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Nacionales - 16-09-2022 / 11:09
“NO EXISTE DUDA SOBRE SU APTITUD PARA PROVOCAR LA MUERTE”

Procesaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina

Procesaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina
La jueza María Eugenia Capuchetti procesó este jueves a los terroristas Fernando Sabag y Brenda Uliarte por el delito de tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, además de la portación ilegal de arma de guerra, proveniente de un robo, y acopio de municiones sin autorización legal.
En la causa por el brutal atentado a la vice presidenta Cristina Fernández, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó este jueves a los terroristas Fernando Sabag y Brenda Uliarte por el delito de tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, además de la portación ilegal de arma de guerra, proveniente de un robo, y acopio de municiones sin autorización legal. La magistrada menciona que también Agustina Díaz participó de la planificación del atentado, pero todavía no fue procesada porque su detención fue más reciente.
 
La jueza dedicó la parte final del texto del procesamiento a la calificación:
 
Tentativa de homicidio agravado.
* Por el uso de arma de fuego.
* Por premeditación, debido al planeamiento previo y a las operaciones de inteligencia de los días anteriores.
Alevosía, porque la vicepresidenta estaba indefensa en el medio de los militantes y ante una persona que le quería disparar a 35 centímetros.
* La portación ilegal de un arma de fuego de guerra, obtenida a partir de un robo. Aunque no lo detalla, se supone que le sustrajeron la pistola a la familia de un vecino, fallecido, de Sabag.
Acopio ilegal de proyectiles.
Tenencia ilegal de un DNI de otra persona que denunció su pérdida en un recital.
 
Los abogados consultados calculan que los acusados afrontan una pena de alrededor de 15 años de prisión. 
 

 
PORMENORES DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZA MARÍA EUGENIA CAPUCHETTI
 
Las claves del procesamiento a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner
 
La magistrada señaló que ambos tuvieron activa participación en la ejecución del hecho y les imputó tentativa de homicidio calificado agravado y otros delitos. Por esos cargos podrían darles unos 15 años de prisión. Su resolución describe cómo llevaron adelante el plan para asesinar a la vicepresidenta.
 
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
 
En principio, los cargos contra Sabag y Uliarte podrían llevarlos a unos 15 años de prisión. La jueza dispuso un embargo para ambos de 100 millones de pesos. Para Capuchetti, el plan se puso en marcha el 22 de abril cuando Uliarte compró el arma de manera ilegal, ya el 4 de julio habló de matar a la vicepresidenta "porque tengo ovarios" y la idea era que Sabag dispare, se produzca una estampida de los militantes y él pudiera darse a la fuga. Igual, también barajaron la posibilidad de que tras el disparo hubiera un linchamiento.
 
De las 94 páginas del procesamiento surgen algunos elementos novedosos. Por de pronto, por primera vez se habla de la fecha del 22 de abril como puntapié inicial, cuando Uliarte compró el arma. Lo dice la chica en sus mensajes de texto a dos amigos, Serena y Fran. "Ya tengo el fierro. Lo compré porque mi jefe se puso jede". Es un dato extraño porque en realidad la Bersa era de César Bruno Herrera, un vecino de la calle Terrada, donde vivía Sabag. Aún así, para Capuchetti fue Brenda Uliarte la que consiguió la pistola. Y la voluntad de matar a CFK aparece por primera vez en un mensaje -ya conocido- del 4 de julio: "Ya tengo el fierro y tengo los ovarios para pegarle un corchazo a Cristina". Todo siempre adornado con insultos.
 
 
Los mensajes, claves para el procesamiento
 
La idea de atentar contra la vicepresidenta se reitera en los mensajes a lo largo de agosto, según enumera la magistrada. El texto del procesamiento detalla la secuencia de mensajes.
 
El 23 de agosto hablan de alquilar un departamento en Recoleta. "Hay que poner una seña para alquilarlo. No me gusta el departamento pero Cristina está para pegarle un corchazo. Hace falta un francotirador. Viste que la mina se pone en el balcón, pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda". Queda el enorme interrogante: ¿de dónde iba a salir el dinero para el alquiler de un departamento en Recoleta? Una movida de ese tipo requiere de 500 mil pesos, entre alquiler, anticipo y gastos de inmobiliaria. La jueza no lo menciona.
 
Ell 27 de agosto, el día que se decía que hubo una primera tentativa de homicidio, para la jueza en la esquina estaba sólo Sabag, mientras que Uliarte se encontraba "en casa" dispuesta a ir a Recoleta. Ahí es cuando Sabag le escribe que no era necesario que fuera, que "Cristina ya se metió adentro" y por lo tanto le indica a Brenda que no vaya para Juncal y Uruguay y, presuntamente, que no lleve el arma. "No traigas nada", le escribe.
 
Es ese día que Brenda Uliarte tiene el diálogo con Agustina Díaz diciéndole: "Hoy me convierto en San Martín. Mandé a matar a la vice Cristina pero se metió adentro. No salió porque se metió adentro....". En ese marco, como se sabe, Díaz le cuestiona: "¿Por qué mandaste a ese tarado?". Y le pregunta: "¿Cuánto te cobró?". Todo está transcripto por Capuchetti de manera ordenada y cobra más sentido que lo que se conocía hasta ahora. En ese chat, Uliarte le habla al "amor de mi vida", Agustina Díaz, de matar e irse a vivir a otro país. Y Díaz le dice, entre reiterados "te amo", que lo de irse a otro lado no es sencillo y se requiere de plata. "Yo tengo algo de money", le contestó Brenda.
 
De todas maneras, ese día 27 se delinea una parte del plan que no se conocía. "Estos putitos peronistas salen disparando si yo tiro un tiro", dice Sabag. Y ella le contesta: "La onda es que metas el corchazo y dispares". O sea que el plan consistía en asesinar y huir, aunque también, en aquella conversación, barajan la posibilidad de que lo agarren y lo linchen.
 
Finalmente, la jueza describe el mismo 1 de septiembre. Afirma que Fernando Sabag y Brenda Uliarte estuvieron todo el día juntos, primero fueron a cobrar un alquiler, luego a Quilmes y al final a la esquina de Juncal y Uruguay. Allí Sabag aprovechó la situación de indefensión de la vicepresidenta, producto de la cantidad de gente que había, se acercó y accionó el arma. Capuchetti no concluye por qué no salió el proyectil, pero transcribe los peritajes que indican que el arma y los proyectiles eran aptos para matar, aunque la corredera no funcionaba del todo bien.
 
 
El rol de los imputados
 
La juez Capuchetti concluye: "No puedo dejar de señalar que el modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una cogobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados, en tanto la determinación del modo, tiempo y lugar de su ejecución estaba previamente establecida por ellos. Asimismo, si bien fue Sabag Montiel quien utilizó el arma de fuego contra la víctima, lo cierto es que Uliarte también tuvo activa participación en la ejecución del hecho, en el cual estaba presente a escasos metros de lo ocurrido, brindando el apoyo logístico y moral para su realización. En virtud de ello, ambos habrán de responder en calidad de coautores del delito de homicidio, agravado por el uso de armas de fuego y con alevosía y premeditación de dos o más personas, en grado tentativa, toda vez que, a partir de los numerables informes recepcionados, se constató la idoneidad del medio empleado a tales efectos, cuya concreción no ocurrió por razones ajenas a la voluntad de sus autores".
 
Fuente: Página/12 
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

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