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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-08-2022 / 10:08
UN PROCESO QUE ES UN MENSAJE PARA TODA LA CLASE POLÍTICA

Las defensas del juicio contra Cristina insistirán en apartar al juez y al fiscal macrista

Las defensas del juicio contra Cristina insistirán en apartar al juez y al fiscal macrista
Doble vara. Los jueces del Tribunal Oral 2 rechazaron las recusaciones porque consideraron fuera de tiempo que recién ahora las defensas se dieran cuenta que el fiscal y el presidente del tribunal eran amigos. Ahora ya no se puede recusar, se venció el plazo. Deberían haberlo averiguado antes. Pero no consideraron fuera de tiempo la incorporación como prueba, el último día del juicio, de una pericia sobre el celular de José López, pese a que eso impidió que las defensas controlen la prueba y que se pudiera discutir en el juicio.
Doble vara. La mentira sobre las visitas del juez Sebastián Casanello a la quinta de Olivos en tiempos de la presidencia de Cristina Fernández ocupó meses de batifondo en los medios de confusión más grandes del país y de declaraciones de republicanismo ofendido en la entonces oposición de derecha. En cambio, la verdad del fiscal Diego Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, es tomada por esos mismos grandes medios porteños y el macrismo como de absoluta normalidad, a pesar de que todos ellos forman parte de los tribunales que participan de la parodia de juzgamiento a la actual vicepresidenta. Por su parte el otro fiscal, Sergio Mola, registra ingresos comprobados a la Casa Rosada y a la AFI, cuando ya tenía esta causa en sus manos.
 
Aún con las constancias fotográficas que prueban estas escandalosas anomalías que, ipso facto, debería determinar excusaciones y apartamientos, los mismos fiscales y jueces recusados por la defensa de Cristina, se justificaron a sí mismos y anunciaron que continuarán al frente de una causa armada trucha, como tantas otras, para hostigar, desprestigiar, proscribir y sacar del juego político a CFK.

Hasta con peritos truchos que cometieron falso testimonio intentaron inculparla. Pero el desarrollo de las audiencias de la causa sobre la obra pública en Santa Cruz no logró aportar elementos probatorios que justifiquen la persecución penal. Al contrario, mostraron que, tal como lo destacó una auditoría de la propia Vialidad Nacional bajo el macrismo, no hubo irregularidades pasibles de pena, y menos para la entonces Presidenta de la Nación. 

Qué diferente son las cosas cuando la misma Justicia federal debe investigar a Macri por hechos que lo vinculan mucho más estrechamente y con pruebas, sin embargo, siempre encuentran la vía exculpatoria. El ejemplo del espionaje a los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan, habla por sí solo.
 
El grotesco acting de los fiscales que se vio por estos días procura reemplazar con gestos y ademanes ampulosos aquella ausencia de pruebas. Asombrosamente, y cuando todo el Poder Judicial regresó a la presencialidad luego de la pandemia, este juicio, en particular, sigue realizándose en la virtualidad. Es evidente que, en forma presencial y ante los acusados y el público, hubiera sido mucho más arduo para los fiscales armar la puesta en escena que han realizado.
 
Esta persecución contra Cristina no es diferente a la que sufrió Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. El mensaje es el mismo en todos los casos, y los destinatarios no son únicamente estos líderes sino toda la clase política. El "lawfare", es decir la guerra con los tribunales y los grandes medios, se propone aleccionar a quienes pretendan desafiar al gran poder económico. La idea es muy clara: hay límites que no deben transgredirse porque la represalia no tendrá piedad; el aparato judicial y el mediático, brazos armados del poder económico, perseguirá, con fiscales y jueces corrompidos, a quienes lo desafíen desde la política.
 
La Opinión Popular
 

 
ES TARDE, SEGÚN PARA QUÉ
 
Las defensas del juicio contra Cristina Kirchner insistirán en apartar al juez y fiscal por las fotos de Página12

Doble vara. Los jueces del Tribunal Oral 2 rechazaron las recusaciones porque consideraron fuera de tiempo que recién ahora las defensas se dieran cuenta que el fiscal y el presidente del tribunal eran amigos. Ahora ya no se puede recusar, se venció el plazo. Deberían haberlo averiguado antes. Pero no consideraron fuera de tiempo la incorporación como prueba, el último día del juicio, de una pericia sobre el celular de José López, pese a que eso impidió que las defensas controlen la prueba y que se pudiera discutir en el juicio. 
 
Son chats que, por otra parte, sólo agregan show y ninguna evidencia. Por ejemplo, dejan en claro que López --el que tiró los bolsos con nueve millones de dólares en el convento-- no tenía casi trato con Cristina Kirchner: le tuvo que mandar "feliz cumpleaños" a CFK mediante un mensaje a su secretario. 
 
En éstos y otros argumentos se van a basar las defensas de los imputados en el juicio de la obra pública de Santa Cruz para apelar esta semana el rechazo de las recusaciones. No la tendrán fácil: en la Cámara de Casación los esperan Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes de Olivos y la Casa Rosada, para jugar al paddle y otros menesteres. Por supuesto que también Hornos y Borinsky serán recusados.
 
 
Las recusaciones, ¿extemporáneas?
 
Como se sabe el TOF 2 rechazó las recusaciones a las 23.30 del viernes con varios argumentos, el principal es que fueron extemporáneas. Sostuvieron que la página de Facebook del equipo de fútbol, Liverpool, es pública, de manera que las defensas debieron averiguar la relación entre el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, antes de empezar el juicio. 
 
