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Nacionales - 14-09-2022 / 11:09
EL NEGACIONISMO DEL ATENTADO HACE AGUA

Detienen a una amiga de Brenda Uliarte y se refuerza la hipótesis de una organización detrás del ataque a Cristina

Detienen a una amiga de Brenda Uliarte y se refuerza la hipótesis de una organización detrás del ataque a Cristina
Por los mensajes hallados en el teléfono de Uliarte se supo que su cómplice, Díaz, le recriminó haber mandado "a este tarado" de Sabag a concretar el ataque. También por los datos obtenidos del celular se supo que los acusados buscaban alquilar un departamento cerca del de la vicepresidenta, en plena Recoleta. Las sospechas de quienes financiaron al grupo se acrecientan con otro mensaje de Uliarte: "Si me falta plata ya sé a quién recurrir”.
La Justicia detuvo a una tercera persona por el fallido atentado terrorista contra Cristina y se refuerza la hipótesis de un grupo que organizó y colaboró con Fernando Sabag y Brenda Uliarte. Según se informó, la nueva detenida, identificada como Agustina Díaz, es una amiga de Uliarte y la decisión de apresarla se tomó después del análisis de la información que la compromete, surgida del análisis de los teléfonos secuestrados.
 
Por los mensajes hallados en el teléfono de Uliarte se supo que su cómplice, Díaz, le recriminó haber mandado "a este tarado" de Sabag a concretar el ataque. También por los datos obtenidos del celular se supo que los acusados buscaban alquilar un departamento cerca del de la vicepresidenta, en plena Recoleta. Las sospechas de quienes financiaron al grupo se acrecientan con otro mensaje de Uliarte: "Si me falta plata ya sé a quién recurrir".
 
La amenaza de muerte que recibió Cristina y la detención de otra mujer sospechada de participar en la organización del atentado hablan de la gravedad del mismo. Las investigaciones judiciales y periodísticas permitieron conocer el oscuro entramado de vínculos que rodea a las dos personas que inicialmente fueron apresadas por participar en el ataque con un arma de fuego.
 
Ahora se sabe que el conmocionante episodio terrorista que todos vimos por la televisión no fue el primer intento de darle muerte a Cristina. La noche del 27 de agosto Sabag Montiel estuvo merodeando en las inmediaciones del edificio donde vive la vicepresidenta sin encontrar la oportunidad que sí tuvo cuatro días después. Los mensajes que intercambió con su pareja, y cómplice, Brenda Uliarte no dejan lugar para la duda.
 
La pertenencia de este dúo a grupos que profesan ideas de ultraderecha y que participaron en acciones públicas violentas permite ver que no fueron "loquitos sueltos". Además, la estrecha relación de algunos de ellos con la "vecina de arriba" de CFK, en cuyo departamento llegaron a reunirse y sacarse fotografías, provoca pavor. Qué cerca del "objetivo" estuvieron durante tanto tiempo y cuántas oportunidades de agresión tuvieron a su alcance. La seguridad de Cristina no estuvo bien cubierta.
 
Las violentas manifestaciones en la vía pública y la activa participación en las redes sociales con mensajes de odio e incitaciones a "pasar a la acción" contra dirigentes del peronismo son elocuentes. La fraseología neonazi, antisemita, antiperonista, y la adhesión a figuras reconocidas de la derecha y ultraderecha no dejan dudas sobre el fanatismo de esta "mano de obra" disponible. Apenas un empujón, un proceso de adoctrinamiento e inoculación de altas dosis de odio, alcanza para inducirlos a cumplir la tarea sucia.
 
Pero tanto como el accionar de estas patrullas desquiciadas, inquieta la reacción de la derecha política y mediática. Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio y sus aliados de los grandes medios porteños se embarcaron en una campaña negacionista que puede provocar enorme daño a la convivencia y la institucionalidad política.
 
Están empecinados en restarle importancia al atentado, incluso con acusaciones al gobierno de ser el causante del ataque, boicoteando una invitación al diálogo político, encerrados en su propia lógica confrontativa. Sin poder salir de ese rol no alcanzan a comprender, o no les importa, que la apuesta a escalar la crispación social, luego de lo sucedido, es como querer apagar un incendio con nafta.
 
La Opinión Popular
 

SABAG MONTIEL Y ULIARTE PLANEABAN ALQUILAR UN DEPARTAMENTO EN RECOLETA PARA VIGILAR A LA VICEPRESIDENTA
 
Atentado contra CFK: La nueva detenida y el misterio del financiamiento de la banda
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
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·         "¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado? ... Y después ¿se puso nervioso?". El mensaje fue enviado por Agustina Díaz a Brenda Uliarte tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. "Borrá todo", le indicó también y le aconsejó deshacerse de su celular y cualquier posible evidencia.
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·         Díaz, de 21 años, fue detenida el lunes por la noche a partir del hallazgo de estas comunicaciones en el celular de Brenda, la novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó dispararle a la vicepresidenta. Ambas mujeres hablaron durante al menos un mes antes del atentado con frecuencia y deliberaban sobre la forma de llevar adelante el asesinato.
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·         También a partir de los mensajes en el teléfono, los investigadores encontraron que Sabag Montiel y Uliarte pretendían alquilar un departamento cerca de la vivienda de CFK, presumiblemente para vigilarla y planear el ataque.
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·         Mientras tanto, en busca de desentrañar cómo se financiaba el grupo y qué estructura tendría detrás, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó levantar el secreto bancario y analizar movimientos del sistema de Mercado Pago. CFK finalmente se presentó como querellante en la causa: designó a los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
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"Amor de mi vida" era el nombre con el que figuraba Díaz en la agenda del celular de Uliarte. Tenían una relación de confidentes y de intimidad, además que era notorio que compartían expresiones de odio a la política, al sistema y al kirchnerismo, por lo que surge del análisis de los mensajes que descargó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y pudo reconstruir este diario.
 
