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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 12-09-2022 / 16:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El atentado trunco contra Cristina Fernández es un acto de terrorismo político

El atentado trunco contra Cristina Fernández es un acto de terrorismo político
Nadie usa la palabra terrorismo cuando se recuerda el atentado trunco contra Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el hecho queda perfectamente tipificado en esa categoría y nadie dudaría en calificarlo de esa forma si el blanco hubiera sido otro. Por supuesto, eso hubiera obligado a tomar posiciones más fuertes a toda la dirigencia política, empresarial, sindical y mediática, que parece empecinada en evitarlas.
Nadie usa la palabra terrorismo cuando se recuerda el atentado trunco contra Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el hecho queda perfectamente tipificado en esa categoría y nadie dudaría en calificarlo de esa forma si el blanco hubiera sido otro. Por supuesto, eso hubiera obligado a tomar posiciones más fuertes a toda la dirigencia política, empresarial, sindical y mediática, que parece empecinada en evitarlas.
 
El problema acá y ahora no es el odio ni los discursos de odio sino la utilización de ese tipo de expresiones, en conjunto con la difusión de noticias falsas, el espionaje ilegal y la persecución judicial, para direccionar el malhumor social hacia un sector de la población y con el objetivo explícito de "eliminar", "acabar" o "terminar para siempre" con esa identidad política, tal como manifestaron públicamente y en reiteradas ocasiones algunos dirigentes de la oposición.
 
Y más problemático todavía es que esa maniobra coordinada llegó al punto de intentar un magnicidio y aún así buena parte de la dirigencia del país (política, empresarial, sindical, mediática) no está dispuesta a marcar un límite sin peros a la utilización de la violencia como herramienta válida para dirimir la lucha de poder en la Argentina. Saluden al Nunca Más que se está yendo.
 
Esas posiciones extremas no son novedosas pero hasta hace poco la sociedad había podido encapsularlas para que no alcancen un caudal de representación electoral o mediática que las volviera un problema. Ese dique se rompió, por motivos múltiples, algunos globales e inevitables, otros totalmente auto infringidos.
 
Si queremos repararlo, intentar reconstruir pactos de convivencia y pacificación, debemos contestarnos una pregunta incómoda: ¿por qué hay un sector significativo de la sociedad que desde el 83 hasta hace poco aceptó el pacto y hoy elige estar más cerca de ese revuelto de neonazis, mafiosos, violentos, reivindicadores del genocidio y fachitos de cabotaje antes que de la política en general y del partido que le garantizó, durante algunos años, mejores condiciones de vida, en particular?
 
Si la derecha pudo inocular la desconfianza en el Estado quizás se deba más a que la democracia arrastra deudas imperdonables. A que todavía no da de comer a todos ni cumple fielmente su deber de educar ni brinda una cobertura de salud digna, promesas hechas hace casi cuarenta años. Es cierto, los discursos insidiosos de la oposición ayudaron a que esa desconfianza anide. Pero la solución no puede ser suprimir esos discursos. 
 

 
A esta altura del partido no sorprenden las acrobacias de la oposición para subirse a todos y cada uno de los carros que les faciliten una declaración o un tuit en contra de cada cosa que haga el gobierno y mucho menos la completa pasividad del peronismo para dejarse imponer los términos en los que se narra lo que sucede. Incluso cuando esos términos representan un peligro urgente y existencial para ese proyecto político.
 
Los medios más cercanos a Mauricio Macri tardaron pocos días en dejar atrás la hipótesis recargada de los dos demonios que habían ensayado inmediatamente después del ataque y ya apuntan a un solo responsable, los peronistas.
 
Este mismo sábado un editorialista del diario La Nación, vinculado de forma poco transparente con el ex mandatario, publicó una columna de opinión que en su título promete explicar "por qué el diálogo no es hoy una posibilidad" y en la primera línea ya da la respuesta: es por "el kirchnerismo".
 
Su autor tarda todavía algunas líneas más en concluir que "por dura que sea, es mejor aceptar la realidad y dejar de lado buenos deseos que no conducen a nada y le ofrecen al oficialismo la oportunidad de seguir desplegando un juego cínico que pervierte el espíritu democrático". Macri propone diálogo cero.
 
Llegado este punto, la solución nunca puede pasar por convencer a Macri de las virtudes de la democracia y la convivencia pacífica en un sistema político orientado al desarrollo del país para que deje de lado la violencia política y el espionaje como modus operandi del poder.
 
En todo caso, se debe trabajar para que su postura y su proyecto político no obtengan el apoyo que necesitan para bloquear iniciativas del gobierno y de tanto en tanto ganar elecciones. El problema no son las posiciones extremas, que siempre forman parte del debate público, aunque por mucho tiempo solamente tuvieron lugar en los márgenes.
 
