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Nacionales - 17-08-2022 / 10:08
TRAPITOS SUCIOS MACRISTAS AL SOL

La jueza Arroyo Salgado relacionó al gabinete de María Eugenia Vidal con el narcotráfico

La jueza Arroyo Salgado relacionó al gabinete de María Eugenia Vidal con el narcotráfico
Arroyo Salgado prendió el ventilador y vinculó a referentes del PRO con el narcotráfico. La jueza federal de San Isidro, muy apoyada por el macrismo cuando murió su exmarido Alberto Nisman, destapó una olla nada menos que en el canal ultra macrista LN+. Ante un periodista un tanto nervioso, dijo que fue corrida de causas por gente de confianza de Cristian Ritondo y Emilio Monzó.
La semana pasada Elisa Carrió sorprendió a todos al abrir fuego contra sus compinches de la alianza con fuertes críticas contra Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Facundo Manes y Gerardo Morales, dichos que le valieron un enfrentamiento público con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.
 
Ahora se sumaron nuevas críticas hacia el accionar del ex ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo pero esta vez no vinieron desde el interior de la fuerza política sino que desde la Justicia. Cabe destacar que Ritondo es uno de los nombres que suena fuerte para pelear por una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires contra Diego Santilli.
 
En ese sentido la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, prendió el ventilador y vinculó a dirigentes del PRO con el narcotráfico, denunciando un posible vínculo entre asesores y gente de confianza del ex ministro Cristian Ritondo y sectores del narcotráfico bonaerense.
 
En diálogo con el canal ultra macrista LN+, la magistrada manifestó que en el marco de una causa "investigó, avanzó, llegó a la detención y al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios provinciales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico", comenzó su relato.
 
Fue en ese momento en el que fue recusada por "dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal", aseguró Arroyo Salgado y añadió: "Los abogados que tiene este fiscal provincial uno de ellos fue jefe de Gabinete del señor (Cristian) Ritondo durante su gestión en el ministerio de Seguridad, el otro de los letrados fue asesor de (Emilio) Monzo". Y el periodista macrista que la entrevistaba empezó a incomodarse.
 
A pesar de esto "el presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero van a Casación y Mariano Borinsky, en un pronunciamiento inédito declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación", expuso la jueza. En ese plano cabe recordar que Borinsky es uno de los jueces señalados por visitar asiduamente la Quinta de Olivos mientras Mauricio Macri era presidente.
 
"Fui apartada de esa investigación, a los seis meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía tres años", aseveró y agregó que también fue apuntada por otro "asesor de Seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rochetti quien me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol". Hasta allí llegó el relato de la jueza que fue interrumpida intempestivamente por el periodista de La Nación+, José del Río, quien un tanto nervioso cortó la entrevista y finalizó el segmento. La que seguro festeja estas cosas es Lilita Carrió.
 
La Opinión Popular

 
Sandra Arroyo Salgado lanzó duras acusaciones contra Ritondo
 
La jueza Sandra Arroyo Salgado mencionó dos causas donde fue apartada por abogados y exfuncionarios que respondían al ex ministro de Seguridad bonaerense.
 
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado denunció públicamente que el macrismo incentivó su apartamiento en una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas y estupefacientes.
 
La ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman vinculó directamente por las maniobras al actual jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, cuando era ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
 
"Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan", dijo Arroyo Salgado al canal LN+.
 
La jueza aseguró que los que pidieron apartarla "fueron dos letrados con aceitados contactos políticos", que defendían a los policías acusados. "Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal", afirmó en referencia a Marcelo D'Angelo, ex asesor en Seguridad del ex ministro Cristian Ritondo entre 2015 y 2019. "La Justicia está muy politizada", alertó Sandra Arroyo Salgado.
 
 
Qué pasó con la causa de los narco policías
  
La magistrada comentó que en esa causa el principal imputado fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.
 
Las acusaciones fueron por armado de causas entre 2013 y 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta finalmente en 2016. Entre otras imputaciones se les endilgó pedidos de coimas a narcos y quedarse con droga de algunos operativos.
 
D'Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en "la pérdida de imparcialidad".
 
Según relató P12, Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
 
 
Por qué Arroyo Salgado apunta a Ritondo
  
La Cámara de San Martín mantuvo a Arroyo Salgado en la Causa pero los abogados "con aceitados contactos políticos" elevaron su pedido a Casación, donde se "declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación", cuestionó la magistrada.
 
"Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, que a mí no me consta", aclaró la jueza. "Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación", subrayó.
 
Pero además, Arroyo Salgado recordó otra causa en la que también fue cuestionada por un hombre del diputado de Cambiemos. "A los seis meses (de haber sido desplazada de la causa anterior), fui apartada de otra en la que estuve a cargo por tres años (...) también por parte de otro asesor de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol".
 
Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo en su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y lo fue del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de club era Daniel Angelici.
 
Marcelo Hugo Rochetti y Marcelo D'Angelo, los dos abogados que la apartaron, fueron defensores de policías en causas penales. Según P12, uno de ellos el cabo primero Francisco Javier Pinto, uno de los Albatros acusados por el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi.
 
Fuente: Ámbito Financiero
 

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03-12-2025 / 10:12
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
 
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
 
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
 
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
 
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
 
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
 
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
 
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
 

03-12-2025 / 10:12
Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.
 
"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.
 
Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.
 
La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.
 
La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.
 
Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.
 
Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.
 
La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.
 
Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.
 
La Opinión Popular
 

01-12-2025 / 09:12
En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.
 
Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.
 
Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.
 
¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?
 
Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?
 
La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.
 
Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.
 
Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.
 
Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.
 

30-11-2025 / 12:11
La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
 
El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.
 
Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.
 
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.
 
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
 
Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.
 
"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.
 
Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.
 
En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.
 
La Opinión Popular
 

29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

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