17:34 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 07-09-2022 / 10:09

LA INFORMACIÓN SURGIDA DE TELÉFONOS Y CÁMARAS COMPROMETE A LOS DETENIDOS POR EL ATENTADO A CFK

Las fotos empeoran la situación de Sabag Montiel y también la de su novia, Brenda Uliarte

A pesar de que la causa del atentado contra Cristina está bajo secreto de sumario, se filtró que el principal acusado por el ataque y su pareja Brenda Uliarte se habían tomado fotos mostrando la pistola Bersa y las balas. Las cámaras de la vía pública confirmaron que Uliarte estuvo con Sabag en la zona durante el atentado y también en días previos. Para los investigadores, son indicios de que pudo haber una planificación del intento de asesinato y buscan establecer la participación de más personas.

A pesar de que la causa del atentado contra Cristina está bajo secreto de sumario, se filtró que el principal acusado por el ataque y su pareja Brenda Uliarte se habían tomado fotos mostrando la pistola Bersa y las balas. Las cámaras de la vía pública confirmaron que Uliarte estuvo con Sabag en la zona durante el atentado y también en días previos. Para los investigadores, son indicios de que pudo haber una planificación del intento de asesinato y buscan establecer la participación de más personas. En declaración indagatoria, Uliarte intentó desligarse de los hechos, mientras que Sabag se negó nuevamente a hablar y se limitó a decir que "Brenda no tuvo nada que ver".

Fuentes judiciales dijeron que si bien no creen que esté el "ISIS" detrás del atentado, sí piensan que puede haber más gente detrás del ataque. Sorprende la presencia en la causa de Gustavo Kollmann, el defensor de Uliarte y ex abogado del chofer Oscar Centeno, protagonista de la polémica causa cuadernos.

Las imágenes que se filtraron habrían sido extraídas del teléfono de Sabag Montiel y fueron tomadas meses atrás. Es parte de la información que se salvó del reseteo de fábrica porque estaba alojada en la tarjeta de memoria. En las imágenes se ve a la pareja posando con la pistola Bersa que se utilizó en el ataque contra Cristina Kirchner. Si bien en un momento se dijo que el arma no tenía las huellas del detenido, esa información resultó ser falsa.

Además, un video confirma que la novia de Sabag estaba en el lugar del ataque a Cristina. La filtración de las imágenes se trata de un eslabón más de una cadena de enredos que comenzó tras la detención de Sabag Montiel. Desde un comienzo hubo dudas sobre la actuación de la Policía Federal. Luego llegó el peritaje al teléfono y el reseteo de fábrica de su contenido que sirvió para alimentar teorías conspirativas.

Pocas horas antes de que detener a Uliarte, la jueza María Eugenia Capuchetti dictó el secreto de sumario de la causa. En ese momento corrió el rumor de que en el juzgado creían que Sabag Montiel no había actuado solo. Tras la detención de Uliarte en la estación Palermo del FFCC San Martín se confirmó la hipótesis. La mujer había afirmado que no veía a su novio desde 48 horas antes de que Sabag Montiel gatillara contra Cristina lo que era falso.

Las fotografías que circularon fortalecen la idea de que Sabag Montiel no fue un "lobo solitario" como se pensó en un primer momento. Sospechan que puede haber más gente detrás de la organización del atentado.

La Opinión Popular

Las fotos guardadas en el celular de Fernando Sabag Montiel, que pudieron ser rescatadas de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria, no sólo empeoran su situación sino también la de su novia, Brenda Uliarte. En las imágenes, a las que accedió Página/12, se lo ve a él posar exhibiendo el arma con la que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner. La empuña hacia arriba e incluso finge apretar el gatillo. Ella aparece en otras tomas de cuerpo entero con la pistola, una Bersa calibre 32, calzada en la cintura de su pantalón negro.

Hay una foto que retrata específicamente el arma dispuesta al lado de las dos cajas con 100 balas que fueron halladas en la vivienda de él junto con seis proyectiles sueltos. Para quienes llevan adelante la investigación son todos indicios de que pudo haber existido una planificación del intento de asesinato y todavía buscan establecer la posible participación de más personas. Se suma el dato de que la mujer no solo estuvo con Sabag en el momento del atentado, sino que habría estado en la misma zona los días previos.