Entender por qué dejaron de funcionar las barreras que las inhibieron durante décadas y por qué un porcentaje cada vez mayor de la sociedad las encuentra aceptables y hasta atractivas es importante para no errar en el diagnóstico ni las soluciones. Sin embargo muchos miran para otro lado.
 
En las últimas semanas circuló profusamente en las redes un artículo del historiador Ernesto Semán donde plantea que en Argentina el problema no es la polarización sino la radicalización asimétrica de la derecha, tanto en sus fines como en sus medios, idea que fue retomada varias veces en medios y en redes, incluyendo esta columna.
 
Lo curioso es que simultáneamente se viralizó una especie de infografía/caricatura/meme publicada originalmente por Elon Musk en Twitter en abril de este año, que muestra a un hombre "de izquierda" corriéndose tanto hacia un extremo que distorsiona todo el arco político, haciendo que el personaje del centro, señalado en el gráfico con un "yo", alguien que hace algunos años se percibía como progresista hoy se sienta más cerca de la derecha, motivo por el cual recibe insultos de sus ex compañeros de izquierda.
 
Sin incurrir en un relativismo burdo, como sucedió con frecuencia en los últimos días, se puede reparar en que existen dos partes de la sociedad que perciben (con o sin razón, o con una parte) a la otra como el motor que impulsa un proceso de radicalización, en los discursos y en la práctica.
 
Es tentador sentenciar que una de las dos partes tiene la razón y la otra está sencillamente equivocada, pero eso, además de ser probablemente inexacto, porque en la política y en la vida casi todo tiene grises, no contribuye en nada a pacificar el país y fortalecer a la democracia.
 
No existe solución a este problema mientras las aguas se dividan siempre por la misma línea, sin importar cuál sea el debate; la grieta es una trampa que tendió la derecha y en la que el peronismo cayó dándose cuenta. Para salir es necesario buscar respuestas útiles, aunque eso signifique embarrarse un poco.
 
Una forma de ver el problema desde otro punto de vista es intentar desarmarlo en otros problemas más pequeños y en el mejor de los casos abordables, hacer arqueología en las capas geológicas de la cuestión.
 
En este caso, a la hora de entender la radicalización que abona una espiral de violencia política, aparecen varios fenómenos que ayudan a entender mejor.
 
El primero es la falsa polarización que se construye a partir del discurso de políticos y medios de derecha, mayormente basado en noticias falsas con la intención de distorsionar la percepción social.
 
El ejemplo más grande es el temor al comunismo generalizado en sociedades donde ese peligro es inexistente, por ejemplo todo el planeta Tierra. Es importante entender que no se trata de simples mentiras sino de un esfuerzo intencional, coordinado y direccionado para lograr ese efecto, es decir más violencia.
 
Otra faceta a tener en cuenta: a juzgar por las expresiones en redes y en medios, lo que en general se percibe por sectores conservadores como radicalización de izquierda es el avance que hubo en los últimos años en derechos sociales, que efectivamente modificó de manera profunda algunas instituciones y la esfera pública, algo que muchos comenzaron a ver como una amenaza genuina de sus valores y otros encontraron como la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus voraces ansias reaccionarias.
 
Esto, desde ya, no puede servir como coartada para cuestionar los avances que se conquistaron sino que debe invitar a pensar estrategias y alianzas que le pongan coto a los intentos de restauración de una derecha también radicalizada cuyo éxito arrasaría con todo lo logrado hasta ahora, como se ve en EEUU en materia de derechos reproductivos y electorales.
 
No es novedoso señalar como problemática la distancia que tomaron las fuerzas de izquierda, populares o progresistas respecto de la agenda económica en los últimos años, que coincidió, a partir de la crisis 2008/2009, con un proceso de transferencia y acumulación de riquezas sin antecedentes en la historia.
 
En términos económicos sí es evidente que se cumple lo que planteó Semán: la polarización no existe sino que hay una radicalización por derecha hacia posiciones precapitalistas (cerrar el banco central, abolir el cobro de impuestos y acabar con la legislación laboral) mientras que en el otro extremo todo lo que se ofrece es un pragmatismo de poco vuelo incapaz de proyectar la idea de un futuro venturoso para las mayorías.
 
Mientras eso no cambie sorprenderse por el deterioro electoral de estas opciones solo es un acto de hipocresía, una muesca.
 
