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Nacionales - 16-09-2022 / 09:09
CORRUPCIÓN MACRISTA AL PALO: QUERÍAN LLENARSE BIEN LOS BOLSILLOS

El Gobierno pidió la nulidad de las escandalosas concesiones de las autopistas que hizo Macri

El Gobierno pidió la nulidad de las escandalosas concesiones de las autopistas que hizo Macri
Finalmente el Gobierno nacional decidió impulsar la anulación de los pestilentes contratos de concesión de las autopistas de ingreso a la Capital Federal firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, durante la gestión neoliberal macrista. Fueron tantas, y tan descomunales, las irregularidades y las cláusulas lesivas para el Estado y los usuarios, que perpetraron estos ladrones de guante blanco, que no cabía otra opción.
Finalmente el Gobierno nacional decidió impulsar la anulación de los pestilentes contratos de concesión de las autopistas de ingreso a la Capital Federal firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, durante la gestión neoliberal macrista. Fueron tantas, y tan descomunales, las irregularidades y las cláusulas lesivas para el Estado y los usuarios, que perpetraron estos ladrones de guante blanco, que no cabía otra opción.
 
El caso de las autopistas estuvo entre los más escandalosos del cuatrienio macrista porque los perjuicios pudieron probarse, como también la venta de acciones de Macri tras decretar aumentos en los peajes, o la participación "en ambos lados del mostrador" de operadores que firmaban por el Estado y antes habían trabajado para las empresas. La sola extensión de la concesión hasta 2030 en forma directa y sin licitación exime de mayores comentarios. Querían llenarse bien los bolsillos.
 
A pesar que la renovación fue un negociado sin licitación armado para beneficiar a los privados, llama poderosamente la atención que en ninguno de los grandes medios porteños que informaron sobre el tema se haya utilizado la palabra "corrupción" para referirse a este negociado. Eso es esperable, desde luego, en la prensa de derecha aliada al macrismo, pero no en aquélla que dice ubicarse en la vereda de enfrente y expresa líneas editoriales progresistas.
 
Angustia ver cómo el término "corrupción" fue cooptado por la derecha, para ser usado como ariete contra gobiernos y dirigentes populares que se oponen al neoliberalismo. En nombre de la corrupción se fraguaron infinidad de causas judiciales viciadas (dólar futuro, bolsos con dinero, Plan Qunita, Memorándum con Irán, obra pública, etc.) y un fiscal llenó de pozos la Patagonia austral en busca del tesoro escondido. A pesar de eso nunca pudo encontrarse la famosa "ruta del dinero K" y sí la "ruta del dinero M" que, sugestivamente, los jueces nunca siguieron (Panamá y Pandora papers, blanqueo de familiares y amigos, parques eólicos, fajos de billetes de EEUU al bolso de López, etc.).

Sin embargo los grandes medios porteños han decretado que eso no es corrupción. El "periodismo de guerra" terminó imponiendo la letra K al lado de aquella palabra y quedó grabado a fuego en la mente de millones de argentinos. Lamentablemente también en la de muchos periodistas que ni siquiera militan para la derecha y que no se animan a llamar las cosas por su nombre: corrupción macrista.

La Opinión Popular



 
EL GOBIERNO PIDIÓ LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS
 
Gabriel Katopodis tildó de "escandalosas" las concesiones de las autopistas que hizo el macrismo: "Querían llenarse los bolsillos"
 
El ministro de Obras Públicas criticó los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, en 2018, que dolarizaban los peajes de los accesos norte y oeste. 
 
El Gobierno oficializó este miércoles el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste firmados en 2018 por Mauricio MacriGuillermo Dietrich y Javier Iguacel. Lo hicieron al considerarlos "lesivos al interés general", y que "generaron un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios".
  
El anuncio del decreto se hizo este miércoles durante una conferencia de prensa donde participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
 
De esta forma, el Presidente ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.
 
 
Pagar una deuda inexistente
 
"Lo que había era un escándalo. Estuvimos más de un año con auditorías. La presunta deuda que el Gobierno de Macri les reconoció a las dos autopistas no tenían en el expediente ningún elemento demuestre su existencia. Además, esa deuda se dolarizó con un ajuste del 8 por ciento anual. Estamos hablando de 800 millones de dólares", detalló Katopodis por AM750, respecto de la denuncia.
 
A lo que hace referencia el ministro es a dos decretos -el 608/2018 y 607/2018- donde se renegociación los contratos de concesión y adjudicación los corredores viales que tenían por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
 
Esto, por supuesto, se habría puesto en marcha no sin una clara consecuencia para los usuarios de estos corredores viales. "Pretendemos que esas concesiones vuelvan al Estado. Para pagar esa deuda se prorrogó la concesión de manera arbitraria. Y se estableció un cuadro tarifario donde todos los usuarios contribuyan a la cancelación de la deuda", dijo Katopodis.
 
Actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual paga $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Sin embargo, según estimaciones, si se hubiese seguido con lo negociado conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos.
  
 
El vínculo con la "Causa Peajes"
 
Por otro lado, Katopodis no descartó que la información aportada para esta causa pueda ser utilizada en otras, aledañas, y donde también están vinculados funcionarios de primera línea del macrismo: " Todas estas actuaciones las vamos a incorporar al expediente para pedirle a la Justicia que complete la investigación. Tenemos que demostrar primero la nulidad de estos contratos. En función de que eso sea así, como estamos convencidos, después analizaremos qué otros efectos tiene esta situación".
 
Es decir, la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste "seguramente será acercada como prueba" en la justicia penal federal, "donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes", en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.
 
Es que, en el fondo, todo está vinculado. Y así lo señala Katopodis. "El sistema era siempre el mismo. Estaba pensado para que el Estado pierda plata y algunos se llenen los bolsillos. Estaban de los dos lados del mostrador. No hay ninguna duda de que aquí, más que conflicto de intereses, hubo funcionarios que les garantizaron ganancias extraordinarias a los empresarios", lanzó.
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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