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Nacionales - 16-09-2022 / 11:09
“NO EXISTE DUDA SOBRE SU APTITUD PARA PROVOCAR LA MUERTE”

Procesaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina

Procesaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina
La jueza María Eugenia Capuchetti procesó este jueves a los terroristas Fernando Sabag y Brenda Uliarte por el delito de tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, además de la portación ilegal de arma de guerra, proveniente de un robo, y acopio de municiones sin autorización legal.
En la causa por el brutal atentado a la vice presidenta Cristina Fernández, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó este jueves a los terroristas Fernando Sabag y Brenda Uliarte por el delito de tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, además de la portación ilegal de arma de guerra, proveniente de un robo, y acopio de municiones sin autorización legal. La magistrada menciona que también Agustina Díaz participó de la planificación del atentado, pero todavía no fue procesada porque su detención fue más reciente.
 
La jueza dedicó la parte final del texto del procesamiento a la calificación:
 
Tentativa de homicidio agravado.
* Por el uso de arma de fuego.
* Por premeditación, debido al planeamiento previo y a las operaciones de inteligencia de los días anteriores.
Alevosía, porque la vicepresidenta estaba indefensa en el medio de los militantes y ante una persona que le quería disparar a 35 centímetros.
* La portación ilegal de un arma de fuego de guerra, obtenida a partir de un robo. Aunque no lo detalla, se supone que le sustrajeron la pistola a la familia de un vecino, fallecido, de Sabag.
Acopio ilegal de proyectiles.
Tenencia ilegal de un DNI de otra persona que denunció su pérdida en un recital.
 
Los abogados consultados calculan que los acusados afrontan una pena de alrededor de 15 años de prisión. 
 

 
PORMENORES DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZA MARÍA EUGENIA CAPUCHETTI
 
Las claves del procesamiento a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner
 
La magistrada señaló que ambos tuvieron activa participación en la ejecución del hecho y les imputó tentativa de homicidio calificado agravado y otros delitos. Por esos cargos podrían darles unos 15 años de prisión. Su resolución describe cómo llevaron adelante el plan para asesinar a la vicepresidenta.
 
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
 
En principio, los cargos contra Sabag y Uliarte podrían llevarlos a unos 15 años de prisión. La jueza dispuso un embargo para ambos de 100 millones de pesos. Para Capuchetti, el plan se puso en marcha el 22 de abril cuando Uliarte compró el arma de manera ilegal, ya el 4 de julio habló de matar a la vicepresidenta "porque tengo ovarios" y la idea era que Sabag dispare, se produzca una estampida de los militantes y él pudiera darse a la fuga. Igual, también barajaron la posibilidad de que tras el disparo hubiera un linchamiento.
 
De las 94 páginas del procesamiento surgen algunos elementos novedosos. Por de pronto, por primera vez se habla de la fecha del 22 de abril como puntapié inicial, cuando Uliarte compró el arma. Lo dice la chica en sus mensajes de texto a dos amigos, Serena y Fran. "Ya tengo el fierro. Lo compré porque mi jefe se puso jede". Es un dato extraño porque en realidad la Bersa era de César Bruno Herrera, un vecino de la calle Terrada, donde vivía Sabag. Aún así, para Capuchetti fue Brenda Uliarte la que consiguió la pistola. Y la voluntad de matar a CFK aparece por primera vez en un mensaje -ya conocido- del 4 de julio: "Ya tengo el fierro y tengo los ovarios para pegarle un corchazo a Cristina". Todo siempre adornado con insultos.
 
 
Los mensajes, claves para el procesamiento
 
La idea de atentar contra la vicepresidenta se reitera en los mensajes a lo largo de agosto, según enumera la magistrada. El texto del procesamiento detalla la secuencia de mensajes.
 
El 23 de agosto hablan de alquilar un departamento en Recoleta. "Hay que poner una seña para alquilarlo. No me gusta el departamento pero Cristina está para pegarle un corchazo. Hace falta un francotirador. Viste que la mina se pone en el balcón, pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda". Queda el enorme interrogante: ¿de dónde iba a salir el dinero para el alquiler de un departamento en Recoleta? Una movida de ese tipo requiere de 500 mil pesos, entre alquiler, anticipo y gastos de inmobiliaria. La jueza no lo menciona.
 
Ell 27 de agosto, el día que se decía que hubo una primera tentativa de homicidio, para la jueza en la esquina estaba sólo Sabag, mientras que Uliarte se encontraba "en casa" dispuesta a ir a Recoleta. Ahí es cuando Sabag le escribe que no era necesario que fuera, que "Cristina ya se metió adentro" y por lo tanto le indica a Brenda que no vaya para Juncal y Uruguay y, presuntamente, que no lleve el arma. "No traigas nada", le escribe.
 
Es ese día que Brenda Uliarte tiene el diálogo con Agustina Díaz diciéndole: "Hoy me convierto en San Martín. Mandé a matar a la vice Cristina pero se metió adentro. No salió porque se metió adentro....". En ese marco, como se sabe, Díaz le cuestiona: "¿Por qué mandaste a ese tarado?". Y le pregunta: "¿Cuánto te cobró?". Todo está transcripto por Capuchetti de manera ordenada y cobra más sentido que lo que se conocía hasta ahora. En ese chat, Uliarte le habla al "amor de mi vida", Agustina Díaz, de matar e irse a vivir a otro país. Y Díaz le dice, entre reiterados "te amo", que lo de irse a otro lado no es sencillo y se requiere de plata. "Yo tengo algo de money", le contestó Brenda.
 
De todas maneras, ese día 27 se delinea una parte del plan que no se conocía. "Estos putitos peronistas salen disparando si yo tiro un tiro", dice Sabag. Y ella le contesta: "La onda es que metas el corchazo y dispares". O sea que el plan consistía en asesinar y huir, aunque también, en aquella conversación, barajan la posibilidad de que lo agarren y lo linchen.
 
Finalmente, la jueza describe el mismo 1 de septiembre. Afirma que Fernando Sabag y Brenda Uliarte estuvieron todo el día juntos, primero fueron a cobrar un alquiler, luego a Quilmes y al final a la esquina de Juncal y Uruguay. Allí Sabag aprovechó la situación de indefensión de la vicepresidenta, producto de la cantidad de gente que había, se acercó y accionó el arma. Capuchetti no concluye por qué no salió el proyectil, pero transcribe los peritajes que indican que el arma y los proyectiles eran aptos para matar, aunque la corredera no funcionaba del todo bien.
 
 
El rol de los imputados
 
La juez Capuchetti concluye: "No puedo dejar de señalar que el modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una cogobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados, en tanto la determinación del modo, tiempo y lugar de su ejecución estaba previamente establecida por ellos. Asimismo, si bien fue Sabag Montiel quien utilizó el arma de fuego contra la víctima, lo cierto es que Uliarte también tuvo activa participación en la ejecución del hecho, en el cual estaba presente a escasos metros de lo ocurrido, brindando el apoyo logístico y moral para su realización. En virtud de ello, ambos habrán de responder en calidad de coautores del delito de homicidio, agravado por el uso de armas de fuego y con alevosía y premeditación de dos o más personas, en grado tentativa, toda vez que, a partir de los numerables informes recepcionados, se constató la idoneidad del medio empleado a tales efectos, cuya concreción no ocurrió por razones ajenas a la voluntad de sus autores".
 
Fuente: Página/12 
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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