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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 04-09-2022 / 10:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El atentado a Cristina puede ser el final de la violencia política o el principio de una etapa mucho peor

El atentado a Cristina puede ser el final de la violencia política o el principio de una etapa mucho peor
Cuando llegue el momento, el fascismo que está haciendo metástasis en la sociedad occidental va a usar en contra nuestro con una efectividad y una brutalidad que no alcanzamos a sospechar. Si no se puede convencer a un tercio del país de que está mal dispararle a la vicepresidenta, el problema no se resuelve con una ley.
La Argentina tiene dos destinos ante sí y el magnicidio fallido contra Cristina Fernández de Kirchner nos sirve como recordatorio de que hay poco tiempo por delante para tomar el camino correcto. Las pericias determinarán el motivo por el cual no hubo disparo después de que Fernando Sabag Montiel gatillara un arma en perfecto estado de funcionamiento cargada con balas de plomo a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta.
 
Más allá del resultado, sobran los motivos para que las personas con fe hablen de un milagro. Otros, más cómodos con la idea del azar, podemos definir ese golpe de fortuna como sacar un pleno en la lotería cósmica. Le digamos como querramos decirle, lo cierto es que la impericia del tirador o un detalle nimio en el mecanismo evitaron que el país ingrese en una nueva etapa de violencia inédita cuyo final es imposible de imaginar pero siempre desastroso.
 
Los magnicidios han sido históricamente el preludio de guerras, revoluciones y períodos negrísimos; cuesta pensar en un desenlace distinto. Y acá está la Argentina, dilapidando su segunda, o enésima oportunidad. A 48 horas del ataque, pareciera que nada cambió. Y si nada cambió, lo que sucedió una vez, un hecho extremo de violencia política, puede volver a pasar. En cambio, los milagros ni los plenos de lotería suceden dos veces seguidas.
 
No existen, por ahora, elementos para considerar conspiraciones pero es incorrecto pensar en un loco suelto cuando existe un enorme dispositivo político, mediático, judicial y social que fue el caldo de cultivo en el que se gestó el impulso magnicida de Sabag Montiel.
 
Como se repitió muchas veces en estas horas, el límite no se cruzó el jueves sino que se había cruzado mucho antes: la bomba en una unidad básica de Bahía Blanca o el disparo con arma de fuego al diputado correntino Miguel Arias no tuvieron una censura unánime de la dirigencia política ni fueron resueltos de forma satisfactoria y ejemplar por el Poder Judicial al que la oposición sugiere encomendarse.
 
De la misma manera, la patética reacción opositora ante el acto de terrorismo más impactante desde el atentado a la AMIA, por lo menos, vuelve a correr esa línea un poco más allá. Por momentos parece que en la Argentina no se cruzan límites sino puntos de no retorno. 
 

 
Por eso parece irresponsable que el gobierno no haya hecho todo lo que tenía a mano para facilitar el trance a una oposición dispuesta a aferrarse a cualquier excusa con tal de no asumir su responsabilidad. Es cierto: en el '87 fue el opositor Antonio Cafiero quien se puso a disposición de Raúl Alfonsín durante el levantamiento militar. Tiene sentido: si triunfaba, a la dirigencia peronista le esperaba el exilio o algo peor.
 
Una similitud y una diferencia. Otra vez es el peronismo el que lleva las de perder si la situación se radicaliza; pero esta vez la oposición no está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para defender la democracia y opera maliciosamente bajo la premisa de que puede sacar beneficios de una mayor inestabilidad.
 
Para el oficialismo, no hay combinación más nociva que escalar la retórica sin actuar en consecuencia, porque da pie para justificar e intensificar la violencia sin hacer nada (ni siquiera algo equivocado) para combatirla. Por deber institucional y por instinto de preservación, deberá calibrar su discurso, algo que sólo parece haber entendido, hasta ahora, la propia CFK.
 
