16:46 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 19-09-2022 / 12:09

LOS VIEJOS INCENDIOS Y UN NUEVO DEBATE

Masiva marcha en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas intencionales en las islas del Delta del Paraná

El caso de la quema en las islas del río Paraná ha alcanzado proporciones inusitadas. En un país donde la aplicación de las leyes suele ser algo muy relativo parecería que un grupúsculo de agroganaderos y desarrolladores inmobiliarios puede más que toda una estructura de códigos que apuntan a la convivencia, y siguen propiciando desastres ecológicos con su accionar.

Actualmente, y pese al escándalo desatado unos días atrás por los inconvenientes causados por las quemas y el humo, las autoridades comunales de la región despotricaron contra el gobierno entrerriano (a quien consideran responsable del desastre ambiental) y anunciaron una marcha sobre Buenos Aires donde, ya se sabe, atiende Dios, pese a estar en todas partes. Las banderas que portarán los manifestantes son sintéticas, elocuentes y dolorosas: "Queremos respirar", dicen.

El proceder se justifica. Pese a las medidas que, dicen, se han tomado el humo sigue atosigando las ciudades de Santa Fe y Rosario, ya con consecuencias muy serias, si no graves. Menudean por de pronto los reclamos de las madres que ven sus bebés con toses continuas y, ya en mayores, la aparición de manifestaciones de anormalidad respiratoria. Duele y asombra que los responsables de esos incendios, fácilmente identificables por las fuerzas públicas, prosigan en su ecocidio sin el menor interés y absoluta insolidaridad por los serios problemas que están causando. Su persistencia también hace evidente la escasa o nula acción de la fuerza pública.

Organizaciones socioambientales y vecinos autoconvocados de Rosario y alrededores cortaron el tránsito en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas "intencionales" en las islas del Delta del Paraná y la sanción de una Ley de Humedales consensuada. Íntimamente relacionado con el problema está el hecho de que el jueves venidero comenzará en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo debate en comisiones para avanzar con la aprobación de una Ley de Humedales. Tras diez años de proyectos presentados y tres intentos frustrados de aprobar la norma hubo consenso entre los bloques y las iniciativas presentadas.

Esas magnitudes temporales obligan a pensar en la distancia que media entre los manejos legislativos que tratan de conciliar intereses políticos y la realidad, por dolorosa que esta sea. Más expeditivos, los pueblos que ven afectados su presente por la humareda y su futuro por el desastre ecológico realizaron una marcha, y corte incluido, sobre el puente Rosario-Victoria, como forma efectiva de hacerse oír y que se proceda en consecuencia.

"El argumento de que una ley de protección de humedales atentaría contra el desarrollo productivo en esas zonas -ha dicho uno de los legisladores- es uno de los más utilizados por los sectores del lobby agropecuario que se oponen al proyecto. Una ley de humedales puede aportar a que las provincias y Nación tengan más herramientas para el ordenamiento del territorio. Esta no es una ley en contra de la producción, que es el principal argumento de la Sociedad Rural, es una ley en contra de la destrucción".

La Opinión Popular

Masiva marcha por la Ley de Humedales

La manifestación fue parte de la Acción Plurinacional por los Humedales que se realiza en simultáneo en distintos puntos del país y que se extenderá hasta hoy con una noche de vigilia y acampe, mientras que ayer la región amaneció con múltiples columnas de humo en la zona de islas.

La Acción Plurinacional por los Humedales, es organizada por unas 520 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias de todo el país. A ellas se sumó Greenpeace, que realizó más de 150 actividades territoriales para visibilizar el estado de "emergencia ambiental" que sufre el territorio de humedales del Delta del Paraná ante las quemas "reiteradas e intencionales".

La protesta nacional tuvo ayer su epicentro en la ciudad santafesina de Rosario por ser una de las más afectadas por los incendios forestales.

A partir de las 14, miles de manifestantes se convocaron en la explanada que sube hacia el puente Rosario-Victoria, desde Boulevard Rondeau, en donde cerca de las 15 interrumpieron totalmente el tránsito vehicular.

Caravana

Una caravana de cientos de bicicletas, vehículos y personas a pie partió desde la ciudad de Rosario y alcanzó finalmente el puente cerca de las 15:30. Desde allí, comenzó a marchar una gran columna que ocupó el ancho de la traza y que avanzó hasta la mitad del puente, encabezada por una bandera con la leyenda: "Ley de humedales ya".

"Por suerte la ciudadanía se hizo presente masivamente con miles de manifestantes en el puente ante la emergencia territorial y social que estamos viviendo", apuntó el representante de la Multisectorial por lo Humedales, Ivo Peruggino.

"Las quemas intencionales que vemos todos los días y que se intensificaron en los últimos tiempos son un atentado a la salud pública y es indignante que siga sin haber responsables presos", enfatizó. Y consideró que "cuando no hay reacción de la Justicia ni de los funcionarios, la única respuesta es la gente en la calle".

Político

En la parte central del puente, las organizaciones leyeron un documento consensuado bajo el título: Todo fuego es político. Exigieron la sanción de la Ley de Humedales "trabajada y consensuada" por organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica "que el año pasado fue frenada en comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdiendo el estado parlamentario que tanto costó tener".

En ese sentido, una de las organizadoras, Jesica Fernandez Bruera, remarcó: "Esperamos que el jueves haya un dictamen unificado para la Ley de Humedales en el plenario de comisiones que le de fuerza para los siguientes tratamientos, y que finalmente se sancione este año".

