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Nacionales - 03-09-2022 / 11:09
EL PUEBLO REVENTÓ LA PLAZA DE MAYO

Un país en riesgo: los motivos de fondo del infame intento de asesinato de Cristina Kirchner

Un país en riesgo: los motivos de fondo del infame intento de asesinato de Cristina Kirchner
Cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país en repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En contraste, la oposición criticó el feriado nacional, no emitió un comunicado de repudio y se negaba a asistir hoy a Diputados.
No es metafórico, es literal: de la noche a la mañana, cientos de miles de personas reventaron la Plaza de Mayo y sus adyacencias para repudiar el intento de asesinato de Cristina. Con una convocatoria de pocas horas, sin tiempo para organizar ni comunicarse, las multitudes acudieron en masa al centro de la ciudad.
 
Paradójicamente, esa capacidad de movilización del pueblo argentino fue el motivo de fondo del intento de asesinato. Es lo que más teme la derecha. Porque siempre ha sido el obstáculo principal para sus intereses. La mayoría de las operaciones mediáticas, políticas, judiciales y demás buscaron neutralizar esa herramienta de resistencia popular ya sea con la represión, con el terror, con la proscripción o el encarcelamiento de sus dirigentes, en este caso la vicepresidenta Cristina Kirchner que fue el blanco de un intento de asesinato.
 
La oposición no estuvo a la altura de los hechos. No tomó conciencia de la tragedia que estuvo a punto de ocurrir. Si el atentado hubiera tenido éxito, en este momento el país estaría en llamas y el nivel de rabia y violencia que habría desatado el magnicidio hubiera sido imposible de frenar. El futuro de los argentinos habría entrado en una franja de oscuridad e incertidumbre.
 
Estuvo a punto de abrirse un nuevo ciclo de violencia en ascenso como el que empezó en 1955 y del cual todos creían que se había cerrado en 1984. La persecución judicial contra Cristina Kirchner, contra ex funcionarios de sus gobiernos y dirigentes sociales y los discursos mediáticos difamatorios y agresivos iban a gatillar en algún momento actos de violencia.
 
Si fue un acto individual o como parte de un plan desestabilizador, cualquiera de esas dos posibilidades se asienta en el discurso de odio que ha sido la forma de comunicarse de lo que es hoy la oposición y de sus expresiones mediáticas.
 
La derecha tiene dos caminos: o acepta convivir en paz con esa tradición del pueblo argentino de tomar las calles en defensa de sus intereses, o retoma el camino de la violencia para reprimirlo y tratar de borrar a la movilización popular. Ese camino ensangrentó al país, en 1955 y 1976, y finalmente ya fracasó.
 

 
¿A QUÉ LE TEME LA DERECHA?
 
Un país en riesgo: los motivos de fondo del intento de asesinato de Cristina Kirchner
 
El mensaje ha sido insultante para los peronistas e indignante para los kirchneristas. La violencia se escurre en ambas vertientes y genera la famosa grieta. Una grieta que existió siempre en cuanto a los intereses que representa cada lado. Pero ese discurso la convierte en una trinchera de odio en la que los contrincantes buscan el exterminio y la desaparición de la parte contraria. De allí al intento de asesinato hay apenas un solo paso.
 
Alguien planteó que tanto peronistas y kirchneristas como su contrapartida --los macristas antikirchneristas y los medios en general-- debían hacer una autoctrítica, como si la responsabilidad fuera compartida en forma equitativa. No es así, nunca hubo manifestaciones kirchneristas con bolsas mortuorias ni con horcas o guillotinas ni carteles donde se pedía la muerte de dirigentes macristas.
 
En las marchas macristas, en cambio, son comunes esas imágenes y los carteles que dicen "Muerte a Cristina". No hay un solo local del macrismo agredido, en cambio han sido numerosos los locales del Frente de Todos atacados con disparos o con bombas incendiarias.
 
El día anterior al intento de asesinato, un repartidor en bicicleta había atacado con una llave inglesa a los militantes que estaban frente a la casa de la vicepresidenta. Dijo que no se arrepentía y que lo había hecho "por odio al peronismo".
 
