bajo el título: Todo fuego es político. Exigieron la sanción de la Ley de Humedales "trabajada y consensuada" por organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica "que el año pasado fue frenada en comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdiendo el estado parlamentario que tanto costó tener".

En ese sentido, una de las organizadoras, Jesica Fernandez Bruera, remarcó: "Esperamos que el jueves haya un dictamen unificado para la Ley de Humedales en el plenario de comisiones que le de fuerza para los siguientes tratamientos, y que finalmente se sancione este año".

Los ambientalistas llegaron desde distintos puntos de toda la región, muchos de ellos cargando bolsas de dormir, carpas y víveres para pasar la noche en el puente como parte de la protesta que propone una vigilia hasta hoy.

A su vez, apuntaron que el puente de la traza vial Rosario-Victoria podría permanecer interrumpido hasta hoy por la tarde, cerca de las 18, pero dependerá de lo que se decida durante una asamblea abierta, indicaron los organizadores.

Quemas e incendios

Mientras las protestas se desarrollan en todo el país, los incendios en las islas del Delta no cesan y en la madrugada de ayer el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) registró múltiples focos ígneos que van desde la localidad de Capitán Bermúdez hasta Ramallo, y dependiendo del viento existe la posibilidad de que se extiendan hasta las costas de Rosario.

Al mismo tiempo, en Córdoba, los esfuerzos por combatir los incendios que desde hace tres días afectan al valle traslasierra, se concentraban por la tarde en un camino que une los parajes La Gloria, Pozo de los Algarrobos y Las Ciénagas, en jurisdicción de la localidad de Villa Cura Brochero, donde las condiciones climáticas son desfavorables, informó el gobierno provincial .

Los fuertes vientos que alcanzaron los 90km por hora registrados por la mañana, avivaron las llamas y unos 300 brigadistas, miembros de equipos profesionales y aviones hidrantes intentaban frenar el avance del fuego.

También surgió un frente en Salsipuedes desde un basural que se dirige hacia el monte, donde se sumará un avión hidrante proveniente de Jesús María parea su combate. "Las condiciones son desfavorables", admitió el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil provincial, Claudio Vignetta.

El funcionario dijo que la cabeza del incendio de Cura Brochero "sigue con mucha actividad y junto con el flanco derecho cruzó el camino donde los efectivos intentaban controlar el fuego", hacia el lado de Las Ciénagas.

Yungas

En Jujuy, unos 200 brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo combatían fuegos activos en la selva de Yungas de Jujuy, donde el fuego ya consumió unas 6.700 hectáreas y alcanzó unas 450 del Parque Nacional Calilegua, informaron fuentes del gobierno provincial.

La situación se complica por el clima ya que los pronósticos destacan que existe "alerta de riesgo extremo" para la propagación de los focos activos.

"El clima nos está afectando un poco, con altas temperaturas y los vientos que van cambiando de dirección y que están un poco más fuertes, pero contamos con más brigadistas y estamos protegiendo las líneas de defensa para que el fuego no salte", expresó el director de Incendios de Vegetación de Jujuy, Alejandro Cooke.

Baggio, uno de los apuntados por las quemas

Los responsables de los sistemáticos incendios en las islas del Delta del Paraná no tienen nombre ni apellido porque a tres años de la masificación de esta práctica, la justicia federal no imputó a nadie y se desconocen los avances en las investigaciones lo cual generó indignación en dirigentes políticos de distintos colores en la provincia de Santa Fe donde se sufre con mayor intensidad las quemas.

En consecuencia, grupos ecologistas y el trabajo de periodistas quienes con el cruzamiento de bases de datos, echaron las primeras luces de lo que ocurre en uno de los humedales más importantes del país. De esta manera, un informe realizado por el periodista Juan Chiummiento del diario La Capital advirtió, con información del Senasa, que existen 356 establecimientos agropecuarios (empresas) y 2.138 unidades productivas enclavadas en la zona de islas.

Uno de los nombres más resonantes fue el del bodeguero de Gualeguaychú, Entre Ríos, Rufino Pablo Baggio, fabricante del popular jugo de frutas, el producto insignia de la empresa. Baggio es propietario de más de 30 mil hectáreas y las sospechas apuntan a que utiliza el recurso del fuego para convertir tierras vírgenes en lotes productivos, una medida económica para el productor pero con consecuencias inmensas para el ambiente y la salud de los habitantes de la región.

Baggio tiene abierta una causa por este motivo desde el año 2020 en el Juzgado Federal N°2 de Paraná pero no se conocen avances en la investigación. De hecho, Greenpeace echó mano a su equipo creativo para ironizar sobre los populares juguitos con una falsa publicidad que ofrece el "nuevo Baggio Ahumado, una mezcla de Delta, humo y fuego".

Familia Baggio

Lo cierto es que la familia Baggio no es la primera vez que está en el centro de la polémica. A fines del año pasado, el apellido apareció en los Pandora Papers, la filtración de datos financieros internacionales que sistematizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

El descubrimiento se dio en medio de una feroz guerra familiar por el destino de la herencia de Rufino Pablo Baggio (padre) quien fundó la empresa desde cero y logró convertirse en uno de los bodegueros más importantes del país, con industrias en San Juan, Mendoza, La Rioja y Entre Ríos.

Curiosamente, otro de los propietarios con extensiones de tierras importantes en las islas es Domingo Maiocco, el intendente de Victoria, Entre Ríos, localidad ubicada frente a Rosario unidas por el puente internacional. De hecho, otro actor cuestionado en esta historia es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet quien no ha mostrado el mínimo interés en desplegar mecanismos preventivos ni avanzar en la sanción, le criticó el intendente rosarino Pablo Javkin.

Fuentes: La Arena y La Política Online

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular