La Opinión Popular
                  12:52  |  Miercoles 18 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 19-09-2022 / 12:09
LOS VIEJOS INCENDIOS Y UN NUEVO DEBATE

Masiva marcha en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas intencionales en las islas del Delta del Paraná

Masiva marcha en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas intencionales en las islas del Delta del Paraná
El caso de la quema en las islas del río Paraná ha alcanzado proporciones inusitadas. En un país donde la aplicación de las leyes suele ser algo muy relativo parecería que un grupúsculo de agroganaderos y desarrolladores inmobiliarios puede más que toda una estructura de códigos que apuntan a la convivencia, y siguen propiciando desastres ecológicos con su accionar.
El caso de la quema en las islas del río Paraná ha alcanzado proporciones inusitadas. En un país donde la aplicación de las leyes suele ser algo muy relativo parecería que un grupúsculo de agroganaderos y desarrolladores inmobiliarios puede más que toda una estructura de códigos que apuntan a la convivencia, y siguen propiciando desastres ecológicos con su accionar.
 
Actualmente, y pese al escándalo desatado unos días atrás por los inconvenientes causados por las quemas y el humo, las autoridades comunales de la región despotricaron contra el gobierno entrerriano (a quien consideran responsable del desastre ambiental) y anunciaron una marcha sobre Buenos Aires donde, ya se sabe, atiende Dios, pese a estar en todas partes. Las banderas que portarán los manifestantes son sintéticas, elocuentes y dolorosas: "Queremos respirar", dicen.
 
El proceder se justifica. Pese a las medidas que, dicen, se han tomado el humo sigue atosigando las ciudades de Santa Fe y Rosario, ya con consecuencias muy serias, si no graves. Menudean por de pronto los reclamos de las madres que ven sus bebés con toses continuas y, ya en mayores, la aparición de manifestaciones de anormalidad respiratoria. Duele y asombra que los responsables de esos incendios, fácilmente identificables por las fuerzas públicas, prosigan en su ecocidio sin el menor interés y absoluta insolidaridad por los serios problemas que están causando. Su persistencia también hace evidente la escasa o nula acción de la fuerza pública.
 
Organizaciones socioambientales y vecinos autoconvocados de Rosario y alrededores cortaron el tránsito en el puente Rosario-Victoria para exigir el fin de las quemas "intencionales" en las islas del Delta del Paraná y la sanción de una Ley de Humedales consensuada. Íntimamente relacionado con el problema está el hecho de que el jueves venidero comenzará en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo debate en comisiones para avanzar con la aprobación de una Ley de Humedales. Tras diez años de proyectos presentados y tres intentos frustrados de aprobar la norma hubo consenso entre los bloques y las iniciativas presentadas.
 
Esas magnitudes temporales obligan a pensar en la distancia que media entre los manejos legislativos que tratan de conciliar intereses políticos y la realidad, por dolorosa que esta sea. Más expeditivos, los pueblos que ven afectados su presente por la humareda y su futuro por el desastre ecológico realizaron una marcha, y corte incluido, sobre el puente Rosario-Victoria, como forma efectiva de hacerse oír y que se proceda en consecuencia.
 
"El argumento de que una ley de protección de humedales atentaría contra el desarrollo productivo en esas zonas -ha dicho uno de los legisladores- es uno de los más utilizados por los sectores del lobby agropecuario que se oponen al proyecto. Una ley de humedales puede aportar a que las provincias y Nación tengan más herramientas para el ordenamiento del territorio. Esta no es una ley en contra de la producción, que es el principal argumento de la Sociedad Rural, es una ley en contra de la destrucción".
 
La Opinión Popular
 

 
Masiva marcha por la Ley de Humedales
 
La manifestación fue parte de la Acción Plurinacional por los Humedales que se realiza en simultáneo en distintos puntos del país y que se extenderá hasta hoy con una noche de vigilia y acampe, mientras que ayer la región amaneció con múltiples columnas de humo en la zona de islas.
 
