22:12 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 12-09-2022 / 16:09

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El atentado trunco contra Cristina Fernández es un acto de terrorismo político

Nadie usa la palabra terrorismo cuando se recuerda el atentado trunco contra Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el hecho queda perfectamente tipificado en esa categoría y nadie dudaría en calificarlo de esa forma si el blanco hubiera sido otro. Por supuesto, eso hubiera obligado a tomar posiciones más fuertes a toda la dirigencia política, empresarial, sindical y mediática, que parece empecinada en evitarlas.

Nadie usa la palabra terrorismo cuando se recuerda el atentado trunco contra Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el hecho queda perfectamente tipificado en esa categoría y nadie dudaría en calificarlo de esa forma si el blanco hubiera sido otro. Por supuesto, eso hubiera obligado a tomar posiciones más fuertes a toda la dirigencia política, empresarial, sindical y mediática, que parece empecinada en evitarlas.

El problema acá y ahora no es el odio ni los discursos de odio sino la utilización de ese tipo de expresiones, en conjunto con la difusión de noticias falsas, el espionaje ilegal y la persecución judicial, para direccionar el malhumor social hacia un sector de la población y con el objetivo explícito de "eliminar", "acabar" o "terminar para siempre" con esa identidad política, tal como manifestaron públicamente y en reiteradas ocasiones algunos dirigentes de la oposición.

Y más problemático todavía es que esa maniobra coordinada llegó al punto de intentar un magnicidio y aún así buena parte de la dirigencia del país (política, empresarial, sindical, mediática) no está dispuesta a marcar un límite sin peros a la utilización de la violencia como herramienta válida para dirimir la lucha de poder en la Argentina. Saluden al Nunca Más que se está yendo.

Esas posiciones extremas no son novedosas pero hasta hace poco la sociedad había podido encapsularlas para que no alcancen un caudal de representación electoral o mediática que las volviera un problema. Ese dique se rompió, por motivos múltiples, algunos globales e inevitables, otros totalmente auto infringidos.

Si queremos repararlo, intentar reconstruir pactos de convivencia y pacificación, debemos contestarnos una pregunta incómoda: ¿por qué hay un sector significativo de la sociedad que desde el 83 hasta hace poco aceptó el pacto y hoy elige estar más cerca de ese revuelto de neonazis, mafiosos, violentos, reivindicadores del genocidio y fachitos de cabotaje antes que de la política en general y del partido que le garantizó, durante algunos años, mejores condiciones de vida, en particular?

Si la derecha pudo inocular la desconfianza en el Estado quizás se deba más a que la democracia arrastra deudas imperdonables. A que todavía no da de comer a todos ni cumple fielmente su deber de educar ni brinda una cobertura de salud digna, promesas hechas hace casi cuarenta años. Es cierto, los discursos insidiosos de la oposición ayudaron a que esa desconfianza anide. Pero la solución no puede ser suprimir esos discursos.

A esta altura del partido no sorprenden las acrobacias de la oposición para subirse a todos y cada uno de los carros que les faciliten una declaración o un tuit en contra de cada cosa que haga el gobierno y mucho menos la completa pasividad del peronismo para dejarse imponer los términos en los que se narra lo que sucede. Incluso cuando esos términos representan un peligro urgente y existencial para ese proyecto político.

Los medios más cercanos a Mauricio Macri tardaron pocos días en dejar atrás la hipótesis recargada de los dos demonios que habían ensayado inmediatamente después del ataque y ya apuntan a un solo responsable, los peronistas.

Este mismo sábado un editorialista del diario La Nación, vinculado de forma poco transparente con el ex mandatario, publicó una columna de opinión que en su título promete explicar "por qué el diálogo no es hoy una posibilidad" y en la primera línea ya da la respuesta: es por "el kirchnerismo".

Su autor tarda todavía algunas líneas más en concluir que "por dura que sea, es mejor aceptar la realidad y dejar de lado buenos deseos que no conducen a nada y le ofrecen al oficialismo la oportunidad de seguir desplegando un juego cínico que pervierte el espíritu democrático". Macri propone diálogo cero.

Llegado este punto, la solución nunca puede pasar por convencer a Macri de las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica en un sistema político orientado al desarrollo del país para que deje de lado la violencia política y el espionaje como modus operandi del poder.

En todo caso, se debe trabajar para que su postura y su proyecto político no obtengan el apoyo que necesitan para bloquear iniciativas del gobierno y de tanto en tanto ganar elecciones. El problema no son las posiciones extremas, que siempre forman parte del debate público, aunque por mucho tiempo solamente tuvieron lugar en los márgenes.