Pero lo que se puso en discusión a partir del acto terrorista contra CFK y lo que verdaderamente pone en peligro ya no la calidad de vida actual de la sociedad sino la democracia, es decir, la posibilidad que tiene la sociedad de participar activamente en la mejora de esa calidad de vida, no es la radicalización económica de la derecha (aunque deberíamos) ni la polarización en materia de derechos sociales (aunque es terreno fértil para la violencia política) ni siquiera la construcción de percepciones falsas sobre el adversario (aunque ayuda), sino un cuarto tipo de radicalización, el más peligroso, y sobre el que debe centrarse prioritariamente la discusión de ahora en adelante.
 
Es la radicalización instrumental. No hace falta, ni debería hacer falta jamás, estar de acuerdo en ninguna otra cosa para pactar el final de la violencia política.
 
En este caso tampoco debería quedar ninguna duda de que el extremo está en un solo lado: del que promueve el tipo de violencia que termina con un revólver a centímetros del rostro de Fernández de Kirchner. La respuesta fue tan pacífica como masiva.
 
Doce años amenazando con el quilombo que se iba a armar si la tocaban a Cristina y cuando finalmente la tocaron no hubo ni un vidrio roto, lo cual es, por supuesto, una excelente noticia, y habla a las claras sobre la imagen distorsionada que ofrecen los medios y los políticos de la oposición respecto al peronismo.
 
La pregunta, en ese punto, es cómo dar esa batalla contra un adversario que parece dispuesto a ir mucho más allá que uno mismo. Radicalizarse en espejo sólo conduce al abismo pero el camino de la moderación tampoco ha dado resultados.
 
El primer paso es definir el asunto de manera correcta. No se trata del odio, a secas, que es un sentimiento común a todas las personas y como tal imposible de regular y de penar. Tampoco de los discursos de odio, expresión tomada del inglés "hate speech" y que denomina a expresiones orientadas a denigrar o incitar violencia contra objetivos en situaciones de vulnerabilidad relativa frente a quien las dice, y que ya están comprendidos por la legislación argentina, aunque no siempre se aplican esas normas.
 
Son, esencialmente, conductas individuales, que pueden darse por única vez o ser esporádicas. Encuadrar lo que está sucediendo de esa forma no alcanza a abarcar en toda su magnitud la gravedad de la situación ni llega a explicar correctamente todo lo que se pone en juego y por lo tanto obtura la posibilidad de aplicar el remedio correcto.
 
Es cierto, los discursos insidiosos de la oposición ayudaron a que esa desconfianza anide. Pero la solución no puede ser suprimir esos discursos.
 
En primer lugar, porque es una tarea cuyo fracaso está asegurado de antemano. No puede taparse el sol con un papel. Pero además se corre el riesgo de causar en la sociedad la reacción contraria, un mayor recelo en una sociedad que ya es reactiva a lo estatal y no parece bien predispuesta a aceptar nada que implique mayores potestades para la fuerza pública respecto a sus libertades individuales.
 
Para el escritor inglés Christopher Hitchens, la regulación de la libertad de expresión tiene, además, tres problemas intrínsecos, que se esconden debajo de las buenas intenciones y anidan el huevo de la serpiente.
 
El primero es que la confrontación de nuestros argumentos con otras opiniones y otras interpretaciones de la realidad, por más contrarias a las nuestras que sean, es lo que reafirma por qué sabemos lo que sabemos. Si no admitimos el debate con otras verdades relativas y hasta con mentiras completas, se lesiona el pensamiento crítico.
 
El segundo es que todas las protecciones a la libertad de expresión que deben desarmarse para penar los discursos de odio están ahí con un sentido y nos protegen a nosotros. Si las deshacemos a la hora de perseguir a nuestros adversarios, no van a estar allí cuando ellos se den vuelta y empiecen a perseguirnos.
 
El tercero señala que si hubiera una autoridad cuya tarea es evitar que se digan mentiras o se propague el odio, eso implicaría necesariamente que tiene que haber una persona, o varias, encomendadas a decidir qué es verdad y qué no, o cuándo se está cometiendo un acto de odio a través de la palabra, y que tendrían el poder de decidir quién es castigado por sus opiniones y quién no.
 
Invito a lectores y lectoras a que se pregunten en la intimidad si confían en alguien, en cualquier persona del mundo que no sean ustedes mismos, para hacer eso.
 
No hacen falta nuevas prohibiciones para combatir la violencia. Deberían probar aplicando las normas que ya existen y expulsar de una vez por todas al diputado Francisco Sánchez de la Cámara por pedir la pena de muerte a CFK. Si eso no funciona, a lo mejor hay que intentar mejorando la vida de las personas: es muy difícil pacificar con la panza vacía.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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