Si la oposición realmente critica el intento de asesinato a Cristina Kirchner y repudia el posible retorno del país al infierno de la violencia política, tiene que empezar por cambiar el mensaje de odio que lo impulsó. Pero ni la presidenta del PRO, Patricia Bullrich ni el dirigente ultraderechista Javier Milei repudiaron el ataque a la vicepresidenta. Y en el caso de Bullrich trató de sacar rédito político criticando la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar feriado nacional.
 
Los argumentos ruines que usaron para criticar esa medida dieron cuenta del enfoque pusilánime que le dio un sector importante del macrismo a la posibilidad de que el país quede envuelto en un nuevo ciclo de violencia política.
 
Las dificultades de la dirigencia macrista para repudiar el intento de asesinato de su adversaria reflejaban la campaña que habían lanzado sus operadores en las redes, donde directamente aseguraban que todo había sido un teatro armado por la misma víctima. Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe, publicó un mensaje haciendo esa afirmación. Y legisladores del PRO sugirieron lo mismo.
 
Plantean una lógica donde el suicidio del fiscal Alberto Nisman fue un asesinato improbable y el probado intento de asesinato de la vicepresidenta --el atacante está preso-- sería un invento de la víctima. 
 
Está probado que Nisman se suicidó, todos los peritajes menos uno presionado desde el macrismo, coincidieron en que era imposible que lo hubieran asesinado y ninguno pudo comprobar que hubiera ingresado nadie al departamento del suicidado para asesinarlo. Pero el odio al peronismo --como dijo el repartidor-- es el argumento para decir que aunque fuera imposible el asesinato, no fue suicidio. El mismo odio al peronismo como principal argumento los lleva a decir que el atentado no existió, aunque el autor esté detenido.
 
En pocos días más ya lo estarán diciendo los operadores mediáticos del macrismo. Es un discurso previsible porque su objetivo es siempre el mismo: generar indignación y odio.
 
El repartidor no tiene motivo real para odiar al peronismo. Lo hace por la realidad que le pintan los medios hegemónicos. El atacante de Cristina es un marginal y odia a los que están como él y subsisten apenas con un plan. En vez de identificarse con los que sufren su misma situación, los odia.
 
Los que tienen motivos para odiar al peronismo no aparecen en estos hechos. Son los poderosos intereses que quisieran que el peronismo no existiera y así poder estructurar una sociedad de pocos ricos y muchos pobres. Y en función de esos intereses hablan los periodistas de los medios hegemónicos. Durante todo el viernes sugerían que "el atentado favorece a la presidenta" y "qué raro" que no hubiera salido el disparo.
 
El oficialismo anunció que convocará este sábado a la Cámara de Diputados para repudiar el intento de asesinato de la vicepresidenta. Pero hasta el cierre de esta nota el bloque de la oposición seguía deliberando y dudando si asistir o no. El argumento era que no aceptaban responsabilidad por el discurso del odio.
 
Algunos legisladores del oficialismo en Santa Fe habían planteado también la expulsión de la diputada Amalia Granata por los mensajes en los que acusaba a Cristina Kirchner de haber montado un atentado falso contra ella. De la misma manera, Patricia Bullrich bloqueó una declaración de repudio de Juntos por el Cambio.
 
Si la oposición fue contemplativa con el intento de asesinato de su principal adversaria, en pocas horas, cientos de miles de personas se volcaron a las calles en las principales ciudades del país para repudiar el ataque, incluso en aquellas localidades donde el peronismo o el kirchnerismo no son gobierno.
 
Sin el tiempo necesario para comunicarse unos a otros o para contratar vehículos, todos concurrieron a los puntos de convocatoria. Y mucha gente que se movilizó por su cuenta. Los manifestantes estaban conmocionados, como muchos de los que se quedaron en sus casas. En avenida de Mayo estaban el padre Paco Olveira y el padre Domingo Bresci. "Les preguntaste a ellos, porque tienen la posta" preguntaron al periodista. "¿La posta de qué?" "Y...porque Néstor fue el que la salvó. Ellos lo saben". Y señalaban para arriba con el índice.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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