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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 14-09-2022 / 20:09

EL GOBERNADOR INSTRUYÓ REALIZAR UNA DENUNCIA POR AMENAZAS

Amenazan matar a Bordet y prender fuego la casa del intendente de Victoria

Tras la publicación en Twitter de una mujer “sacada” de Rosario sobre la necesidad de "matar" al gobernador por los incendios, Gustavo Bordet hará una denuncia penal.

El gobernador Gustavo Bordet hará una denuncia penal para que se investigue la presunta amenaza de muerte realizada en su contra por parte de una usuaria desequilibrada de Twitter este miércoles, se confirmó desde el gobierno.

Fuentes oficiales confirmaron que Gustavo Bordet instruyó al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a examinar el caso, los documentos en poder de la Policía de Entre Ríos, y a formular la denuncia penal, por amenazas, que corresponda. Según se indicó, la denuncia se hará ante el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.

Como se informó este miércoles, una usuaria de la red social Twitter, vecina de Rosario, hizo una publicación en la que advertía que, ante los incendios en las islas del delta del río Paraná, la única alternativa era "matar a Bordet".

Además, la mujer hizo referencia a prender fuego la casa del intendente de Victoria, Domingo Maiocco, y también dedicó un tuit al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

"Hicimos quilombo colectivo, ni bola. Cortamos el puente Rosario-Victoria, ni bola. Así que es de mi agrado informarles que lo que sigue es invadir Entre Ríos, matar a Bordet y prenderle fuego la casa al intendente de Victoria. En ese orden", dice el tuit de la usuaria @floripalacios.

Luego, ante la advertencia de otros usuarios por las controvertidas declaraciones, que podrían ser penadas por la ley, la rosarina expresó: "No meten en cana a los dueños de los terrenos, me van a meter en cana a mí por quejarme en Twitter".

Fuentes del gobierno entrerriano ya habían admitido que la publicación fue tomada como algo serio y causaron preocupación, sobre todo porque se produjeron en un contexto de creciente violencia discursiva y a solo dos semanas de que atentaran contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Fuente: UNO

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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