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Nacionales - 18-09-2022 / 11:09
INTENTO DE MAGNICIDIO

La Nación y Clarín se desligan del atentado que provocó su campaña de odio y desinformación sistemática de la realidad

La Nación y Clarín se desligan del atentado que provocó su campaña de odio y desinformación sistemática de la realidad
Después del atentado criminal contra Cristina Kirchner, las grandes cadenas mediáticas oligopólicas tardaron algunos días en elaborar un relato capaz de capturar la lógica del acontecimiento. Tenían que hacerlo de tal modo que el odio antikirchnerista que sin solución de continuidad descargan esas mismas cadenas sobre su público no apareciera en el lugar central de fundamento de la violencia política.
Después del atentado criminal contra Cristina Kirchner, las grandes cadenas mediáticas oligopólicas tardaron algunos días en elaborar un relato capaz de capturar la lógica del acontecimiento. Tenían que hacerlo de tal modo que el odio antikirchnerista que sin solución de continuidad descargan esas mismas cadenas sobre su público no apareciera en el lugar central de fundamento de la violencia política.
 
La Nación, a través de Morales Solá y Clarín por intermedio de Wiñazki, produjeron, con diferencia temporal de pocas horas, sendos artículos que coinciden en una "explicación" de lo ocurrido en términos más o menos idénticos. Así como Clarín tituló la masacre de Puente Avellaneda en 2001 ("la crisis" causó dos nuevas víctimas) en el caso actual podría ser "la decadencia argentina causó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta".
 
¿Cómo se llega a esa insólita elucubración disfrazada de profundidad sociológica? El camino es fácil de imaginar: había que descartar de entrada y sin rodeos, que el atentado tuviera que ver con la campaña de odio y desinformación sistemática de la realidad que desarrollan cotidianamente esas mismas maquinarias de la mentira. Tampoco había que dar lugar a la pregunta sobre cómo y por qué casi cuarenta años después del derrumbe de la última experiencia autoritaria y de establecido el pacto democrático para asegurar que nunca más se repitiera, pudo ocurrir lo que ocurrió: que varias figuras de primera línea de conducción del PRO difundieron una interpretación según la cual la víctima era la única responsable de lo ocurrido.
 
El artículo de Morales Solá es un aporte a la "teoría de la mentira ingeniosa". Su primera parte hace hincapié en el hecho de que supuestas encuestas indican que la mayoría de la ciudadanía no cree que la agresión se haya producido. Cualquier análisis político serio hubiera prescindido de esta insólita manera de acercarse al hecho: con poca sutileza se intenta que un supuesto informe de supuestas encuestas ocupe el lugar central desde el que se piensa el hecho. Es posible que al culto y democrático lector de La Nación le haya terminado pareciendo que el atentado no ocurrió.
 
Esta inferencia -empleada de modo tan central en el enfoque- permite lo principal de la estrategia: darle credibilidad al mito urbano del "autoatentado"; modo perfecto, por otro lado, para colocar a la víctima en el lugar de la culpa. Pero ya en el cierre, el periodista reconoce que el atentado existió, y su hipótesis es que los culpables son sectores marginales afectados por la difícil situación económico-social y que, por eso, repudian a los políticos.
 
Es decir, el hecho que no existió, en realidad existió, pero del examen de sus causas hay que excluir toda referencia a la barbarie del discurso mediático que tiene en la vicepresidenta el destino principal y casi excluyente de sus diarios ataques. 
 

 
En la misma dirección, Wiñazki, en el diario Clarín, habla de la "degradación argentina" como responsable exclusivo del crimen (siempre la metáfora y la abstracción en lugar del análisis concreto). Ese fenómeno -agrega- "va de la pobreza indignada pero digna, hasta el delirium tremens de un cortejo de abombados venenosos que deciden matar".
 
También en este caso, el discurso político de la derecha y la prédica diaria de los grandes medios de comunicación aparecen automáticamente sacados del centro del análisis. Y, de paso, la responsabilidad por la violencia se desplaza hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.
 