Que las responsabilidades no sean exclusivas no quiere decir que sean simétricas, porque no lo son, de la misma manera que no es unilateral pero tampoco simétrica la violencia política en la Argentina, ni ahora ni nunca.
 
Ese argumento, que parece calcado de la teoría de los dos demonios, intenta justificar el atentado contra la vicepresidenta (¿tanto les piden?) por actos previos del propio peronismo y forma parte del discurso dominante en la oposición en estos días. No resiste un análisis, porque a lo largo de la historia, al igual que ahora, el uso de la violencia política en todas sus formas, fue desproporcionadamente en contra del peronismo y las clases populares.
 
Es decir: uno puede encontrar en el pasado un montón de ejemplos de momentos en los que el peronismo actuó de manera reñida con la convivencia democrática pero en cualquier caso empalidecen en comparación con el daño soportado: desde los bombardeos a Plaza de Mayo y los fusilamientos a la resistencia hasta el plan de exterminio de la última dictadura, no existe parangón que permita defender una comparación.
 
De la misma manera que los exabruptos y las canalladas cometidas en nombre del peronismo en los últimos años no tienen nada que ver con la persecución y el hostigamiento que recae ahora sobre Fernández de Kirchner. No es lo mismo.
 
Una vez que se llegó a este punto no existen las salidas sencillas. Hay que decirlo sencillo para que no quede lugar a la interpretación resbaladiza: a esta altura del partido la única forma de evitar un derramamiento de sangre en la Argentina es pacificar.
 
No hay forma de llegar a una solución si no se reconstruye una cosa pública en común entre dos placas tectónicas destinadas a separarse cada vez más, abriendo un abismo entre ellas. Es necesario construir un ámbito público de intercambio del que puedan participar todos los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, el Poder Judicial y los medios de comunicación con la sola condición de trabajar para evitar la violencia.
 
Eso suena difícil pero es la primera mitad y la más sencilla del problema. Sucede que ese ecosistema de poder ha demostrado hasta ahora una profunda incapacidad de autorregularse, por lo que no alcanza con propiciar las condiciones para el intercambio sino que el Estado debe, además, erigirse en árbitro de lo que allí se decida.
 
Y para eso necesita construir una autoridad que hoy no existe. Alguien que mira el vaso medio vacío puede reparar en la paradoja: un gobierno que necesita pacificar al país para reconstruir su autoridad y reconstruir su autoridad para pacificar al país. Alguien que ve el vaso medio lleno, o que no le queda otra, puede reparar en que la pacificación del país quizás sea ese sendero virtuoso que estaba buscando el peronismo para salir del pantano.
 
Dos condiciones necesarias para encarrilar en ese camino. La primera es un acuerdo que incluya, al menos parcialmente, a un sector de la derecha y del establishment, para romper la narrativa centrífuga imperante, que beneficia a los marginales y premia a los extremos.
 
Es lo que permitió el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos y también la alianza que construyó Lula en Brasil para competir este año. La presencia de algunos empresarios en la reunión del viernes en la Casa Rosada puede abrir un canal de diálogo. Tienen mucho que perder si el país cae en una espiral de violencia. La interna del PRO con sus socios exhibida el sábado en el Congreso es otra rendija para entrar.
 
La segunda condición es que la sociedad empiece a percibir resultados. Si no, es muy difícil. El año que viene se cumplen cuarenta años desde 1983 y veinte años desde el 2003. No sirve de nada enojarse con los que asocian sus penurias con la democracia o con el kirchnerismo, aunque estén equivocados.
 
Tener razón no sirve para ganar elecciones ni para detener baños de sangre. A esta altura del partido, después de varios años de economía rota y crisis recurrente, la demanda es de tranquilidad y plata en el bolsillo. O, como diría Sergio Massa si no estuviera silbando bajito, "sin estabilidad macro no hay paz social y sin paz social no hay estabilidad macro".
 
