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Nacionales - 07-09-2022 / 10:09
LA INFORMACIÓN SURGIDA DE TELÉFONOS Y CÁMARAS COMPROMETE A LOS DETENIDOS POR EL ATENTADO A CFK

Las fotos empeoran la situación de Sabag Montiel y también la de su novia, Brenda Uliarte

Las fotos empeoran la situación de Sabag Montiel y también la de su novia, Brenda Uliarte
A pesar de que la causa del atentado contra Cristina está bajo secreto de sumario, se filtró que el principal acusado por el ataque y su pareja Brenda Uliarte se habían tomado fotos mostrando la pistola Bersa y las balas. Las cámaras de la vía pública confirmaron que Uliarte estuvo con Sabag en la zona durante el atentado y también en días previos. Para los investigadores, son indicios de que pudo haber una planificación del intento de asesinato y buscan establecer la participación de más personas.
A pesar de que la causa del atentado contra Cristina está bajo secreto de sumario, se filtró que el principal acusado por el ataque y su pareja Brenda Uliarte se habían tomado fotos mostrando la pistola Bersa y las balas. Las cámaras de la vía pública confirmaron que Uliarte estuvo con Sabag en la zona durante el atentado y también en días previos. Para los investigadores, son indicios de que pudo haber una planificación del intento de asesinato y buscan establecer la participación de más personas. En declaración indagatoria, Uliarte intentó desligarse de los hechos, mientras que Sabag se negó nuevamente a hablar y se limitó a decir que "Brenda no tuvo nada que ver".
 
Fuentes judiciales dijeron que si bien no creen que esté el "ISIS" detrás del atentado, sí piensan que puede haber más gente detrás del ataque. Sorprende la presencia en la causa de Gustavo Kollmann, el defensor de Uliarte y ex abogado del chofer Oscar Centeno, protagonista de la polémica causa cuadernos.
 
Las imágenes que se filtraron habrían sido extraídas del teléfono de Sabag Montiel y fueron tomadas meses atrás. Es parte de la información que se salvó del reseteo de fábrica porque estaba alojada en la tarjeta de memoria. En las imágenes se ve a la pareja posando con la pistola Bersa que se utilizó en el ataque contra Cristina Kirchner. Si bien en un momento se dijo que el arma no tenía las huellas del detenido, esa información resultó ser falsa.
 
Además, un video confirma que la novia de Sabag estaba en el lugar del ataque a Cristina. La filtración de las imágenes se trata de un eslabón más de una cadena de enredos que comenzó tras la detención de Sabag Montiel. Desde un comienzo hubo dudas sobre la actuación de la Policía Federal. Luego llegó el peritaje al teléfono y el reseteo de fábrica de su contenido que sirvió para alimentar teorías conspirativas.
 
Pocas horas antes de que detener a Uliarte, la jueza María Eugenia Capuchetti dictó el secreto de sumario de la causa. En ese momento corrió el rumor de que en el juzgado creían que Sabag Montiel no había actuado solo. Tras la detención de Uliarte en la estación Palermo del FFCC San Martín se confirmó la hipótesis. La mujer había afirmado que no veía a su novio desde 48 horas antes de que Sabag Montiel gatillara contra Cristina lo que era falso.
 
Las fotografías que circularon fortalecen la idea de que Sabag Montiel no fue un "lobo solitario" como se pensó en un primer momento. Sospechan que puede haber más gente detrás de la organización del atentado.
 
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Las fotos guardadas en el celular de Fernando Sabag Montiel, que pudieron ser rescatadas de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria, no sólo empeoran su situación sino también la de su novia, Brenda Uliarte. En las imágenes, a las que accedió Página/12, se lo ve a él posar exhibiendo el arma con la que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner. La empuña hacia arriba e incluso finge apretar el gatillo. Ella aparece en otras tomas de cuerpo entero con la pistola, una Bersa calibre 32, calzada en la cintura de su pantalón negro.
 