Entender por qué dejaron de funcionar las barreras que las inhibieron durante décadas y por qué un porcentaje cada vez mayor de la sociedad las encuentra aceptables y hasta atractivas es importante para no errar en el diagnóstico ni las soluciones. Sin embargo muchos miran para otro lado.

En las últimas semanas circuló profusamente en las redes un artículo del historiador Ernesto Semán donde plantea que en Argentina el problema no es la polarización sino la radicalización asimétrica de la derecha, tanto en sus fines como en sus medios, idea que fue retomada varias veces en medios y en redes, incluyendo esta columna.

Lo curioso es que simultáneamente se viralizó una especie de infografía/caricatura/meme publicada originalmente por Elon Musk en Twitter en abril de este año, que muestra a un hombre "de izquierda" corriéndose tanto hacia un extremo que distorsiona todo el arco político, haciendo que el personaje del centro, señalado en el gráfico con un "yo", alguien que hace algunos años se percibía como progresista hoy se sienta más cerca de la derecha, motivo por el cual recibe insultos de sus ex compañeros de izquierda.

Sin incurrir en un relativismo burdo, como sucedió con frecuencia en los últimos días, se puede reparar en que existen dos partes de la sociedad que perciben (con o sin razón, o con una parte) a la otra como el motor que impulsa un proceso de radicalización, en los discursos y en la práctica.

Es tentador sentenciar que una de las dos partes tiene la razón y la otra está sencillamente equivocada, pero eso, además de ser probablemente inexacto, porque en la política y en la vida casi todo tiene grises, no contribuye en nada a pacificar el país y fortalecer a la democracia.

No existe solución a este problema mientras las aguas se dividan siempre por la misma línea, sin importar cuál sea el debate; la grieta es una trampa que tendió la derecha y en la que el peronismo cayó dándose cuenta. Para salir es necesario buscar respuestas útiles, aunque eso signifique embarrarse un poco.

Una forma de ver el problema desde otro punto de vista es intentar desarmarlo en otros problemas más pequeños y en el mejor de los casos abordables, hacer arqueología en las capas geológicas de la cuestión.

En este caso, a la hora de entender la radicalización que abona una espiral de violencia política, aparecen varios fenómenos que ayudan a entender mejor.

El primero es la falsa polarización que se construye a partir del discurso de políticos y medios de derecha, mayormente basado en noticias falsas con la intención de distorsionar la percepción social.

El ejemplo más grande es el temor al comunismo generalizado en sociedades donde ese peligro es inexistente, por ejemplo todo el planeta Tierra. Es importante entender que no se trata de simples mentiras sino de un esfuerzo intencional, coordinado y direccionado para lograr ese efecto, es decir más violencia.

Otra faceta a tener en cuenta: a juzgar por las expresiones en redes y en medios, lo que en general se percibe por sectores conservadores como radicalización de izquierda es el avance que hubo en los últimos años en derechos sociales, que efectivamente modificó de manera profunda algunas instituciones y la esfera pública, algo que muchos comenzaron a ver como una amenaza genuina de sus valores y otros encontraron como la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus voraces ansias reaccionarias.

Esto, desde ya, no puede servir como coartada para cuestionar los avances que se conquistaron sino que debe invitar a pensar estrategias y alianzas que le pongan coto a los intentos de restauración de una derecha también radicalizada cuyo éxito arrasaría con todo lo logrado hasta ahora, como se ve en EEUU en materia de derechos reproductivos y electorales.

No es novedoso señalar como problemática la distancia que tomaron las fuerzas de izquierda, populares o progresistas respecto de la agenda económica en los últimos años, que coincidió, a partir de la crisis 2008/2009, con un proceso de transferencia y acumulación de riquezas sin antecedentes en la historia.

En términos económicos sí es evidente que se cumple lo que planteó Semán: la polarización no existe sino que hay una radicalización por derecha hacia posiciones precapitalistas (cerrar el banco central, abolir el cobro de impuestos y acabar con la legislación laboral) mientras que en el otro extremo todo lo que se ofrece es un pragmatismo de poco vuelo incapaz de proyectar la idea de un futuro venturoso para las mayorías.

Mientras eso no cambie sorprenderse por el deterioro electoral de estas opciones solo es un acto de hipocresía, una muesca.

