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Nacionales - 17-08-2022 / 10:08
TRAPITOS SUCIOS MACRISTAS AL SOL

La jueza Arroyo Salgado relacionó al gabinete de María Eugenia Vidal con el narcotráfico

La jueza Arroyo Salgado relacionó al gabinete de María Eugenia Vidal con el narcotráfico
Arroyo Salgado prendió el ventilador y vinculó a referentes del PRO con el narcotráfico. La jueza federal de San Isidro, muy apoyada por el macrismo cuando murió su exmarido Alberto Nisman, destapó una olla nada menos que en el canal ultra macrista LN+. Ante un periodista un tanto nervioso, dijo que fue corrida de causas por gente de confianza de Cristian Ritondo y Emilio Monzó.
La semana pasada Elisa Carrió sorprendió a todos al abrir fuego contra sus compinches de la alianza con fuertes críticas contra Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Facundo Manes y Gerardo Morales, dichos que le valieron un enfrentamiento público con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.
 
Ahora se sumaron nuevas críticas hacia el accionar del ex ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo pero esta vez no vinieron desde el interior de la fuerza política sino que desde la Justicia. Cabe destacar que Ritondo es uno de los nombres que suena fuerte para pelear por una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires contra Diego Santilli.
 
En ese sentido la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, prendió el ventilador y vinculó a dirigentes del PRO con el narcotráfico, denunciando un posible vínculo entre asesores y gente de confianza del ex ministro Cristian Ritondo y sectores del narcotráfico bonaerense.
 
En diálogo con el canal ultra macrista LN+, la magistrada manifestó que en el marco de una causa "investigó, avanzó, llegó a la detención y al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios provinciales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico", comenzó su relato.
 
Fue en ese momento en el que fue recusada por "dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal", aseguró Arroyo Salgado y añadió: "Los abogados que tiene este fiscal provincial uno de ellos fue jefe de Gabinete del señor (Cristian) Ritondo durante su gestión en el ministerio de Seguridad, el otro de los letrados fue asesor de (Emilio) Monzo". Y el periodista macrista que la entrevistaba empezó a incomodarse.
 
A pesar de esto "el presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero van a Casación y Mariano Borinsky, en un pronunciamiento inédito declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación", expuso la jueza. En ese plano cabe recordar que Borinsky es uno de los jueces señalados por visitar asiduamente la Quinta de Olivos mientras Mauricio Macri era presidente.
 
"Fui apartada de esa investigación, a los seis meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía tres años", aseveró y agregó que también fue apuntada por otro "asesor de Seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rochetti quien me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol". Hasta allí llegó el relato de la jueza que fue interrumpida intempestivamente por el periodista de La Nación+, José del Río, quien un tanto nervioso cortó la entrevista y finalizó el segmento. La que seguro festeja estas cosas es Lilita Carrió.
 
La Opinión Popular

 
Sandra Arroyo Salgado lanzó duras acusaciones contra Ritondo
 
La jueza Sandra Arroyo Salgado mencionó dos causas donde fue apartada por abogados y exfuncionarios que respondían al ex ministro de Seguridad bonaerense.
 
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado denunció públicamente que el macrismo incentivó su apartamiento en una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas y estupefacientes.
 
La ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman vinculó directamente por las maniobras al actual jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, cuando era ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
 
"Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan", dijo Arroyo Salgado al canal LN+.
 
La jueza aseguró que los que pidieron apartarla "fueron dos letrados con aceitados contactos políticos", que defendían a los policías acusados. "Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal", afirmó en referencia a Marcelo D'Angelo, ex asesor en Seguridad del ex ministro Cristian Ritondo entre 2015 y 2019. "La Justicia está muy politizada", alertó Sandra Arroyo Salgado.
 
 
Qué pasó con la causa de los narco policías
  
La magistrada comentó que en esa causa el principal imputado fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.
 
Las acusaciones fueron por armado de causas entre 2013 y 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta finalmente en 2016. Entre otras imputaciones se les endilgó pedidos de coimas a narcos y quedarse con droga de algunos operativos.
 
D'Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en "la pérdida de imparcialidad".
 
Según relató P12, Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
 
 
Por qué Arroyo Salgado apunta a Ritondo
  
La Cámara de San Martín mantuvo a Arroyo Salgado en la Causa pero los abogados "con aceitados contactos políticos" elevaron su pedido a Casación, donde se "declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación", cuestionó la magistrada.
 
"Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, que a mí no me consta", aclaró la jueza. "Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación", subrayó.
 
Pero además, Arroyo Salgado recordó otra causa en la que también fue cuestionada por un hombre del diputado de Cambiemos. "A los seis meses (de haber sido desplazada de la causa anterior), fui apartada de otra en la que estuve a cargo por tres años (...) también por parte de otro asesor de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol".
 
Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo en su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y lo fue del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de club era Daniel Angelici.
 
Marcelo Hugo Rochetti y Marcelo D'Angelo, los dos abogados que la apartaron, fueron defensores de policías en causas penales. Según P12, uno de ellos el cabo primero Francisco Javier Pinto, uno de los Albatros acusados por el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi.
 
Fuente: Ámbito Financiero
 

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09-08-2026 / 17:08
08-08-2026 / 09:08
El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-08-2026 / 14:08
31-07-2026 / 21:07
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