Hay una foto que retrata específicamente el arma dispuesta al lado de las dos cajas con 100 balas que fueron halladas en la vivienda de él junto con seis proyectiles sueltos. Para quienes llevan adelante la investigación son todos indicios de que pudo haber existido una planificación del intento de asesinato y todavía buscan establecer la posible participación de más personas. Se suma el dato de que la mujer no solo estuvo con Sabag en el momento del atentado, sino que habría estado en la misma zona los días previos.
 
Ella, sin embargo, al prestar declaración indagatoria en Comodoro Py este martes a última hora, negó su participación en el hecho, incluso negó su presencia en el lugar de manera imprecisa (sucede que está muy comprometida por las imágenes) y sólo respondió preguntas de su defensor, Gustavo Kollmann, que asumió su representación ya que Juan Martín Hermida, quien representa a Sabag Montiel, se excusó por "intereses contrapuestos". El atacante también fue llevado a los tribunales de Retiro para ampliar su indagatoria pero no quiso responder nada, igual que la primera vez que fue interrogado. Lo único que quiso decir fue que "Brenda no tuvo nada que ver".
 
Las fotos son parte del material que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) les entregó a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo e integra la prueba que fundamenta el pedido ampliación de indagatoria a Sabag y la imputación como posible partícipe contra su pareja, junto con otros abundantes elementos: grabaciones de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires que los muestran llegar juntos a Juncal y Uruguay, filmaciones de celular e imágenes televisivas; la reconstrucción de todo el recorrido que hicieron el jueves pasado antes de llegar a Recoleta; el contenido del celular de Brenda de donde saldrían expresiones que comprometen a ambos; otro tanto que se extrajo del teléfono de él pese a la posible pérdida de parte de la información; las redes sociales; los testimonios de cinco amigos de la pareja y lo que hay en los celulares que aceptaron entregar a la Justicia.
 
La hipótesis que guía por estas horas el expediente involucra a la pareja y se extiende hacia la posible participación de otras personas. Se investigan incluso vinculaciones con grupos de ultraderecha o filonazis. Los tatuajes de Sabag, que incluyen un sol negro típico de la filosofía ocultista del nazismo, ayudan a definir al personaje. 
 
 
Las mentiras
 
En el caso de Brenda Uliarte, las fotos y la reconstrucción de sus pasos desmienten de manera rotunda todo lo que había dicho en una entrevista en Telefé el viernes último, día posterior al ataque a la vicepresidenta, a la que fue con un grupo de amigos y donde se presentó con el nombre Ambar, el seudónimo que usaba en las redes y con el que aparecía en páginas de contenido erótico.
 
Tenía puesto un gorro negro que le tapaba toda la cabeza, lo que ocultaba la cabellera rojiza con la que luego se la vio en las imágenes previas y posteriores al intento de asesinato a metros de la casa de CFK. Allí aseguró que no sabía de la existencia del arma: "No vi el arma, no estaba al tanto de eso". Pero las fotos posando con el arma calzada son elocuentes. "No entiendo por qué lo hizo, es un buen hombre, es trabajador", les dijo a los entrevistadores. Había empezado la nota diciendo que ahora tenía "miedo": "Nos quitan la posibilidad de trabajar. Nos están culpando de algo que no hicimos".
 
También aseguró que no veía al hombre desde hacía dos días, lo que fue desmentido por la reconstrucción que lograron hacer el juzgado y la fiscalía, donde establecieron -como informó este diario-- que el mismo jueves habían estado juntos en el local de un requerido tatuador en Quilmes, luego fueron en tren hasta Constitución, de allí tomaron un colectivo hacia el Obelisco y desde ahí todo indica que fueron a pie hasta Juncal y Uruguay.
 
Hay cámaras de C5N que los toman a ambos en la zona apenas pasadas las 20.30, pero habrían llegado unos minutos antes de las 20. Cuando Sabag Montiel intenta dispararle a la vicepresidenta, los militantes que ven la escena logran agarrarlo y llevarlo con los policías que estaban en el lugar. El arma fue rescatada también por ellos, ya que cayó en la vereda. En un comienzo, la falta de detección de huellas dactilares en el arma -que había estado en el piso y fue tomada por uno de los jóvenes-- fue utilizada por medios, en especial del Grupo Clarín, para poner en duda la existencia del ataque o sugerir un armado.
 