Los ambientalistas llegaron desde distintos puntos de toda la región, muchos de ellos cargando bolsas de dormir, carpas y víveres para pasar la noche en el puente como parte de la protesta que propone una vigilia hasta hoy.

A su vez, apuntaron que el puente de la traza vial Rosario-Victoria podría permanecer interrumpido hasta hoy por la tarde, cerca de las 18, pero dependerá de lo que se decida durante una asamblea abierta, indicaron los organizadores.

Quemas e incendios

Mientras las protestas se desarrollan en todo el país, los incendios en las islas del Delta no cesan y en la madrugada de ayer el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) registró múltiples focos ígneos que van desde la localidad de Capitán Bermúdez hasta Ramallo, y dependiendo del viento existe la posibilidad de que se extiendan hasta las costas de Rosario.

Al mismo tiempo, en Córdoba, los esfuerzos por combatir los incendios que desde hace tres días afectan al valle traslasierra, se concentraban por la tarde en un camino que une los parajes La Gloria, Pozo de los Algarrobos y Las Ciénagas, en jurisdicción de la localidad de Villa Cura Brochero, donde las condiciones climáticas son desfavorables, informó el gobierno provincial .

Los fuertes vientos que alcanzaron los 90km por hora registrados por la mañana, avivaron las llamas y unos 300 brigadistas, miembros de equipos profesionales y aviones hidrantes intentaban frenar el avance del fuego.

También surgió un frente en Salsipuedes desde un basural que se dirige hacia el monte, donde se sumará un avión hidrante proveniente de Jesús María parea su combate. "Las condiciones son desfavorables", admitió el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil provincial, Claudio Vignetta.

El funcionario dijo que la cabeza del incendio de Cura Brochero "sigue con mucha actividad y junto con el flanco derecho cruzó el camino donde los efectivos intentaban controlar el fuego", hacia el lado de Las Ciénagas.

Yungas

En Jujuy, unos 200 brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo combatían fuegos activos en la selva de Yungas de Jujuy, donde el fuego ya consumió unas 6.700 hectáreas y alcanzó unas 450 del Parque Nacional Calilegua, informaron fuentes del gobierno provincial.

La situación se complica por el clima ya que los pronósticos destacan que existe "alerta de riesgo extremo" para la propagación de los focos activos.

"El clima nos está afectando un poco, con altas temperaturas y los vientos que van cambiando de dirección y que están un poco más fuertes, pero contamos con más brigadistas y estamos protegiendo las líneas de defensa para que el fuego no salte", expresó el director de Incendios de Vegetación de Jujuy, Alejandro Cooke.

Baggio, uno de los apuntados por las quemas

Los responsables de los sistemáticos incendios en las islas del Delta del Paraná no tienen nombre ni apellido porque a tres años de la masificación de esta práctica, la justicia federal no imputó a nadie y se desconocen los avances en las investigaciones lo cual generó indignación en dirigentes políticos de distintos colores en la provincia de Santa Fe donde se sufre con mayor intensidad las quemas.

En consecuencia, grupos ecologistas y el trabajo de periodistas quienes con el cruzamiento de bases de datos, echaron las primeras luces de lo que ocurre en uno de los humedales más importantes del país. De esta manera, un informe realizado por el periodista Juan Chiummiento del diario La Capital advirtió, con información del Senasa, que existen 356 establecimientos agropecuarios (empresas) y 2.138 unidades productivas enclavadas en la zona de islas.

Uno de los nombres más resonantes fue el del bodeguero de Gualeguaychú, Entre Ríos, Rufino Pablo Baggio, fabricante del popular jugo de frutas, el producto insignia de la empresa. Baggio es propietario de más de 30 mil hectáreas y las sospechas apuntan a que utiliza el recurso del fuego para convertir tierras vírgenes en lotes productivos, una medida económica para el productor pero con consecuencias inmensas para el ambiente y la salud de los habitantes de la región.

Baggio tiene abierta una causa por este motivo desde el año 2020 en el Juzgado Federal N°2 de Paraná pero no se conocen avances en la investigación. De hecho, Greenpeace echó mano a su equipo creativo para ironizar sobre los populares juguitos con una falsa publicidad que ofrece el "nuevo Baggio Ahumado, una mezcla de Delta, humo y fuego".

Familia Baggio

Lo cierto es que la familia Baggio no es la primera vez que está en el centro de la polémica. A fines del año pasado, el apellido apareció en los Pandora Papers, la filtración de datos financieros internacionales que sistematizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

El descubrimiento se dio en medio de una feroz guerra familiar por el destino de la herencia de Rufino Pablo Baggio (padre) quien fundó la empresa desde cero y logró convertirse en uno de los bodegueros más importantes del país, con industrias en San Juan, Mendoza, La Rioja y Entre Ríos.

Curiosamente, otro de los propietarios con extensiones de tierras importantes en las islas es Domingo Maiocco, el intendente de Victoria, Entre Ríos, localidad ubicada frente a Rosario unidas por el puente internacional. De hecho, otro actor cuestionado en esta historia es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet quien no ha mostrado el mínimo interés en desplegar mecanismos preventivos ni avanzar en la sanción, le criticó el intendente rosarino Pablo Javkin.

Fuentes: La Arena y La Política Online

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".