La nueva detenida -la tercera en el expediente- será indagada este miércoles desde las 9. Por el momento es representada por el mismo defensor oficial que Sabag Montiel, Juan Martín Hermida, aunque habrá que ver si no se evalúa la existencia de intereses contrapuestos.
 
Es posible que deban ampliar su indagatoria Uliarte y Sabag Montiel, a quienes se les mostrarían las nuevas pruebas incorporadas. El mismo lunes hubo allanamientos en la vivienda de Díaz, en San Miguel, en otro domicilio en la misma zona y otro en la Ciudad de Buenos Aires. Estos dos últimos también son de personas que mantenían trato frecuente con Brenda.
 
En los tres lugares fueron secuestrados celulares, notebooks, tablets y pendrives. Con este nuevo panorama, el grupo investigado excede ya a la llamada "banda de los copitos", los amigos de Brenda que, igual que ella, vendían copos de azúcar, una actividad que parece haber operado como pantalla. Lo que va quedando cada vez más claro es que hubo planificación, inteligencia previa y maniobras de encubrimiento.
 
 
Celular recargado
 
Como reflejó Página/12, el celular de Brenda resultó una enorme fuente de información para la causa judicial. De allí surge también, por una serie de audios, que junto con Sabag Montiel planeaban alquilar un departamento en la zona de Recoleta para tener una buena vista de la vivienda de CFK, el entorno y estudiar los movimientos.
 
Habrá que ver si existe alguna relación entre ese intento y la llamativa presencia de la abogada Gladys Egui, que representa a dos integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Leonardo Sosa y Gastón Guerra que, al parecer, también se juntaban ahí.
 
Ese grupo organizó algunas de las manifestaciones más violentas de los últimos tiempos (como la de antorchas y las de las guillotinas), como inquilina de una habitación en la casa de la vecina de la vicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto.
 
Brenda Uliarte participó de algunas de esas protestas de odiadores y un denominador común de las personas bajo investigación es que participaban de grupos de Telegram y Whatsapp precisamente de "haters". Son grupos donde convergen cientos de personas que comparten noticias y comentarios y se agitan entre ellos y ellas con extrema agresividad.
 
 
Intento previo
 
Otra de las revelaciones recientes, también derivada del intercambio de mensajes entre Uliarte y Sabag Montiel, es que habían hecho al menos un intento previo de asesinar a la vicepresidenta el sábado 27 de agosto, el mismo día que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta puso vallas en la cuadra de su vivienda, tras lo cual hubo una movilización masiva hacia allí que derivó en que a la noche ella diera un discurso en un escenario montado para esa ocasión.
 
Los mensajes de la pareja hacen suponer que el plan era matarla cuando saliera a hablar. Sabag le decía a Uliarte: "No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente se está yendo y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora".
 
Otro mensaje de él insistía: "No, ya se metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá. Quédate ahí, no traigas nada".
 
Esa última frase deja flotando la posibilidad de que fuera Brenda quien llevaba el arma, algo que los investigadores sospechan pudo haber ocurrido el 1 de septiembre, el día que Sabag Montiel finalmente intentó disparar pero falló.
 
La jueza mandó a peritar la bolsa blanca que Brenda llevaba ese día, para establecer si allí estuvo la Bersa calibre 32, que la pareja también exhibió en fotos halladas en el celular del agresor. Con esa bolsa la mujer se fue del lugar haciéndose la distraída cuando a Sabag se lo llevaban primero los militantes y luego la policía. A la noche durmió en la casa de un exnovio, que entregó lo que ella dejó ahí al juzgado.
 
 
Querellas 
 
Cristina Kirchner presentó finalmente un escrito ante el juzgado de Capuchetti en el que pide ser querellante y que se les dé "acceso urgente al expediente" a los abogados que designó, que son José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. También requirió que "si se vuelve a decretar el secreto de sumario, se convoque a mis letrados a todo acto definitivo e irreproducible". Ahora la causa no está bajo secreto pero podría volver a estarlo. También anunció que cuando lo crea oportuno iniciará acciones civiles con el patrocinio de Gregorio Dalbón.
 
El lunes por la tarde se había sumado una nueva amenaza a la vicepresidenta, con un llamado desde La Plata, con una voz femenina, al 911, que decía que la mataría. "Nada se debe minimizar", dijo el ministro de seguridad, Aníbal Fernández. La jueza Capuchetti incorporó el hecho al expediente y ordenó reforzar la custodia de CFK.  
 
Por otra parte, Sergio Massa decidió también presentarse como querellante por el ataque que sufrió cuando se dirigía en su auto a jurar como ministro de Economía.
 
 
Financiamiento
 
Uno de los grandes interrogantes de la causa es quién financiaba y, eventualmente, orientaba o daba instrucciones al grupo de sospechosos, lo que todavía está en etapa de reconstrucción. En ese sentido, resultó sugerente un mensaje de Uliarte hallado en su teléfono: "Si me falta plata ya sé a quién recurrir", le dijo a una amiga. La jueza ordenó levantar el secreto bancario de los investigados que tengan cuentas y analizar movimientos de aplicaciones como Mercado Pago.
 
 
Pedofilia
 
En una derivación de la investigación principal, el fiscal Carlos Rívolo pidió que Sabag Montiel sea investigado por presunta pedofilia, luego de que en su teléfono celular se hallaran imágenes de "personas que aparentan ser menores de dieciocho años participando de actividades sexuales explícitas".
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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