Pero lo que se puso en discusión a partir del acto terrorista contra CFK y lo que verdaderamente pone en peligro ya no la calidad de vida actual de la sociedad sino la democracia, es decir, la posibilidad que tiene la sociedad de participar activamente en la mejora de esa calidad de vida, no es la radicalización económica de la derecha (aunque deberíamos) ni la polarización en materia de derechos sociales (aunque es terreno fértil para la violencia política) ni siquiera la construcción de percepciones falsas sobre el adversario (aunque ayuda), sino un cuarto tipo de radicalización, el más peligroso, y sobre el que debe centrarse prioritariamente la discusión de ahora en adelante.

Es la radicalización instrumental. No hace falta, ni debería hacer falta jamás, estar de acuerdo en ninguna otra cosa para pactar el final de la violencia política.

En este caso tampoco debería quedar ninguna duda de que el extremo está en un solo lado: del que promueve el tipo de violencia que termina con un revólver a centímetros del rostro de Fernández de Kirchner. La respuesta fue tan pacífica como masiva.

Doce años amenazando con el quilombo que se iba a armar si la tocaban a Cristina y cuando finalmente la tocaron no hubo ni un vidrio roto, lo cual es, por supuesto, una excelente noticia, y habla a las claras sobre la imagen distorsionada que ofrecen los medios y los políticos de la oposición respecto al peronismo.

La pregunta, en ese punto, es cómo dar esa batalla contra un adversario que parece dispuesto a ir mucho más allá que uno mismo. Radicalizarse en espejo sólo conduce al abismo pero el camino de la moderación tampoco ha dado resultados.

El primer paso es definir el asunto de manera correcta. No se trata del odio, a secas, que es un sentimiento común a todas las personas y como tal imposible de regular y de penar. Tampoco de los discursos de odio, expresión tomada del inglés "hate speech" y que denomina a expresiones orientadas a denigrar o incitar violencia contra objetivos en situaciones de vulnerabilidad relativa frente a quien las dice, y que ya están comprendidos por la legislación argentina, aunque no siempre se aplican esas normas.

Son, esencialmente, conductas individuales, que pueden darse por única vez o ser esporádicas. Encuadrar lo que está sucediendo de esa forma no alcanza a abarcar en toda su magnitud la gravedad de la situación ni llega a explicar correctamente todo lo que se pone en juego y por lo tanto obtura la posibilidad de aplicar el remedio correcto.

Es cierto, los discursos insidiosos de la oposición ayudaron a que esa desconfianza anide. Pero la solución no puede ser suprimir esos discursos.

En primer lugar, porque es una tarea cuyo fracaso está asegurado de antemano. No puede taparse el sol con un papel. Pero además se corre el riesgo de causar en la sociedad la reacción contraria, un mayor recelo en una sociedad que ya es reactiva a lo estatal y no parece bien predispuesta a aceptar nada que implique mayores potestades para la fuerza pública respecto a sus libertades individuales.

Para el escritor inglés Christopher Hitchens, la regulación de la libertad de expresión tiene, además, tres problemas intrínsecos, que se esconden debajo de las buenas intenciones y anidan el huevo de la serpiente.

El primero es que la confrontación de nuestros argumentos con otras opiniones y otras interpretaciones de la realidad, por más contrarias a las nuestras que sean, es lo que reafirma por qué sabemos lo que sabemos. Si no admitimos el debate con otras verdades relativas y hasta con mentiras completas, se lesiona el pensamiento crítico.

El segundo es que todas las protecciones a la libertad de expresión que deben desarmarse para penar los discursos de odio están ahí con un sentido y nos protegen a nosotros. Si las deshacemos a la hora de perseguir a nuestros adversarios, no van a estar allí cuando ellos se den vuelta y empiecen a perseguirnos.

El tercero señala que si hubiera una autoridad cuya tarea es evitar que se digan mentiras o se propague el odio, eso implicaría necesariamente que tiene que haber una persona, o varias, encomendadas a decidir qué es verdad y qué no, o cuándo se está cometiendo un acto de odio a través de la palabra, y que tendrían el poder de decidir quién es castigado por sus opiniones y quién no.

Invito a lectores y lectoras a que se pregunten en la intimidad si confían en alguien, en cualquier persona del mundo que no sean ustedes mismos, para hacer eso.

No hacen falta nuevas prohibiciones para combatir la violencia. Deberían probar aplicando las normas que ya existen y expulsar de una vez por todas al diputado Francisco Sánchez de la Cámara por pedir la pena de muerte a CFK. Si eso no funciona, a lo mejor hay que intentar mejorando la vida de las personas: es muy difícil pacificar con la panza vacía.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular