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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 04-09-2022 / 10:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El atentado a Cristina puede ser el final de la violencia política o el principio de una etapa mucho peor

El atentado a Cristina puede ser el final de la violencia política o el principio de una etapa mucho peor
Cuando llegue el momento, el fascismo que está haciendo metástasis en la sociedad occidental va a usar en contra nuestro con una efectividad y una brutalidad que no alcanzamos a sospechar. Si no se puede convencer a un tercio del país de que está mal dispararle a la vicepresidenta, el problema no se resuelve con una ley.
La Argentina tiene dos destinos ante sí y el magnicidio fallido contra Cristina Fernández de Kirchner nos sirve como recordatorio de que hay poco tiempo por delante para tomar el camino correcto. Las pericias determinarán el motivo por el cual no hubo disparo después de que Fernando Sabag Montiel gatillara un arma en perfecto estado de funcionamiento cargada con balas de plomo a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta.
 
Más allá del resultado, sobran los motivos para que las personas con fe hablen de un milagro. Otros, más cómodos con la idea del azar, podemos definir ese golpe de fortuna como sacar un pleno en la lotería cósmica. Le digamos como querramos decirle, lo cierto es que la impericia del tirador o un detalle nimio en el mecanismo evitaron que el país ingrese en una nueva etapa de violencia inédita cuyo final es imposible de imaginar pero siempre desastroso.
 
Los magnicidios han sido históricamente el preludio de guerras, revoluciones y períodos negrísimos; cuesta pensar en un desenlace distinto. Y acá está la Argentina, dilapidando su segunda, o enésima oportunidad. A 48 horas del ataque, pareciera que nada cambió. Y si nada cambió, lo que sucedió una vez, un hecho extremo de violencia política, puede volver a pasar. En cambio, los milagros ni los plenos de lotería suceden dos veces seguidas.
 
No existen, por ahora, elementos para considerar conspiraciones pero es incorrecto pensar en un loco suelto cuando existe un enorme dispositivo político, mediático, judicial y social que fue el caldo de cultivo en el que se gestó el impulso magnicida de Sabag Montiel.
 
Como se repitió muchas veces en estas horas, el límite no se cruzó el jueves sino que se había cruzado mucho antes: la bomba en una unidad básica de Bahía Blanca o el disparo con arma de fuego al diputado correntino Miguel Arias no tuvieron una censura unánime de la dirigencia política ni fueron resueltos de forma satisfactoria y ejemplar por el Poder Judicial al que la oposición sugiere encomendarse.
 
De la misma manera, la patética reacción opositora ante el acto de terrorismo más impactante desde el atentado a la AMIA, por lo menos, vuelve a correr esa línea un poco más allá. Por momentos parece que en la Argentina no se cruzan límites sino puntos de no retorno. 
 

 
Por eso parece irresponsable que el gobierno no haya hecho todo lo que tenía a mano para facilitar el trance a una oposición dispuesta a aferrarse a cualquier excusa con tal de no asumir su responsabilidad. Es cierto: en el '87 fue el opositor Antonio Cafiero quien se puso a disposición de Raúl Alfonsín durante el levantamiento militar. Tiene sentido: si triunfaba, a la dirigencia peronista le esperaba el exilio o algo peor.
 
Una similitud y una diferencia. Otra vez es el peronismo el que lleva las de perder si la situación se radicaliza; pero esta vez la oposición no está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para defender la democracia y opera maliciosamente bajo la premisa de que puede sacar beneficios de una mayor inestabilidad.
 
Para el oficialismo, no hay combinación más nociva que escalar la retórica sin actuar en consecuencia, porque da pie para justificar e intensificar la violencia sin hacer nada (ni siquiera algo equivocado) para combatirla. Por deber institucional y por instinto de preservación, deberá calibrar su discurso, algo que sólo parece haber entendido, hasta ahora, la propia CFK.
 