Ahora bien, aún en el caso en que el proceso judicial respaldara esta hipótesis (la responsabilidad excluyente de un grupo de marginales), no habría forma de eludir la pregunta realmente política: cuál es la conexión entre los "abombados venenosos" y la prédica mediático-política de odio antiperonista y antikirchnerista.
 
Salvo que hayamos "alucinado", un conjunto de acciones callejeras, activamente promovidas por varios cuadros dirigentes de la coalición de derecha y cubiertas intensamente por los grandes medios sin crítica alguna a espectáculos de abierta repugnancia antidemocrática.
 
Salvo que también estemos "alucinados" quienes creímos ver manifestantes portando bolsas mortuorias con los nombres de los enemigos de esos grupos políticos. Nombres que, además, son implacable y cotidianamente agraviados por los columnistas de los medios más poderosos.
 
En su reaparición, Cristina volvió a exhortar al diálogo político. Lo hizo con alusiones enfáticamente encomiosas a la generosidad de los políticos que ejercían puestos decisivos en las principales fuerzas políticas en los años inmediatamente posteriores a la reconquista democrática de 1983.
 
Es de esperar que la voz de la vicepresidenta que es, a la vez, la figura política central de la política argentina sea escuchada. Porque en el rumbo en el que estamos yendo, la política y los partidos van a terminar colocados en el duro lugar de responsables de un duro desenlace político.
 
Es necesario que la dirigencia política sepa eludir el lugar de partícipe fundamental de ese desenlace. Todos lo recordamos: "que se vayan todos" fue el grito popular durante la crisis de diciembre de 2001. Las elecciones posteriores de 2001 marcaron el punto más bajo de la adhesión política a los dos partidos históricamente más fuertes de la segunda mitad del siglo veinte.
 
La anti política es la forma más brutal de la antidemocracia. Porque apuntala objetivamente a los beneficiarios de las recurrentes crisis argentinas. Justifica sus privilegios, oculta sus responsabilidades.
 
Consiente con los lamentos por la pobreza, pero se opone a discutir la riqueza, especialmente la que se esconde en las guaridas fiscales, la que practica el contrabando, la evasión y elusión de impuestos, la que se considera fuera de la nación y su interés y suele unir su suerte a las potencias del "mundo occidental". La que hace de la especulación financiera su quehacer principal.
 
Reduce la justa insatisfacción con la democracia al acto salvaje e irreflexivo de sectores marginales, "loquitos sueltos" como se suele llamarlos en estos días. El diálogo político es lo único que puede frenar la dialéctica desestabilizadora de los poderosos del país. Sería la toma de la palabra por parte de la política.
 
El acto civilizado de hacerse cargo del conjunto del drama, de examinarlo con espíritu democrático y constructivo. No hay duda de que los partidos políticos tienen responsabilidades en las recurrentes crisis por las que atraviesa el país. Pero no puede ignorarse que el plan de la ínfima minoría privilegiada es terminar con los partidos tal como los conocimos históricamente y aún en las formas muy diferentes en las que actúan hoy.
 
El ideal del privilegio argentino es un mundo sin política, sin partidos. Con la tecnocracia del discurso único poniendo en acción lo "único posible" para el país: el dominio irrestricto del "mercado" (eufemismo para referirse al puñado insignificante, en términos cuantitativos, de especuladores financieros, de oligopolios incontrolados e incontrolables para la política y para el estado, de personas que trabajan para otros intereses que no son los argentinos y guardan su dinero en sitios que los esterilizan para cualquier utilización favorable al desarrollo y al bienestar argentino).
 
Los dirigentes partidarios tienen la oportunidad de salirse del lugar que el privilegio les tiene asignados como chivos expiatorios de las desgracias populares. Para ocupar la escena pública, cada cual con su "verdad relativa" (como le gustaba decir a Néstor Kirchner) y encontrar coincidencias básicas que permitan salvar a la Argentina de nuevas experiencias de autoritarismo y decadencia.
 
En el país ha ocurrido el principal intento de magnicidio que registra la historia. Hay que enfrentar a quienes quieren hacernos mirar para otro lado, de modo que no seamos testigos y artífices de un rumbo nacional en el interior de un mundo en proceso de enormes transformaciones de época.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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