Ella, sin embargo, al prestar declaración indagatoria en Comodoro Py este martes a última hora, negó su participación en el hecho, incluso negó su presencia en el lugar de manera imprecisa (sucede que está muy comprometida por las imágenes) y sólo respondió preguntas de su defensor, Gustavo Kollmann, que asumió su representación ya que Juan Martín Hermida, quien representa a Sabag Montiel, se excusó por "intereses contrapuestos". El atacante también fue llevado a los tribunales de Retiro para ampliar su indagatoria pero no quiso responder nada, igual que la primera vez que fue interrogado. Lo único que quiso decir fue que "Brenda no tuvo nada que ver".

Las fotos son parte del material que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) les entregó a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo e integra la prueba que fundamenta el pedido ampliación de indagatoria a Sabag y la imputación como posible partícipe contra su pareja, junto con otros abundantes elementos: grabaciones de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires que los muestran llegar juntos a Juncal y Uruguay, filmaciones de celular e imágenes televisivas; la reconstrucción de todo el recorrido que hicieron el jueves pasado antes de llegar a Recoleta; el contenido del celular de Brenda de donde saldrían expresiones que comprometen a ambos; otro tanto que se extrajo del teléfono de él pese a la posible pérdida de parte de la información; las redes sociales; los testimonios de cinco amigos de la pareja y lo que hay en los celulares que aceptaron entregar a la Justicia.

La hipótesis que guía por estas horas el expediente involucra a la pareja y se extiende hacia la posible participación de otras personas. Se investigan incluso vinculaciones con grupos de ultraderecha o filonazis. Los tatuajes de Sabag, que incluyen un sol negro típico de la filosofía ocultista del nazismo, ayudan a definir al personaje.

Las mentiras

En el caso de Brenda Uliarte, las fotos y la reconstrucción de sus pasos desmienten de manera rotunda todo lo que había dicho en una entrevista en Telefé el viernes último, día posterior al ataque a la vicepresidenta, a la que fue con un grupo de amigos y donde se presentó con el nombre Ambar, el seudónimo que usaba en las redes y con el que aparecía en páginas de contenido erótico.

Tenía puesto un gorro negro que le tapaba toda la cabeza, lo que ocultaba la cabellera rojiza con la que luego se la vio en las imágenes previas y posteriores al intento de asesinato a metros de la casa de CFK. Allí aseguró que no sabía de la existencia del arma: "No vi el arma, no estaba al tanto de eso". Pero las fotos posando con el arma calzada son elocuentes. "No entiendo por qué lo hizo, es un buen hombre, es trabajador", les dijo a los entrevistadores. Había empezado la nota diciendo que ahora tenía "miedo": "Nos quitan la posibilidad de trabajar. Nos están culpando de algo que no hicimos".

También aseguró que no veía al hombre desde hacía dos días, lo que fue desmentido por la reconstrucción que lograron hacer el juzgado y la fiscalía, donde establecieron -como informó este diario-- que el mismo jueves habían estado juntos en el local de un requerido tatuador en Quilmes, luego fueron en tren hasta Constitución, de allí tomaron un colectivo hacia el Obelisco y desde ahí todo indica que fueron a pie hasta Juncal y Uruguay.

Hay cámaras de C5N que los toman a ambos en la zona apenas pasadas las 20.30, pero habrían llegado unos minutos antes de las 20. Cuando Sabag Montiel intenta dispararle a la vicepresidenta, los militantes que ven la escena logran agarrarlo y llevarlo con los policías que estaban en el lugar. El arma fue rescatada también por ellos, ya que cayó en la vereda. En un comienzo, la falta de detección de huellas dactilares en el arma -que había estado en el piso y fue tomada por uno de los jóvenes-- fue utilizada por medios, en especial del Grupo Clarín, para poner en duda la existencia del ataque o sugerir un armado.

