La Opinión Popular
                  01:47  |  Jueves 01 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 12-09-2022 / 16:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El atentado trunco contra Cristina Fernández es un acto de terrorismo político

El atentado trunco contra Cristina Fernández es un acto de terrorismo político
Nadie usa la palabra terrorismo cuando se recuerda el atentado trunco contra Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el hecho queda perfectamente tipificado en esa categoría y nadie dudaría en calificarlo de esa forma si el blanco hubiera sido otro. Por supuesto, eso hubiera obligado a tomar posiciones más fuertes a toda la dirigencia política, empresarial, sindical y mediática, que parece empecinada en evitarlas.
Nadie usa la palabra terrorismo cuando se recuerda el atentado trunco contra Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el hecho queda perfectamente tipificado en esa categoría y nadie dudaría en calificarlo de esa forma si el blanco hubiera sido otro. Por supuesto, eso hubiera obligado a tomar posiciones más fuertes a toda la dirigencia política, empresarial, sindical y mediática, que parece empecinada en evitarlas.
 
El problema acá y ahora no es el odio ni los discursos de odio sino la utilización de ese tipo de expresiones, en conjunto con la difusión de noticias falsas, el espionaje ilegal y la persecución judicial, para direccionar el malhumor social hacia un sector de la población y con el objetivo explícito de "eliminar", "acabar" o "terminar para siempre" con esa identidad política, tal como manifestaron públicamente y en reiteradas ocasiones algunos dirigentes de la oposición.
 
Y más problemático todavía es que esa maniobra coordinada llegó al punto de intentar un magnicidio y aún así buena parte de la dirigencia del país (política, empresarial, sindical, mediática) no está dispuesta a marcar un límite sin peros a la utilización de la violencia como herramienta válida para dirimir la lucha de poder en la Argentina. Saluden al Nunca Más que se está yendo.
 
Esas posiciones extremas no son novedosas pero hasta hace poco la sociedad había podido encapsularlas para que no alcancen un caudal de representación electoral o mediática que las volviera un problema. Ese dique se rompió, por motivos múltiples, algunos globales e inevitables, otros totalmente auto infringidos.
 
Si queremos repararlo, intentar reconstruir pactos de convivencia y pacificación, debemos contestarnos una pregunta incómoda: ¿por qué hay un sector significativo de la sociedad que desde el 83 hasta hace poco aceptó el pacto y hoy elige estar más cerca de ese revuelto de neonazis, mafiosos, violentos, reivindicadores del genocidio y fachitos de cabotaje antes que de la política en general y del partido que le garantizó, durante algunos años, mejores condiciones de vida, en particular?
 
Si la derecha pudo inocular la desconfianza en el Estado quizás se deba más a que la democracia arrastra deudas imperdonables. A que todavía no da de comer a todos ni cumple fielmente su deber de educar ni brinda una cobertura de salud digna, promesas hechas hace casi cuarenta años. Es cierto, los discursos insidiosos de la oposición ayudaron a que esa desconfianza anide. Pero la solución no puede ser suprimir esos discursos. 
 

 
A esta altura del partido no sorprenden las acrobacias de la oposición para subirse a todos y cada uno de los carros que les faciliten una declaración o un tuit en contra de cada cosa que haga el gobierno y mucho menos la completa pasividad del peronismo para dejarse imponer los términos en los que se narra lo que sucede. Incluso cuando esos términos representan un peligro urgente y existencial para ese proyecto político.
 
Los medios más cercanos a Mauricio Macri tardaron pocos días en dejar atrás la hipótesis recargada de los dos demonios que habían ensayado inmediatamente después del ataque y ya apuntan a un solo responsable, los peronistas.
 
Este mismo sábado un editorialista del diario La Nación, vinculado de forma poco transparente con el ex mandatario, publicó una columna de opinión que en su título promete explicar "por qué el diálogo no es hoy una posibilidad" y en la primera línea ya da la respuesta: es por "el kirchnerismo".
 
Su autor tarda todavía algunas líneas más en concluir que "por dura que sea, es mejor aceptar la realidad y dejar de lado buenos deseos que no conducen a nada y le ofrecen al oficialismo la oportunidad de seguir desplegando un juego cínico que pervierte el espíritu democrático". Macri propone diálogo cero.
 
Llegado este punto, la solución nunca puede pasar por convencer a Macri de las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica en un sistema político orientado al desarrollo del país para que deje de lado la violencia política y el espionaje como modus operandi del poder.
 
En todo caso, se debe trabajar para que su postura y su proyecto político no obtengan el apoyo que necesitan para bloquear iniciativas del gobierno y de tanto en tanto ganar elecciones. El problema no son las posiciones extremas, que siempre forman parte del debate público, aunque por mucho tiempo solamente tuvieron lugar en los márgenes.
 