Finalmente, el estudio de Policía Científica de la Federal comprobó que la pistola tenía ADN de ambas manos de Sabag Montiel, que es zurdo: hay rastros genéticos de la mano izquierda en la cacha, el gatillo y la corredera, y de la otra mano en el cargador.
 
Ahora el dato de que ella habría estado antes en Juncal y Uruguay, tal vez estudiando la zona, cobra relevancia. Al parecer fue en los días de fuerte movilización popular en apoyo a la vicepresidenta, después de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años para ella en el juicio de la obra pública en Santa Cruz, y en que la Policía de la Ciudad salió a la ofensiva contra las y los manifestantes.
 
Pero la investigación empieza a apuntar todavía más atrás. En julio la pareja apareció en una nota en Crónica TV, con un discurso de rechazo a los planes sociales que agitaban como respuesta a la mujer conocida como "la planera viral". Sabag decía que su novia, Brenda, había cobrado planes sociales, y ella acotaba que los abandonó para trabajar, y se mostraba vendiendo copos de azúcar rosados. Lo cierto es que ella, todo indica, nunca cobró planes sociales. A él se lo vio también un día de semana en Tigre, manifestándose contra la designación de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
 
 
¿Un grupo preparado?
 
Al menos por ahora, para los investigadores el grupo que está en el foco de su atención por el intento de asesinato de CFK no constituye una gran organización, sino un grupo marginal, con una ideología que mezcla todo tipo de ingredientes: antikirchnerismo, antiperonismo, racismo, neonazismo. Brenda, de 23 años, incluso tenía una vida paralela con producciones porno, algunas light y otras más pesadas, que incluyen escenas de violencia.
 
En la familia de ella sostienen que tuvo un pasado muy duro, con un abuso sexual cuando era niña, el abandono de la madre que se fue a vivir a Tucumán, la muerte de un bebé, el fallecimiento de la abuela que la crió. Su prima, su tío, un exnovio, afirman que era callada, que hablaba muy poco.
 
Todo esto seguramente intentará usarlo su defensa para desvincularla. Pero del celular, que pudo ser desbloqueado por la PSA, se desprenden otras personalidades. Incluso surge que le daba casi órdenes a Sabag que, como declaró uno de los amigos, era "el boludo del grupo". El contenido del aparato todavía está siendo analizado.
 
Sabag usó un arma que tiene 50 años de antigüedad, no supo mover la corredera o se puso tan nervioso que no lo hizo como corresponde y utilizó proyectiles que en fueron fabricados en 1999. Hay quienes dicen que incluso fanfarroneó con las fotos en grupos de metal, anticipando que iba a matar a CFK. Un grupo de odiadores, menor y en apariencia con poca logística, pero no por eso menos peligroso. Y no son los únicos individuos odiadores, armados, que circulan por la Argentina y por muchos otros países.
 
Mientras avanza un análisis más detallado de las cámaras de la Ciudad e imágenes de video que fueron recibiendo en el juzgado y la fiscalía, así como de los teléfonos de la pareja y sus amigos, otro análisis en paralelo busca establecer qué pasó con el celular Samsung  A50 de Sabag que apareció "reformateado de fábrica", con pérdida de contenido aunque se pudieron rescatar la tarjeta  SIM, la de memoria y algunos audios de Telegram. Quizá se rescate algo más.
 
El interrogante es si hubo un acto deliberado que dañó la información del celular o si hubo un error, por ejemplo, por hacer varias pruebas para dar con la clave, que el hombre no quiso entregar. La PSA se está ocupando de buena parte de los análisis, y otro tanto haría Gendarmería.
 
La otra arista que será clave es la reconstrucción de la dinámica y el funcionamiento del grupo, a cuyos integrantes se está intentando ubicar durante el ataque a la vicepresidenta. Además se rastrean sus vinculaciones con organizaciones radicalizadas, de ultraderecha, como Revolución Federal, que protagonizó en los últimos meses algunos de los escraches y manifestaciones más agresivas contra funcionarios, con advertencias del tipo "no van a poder caminar tranquilos", "Cristina presa ya", "no más kirchnerismo".
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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