La Acción Plurinacional por los Humedales, es organizada por unas 520 organizaciones ambientales y sociales, vecinales y comunitarias de todo el país. A ellas se sumó Greenpeace, que realizó más de 150 actividades territoriales para visibilizar el estado de "emergencia ambiental" que sufre el territorio de humedales del Delta del Paraná ante las quemas "reiteradas e intencionales".
 
La protesta nacional tuvo ayer su epicentro en la ciudad santafesina de Rosario por ser una de las más afectadas por los incendios forestales.
 
A partir de las 14, miles de manifestantes se convocaron en la explanada que sube hacia el puente Rosario-Victoria, desde Boulevard Rondeau, en donde cerca de las 15 interrumpieron totalmente el tránsito vehicular.
 
 
Caravana
 
Una caravana de cientos de bicicletas, vehículos y personas a pie partió desde la ciudad de Rosario y alcanzó finalmente el puente cerca de las 15:30. Desde allí, comenzó a marchar una gran columna que ocupó el ancho de la traza y que avanzó hasta la mitad del puente, encabezada por una bandera con la leyenda: "Ley de humedales ya".
 
"Por suerte la ciudadanía se hizo presente masivamente con miles de manifestantes en el puente ante la emergencia territorial y social que estamos viviendo", apuntó el representante de la Multisectorial por lo Humedales, Ivo Peruggino.
 
"Las quemas intencionales que vemos todos los días y que se intensificaron en los últimos tiempos son un atentado a la salud pública y es indignante que siga sin haber responsables presos", enfatizó. Y consideró que "cuando no hay reacción de la Justicia ni de los funcionarios, la única respuesta es la gente en la calle".
 
 
Político
 
En la parte central del puente, las organizaciones leyeron un documento consensuado bajo el título: Todo fuego es político. Exigieron la sanción de la Ley de Humedales "trabajada y consensuada" por organizaciones de la sociedad civil y comunidad científica "que el año pasado fue frenada en comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdiendo el estado parlamentario que tanto costó tener".
 
En ese sentido, una de las organizadoras, Jesica Fernandez Bruera, remarcó: "Esperamos que el jueves haya un dictamen unificado para la Ley de Humedales en el plenario de comisiones que le de fuerza para los siguientes tratamientos, y que finalmente se sancione este año".
 
Los ambientalistas llegaron desde distintos puntos de toda la región, muchos de ellos cargando bolsas de dormir, carpas y víveres para pasar la noche en el puente como parte de la protesta que propone una vigilia hasta hoy.
 
A su vez, apuntaron que el puente de la traza vial Rosario-Victoria podría permanecer interrumpido hasta hoy por la tarde, cerca de las 18, pero dependerá de lo que se decida durante una asamblea abierta, indicaron los organizadores.
 
 
Quemas e incendios
 
Mientras las protestas se desarrollan en todo el país, los incendios en las islas del Delta no cesan y en la madrugada de ayer el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) registró múltiples focos ígneos que van desde la localidad de Capitán Bermúdez hasta Ramallo, y dependiendo del viento existe la posibilidad de que se extiendan hasta las costas de Rosario.
 
Al mismo tiempo, en Córdoba, los esfuerzos por combatir los incendios que desde hace tres días afectan al valle traslasierra, se concentraban por la tarde en un camino que une los parajes La Gloria, Pozo de los Algarrobos y Las Ciénagas, en jurisdicción de la localidad de Villa Cura Brochero, donde las condiciones climáticas son desfavorables, informó el gobierno provincial .
 
Los fuertes vientos que alcanzaron los 90km por hora registrados por la mañana, avivaron las llamas y unos 300 brigadistas, miembros de equipos profesionales y aviones hidrantes intentaban frenar el avance del fuego.
 