Entender por qué dejaron de funcionar las barreras que las inhibieron durante décadas y por qué un porcentaje cada vez mayor de la sociedad las encuentra aceptables y hasta atractivas es importante para no errar en el diagnóstico ni las soluciones. Sin embargo muchos miran para otro lado.
 
En las últimas semanas circuló profusamente en las redes un artículo del historiador Ernesto Semán donde plantea que en Argentina el problema no es la polarización sino la radicalización asimétrica de la derecha, tanto en sus fines como en sus medios, idea que fue retomada varias veces en medios y en redes, incluyendo esta columna.
 
Lo curioso es que simultáneamente se viralizó una especie de infografía/caricatura/meme publicada originalmente por Elon Musk en Twitter en abril de este año, que muestra a un hombre "de izquierda" corriéndose tanto hacia un extremo que distorsiona todo el arco político, haciendo que el personaje del centro, señalado en el gráfico con un "yo", alguien que hace algunos años se percibía como progresista hoy se sienta más cerca de la derecha, motivo por el cual recibe insultos de sus ex compañeros de izquierda.
 
Sin incurrir en un relativismo burdo, como sucedió con frecuencia en los últimos días, se puede reparar en que existen dos partes de la sociedad que perciben (con o sin razón, o con una parte) a la otra como el motor que impulsa un proceso de radicalización, en los discursos y en la práctica.
 
Es tentador sentenciar que una de las dos partes tiene la razón y la otra está sencillamente equivocada, pero eso, además de ser probablemente inexacto, porque en la política y en la vida casi todo tiene grises, no contribuye en nada a pacificar el país y fortalecer a la democracia.
 
No existe solución a este problema mientras las aguas se dividan siempre por la misma línea, sin importar cuál sea el debate; la grieta es una trampa que tendió la derecha y en la que el peronismo cayó dándose cuenta. Para salir es necesario buscar respuestas útiles, aunque eso signifique embarrarse un poco.
 
Una forma de ver el problema desde otro punto de vista es intentar desarmarlo en otros problemas más pequeños y en el mejor de los casos abordables, hacer arqueología en las capas geológicas de la cuestión.
 
En este caso, a la hora de entender la radicalización que abona una espiral de violencia política, aparecen varios fenómenos que ayudan a entender mejor.
 
El primero es la falsa polarización que se construye a partir del discurso de políticos y medios de derecha, mayormente basado en noticias falsas con la intención de distorsionar la percepción social.
 
El ejemplo más grande es el temor al comunismo generalizado en sociedades donde ese peligro es inexistente, por ejemplo todo el planeta Tierra. Es importante entender que no se trata de simples mentiras sino de un esfuerzo intencional, coordinado y direccionado para lograr ese efecto, es decir más violencia.
 
Otra faceta a tener en cuenta: a juzgar por las expresiones en redes y en medios, lo que en general se percibe por sectores conservadores como radicalización de izquierda es el avance que hubo en los últimos años en derechos sociales, que efectivamente modificó de manera profunda algunas instituciones y la esfera pública, algo que muchos comenzaron a ver como una amenaza genuina de sus valores y otros encontraron como la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus voraces ansias reaccionarias.
 
Esto, desde ya, no puede servir como coartada para cuestionar los avances que se conquistaron sino que debe invitar a pensar estrategias y alianzas que le pongan coto a los intentos de restauración de una derecha también radicalizada cuyo éxito arrasaría con todo lo logrado hasta ahora, como se ve en EEUU en materia de derechos reproductivos y electorales.
 
No es novedoso señalar como problemática la distancia que tomaron las fuerzas de izquierda, populares o progresistas respecto de la agenda económica en los últimos años, que coincidió, a partir de la crisis 2008/2009, con un proceso de transferencia y acumulación de riquezas sin antecedentes en la historia.
 
En términos económicos sí es evidente que se cumple lo que planteó Semán: la polarización no existe sino que hay una radicalización por derecha hacia posiciones precapitalistas (cerrar el banco central, abolir el cobro de impuestos y acabar con la legislación laboral) mientras que en el otro extremo todo lo que se ofrece es un pragmatismo de poco vuelo incapaz de proyectar la idea de un futuro venturoso para las mayorías.
 
Mientras eso no cambie sorprenderse por el deterioro electoral de estas opciones solo es un acto de hipocresía, una muesca.
 