Finalmente, el estudio de Policía Científica de la Federal comprobó que la pistola tenía ADN de ambas manos de Sabag Montiel, que es zurdo: hay rastros genéticos de la mano izquierda en la cacha, el gatillo y la corredera, y de la otra mano en el cargador.

Ahora el dato de que ella habría estado antes en Juncal y Uruguay, tal vez estudiando la zona, cobra relevancia. Al parecer fue en los días de fuerte movilización popular en apoyo a la vicepresidenta, después de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años para ella en el juicio de la obra pública en Santa Cruz, y en que la Policía de la Ciudad salió a la ofensiva contra las y los manifestantes.

Pero la investigación empieza a apuntar todavía más atrás. En julio la pareja apareció en una nota en Crónica TV, con un discurso de rechazo a los planes sociales que agitaban como respuesta a la mujer conocida como "la planera viral". Sabag decía que su novia, Brenda, había cobrado planes sociales, y ella acotaba que los abandonó para trabajar, y se mostraba vendiendo copos de azúcar rosados. Lo cierto es que ella, todo indica, nunca cobró planes sociales. A él se lo vio también un día de semana en Tigre, manifestándose contra la designación de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

¿Un grupo preparado?

Al menos por ahora, para los investigadores el grupo que está en el foco de su atención por el intento de asesinato de CFK no constituye una gran organización, sino un grupo marginal, con una ideología que mezcla todo tipo de ingredientes: antikirchnerismo, antiperonismo, racismo, neonazismo. Brenda, de 23 años, incluso tenía una vida paralela con producciones porno, algunas light y otras más pesadas, que incluyen escenas de violencia.

En la familia de ella sostienen que tuvo un pasado muy duro, con un abuso sexual cuando era niña, el abandono de la madre que se fue a vivir a Tucumán, la muerte de un bebé, el fallecimiento de la abuela que la crió. Su prima, su tío, un exnovio, afirman que era callada, que hablaba muy poco.

Todo esto seguramente intentará usarlo su defensa para desvincularla. Pero del celular, que pudo ser desbloqueado por la PSA, se desprenden otras personalidades. Incluso surge que le daba casi órdenes a Sabag que, como declaró uno de los amigos, era "el boludo del grupo". El contenido del aparato todavía está siendo analizado.

Sabag usó un arma que tiene 50 años de antigüedad, no supo mover la corredera o se puso tan nervioso que no lo hizo como corresponde y utilizó proyectiles que en fueron fabricados en 1999. Hay quienes dicen que incluso fanfarroneó con las fotos en grupos de metal, anticipando que iba a matar a CFK. Un grupo de odiadores, menor y en apariencia con poca logística, pero no por eso menos peligroso. Y no son los únicos individuos odiadores, armados, que circulan por la Argentina y por muchos otros países.

Mientras avanza un análisis más detallado de las cámaras de la Ciudad e imágenes de video que fueron recibiendo en el juzgado y la fiscalía, así como de los teléfonos de la pareja y sus amigos, otro análisis en paralelo busca establecer qué pasó con el celular Samsung A50 de Sabag que apareció "reformateado de fábrica", con pérdida de contenido aunque se pudieron rescatar la tarjeta SIM, la de memoria y algunos audios de Telegram. Quizá se rescate algo más.

El interrogante es si hubo un acto deliberado que dañó la información del celular o si hubo un error, por ejemplo, por hacer varias pruebas para dar con la clave, que el hombre no quiso entregar. La PSA se está ocupando de buena parte de los análisis, y otro tanto haría Gendarmería.

La otra arista que será clave es la reconstrucción de la dinámica y el funcionamiento del grupo, a cuyos integrantes se está intentando ubicar durante el ataque a la vicepresidenta. Además se rastrean sus vinculaciones con organizaciones radicalizadas, de ultraderecha, como Revolución Federal, que protagonizó en los últimos meses algunos de los escraches y manifestaciones más agresivas contra funcionarios, con advertencias del tipo "no van a poder caminar tranquilos", "Cristina presa ya", "no más kirchnerismo".

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".