También surgió un frente en Salsipuedes desde un basural que se dirige hacia el monte, donde se sumará un avión hidrante proveniente de Jesús María parea su combate. "Las condiciones son desfavorables", admitió el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil provincial, Claudio Vignetta.
 
El funcionario dijo que la cabeza del incendio de Cura Brochero "sigue con mucha actividad y junto con el flanco derecho cruzó el camino donde los efectivos intentaban controlar el fuego", hacia el lado de Las Ciénagas.
 
 
Yungas
 
En Jujuy, unos 200 brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo combatían fuegos activos en la selva de Yungas de Jujuy, donde el fuego ya consumió unas 6.700 hectáreas y alcanzó unas 450 del Parque Nacional Calilegua, informaron fuentes del gobierno provincial.
 
La situación se complica por el clima ya que los pronósticos destacan que existe "alerta de riesgo extremo" para la propagación de los focos activos.
 
"El clima nos está afectando un poco, con altas temperaturas y los vientos que van cambiando de dirección y que están un poco más fuertes, pero contamos con más brigadistas y estamos protegiendo las líneas de defensa para que el fuego no salte", expresó el director de Incendios de Vegetación de Jujuy, Alejandro Cooke.
 
 
Baggio, uno de los apuntados por las quemas
 
Los responsables de los sistemáticos incendios en las islas del Delta del Paraná no tienen nombre ni apellido porque a tres años de la masificación de esta práctica, la justicia federal no imputó a nadie y se desconocen los avances en las investigaciones lo cual generó indignación en dirigentes políticos de distintos colores en la provincia de Santa Fe donde se sufre con mayor intensidad las quemas.
 
En consecuencia, grupos ecologistas y el trabajo de periodistas quienes con el cruzamiento de bases de datos, echaron las primeras luces de lo que ocurre en uno de los humedales más importantes del país. De esta manera, un informe realizado por el periodista Juan Chiummiento del diario La Capital advirtió, con información del Senasa, que existen 356 establecimientos agropecuarios (empresas) y 2.138 unidades productivas enclavadas en la zona de islas.
 
Uno de los nombres más resonantes fue el del bodeguero de Gualeguaychú, Entre Ríos, Rufino Pablo Baggio, fabricante del popular jugo de frutas, el producto insignia de la empresa. Baggio es propietario de más de 30 mil hectáreas y las sospechas apuntan a que utiliza el recurso del fuego para convertir tierras vírgenes en lotes productivos, una medida económica para el productor pero con consecuencias inmensas para el ambiente y la salud de los habitantes de la región.
 
Baggio tiene abierta una causa por este motivo desde el año 2020 en el Juzgado Federal N°2 de Paraná pero no se conocen avances en la investigación. De hecho, Greenpeace echó mano a su equipo creativo para ironizar sobre los populares juguitos con una falsa publicidad que ofrece el "nuevo Baggio Ahumado, una mezcla de Delta, humo y fuego".
 
 
 
Familia Baggio
 
Lo cierto es que la familia Baggio no es la primera vez que está en el centro de la polémica. A fines del año pasado, el apellido apareció en los Pandora Papers, la filtración de datos financieros internacionales que sistematizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
 
El descubrimiento se dio en medio de una feroz guerra familiar por el destino de la herencia de Rufino Pablo Baggio (padre) quien fundó la empresa desde cero y logró convertirse en uno de los bodegueros más importantes del país, con industrias en San Juan, Mendoza, La Rioja y Entre Ríos.
 
Curiosamente, otro de los propietarios con extensiones de tierras importantes en las islas es Domingo Maiocco, el intendente de Victoria, Entre Ríos, localidad ubicada frente a Rosario unidas por el puente internacional. De hecho, otro actor cuestionado en esta historia es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet quien no ha mostrado el mínimo interés en desplegar mecanismos preventivos ni avanzar en la sanción, le criticó el intendente rosarino Pablo Javkin.
 
Fuentes: La Arena y La Política Online
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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