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Nacionales - 06-09-2022 / 12:09
JUICIO CONTRA CFK: DEMUELEN LA ACUSACIÓN DE LOS FISCALES MACRISTAS LUCIANI Y MOLA

Alegatos de las defensas con críticas a los fiscales y rechazo al atentado contra Cristina

Alegatos de las defensas con críticas a los fiscales y rechazo al atentado contra Cristina
Este lunes quedaron expuestas las falsedades y tergiversaciones cuando se reanudaron las audiencias en el juicio de la causa "Vialidad". Los abogados que alegaron en la reanudación del juicio dejaron en claro que los fiscales ni siquiera leyeron bien el expediente. Remarcaron que “no hay nada de nada, ni siquiera un indicio” de los supuestos delitos con las obras públicas.
Este lunes quedaron expuestas las falsedades y tergiversaciones cuando se reanudaron las audiencias en el juicio de la causa "Vialidad". Los abogados que alegaron en la reanudación del juicio dejaron en claro que los fiscales ni siquiera leyeron bien el expediente. Remarcaron que "no hay nada de nada, ni siquiera un indicio" de los supuestos delitos con las obras públicas. El primero en exponer fue el abogado Mariano Fragueiro Frías, que defiende a Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Los defensores de Garro demostraron que éste fue acusado por supuestos hechos ocurridos cuando ya no era funcionario.
 
Al iniciar decidió hacer una manifestación sobre el atentado contra Cristina rechazando lo ocurrido: "Que el odio no gane nuestra sociedad y que cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción dentro de las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social" finalizó. Posteriormente comenzó a exponer los argumentos para defender a Garro.
 
Uno de los puntos centrales de la defensa fue señalar que la acusación a Garro fue por haber utilizado irregularmente fondos nacionales, cuando en las obras que intervino se usaron dinero de la provincia. En ese sentido afirmó que "Los fiscales federales de la Capital Federal se quieren arrogar funciones e interferir en la justicia de Santa Cruz, que ya se pronunció. Nadie puede decir si está bien o está mal. A eso se refiere la autonomía de las provincias. Lo contrario es afectar directamente al federalismo", y agregó: "Acá hay cosa juzgada", haciendo referencia al fallo de la justicia santacruceña. Los recursos de las defensas interpuestos a la Corte Suprema con ese fundamento habían sido rechazados e igualmente serán expuestos en los alegatos.
 
El abogado defensor criticó duramente a los fiscales macristas Luciani y Mola por violar la Constitución Nacional al respecto y de "abusar de falacias circulares y afirmar cuestiones inexistentes". Esto lo fundamenta en que Garro fue titular de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz durante sólo seis meses (entre fines de 2005 y marzo de 2006) y los fiscales le pidieron tres años de prisión por administración fraudulenta por nueve obras viales que no fueron peritadas y que se ejecutaron mucho después de que Garro se hubiera ido del cargo.
 
De manera que no le pueden adjudicar ni atrasos ni sobreprecios ni irregularidades en las redeterminaciones. Además, ninguna de esas obras viales fue peritada, de manera que es imposible establecer si hubo un perjuicio para el Estado. Este es un proceso judicial trucho que viene siendo fuertemente cuestionado por su imparcialidad a la hora de juzgar a Cristina, y por su objetivo político claramente persecutorio.
 
La Opinión Popular
 

 
QUEDARON EXPUESTAS LAS FALSEDADES Y TERGIVERSACIONES 
 
Juicio contra CFK: Un alegato que demolió la acusación de los fiscales Luciani y Mola
 
Los abogados dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente. Remarcaron que "no hay nada de nada, ni siquiera un indicio" de los supuestos delitos con las obras públicas y que los fiscales "presentaron hechos falsos o inexistentes". Demostraron que Héctor Garro fue acusado por supuestos hechos ocurridos cuando ya no ocupaba el cargo.
 
"No hay nada de nada, ni siquiera un indicio". "Los fiscales incurrieron en hipocresía funcional". "Tergiversaron pruebas". "Presentaron hechos falsos o inexistentes". "Violaron la Constitución Nacional". Con este cúmulo de acusaciones, de hecho, la defensa del extitular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, Héctor Garro, desmanteló minuciosamente la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 
 
Los abogados que alegaron este martes a la mañana dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente y las imputaciones. Por ejemplo, acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro -ni una sola- fue financiada por el Estado nacional. O sea, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.
 
Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, defensores de Garro, no levantaron el tono en las casi dos horas y media de su alegato. No lo necesitaron. Sus argumentos, de a ratos expuestos en pantallas ubicadas en la sede del Tribunal Oral Federal 2, fueron tan demoledores que pareció una clase para niños de escuela primaria. Por momentos dio hasta vergüenza cuando Fragueiro Frías recordó las tremendas diatribas de Luciani sobre las horas y días que -según dijo el fiscal- pasaron leyendo cada expediente de cada obra y resultó que le atribuyeron a Garro trámites licitatorios con los que no tuvo la menor relación.
 
Fragueiro y Salvarezza, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace tres años, fueron a Comodoro Py y alegaron delante de los jueces, en forma presencial. Lo contrario de lo que hicieron Luciani y Mola que incluso leyeron buena parte de sus alegatos, algo que está prohibido. Fragueiro arrancó condenando la tentativa de homicidio contra Cristina Kirchner.
 
 
"Los fiscales no conocen el expediente"
 
Una de las cuestiones que este diario viene señalando es que Luciani y Mola fueron vapuleados durante cada una de las audiencias del juicio a lo largo de los tres años que duró. Fragueiro dio un ejemplo: relató una anécdota que ocurrió cuando declaró el denunciante de la causa Vialidad, el exinterventor de Vialidad Nacional, el ultramacrista Javier Iguacel.
 
La defensa le preguntó en su momento al denunciante sobre la imputación contra Garro.
- ¿Garro? No recuerdo ni su nombre- contestó Iguacel. Es decir que los fiscales acusaron a un hombre sobre el que el propio denunciante no tenía ni idea. Y los jueces lo embargaron por 22.500 millones de pesos. Garro, por supuesto, no tiene ni el uno por mil de esa cifra. 
 
Fragueiro y Salvarezza describieron una por una las nueve obras que -según los fiscales- fueron licitadas durante los apenas seis meses -de octubre de 2005 a marzo de 2006- en que Garro estuvo en su cargo y que, supuestamente, beneficiaron a Lázaro Báez. En verdad, el funcionario apenas tuvo participación en una y media de esas rutas. Pero, además, de las nueve mencionadas por los fiscales, dos de las obras fueron adjudicadas a Adelmo Biancalani e Hijos, cuando la firma no era de Báez, y a Kank & Costilla, cuando tampoco era de Báez. En ese momento eran competidores. Eso surgía de leer el expediente. En otra obra, acusaron a Garro por otra ruta que fue adjudicada a Equimac, otro competidor de Báez. O sea, cuestiones surgidas de una elemental lectura del expediente.
 
Otra cuestión elemental es que los fiscales dijeron que Garro autorizó ampliaciones de presupuesto para hacer canteras de las que extraer el material de las obras y luego hacer un buen tratamiento de esos lugares. La defensa mostró que todo eso se hizo después que Garro dejara el cargo y se hizo bien. Y surgía de una simple lectura de los expedientes.
 
Finalmente, los letrados demolieron otras de las acusaciones. Por ejemplo, que no se podía tener el mismo director técnico para varias obras. La normativa establecía que eso estaba permitido siempre que no hubiera mucha distancia entre los trabajos. Fragueiro y Salvarezza mostraron en un mapa que tenían el mismo director técnico obras que, a lo sumo, estaban a una hora y media de viaje entre una y otra. Es decir que se manipuló la cuestión porque con simplemente poner las cosas en un mapa quedaba evidenciado que no había acusación para formular por la asignación de los directores técnicos de las obras.
 
En su histriónico alegato, Luciani dijo "los expedientes hablan. Gritan. Da vergüenza leerlos". Fragueiro, después de desnudar las cosas que los fiscales dijeron falsamente y que surgían de la simple lectura de los documentos, razonó: "Esto es lo que da vergüenza". Lo dijo todo sin levantar el tono.    
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12 
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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