22:33 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 17-08-2022 / 09:08

MARCHA DE LA CGT, LA CTA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las centrales obreras se vuelcan a las calles en contra de los formadores de precios

Los triunviros de la CGT definieron las paritarias como herramienta para la recuperación salarial, aunque por separado tampoco le cerraron la puerta a un aumento de emergencia a través de una suma fija. La izquierda se movilizará a Plaza de Mayo con reclamos propios al Gobierno.

La CGT, la CTA de los Trabajadores (CTAT) y los movimientos sociales más cercanos al Gobierno marcharán desde el Obelisco al Congreso contra la especulación financiera y los formadores de precios. En vísperas de la movilización, después de muchas idas y vueltas, y de diferencias internas, el triunvirato de conducción cegetista -que integran Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estacioneros) y Pablo Moyano (Camioneros)-- alineó las consignas en torno a la convocatoria en un extenso documento conjunto que será leído durante la movilización.

En el mismo se apunta a "la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales para mejorar sus márgenes de ganancia" y la "especulación financiera que busca una devaluación que sólo favorece a los grupos económicos concentrados y empobrece a la gran mayoría de los argentinos".

Una consigna que ya habían lanzado con fuerza las agrupamiento internos de la CGT como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que encabeza el bancario Sergio Palazzo y el moyanista Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), y la propia CTAT que conduce Hugo Yasky. En tanto, las organizaciones territoriales y sindicatos de izquierda marcharán a Plaza de Mayo con su propio pliego de reclamos al gobierno nacional.

Los triunviros de la CGT definieron las paritarias como herramienta para la recuperación salarial, aunque por separado tampoco le cerraron la puerta a un aumento de emergencia a través de una suma fija. La izquierda se movilizará a Plaza de Mayo con reclamos propios al Gobierno.

La mayoría de los dirigentes que impulsaron la convocatoria ya habían identificado hacia quienes iban dirigidos los reclamos. "Nuestra principal convicción en esta marcha es salir a manifestarnos en contra de los formadores de precios que pulverizan el poder adquisitivo de los trabajadores. En segundo lugar a ninguno se nos escapa que hubo, y todavía no está muy en claro si han desistido, un sector del poder que ha querido desestabilizar al Gobierno queriendo producir una devaluación que generaría millones de pobres más y que hoy la Argentina no está en condiciones de soportar", sostuvo el dirigente de la UOM, Abel Furlán en declaraciones al Destape Radio.

"Es preciso que cese de inmediato la remarcación de los precios de los alimentos de los ciudadanos, por lo que la movilización del 17 será multitudinaria y con una clara consigna: basta del robo empresario del plato de comida de los argentinos", reiteró ayer Pablo Moyano. Hugo Yasky, jefe de la CTAT y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), reitero que la marcha es en repudió a "los especuladores, a los grupos económicos concentrados y a los formadores de precios" y aseguró que esa central se movilizará en respaldo del Gobierno nacional.

La CGT convocó a los trabajadores a marchar desde las 15 desde el Obelisco, dijo que "primero está la Patria" y reclamó "desarrollo, producción, trabajo, diálogo y consenso". El Fresimona se concentrará a las 12 en las avenidas Belgrano y 9 de Julio; a la misma hora lo harán los gremios de la CTAT en San Juan y 9 de Julio y, a las 13, los movimientos sociales y el partido Miles se reunirán en 9 de Julio y avenida de Mayo.

En cambio las organizaciones territoriales nucleadas en Unidad Piquetera, los sindicatos de izquierda y comisiones internas de base marcharán a Plaza de Mayo y comenzarán a concentrarse a partir de las 17,30 horas.

Paritarias o suma fija

El documento que lleva la rúbrica de los triunviros cegetistas también asume definiciones sindicales y políticas. Allí se plantea que las paritarias son la herramienta para la recuperación salarial ante "una inflación que ha alcanzado niveles intolerantes que pulverizan el poder de compra de los trabajadores".

