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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 18-09-2022 / 11:09
INTENTO DE MAGNICIDIO

La Nación y Clarín se desligan del atentado que provocó su campaña de odio y desinformación sistemática de la realidad

La Nación y Clarín se desligan del atentado que provocó su campaña de odio y desinformación sistemática de la realidad
Después del atentado criminal contra Cristina Kirchner, las grandes cadenas mediáticas oligopólicas tardaron algunos días en elaborar un relato capaz de capturar la lógica del acontecimiento. Tenían que hacerlo de tal modo que el odio antikirchnerista que sin solución de continuidad descargan esas mismas cadenas sobre su público no apareciera en el lugar central de fundamento de la violencia política.
Después del atentado criminal contra Cristina Kirchner, las grandes cadenas mediáticas oligopólicas tardaron algunos días en elaborar un relato capaz de capturar la lógica del acontecimiento. Tenían que hacerlo de tal modo que el odio antikirchnerista que sin solución de continuidad descargan esas mismas cadenas sobre su público no apareciera en el lugar central de fundamento de la violencia política.
 
La Nación, a través de Morales Solá y Clarín por intermedio de Wiñazki, produjeron, con diferencia temporal de pocas horas, sendos artículos que coinciden en una "explicación" de lo ocurrido en términos más o menos idénticos. Así como Clarín tituló la masacre de Puente Avellaneda en 2001 ("la crisis" causó dos nuevas víctimas) en el caso actual podría ser "la decadencia argentina causó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta".
 
¿Cómo se llega a esa insólita elucubración disfrazada de profundidad sociológica? El camino es fácil de imaginar: había que descartar de entrada y sin rodeos, que el atentado tuviera que ver con la campaña de odio y desinformación sistemática de la realidad que desarrollan cotidianamente esas mismas maquinarias de la mentira. Tampoco había que dar lugar a la pregunta sobre cómo y por qué casi cuarenta años después del derrumbe de la última experiencia autoritaria y de establecido el pacto democrático para asegurar que nunca más se repitiera, pudo ocurrir lo que ocurrió: que varias figuras de primera línea de conducción del PRO difundieron una interpretación según la cual la víctima era la única responsable de lo ocurrido.
 
El artículo de Morales Solá es un aporte a la "teoría de la mentira ingeniosa". Su primera parte hace hincapié en el hecho de que supuestas encuestas indican que la mayoría de la ciudadanía no cree que la agresión se haya producido. Cualquier análisis político serio hubiera prescindido de esta insólita manera de acercarse al hecho: con poca sutileza se intenta que un supuesto informe de supuestas encuestas ocupe el lugar central desde el que se piensa el hecho. Es posible que al culto y democrático lector de La Nación le haya terminado pareciendo que el atentado no ocurrió.
 
Esta inferencia -empleada de modo tan central en el enfoque- permite lo principal de la estrategia: darle credibilidad al mito urbano del "autoatentado"; modo perfecto, por otro lado, para colocar a la víctima en el lugar de la culpa. Pero ya en el cierre, el periodista reconoce que el atentado existió, y su hipótesis es que los culpables son sectores marginales afectados por la difícil situación económico-social y que, por eso, repudian a los políticos.
 
Es decir, el hecho que no existió, en realidad existió, pero del examen de sus causas hay que excluir toda referencia a la barbarie del discurso mediático que tiene en la vicepresidenta el destino principal y casi excluyente de sus diarios ataques. 
 

 
En la misma dirección, Wiñazki, en el diario Clarín, habla de la "degradación argentina" como responsable exclusivo del crimen (siempre la metáfora y la abstracción en lugar del análisis concreto). Ese fenómeno -agrega- "va de la pobreza indignada pero digna, hasta el delirium tremens de un cortejo de abombados venenosos que deciden matar".
 
También en este caso, el discurso político de la derecha y la prédica diaria de los grandes medios de comunicación aparecen automáticamente sacados del centro del análisis. Y, de paso, la responsabilidad por la violencia se desplaza hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.
 