Pero lo que se puso en discusión a partir del acto terrorista contra CFK y lo que verdaderamente pone en peligro ya no la calidad de vida actual de la sociedad sino la democracia, es decir, la posibilidad que tiene la sociedad de participar activamente en la mejora de esa calidad de vida, no es la radicalización económica de la derecha (aunque deberíamos) ni la polarización en materia de derechos sociales (aunque es terreno fértil para la violencia política) ni siquiera la construcción de percepciones falsas sobre el adversario (aunque ayuda), sino un cuarto tipo de radicalización, el más peligroso, y sobre el que debe centrarse prioritariamente la discusión de ahora en adelante.
 
Es la radicalización instrumental. No hace falta, ni debería hacer falta jamás, estar de acuerdo en ninguna otra cosa para pactar el final de la violencia política.
 
En este caso tampoco debería quedar ninguna duda de que el extremo está en un solo lado: del que promueve el tipo de violencia que termina con un revólver a centímetros del rostro de Fernández de Kirchner. La respuesta fue tan pacífica como masiva.
 
Doce años amenazando con el quilombo que se iba a armar si la tocaban a Cristina y cuando finalmente la tocaron no hubo ni un vidrio roto, lo cual es, por supuesto, una excelente noticia, y habla a las claras sobre la imagen distorsionada que ofrecen los medios y los políticos de la oposición respecto al peronismo.
 
La pregunta, en ese punto, es cómo dar esa batalla contra un adversario que parece dispuesto a ir mucho más allá que uno mismo. Radicalizarse en espejo sólo conduce al abismo pero el camino de la moderación tampoco ha dado resultados.
 
El primer paso es definir el asunto de manera correcta. No se trata del odio, a secas, que es un sentimiento común a todas las personas y como tal imposible de regular y de penar. Tampoco de los discursos de odio, expresión tomada del inglés "hate speech" y que denomina a expresiones orientadas a denigrar o incitar violencia contra objetivos en situaciones de vulnerabilidad relativa frente a quien las dice, y que ya están comprendidos por la legislación argentina, aunque no siempre se aplican esas normas.
 
Son, esencialmente, conductas individuales, que pueden darse por única vez o ser esporádicas. Encuadrar lo que está sucediendo de esa forma no alcanza a abarcar en toda su magnitud la gravedad de la situación ni llega a explicar correctamente todo lo que se pone en juego y por lo tanto obtura la posibilidad de aplicar el remedio correcto.
 
Es cierto, los discursos insidiosos de la oposición ayudaron a que esa desconfianza anide. Pero la solución no puede ser suprimir esos discursos.
 
En primer lugar, porque es una tarea cuyo fracaso está asegurado de antemano. No puede taparse el sol con un papel. Pero además se corre el riesgo de causar en la sociedad la reacción contraria, un mayor recelo en una sociedad que ya es reactiva a lo estatal y no parece bien predispuesta a aceptar nada que implique mayores potestades para la fuerza pública respecto a sus libertades individuales.
 
Para el escritor inglés Christopher Hitchens, la regulación de la libertad de expresión tiene, además, tres problemas intrínsecos, que se esconden debajo de las buenas intenciones y anidan el huevo de la serpiente.
 
El primero es que la confrontación de nuestros argumentos con otras opiniones y otras interpretaciones de la realidad, por más contrarias a las nuestras que sean, es lo que reafirma por qué sabemos lo que sabemos. Si no admitimos el debate con otras verdades relativas y hasta con mentiras completas, se lesiona el pensamiento crítico.
 
El segundo es que todas las protecciones a la libertad de expresión que deben desarmarse para penar los discursos de odio están ahí con un sentido y nos protegen a nosotros. Si las deshacemos a la hora de perseguir a nuestros adversarios, no van a estar allí cuando ellos se den vuelta y empiecen a perseguirnos.
 
El tercero señala que si hubiera una autoridad cuya tarea es evitar que se digan mentiras o se propague el odio, eso implicaría necesariamente que tiene que haber una persona, o varias, encomendadas a decidir qué es verdad y qué no, o cuándo se está cometiendo un acto de odio a través de la palabra, y que tendrían el poder de decidir quién es castigado por sus opiniones y quién no.
 
Invito a lectores y lectoras a que se pregunten en la intimidad si confían en alguien, en cualquier persona del mundo que no sean ustedes mismos, para hacer eso.
 
No hacen falta nuevas prohibiciones para combatir la violencia. Deberían probar aplicando las normas que ya existen y expulsar de una vez por todas al diputado Francisco Sánchez de la Cámara por pedir la pena de muerte a CFK. Si eso no funciona, a lo mejor hay que intentar mejorando la vida de las personas: es muy difícil pacificar con la panza vacía.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

Agreganos como amigo a Facebook
31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar