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Nacionales - 03-09-2022 / 11:09
EL PUEBLO REVENTÓ LA PLAZA DE MAYO

Un país en riesgo: los motivos de fondo del infame intento de asesinato de Cristina Kirchner

Un país en riesgo: los motivos de fondo del infame intento de asesinato de Cristina Kirchner
Cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país en repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En contraste, la oposición criticó el feriado nacional, no emitió un comunicado de repudio y se negaba a asistir hoy a Diputados.
No es metafórico, es literal: de la noche a la mañana, cientos de miles de personas reventaron la Plaza de Mayo y sus adyacencias para repudiar el intento de asesinato de Cristina. Con una convocatoria de pocas horas, sin tiempo para organizar ni comunicarse, las multitudes acudieron en masa al centro de la ciudad.
 
Paradójicamente, esa capacidad de movilización del pueblo argentino fue el motivo de fondo del intento de asesinato. Es lo que más teme la derecha. Porque siempre ha sido el obstáculo principal para sus intereses. La mayoría de las operaciones mediáticas, políticas, judiciales y demás buscaron neutralizar esa herramienta de resistencia popular ya sea con la represión, con el terror, con la proscripción o el encarcelamiento de sus dirigentes, en este caso la vicepresidenta Cristina Kirchner que fue el blanco de un intento de asesinato.
 
La oposición no estuvo a la altura de los hechos. No tomó conciencia de la tragedia que estuvo a punto de ocurrir. Si el atentado hubiera tenido éxito, en este momento el país estaría en llamas y el nivel de rabia y violencia que habría desatado el magnicidio hubiera sido imposible de frenar. El futuro de los argentinos habría entrado en una franja de oscuridad e incertidumbre.
 
Estuvo a punto de abrirse un nuevo ciclo de violencia en ascenso como el que empezó en 1955 y del cual todos creían que se había cerrado en 1984. La persecución judicial contra Cristina Kirchner, contra ex funcionarios de sus gobiernos y dirigentes sociales y los discursos mediáticos difamatorios y agresivos iban a gatillar en algún momento actos de violencia.
 
Si fue un acto individual o como parte de un plan desestabilizador, cualquiera de esas dos posibilidades se asienta en el discurso de odio que ha sido la forma de comunicarse de lo que es hoy la oposición y de sus expresiones mediáticas.
 
La derecha tiene dos caminos: o acepta convivir en paz con esa tradición del pueblo argentino de tomar las calles en defensa de sus intereses, o retoma el camino de la violencia para reprimirlo y tratar de borrar a la movilización popular. Ese camino ensangrentó al país, en 1955 y 1976, y finalmente ya fracasó.
 

 
¿A QUÉ LE TEME LA DERECHA?
 
Un país en riesgo: los motivos de fondo del intento de asesinato de Cristina Kirchner
 
El mensaje ha sido insultante para los peronistas e indignante para los kirchneristas. La violencia se escurre en ambas vertientes y genera la famosa grieta. Una grieta que existió siempre en cuanto a los intereses que representa cada lado. Pero ese discurso la convierte en una trinchera de odio en la que los contrincantes buscan el exterminio y la desaparición de la parte contraria. De allí al intento de asesinato hay apenas un solo paso.
 
Alguien planteó que tanto peronistas y kirchneristas como su contrapartida --los macristas antikirchneristas y los medios en general-- debían hacer una autoctrítica, como si la responsabilidad fuera compartida en forma equitativa. No es así, nunca hubo manifestaciones kirchneristas con bolsas mortuorias ni con horcas o guillotinas ni carteles donde se pedía la muerte de dirigentes macristas.
 
En las marchas macristas, en cambio, son comunes esas imágenes y los carteles que dicen "Muerte a Cristina". No hay un solo local del macrismo agredido, en cambio han sido numerosos los locales del Frente de Todos atacados con disparos o con bombas incendiarias.
 
El día anterior al intento de asesinato, un repartidor en bicicleta había atacado con una llave inglesa a los militantes que estaban frente a la casa de la vicepresidenta. Dijo que no se arrepentía y que lo había hecho "por odio al peronismo".
 