Ahora bien, aún en el caso en que el proceso judicial respaldara esta hipótesis (la responsabilidad excluyente de un grupo de marginales), no habría forma de eludir la pregunta realmente política: cuál es la conexión entre los "abombados venenosos" y la prédica mediático-política de odio antiperonista y antikirchnerista.
 
Salvo que hayamos "alucinado", un conjunto de acciones callejeras, activamente promovidas por varios cuadros dirigentes de la coalición de derecha y cubiertas intensamente por los grandes medios sin crítica alguna a espectáculos de abierta repugnancia antidemocrática.
 
Salvo que también estemos "alucinados" quienes creímos ver manifestantes portando bolsas mortuorias con los nombres de los enemigos de esos grupos políticos. Nombres que, además, son implacable y cotidianamente agraviados por los columnistas de los medios más poderosos.
 
En su reaparición, Cristina volvió a exhortar al diálogo político. Lo hizo con alusiones enfáticamente encomiosas a la generosidad de los políticos que ejercían puestos decisivos en las principales fuerzas políticas en los años inmediatamente posteriores a la reconquista democrática de 1983.
 
Es de esperar que la voz de la vicepresidenta que es, a la vez, la figura política central de la política argentina sea escuchada. Porque en el rumbo en el que estamos yendo, la política y los partidos van a terminar colocados en el duro lugar de responsables de un duro desenlace político.
 
Es necesario que la dirigencia política sepa eludir el lugar de partícipe fundamental de ese desenlace. Todos lo recordamos: "que se vayan todos" fue el grito popular durante la crisis de diciembre de 2001. Las elecciones posteriores de 2001 marcaron el punto más bajo de la adhesión política a los dos partidos históricamente más fuertes de la segunda mitad del siglo veinte.
 
La anti política es la forma más brutal de la antidemocracia. Porque apuntala objetivamente a los beneficiarios de las recurrentes crisis argentinas. Justifica sus privilegios, oculta sus responsabilidades.
 
Consiente con los lamentos por la pobreza, pero se opone a discutir la riqueza, especialmente la que se esconde en las guaridas fiscales, la que practica el contrabando, la evasión y elusión de impuestos, la que se considera fuera de la nación y su interés y suele unir su suerte a las potencias del "mundo occidental". La que hace de la especulación financiera su quehacer principal.
 
Reduce la justa insatisfacción con la democracia al acto salvaje e irreflexivo de sectores marginales, "loquitos sueltos" como se suele llamarlos en estos días. El diálogo político es lo único que puede frenar la dialéctica desestabilizadora de los poderosos del país. Sería la toma de la palabra por parte de la política.
 
El acto civilizado de hacerse cargo del conjunto del drama, de examinarlo con espíritu democrático y constructivo. No hay duda de que los partidos políticos tienen responsabilidades en las recurrentes crisis por las que atraviesa el país. Pero no puede ignorarse que el plan de la ínfima minoría privilegiada es terminar con los partidos tal como los conocimos históricamente y aún en las formas muy diferentes en las que actúan hoy.
 
El ideal del privilegio argentino es un mundo sin política, sin partidos. Con la tecnocracia del discurso único poniendo en acción lo "único posible" para el país: el dominio irrestricto del "mercado" (eufemismo para referirse al puñado insignificante, en términos cuantitativos, de especuladores financieros, de oligopolios incontrolados e incontrolables para la política y para el estado, de personas que trabajan para otros intereses que no son los argentinos y guardan su dinero en sitios que los esterilizan para cualquier utilización favorable al desarrollo y al bienestar argentino).
 
Los dirigentes partidarios tienen la oportunidad de salirse del lugar que el privilegio les tiene asignados como chivos expiatorios de las desgracias populares. Para ocupar la escena pública, cada cual con su "verdad relativa" (como le gustaba decir a Néstor Kirchner) y encontrar coincidencias básicas que permitan salvar a la Argentina de nuevas experiencias de autoritarismo y decadencia.
 
En el país ha ocurrido el principal intento de magnicidio que registra la historia. Hay que enfrentar a quienes quieren hacernos mirar para otro lado, de modo que no seamos testigos y artífices de un rumbo nacional en el interior de un mundo en proceso de enormes transformaciones de época.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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