Que las responsabilidades no sean exclusivas no quiere decir que sean simétricas, porque no lo son, de la misma manera que no es unilateral pero tampoco simétrica la violencia política en la Argentina, ni ahora ni nunca.
 
Ese argumento, que parece calcado de la teoría de los dos demonios, intenta justificar el atentado contra la vicepresidenta (¿tanto les piden?) por actos previos del propio peronismo y forma parte del discurso dominante en la oposición en estos días. No resiste un análisis, porque a lo largo de la historia, al igual que ahora, el uso de la violencia política en todas sus formas, fue desproporcionadamente en contra del peronismo y las clases populares.
 
Es decir: uno puede encontrar en el pasado un montón de ejemplos de momentos en los que el peronismo actuó de manera reñida con la convivencia democrática pero en cualquier caso empalidecen en comparación con el daño soportado: desde los bombardeos a Plaza de Mayo y los fusilamientos a la resistencia hasta el plan de exterminio de la última dictadura, no existe parangón que permita defender una comparación.
 
De la misma manera que los exabruptos y las canalladas cometidas en nombre del peronismo en los últimos años no tienen nada que ver con la persecución y el hostigamiento que recae ahora sobre Fernández de Kirchner. No es lo mismo.
 
Una vez que se llegó a este punto no existen las salidas sencillas. Hay que decirlo sencillo para que no quede lugar a la interpretación resbaladiza: a esta altura del partido la única forma de evitar un derramamiento de sangre en la Argentina es pacificar.
 
No hay forma de llegar a una solución si no se reconstruye una cosa pública en común entre dos placas tectónicas destinadas a separarse cada vez más, abriendo un abismo entre ellas. Es necesario construir un ámbito público de intercambio del que puedan participar todos los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, el Poder Judicial y los medios de comunicación con la sola condición de trabajar para evitar la violencia.
 
Eso suena difícil pero es la primera mitad y la más sencilla del problema. Sucede que ese ecosistema de poder ha demostrado hasta ahora una profunda incapacidad de autorregularse, por lo que no alcanza con propiciar las condiciones para el intercambio sino que el Estado debe, además, erigirse en árbitro de lo que allí se decida.
 
Y para eso necesita construir una autoridad que hoy no existe. Alguien que mira el vaso medio vacío puede reparar en la paradoja: un gobierno que necesita pacificar al país para reconstruir su autoridad y reconstruir su autoridad para pacificar al país. Alguien que ve el vaso medio lleno, o que no le queda otra, puede reparar en que la pacificación del país quizás sea ese sendero virtuoso que estaba buscando el peronismo para salir del pantano.
 
Dos condiciones necesarias para encarrilar en ese camino. La primera es un acuerdo que incluya, al menos parcialmente, a un sector de la derecha y del establishment, para romper la narrativa centrífuga imperante, que beneficia a los marginales y premia a los extremos.
 
Es lo que permitió el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos y también la alianza que construyó Lula en Brasil para competir este año. La presencia de algunos empresarios en la reunión del viernes en la Casa Rosada puede abrir un canal de diálogo. Tienen mucho que perder si el país cae en una espiral de violencia. La interna del PRO con sus socios exhibida el sábado en el Congreso es otra rendija para entrar.
 
La segunda condición es que la sociedad empiece a percibir resultados. Si no, es muy difícil. El año que viene se cumplen cuarenta años desde 1983 y veinte años desde el 2003. No sirve de nada enojarse con los que asocian sus penurias con la democracia o con el kirchnerismo, aunque estén equivocados.
 
Tener razón no sirve para ganar elecciones ni para detener baños de sangre. A esta altura del partido, después de varios años de economía rota y crisis recurrente, la demanda es de tranquilidad y plata en el bolsillo. O, como diría Sergio Massa si no estuviera silbando bajito, "sin estabilidad macro no hay paz social y sin paz social no hay estabilidad macro".
 
No existen recetas mágicas así que nada menos que eso va a funcionar. Menos que menos el punitivismo estúpido que suele surgir como primera reacción después de una tragedia y deja siempre detrás de sí una huella de más violencia: de esto no se salva la derecha ni la izquierda.
 
Prohibir discursos y aumentar penas no sirve y solamente legitima herramientas que, cuando llegue el momento, el fascismo que está haciendo metástasis en la sociedad occidental va a usar en contra nuestro con una efectividad y una brutalidad que no alcanzamos a sospechar. Si no se puede convencer a un tercio del país de que está mal dispararle a la vicepresidenta, el problema no se resuelve con una ley.
 
La Argentina tiene dos destinos ante sí. El segundo es más difícil pero vale la pena intentarlo. Esto es lo que deberían entender políticos, empresarios, comunicadores, sindicalistas, jueces e influencers. Si el atentado contra CFK marcara el punto final de esta etapa; si la clase dirigente tuviera la capacidad de transformar ese momento en la oportunidad de renovar el pacto de que nunca más la violencia política sea una herramienta de poder en este país; si en lugar de chicanas y tibios repudios en las redes sociales hubiera un verdadero acto de constricción y un compromiso real con la democracia, el país tiene un futuro inmenso de paz y prosperidad.
 
El acuerdo histórico entre YPF y la empresa malaya Petronas, que permite proyectar un horizonte en el que se duplique en pocos años la capacidad exportadora, no solamente tiene una importancia capital en términos económicos sino que abre la puerta de una opción geopolítica que el país debe explorar ante la creciente polarización entre China y Estados Unidos: la de asociarse a otros de tamaño mediano y grande y peso relativo alto en el concierto de naciones que tengan el mismo interés que la Argentina en mantener la buenas relaciones con las dos potencias en conflicto. La reciente visita oficial del canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar, también corre en ese sentido.
 
En el gobierno creen que el modelo de la asociación con la gigante petrolera, que le deja a YPF, una empresa privada en manos del Estado argentino, el 51 por ciento de la titularidad de la explotación, puede replicarse para activar otros proyectos de utilización de recursos naturales estratégicos como el litio, el petróleo offshore y las energías renovables, como una vía a mitad de camino entre la nacionalización, que ha demostrado ser subóptima en términos de eficiencia, y la privatización boba que deja al país sin el commodity ni los beneficios de extracción. Si pudiera aplicarse con éxito sería la llave para dejar atrás para siempre el loop de crisis recurrentes del sector externo.
 
En los próximos años se va a determinar la arquitectura legal de esos proyectos, las condiciones en las que van a extraerse los recursos durante décadas. Se va a definir si todos los argentinos van a ser socios de esa riqueza (a través, por ejemplo, de una renta universal financiada por las regalías de la explotación) o si será un negocio para los pocos mismos de siempre. Si las comunidades van a verse beneficiada por la generación de valor agregado y los riesgos ambientales van a trabajarse con profesionalismo o si los inversores van a llevarse todo y dejar atrás la desolación. Lo primero sólo puede lograrse en paz y con consensos básicos. La otra opción es más desigualdad, más violencia.
 
 
Cuando hablamos de consensos debemos hablar de las condiciones para que el país entre en un sendero productivo y vuelva a existir la esperanza de que mañana vamos a estar mejor y que nuestros hijos van a tener una vida mejor que la nuestra. Sin eso, tampoco puede haber democracia, o mejor dicho, sin eso, ¿por qué querríamos una democracia? Ahí está la pregunta que la sociedad argentina debe exigirle a sus dirigentes que contesten. Es algo básico pero hoy, a dos días de que alguien gatilló dos veces a centímetros de la cabeza de CFK, no tiene respuesta. A los tiros no hay futuro para nadie, pero mucho menos para los peronistas. La Argentina tiene dos destinos ante sí. Hay que actuar ya.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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