Si la oposición realmente critica el intento de asesinato a Cristina Kirchner y repudia el posible retorno del país al infierno de la violencia política, tiene que empezar por cambiar el mensaje de odio que lo impulsó. Pero ni la presidenta del PRO, Patricia Bullrich ni el dirigente ultraderechista Javier Milei repudiaron el ataque a la vicepresidenta. Y en el caso de Bullrich trató de sacar rédito político criticando la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar feriado nacional.
 
Los argumentos ruines que usaron para criticar esa medida dieron cuenta del enfoque pusilánime que le dio un sector importante del macrismo a la posibilidad de que el país quede envuelto en un nuevo ciclo de violencia política.
 
Las dificultades de la dirigencia macrista para repudiar el intento de asesinato de su adversaria reflejaban la campaña que habían lanzado sus operadores en las redes, donde directamente aseguraban que todo había sido un teatro armado por la misma víctima. Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe, publicó un mensaje haciendo esa afirmación. Y legisladores del PRO sugirieron lo mismo.
 
Plantean una lógica donde el suicidio del fiscal Alberto Nisman fue un asesinato improbable y el probado intento de asesinato de la vicepresidenta --el atacante está preso-- sería un invento de la víctima. 
 
Está probado que Nisman se suicidó, todos los peritajes menos uno presionado desde el macrismo, coincidieron en que era imposible que lo hubieran asesinado y ninguno pudo comprobar que hubiera ingresado nadie al departamento del suicidado para asesinarlo. Pero el odio al peronismo --como dijo el repartidor-- es el argumento para decir que aunque fuera imposible el asesinato, no fue suicidio. El mismo odio al peronismo como principal argumento los lleva a decir que el atentado no existió, aunque el autor esté detenido.
 
En pocos días más ya lo estarán diciendo los operadores mediáticos del macrismo. Es un discurso previsible porque su objetivo es siempre el mismo: generar indignación y odio.
 
El repartidor no tiene motivo real para odiar al peronismo. Lo hace por la realidad que le pintan los medios hegemónicos. El atacante de Cristina es un marginal y odia a los que están como él y subsisten apenas con un plan. En vez de identificarse con los que sufren su misma situación, los odia.
 
Los que tienen motivos para odiar al peronismo no aparecen en estos hechos. Son los poderosos intereses que quisieran que el peronismo no existiera y así poder estructurar una sociedad de pocos ricos y muchos pobres. Y en función de esos intereses hablan los periodistas de los medios hegemónicos. Durante todo el viernes sugerían que "el atentado favorece a la presidenta" y "qué raro" que no hubiera salido el disparo.
 
El oficialismo anunció que convocará este sábado a la Cámara de Diputados para repudiar el intento de asesinato de la vicepresidenta. Pero hasta el cierre de esta nota el bloque de la oposición seguía deliberando y dudando si asistir o no. El argumento era que no aceptaban responsabilidad por el discurso del odio.
 
Algunos legisladores del oficialismo en Santa Fe habían planteado también la expulsión de la diputada Amalia Granata por los mensajes en los que acusaba a Cristina Kirchner de haber montado un atentado falso contra ella. De la misma manera, Patricia Bullrich bloqueó una declaración de repudio de Juntos por el Cambio.
 
Si la oposición fue contemplativa con el intento de asesinato de su principal adversaria, en pocas horas, cientos de miles de personas se volcaron a las calles en las principales ciudades del país para repudiar el ataque, incluso en aquellas localidades donde el peronismo o el kirchnerismo no son gobierno.
 
Sin el tiempo necesario para comunicarse unos a otros o para contratar vehículos, todos concurrieron a los puntos de convocatoria. Y mucha gente que se movilizó por su cuenta. Los manifestantes estaban conmocionados, como muchos de los que se quedaron en sus casas. En avenida de Mayo estaban el padre Paco Olveira y el padre Domingo Bresci. "Les preguntaste a ellos, porque tienen la posta" preguntaron al periodista. "¿La posta de qué?" "Y...porque Néstor fue el que la salvó. Ellos lo saben". Y señalaban para arriba con el índice.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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