19:04 | Lunes 13 de Octubre de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 15-09-2022 / 10:09
¿QUÉ FESTEJA EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE ENTRE RÍOS?
De cada diez casos que ingresan a una fiscalía, solo uno recibe una respuesta eficaz
La cabeza de la Procuración General ha decidido ingresar al mundo de la posverdad. No le interesa poner a consideración información cierta sino ganar una batalla en la esfera pública.
CRISIS
El Ministerio Público Fiscal festeja una tragedia
Las estadísticas que se festejan en Entre Ríos hablan de que nueve de cada diez causas penales quedan sin una respuesta eficaz. Sin embargo, sectores del Ministerio Público Fiscal festejan el primer puesto.
Por: Federico Malvasio
Este martes, integrantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos difundieron un informe que asegura que la provincia encabeza un ranking de "eficacia" en materia de "política criminal".
La información deriva del aporte que hacen las propias procuraciones generales de todo el país al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Si bien se desconoce cuál fue la materia prima que se envió desde Entre Ríos y la manera en que se procesó esa información, lo cierto es que lo difundido da cuenta del siguiente orden de mérito en "eficacia": el primer lugar es para Entre Ríos con un 9,17 por ciento; lo siguen Neuquén, con 8,66 por ciento; Chubut, con 6,81 por ciento; y Río Negro, con 5,31 por ciento. En el pelotón de las calificaciones más bajas aparece Santa Fe, con 2,76 por ciento. Esto debería ser un llamado de atención para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, que dictando la carrera de Derecho tenga un Poder Judicial tan "ineficiente".
El informe comparado busca mostrar la capacidad de cada uno de los organismos en torno a las causas penales que ingresan a las fiscalías, las respuestas a cada una de las mismas y observar la criminalidad de las jurisdicciones. En lo que respecta a la "eficacia básica general", se mide la capacidad de las fiscalías de dar una salida que ofrezca alguna respuesta, aunque sea básica, al conflicto que dio origen a cada causa penal.
Para la elaboración de estas tasas, se ha confrontado la cantidad de causas ingresadas al sistema de justicia penal en el plazo de un año, el 2019. Se utilizó ese año para evitar distorsiones teniendo en cuenta que los dos años siguientes transcurrieron en pandemia por el Covid-19.
El Inecip envió pedidos de acceso a la información pública a todos los Ministerios Públicos Fiscales del país -federal y provinciales- y, en los casos en los que estos organismos no contaban con información completa, a los poderes judiciales correspondientes.
Página Política apeló a fuentes oficiales de la entidad ante una duda que se presentó en un segundo ranking del mismo informe que hacía referencia a la "eficacia básica general", ítem en la que el primer lugar lo ocupa Corrientes con 15,12 y Entre Ríos ocupa el cuarto lugar con 11,93. Esto nos hizo dudar de que la escala de medición fuera del 1 al 10. La respuesta fue una cachetada: se califica con una escala que va del 1 al 100, lo que implica que en el caso del Ministerio Público Fiscal entrerriano no llegó al 10, por lo tanto en términos escolares no alcanzó a sacarse un 1.
Julián Alfie, es integrante del Inecip y fue quien se encargó de llevar adelante el informe. Le dijo a Página Política: "La medición es en porcentaje, es decir, Entre Ríos sacó 9 puntos sobre 100. Esto significa, para ser gráficos, que de cada cien casos que ingresan a una fiscalía, solo nueve reciben una respuesta eficaz (condena, suspensión de juicio a prueba, absolución o algún tipo de acuerdo reparatorio: mediación, conciliación, etcétera). En otras palabras, nueve de cada diez casos quedan sin respuesta eficaz. Esto es un resultado realmente preocupante para todos los ministerios públicos, del primero al último. Nos llamaría mucho la atención que un ministerio público pueda estar orgulloso de estos números. No hay nada que festejar, más bien hay un mal desempeño generalizado".
Pues bien, en Entre Ríos se festeja.