No existen recetas mágicas así que nada menos que eso va a funcionar. Menos que menos el punitivismo estúpido que suele surgir como primera reacción después de una tragedia y deja siempre detrás de sí una huella de más violencia: de esto no se salva la derecha ni la izquierda.
 
Prohibir discursos y aumentar penas no sirve y solamente legitima herramientas que, cuando llegue el momento, el fascismo que está haciendo metástasis en la sociedad occidental va a usar en contra nuestro con una efectividad y una brutalidad que no alcanzamos a sospechar. Si no se puede convencer a un tercio del país de que está mal dispararle a la vicepresidenta, el problema no se resuelve con una ley.
 
La Argentina tiene dos destinos ante sí. El segundo es más difícil pero vale la pena intentarlo. Esto es lo que deberían entender políticos, empresarios, comunicadores, sindicalistas, jueces e influencers. Si el atentado contra CFK marcara el punto final de esta etapa; si la clase dirigente tuviera la capacidad de transformar ese momento en la oportunidad de renovar el pacto de que nunca más la violencia política sea una herramienta de poder en este país; si en lugar de chicanas y tibios repudios en las redes sociales hubiera un verdadero acto de constricción y un compromiso real con la democracia, el país tiene un futuro inmenso de paz y prosperidad.
 
El acuerdo histórico entre YPF y la empresa malaya Petronas, que permite proyectar un horizonte en el que se duplique en pocos años la capacidad exportadora, no solamente tiene una importancia capital en términos económicos sino que abre la puerta de una opción geopolítica que el país debe explorar ante la creciente polarización entre China y Estados Unidos: la de asociarse a otros de tamaño mediano y grande y peso relativo alto en el concierto de naciones que tengan el mismo interés que la Argentina en mantener la buenas relaciones con las dos potencias en conflicto. La reciente visita oficial del canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar, también corre en ese sentido.
 
En el gobierno creen que el modelo de la asociación con la gigante petrolera, que le deja a YPF, una empresa privada en manos del Estado argentino, el 51 por ciento de la titularidad de la explotación, puede replicarse para activar otros proyectos de utilización de recursos naturales estratégicos como el litio, el petróleo offshore y las energías renovables, como una vía a mitad de camino entre la nacionalización, que ha demostrado ser subóptima en términos de eficiencia, y la privatización boba que deja al país sin el commodity ni los beneficios de extracción. Si pudiera aplicarse con éxito sería la llave para dejar atrás para siempre el loop de crisis recurrentes del sector externo.
 
En los próximos años se va a determinar la arquitectura legal de esos proyectos, las condiciones en las que van a extraerse los recursos durante décadas. Se va a definir si todos los argentinos van a ser socios de esa riqueza (a través, por ejemplo, de una renta universal financiada por las regalías de la explotación) o si será un negocio para los pocos mismos de siempre. Si las comunidades van a verse beneficiada por la generación de valor agregado y los riesgos ambientales van a trabajarse con profesionalismo o si los inversores van a llevarse todo y dejar atrás la desolación. Lo primero sólo puede lograrse en paz y con consensos básicos. La otra opción es más desigualdad, más violencia.
 
 
Cuando hablamos de consensos debemos hablar de las condiciones para que el país entre en un sendero productivo y vuelva a existir la esperanza de que mañana vamos a estar mejor y que nuestros hijos van a tener una vida mejor que la nuestra. Sin eso, tampoco puede haber democracia, o mejor dicho, sin eso, ¿por qué querríamos una democracia? Ahí está la pregunta que la sociedad argentina debe exigirle a sus dirigentes que contesten. Es algo básico pero hoy, a dos días de que alguien gatilló dos veces a centímetros de la cabeza de CFK, no tiene respuesta. A los tiros no hay futuro para nadie, pero mucho menos para los peronistas. La Argentina tiene dos destinos ante sí. Hay que actuar ya.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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