Además, los magistrados dijeron que jugar juntos en el mismo equipo no constituye amistad íntima, que tampoco es obstáculo que sean amigos un fiscal y un juez y que jugar en la quinta de Mauricio Macri no implica tener relación con el expresidente. Nada dijeron de cómo se siente un imputado si sabe que quien lo está acusando -el fiscal- es amigo del juez: la lógica es que no espere mucha imparcialidad. Menos todavía si sabe que juez y fiscal van a la casa de uno de los más interesados en una condena: el jefe de la oposición.
 
El VAR del TOF 2 no tuvo el mismo criterio de considerar extemporánea la inclusión, el último día del juicio, de una prueba de otro expediente: la pericia sobre uno de los celulares de José López. Los magistrados aceptaron que los fiscales usen el contenido del Iphone de López el 31 de mayo de 2022, o sea tres años después de haber empezado el juicio, en la última audiencia.
 
Lo habitual es que las pruebas se presenten al principio para que en el juicio puedan ser debatidas. Por lo tanto, todas las defensas se opusieron, entre otras cosas porque la pericia al celular de López no tuvo el control de ningún perito de parte del juicio de Vialidad. O sea, perfectamente se podía traer una prueba de otro juicio, pero debía hacerse al principio, reproducirse la pericia y con participación de peritos de parte.
 
En este caso, además, la pericia fue hecha por la Policía de la Ciudad que trabaja para el Ministerio Público de CABA, cuyo titular es Juan Bautista Mahiques, integrante de la llamada mesa judicial, y hermano del fiscal Ignacio Mahiques, que fue el acusador en el expediente de las rutas de Santa Cruz.
 
El TOF 2 rechazó todas las impugnaciones y ni remotamente admitió el argumento de que la incorporación de la prueba del celular era extemporánea. Pero no tuvo problema en usar ese mismo argumento para rechazar las recusaciones desconociendo que la publicación de las fotos por Página/12 mostraron un detrás de la escena desconocido. No es casual, que esas fotos no hayan estado nunca en el Facebook de Liverpool.
 
 
El celular que no dice nada
 
El nuevo "tesoro" de los fiscales Luciani y Sergio Mola intenta ser usado de manera espectacular en la búsqueda de efecto mediático. Si se mira en detalle, no agrega nada y esa es la razón por la que no metieron la prueba desde el principio. Como todas las demás evidencias presentadas por los fiscales, se hubieran caído en las audiencias, que --como viene señalando Página/12 desde hace tres años-- significaron una derrota tras otra.
 
Por lo que se sabe hasta ahora --y según consignó el diario La Nación-- en el celular de López se encontraron gran cantidad de mensajes entre el funcionario --secretario de Obras Públicas-- y los secretarios de CFK, Fabián Gutiérrez, Mariano Cabral y Diego Bermúdez. Además, se consignan numerosas reuniones. Pero ninguno agrega nada sustantivo al juicio.
 
·         Que la Presidenta de la Nación se junte con los funcionarios de su gobierno, en este caso el secretario de Obras Públicas, es una actividad normal.
·          
·         No hay ningún mensaje directo de CFK hacia López. Los testigos de la época sostienen que el trato de la mandataria con el secretario, pero también con los demás funcionarios de Infraestructura, era más bien lejano. 
·          
·         No hay ningún chat en el que aparezca alguna vinculación de la expresidenta o sus secretarios con licitaciones, precios o el pago de certificados.
·          
·         En los dos chats referidos a pagos de certificados -apenas uno en 2014 y otro en 2015, o sea uno por año-, es López el que se refiere a la necesidad de hacerle pagos atrasados a Báez. No interviene CFK.
·          
·         Los exfuncionarios y cualquier funcionario actual o anterior saben que los teléfonos estallan con llamadas de empresarios pidiendo que les paguen compromisos atrasados del Estado. Y no sólo empresarios, sino intendentes y gobernadores que ven que las obras en su distrito se están atrasando.
·          
·         Que Báez estuviera reclamando pagos demuestra que sufría, un poco más o un poco menos, lo que sufrían otros empresarios.
·          
·         El trato de López y Cristina era tan lejano que el secretario no tenía contacto directo con quien fuera presidenta: le tuvo que mandar feliz cumpleaños a través de un secretario.
 
 
El camino conocido
 
El juicio continuará este martes y al mismo tiempo se presentarán los recursos, primero ante el propio TOF 2. Es obvio que los magistrados rechazarán el recurso aduciendo que no es una sentencia definitiva, de manera que las defensas tendrán que ir en queja a la Cámara de Casación, donde los esperan Borinsky y Hornos, partenaires de Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada.
 
La Corte Suprema ya los confirmó en ese puesto aduciendo que no se sabe qué hablaron con el expresidente. En realidad, lo que se cuestionaba no era lo que habían hablado o dejado de hablar, sino el temor a la pérdida de imparcialidad. Todo indica que las defensas volverán a recusar a Hornos y Borinsky por el mismo motivo.
 
Como ocurrió en Brasil o en Ecuador o en Bolivia la utilización de la justicia para la política seguirá adelante. El paquete está atado. Como en tres años no consiguieron una sola prueba durante el juicio, utilizarán la figura de la asociación ilícita --tal como adelantó Mario Wainfeld este domingo en Página/12-- como delito típico al que se recurre para perseguir y, sobre todo, ante la inexistencia de alguna llamada, alguna orden, alguna firma que incrimine a CFK. 
 
El próximo momento de gloria de Luciani-Mola será cuando pidan penas de prisión para todos --obviamente incluyendo a Cristina Kirchner-- con base en la asociación ilícita y la defraudación al Estado. Habrá cadena nacional. Las 30 audiencias posteriores, donde las defensas refutarán las acusaciones, como lo hicieron estos tres años, serán sofocados con un Cono de Silencio, como diría el Superagente 86.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página12 y La Arena 
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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