"Los salarios acordados colectivamente, en paritarias libres, por sector de actividad, son los garantes mínimos que movilizan y desarrollan el mercado interno legítimo y creciente. El movimiento obrero con responsabilidad y firmeza, en ese ámbito de discusión va a posibilitar de recomponer el poder adquisitivo salarial para crear las condiciones de un acuerdo que garantice la estabilidad", dice uno de los párrafos del documento que se leerá frente al Congreso.

Tampoco quisieron cerrarle la puerta a la posibilidad de un bono o suma fija de emergencia. Por caso, y a título personal, Moyano dijo estar de acuerdo con un bono: "No voy a impedir que un trabajador que tenga una salario bajo tenga la posibilidad de cobrar un bono a una suma fija".

Ahora Daer tampoco descarta la idea. "Nadie está en contra de un bono porque es verdad que la afección de la inflación es grande y ataca el mes a mes. No nos oponemos, sí reclamamos que la recomposición del salario se haga por vía de las paritarias", señaló el dirigente de Sanidad en diálogo con Radio Mitre. En la misma línea se pronunció Acuña: "No estaría mal una suma fija separada de las paritarias para los salarios bajos, porque no todos los gremios tienen la posibilidad de discutir de la misma forma", sostuvo en declaraciones radiales, pero diferenció que "cada gremio discute su paritaria, así que cada gremio resuelve".

"La CGT no discute salarios. Apoya lo que haga cada gremio", remarcó el dirigente del sindicato de Estaciones de Servicios que confirmó su participación en la marcha aunque el barrionuevismo -al que pertenece- se excusó de no movilizarse al afirmar que la conducción cegetista "no representa a todos los sectores".

En cambio, la CTAT insiste en la necesidad de otorgar ya una suma fija en la emergencia. "El gobierno debe dar un aumento mediante una suma fija porque eso levanta los salarios de los que están más abajo y acorta los tiempos de la recomposición. No hay contradicción con eso y la paritaria porque el aumento después se puede ir absorbiendo", había dicho Yasky.

Definiciones de la CGT

El documento que lleva la rúbrica de los triunviros cegetistas también asume definiciones sindicales y políticas. Allí se plantea que las paritarias son la herramienta para la recuperación salarial ante "una inflación que ha alcanzado niveles intolerantes que pulverizan el poder de compra de los trabajadores".

"Los salarios acordados colectivamente, en paritarias libres, por sector de actividad, son los garantes mínimos que movilizan y desarrollan el mercado interno legítimo y creciente. El movimiento obrero con responsabilidad y firmeza, en ese ámbito de discusión va a posibilitar de recomponer el poder adquisitivo salarial para crear las condiciones de un acuerdo que garantice la estabilidad", dice uno de los párrafos del documento que se leerá frente al Congreso.

La CGT reclama además la construcción de "una sólida y duradera plataforma de Acuerdo Nacional de amplio consenso sobre políticas de Estado". En ese sentido y ante la actual crisis señalan como imprescindible "acordar y llevar adelante con consenso político, medidas macroeconómicas que eviten una dramática profundización de la actual crisis, contribuyendo a la estabilidad monetaria, a detener el proceso inflacionario y la exclusión social".

En otro tramo, la central obrera sostiene, como salida a la situación actual, el desarrollo de "un nuevo contrato social sobre los pilares del desarrollo, la producción y el trabajo. Sin alcanzar estas metas será imposible lograr un modelo de crecimiento federal, inclusivo y equilibrado".

El documento cegetista es menos confrontativo en sus definiciones políticas. "La gravedad de la situación actual demanda soluciones urgentes y profundas. La transición hacia un proceso de recuperación de la Argentina requiere de la instrumentación de una transición justa y de políticas superadoras del pasado y del presente. Basadas en consensos amplios, previsibilidad, confianza mutua y grandeza política que recreen la legitimidad pública y privada de las instituciones. La confianza de nuestra sociedad", argumentan los triunviros.

Por último señala que "profundizar la grieta, solo nos conduce al abismo", y sostiene que "es tiempo de consensos, de acuerdos. Sin perder la identidad y la representación genuina y legitima de cada sector, pero priorizando el bien común".

Por Miguel Jorquera

Fuente: Página12

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.