Para Alfie, "los números deben generar muchísima preocupación. La investigación busca ser un llamado de atención sobre este magro desempeño generalizado, y una invitación a trabajar para mejorarlo. La evaluación de la eficacia es un primer paso imprescindible para mejorar el funcionamiento de cualquier organización, pero lamentablemente las fiscalías no lo hacen. No es correcto que deba ser una organización de la sociedad civil la que haya tenido que venir a llamar la atención sobre estos problemas", y agregó: "Debería ser el propio Estado y los propios ministerios públicos los que estén midiendo periódicamente su eficacia y reorientado su accionar para mejorar sus números".
El trabajo cuenta con la dirección del prestigioso jurista Alberto Binder, de escasa presencia en los medios tradicionales. En una interesante entrevista publicada hace un año en elDiarioAR, desmenuza el funcionamiento del Poder Judicial y los medios de comunicación. Aquí la nota.
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos vuelve a explicitar una estrategia comunicacional que inauguró durante el proceso que terminó con la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche por el Jurado de Enjuiciamiento. La doctora recorrió los principales medios de comunicación diciendo que sería destituida por haber sido artífice de la condena contra el ex gobernador Sergio Urribarri y que sus denunciantes eran defensores de imputados en la causa conocida como "contratos truchos" en la Legislatura. Ello a pesar de que sus denunciantes son los mismos que promovieron las denuncias contra el ex gobernador: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Luego, integrantes de la Procuración General que hablan por su jefe, Jorge Amilcar Luciano García, y por la propia Goyenbeche difundieron información que afirmaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dado luz verde para que el juicio contra los imputados por los "contratos truchos" se lleve adelante en la jurisdicción provincial, cuando en rigor se espera una resolución de la Cámara Nacional Electoral a instancia de la Procuración General de la Nación.
A las pocas semanas se hizo correr nuevamente por canales no institucionales un supuesto desalojo de oficinas de la Procuración del edificio de los tribunales de Paraná cuando, con anterioridad, García había sido notificado de los cambios edilicios y la reorganización del funcionamiento del organismo con un posible inmueble sobre calle Santa Fe, lindante con la actual sede del Ministerio Público Fiscal.
La cabeza de la Procuración General ha decidido ingresar al mundo de la posverdad. No le interesa poner a consideración información cierta sino ganar una batalla en la esfera pública. Quizás por eso contrató para el jury a Goyeneche al publicista Carlos Fara.
Escupir para arriba
El Ministerio Público Fiscal que encabeza García tiene un largo reportorio de casos resonantes, básicamente de corrupción, para jactarse.
En Entre Ríos se acaba de condenar a ocho años de prisión al ex gobernador Sergio Urribarri y parte de sus colaboradores; antes fueron condenados dos ex vicegobernadores; presidentes de bloque del partido gobernante, como Félix Abelardo Pacayut y Mario Yedro, y siguen las firmas. Todo sucedió mientras gobernó el peronismo.
Este repaso, a modo de un breve ejemplo, lo que sí evidenciaría es que el sistema funciona. Dirigentes justicialistas condenados con penas de prisión efectiva durante gobiernos del mismo color político. Estas son cuestiones para saludar.
Sin embargo, desde las usinas que expresan a García y Goyeneche se ha manifestado que la provincia ingresó a los peores ámbitos de la arbitrariedad e ilegalidad.
De las causas de corrupción, la de los "contratos truchos" es la que más deja que desear. La pesquisa se detuvo en el mismo momento en que Goyeneche como coordinadora de la investigación se vio envuelta en la misma trama, cuando se descubrió que era socia de un contador que formaba parte del grupo delictivo que, en el interior de su buffet, llegó a tener hasta un cajero de Entre Ríos Servicios.
Si es el caso más resonante de corrupción, el mismo fue elevado a juicio sin un solo responsable político, cuando el delito se dio en la Legislatura, ámbito netamente político. Eficacia, cero.
Fuente: Página Política
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