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Nacionales - 16-08-2022 / 10:08
UN PROCESO QUE ES UN MENSAJE PARA TODA LA CLASE POLÍTICA

Las defensas del juicio contra Cristina insistirán en apartar al juez y al fiscal macrista

Las defensas del juicio contra Cristina insistirán en apartar al juez y al fiscal macrista
Doble vara. Los jueces del Tribunal Oral 2 rechazaron las recusaciones porque consideraron fuera de tiempo que recién ahora las defensas se dieran cuenta que el fiscal y el presidente del tribunal eran amigos. Ahora ya no se puede recusar, se venció el plazo. Deberían haberlo averiguado antes. Pero no consideraron fuera de tiempo la incorporación como prueba, el último día del juicio, de una pericia sobre el celular de José López, pese a que eso impidió que las defensas controlen la prueba y que se pudiera discutir en el juicio.
Doble vara. La mentira sobre las visitas del juez Sebastián Casanello a la quinta de Olivos en tiempos de la presidencia de Cristina Fernández ocupó meses de batifondo en los medios de confusión más grandes del país y de declaraciones de republicanismo ofendido en la entonces oposición de derecha. En cambio, la verdad del fiscal Diego Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, es tomada por esos mismos grandes medios porteños y el macrismo como de absoluta normalidad, a pesar de que todos ellos forman parte de los tribunales que participan de la parodia de juzgamiento a la actual vicepresidenta. Por su parte el otro fiscal, Sergio Mola, registra ingresos comprobados a la Casa Rosada y a la AFI, cuando ya tenía esta causa en sus manos.
 
Aún con las constancias fotográficas que prueban estas escandalosas anomalías que, ipso facto, debería determinar excusaciones y apartamientos, los mismos fiscales y jueces recusados por la defensa de Cristina, se justificaron a sí mismos y anunciaron que continuarán al frente de una causa armada trucha, como tantas otras, para hostigar, desprestigiar, proscribir y sacar del juego político a CFK.

Hasta con peritos truchos que cometieron falso testimonio intentaron inculparla. Pero el desarrollo de las audiencias de la causa sobre la obra pública en Santa Cruz no logró aportar elementos probatorios que justifiquen la persecución penal. Al contrario, mostraron que, tal como lo destacó una auditoría de la propia Vialidad Nacional bajo el macrismo, no hubo irregularidades pasibles de pena, y menos para la entonces Presidenta de la Nación. 

Qué diferente son las cosas cuando la misma Justicia federal debe investigar a Macri por hechos que lo vinculan mucho más estrechamente y con pruebas, sin embargo, siempre encuentran la vía exculpatoria. El ejemplo del espionaje a los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan, habla por sí solo.
 
El grotesco acting de los fiscales que se vio por estos días procura reemplazar con gestos y ademanes ampulosos aquella ausencia de pruebas. Asombrosamente, y cuando todo el Poder Judicial regresó a la presencialidad luego de la pandemia, este juicio, en particular, sigue realizándose en la virtualidad. Es evidente que, en forma presencial y ante los acusados y el público, hubiera sido mucho más arduo para los fiscales armar la puesta en escena que han realizado.
 
Esta persecución contra Cristina no es diferente a la que sufrió Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. El mensaje es el mismo en todos los casos, y los destinatarios no son únicamente estos líderes sino toda la clase política. El "lawfare", es decir la guerra con los tribunales y los grandes medios, se propone aleccionar a quienes pretendan desafiar al gran poder económico. La idea es muy clara: hay límites que no deben transgredirse porque la represalia no tendrá piedad; el aparato judicial y el mediático, brazos armados del poder económico, perseguirá, con fiscales y jueces corrompidos, a quienes lo desafíen desde la política.
 
La Opinión Popular
 

 
ES TARDE, SEGÚN PARA QUÉ
 
Las defensas del juicio contra Cristina Kirchner insistirán en apartar al juez y fiscal por las fotos de Página12

Doble vara. Los jueces del Tribunal Oral 2 rechazaron las recusaciones porque consideraron fuera de tiempo que recién ahora las defensas se dieran cuenta que el fiscal y el presidente del tribunal eran amigos. Ahora ya no se puede recusar, se venció el plazo. Deberían haberlo averiguado antes. Pero no consideraron fuera de tiempo la incorporación como prueba, el último día del juicio, de una pericia sobre el celular de José López, pese a que eso impidió que las defensas controlen la prueba y que se pudiera discutir en el juicio. 
 
Son chats que, por otra parte, sólo agregan show y ninguna evidencia. Por ejemplo, dejan en claro que López --el que tiró los bolsos con nueve millones de dólares en el convento-- no tenía casi trato con Cristina Kirchner: le tuvo que mandar "feliz cumpleaños" a CFK mediante un mensaje a su secretario. 
 
En éstos y otros argumentos se van a basar las defensas de los imputados en el juicio de la obra pública de Santa Cruz para apelar esta semana el rechazo de las recusaciones. No la tendrán fácil: en la Cámara de Casación los esperan Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes de Olivos y la Casa Rosada, para jugar al paddle y otros menesteres. Por supuesto que también Hornos y Borinsky serán recusados.
 
 
Las recusaciones, ¿extemporáneas?
 
Como se sabe el TOF 2 rechazó las recusaciones a las 23.30 del viernes con varios argumentos, el principal es que fueron extemporáneas. Sostuvieron que la página de Facebook del equipo de fútbol, Liverpool, es pública, de manera que las defensas debieron averiguar la relación entre el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, antes de empezar el juicio. 
 
Además, los magistrados dijeron que jugar juntos en el mismo equipo no constituye amistad íntima, que tampoco es obstáculo que sean amigos un fiscal y un juez y que jugar en la quinta de Mauricio Macri no implica tener relación con el expresidente. Nada dijeron de cómo se siente un imputado si sabe que quien lo está acusando -el fiscal- es amigo del juez: la lógica es que no espere mucha imparcialidad. Menos todavía si sabe que juez y fiscal van a la casa de uno de los más interesados en una condena: el jefe de la oposición.
 
El VAR del TOF 2 no tuvo el mismo criterio de considerar extemporánea la inclusión, el último día del juicio, de una prueba de otro expediente: la pericia sobre uno de los celulares de José López. Los magistrados aceptaron que los fiscales usen el contenido del Iphone de López el 31 de mayo de 2022, o sea tres años después de haber empezado el juicio, en la última audiencia.
 
Lo habitual es que las pruebas se presenten al principio para que en el juicio puedan ser debatidas. Por lo tanto, todas las defensas se opusieron, entre otras cosas porque la pericia al celular de López no tuvo el control de ningún perito de parte del juicio de Vialidad. O sea, perfectamente se podía traer una prueba de otro juicio, pero debía hacerse al principio, reproducirse la pericia y con participación de peritos de parte.
 
En este caso, además, la pericia fue hecha por la Policía de la Ciudad que trabaja para el Ministerio Público de CABA, cuyo titular es Juan Bautista Mahiques, integrante de la llamada mesa judicial, y hermano del fiscal Ignacio Mahiques, que fue el acusador en el expediente de las rutas de Santa Cruz.
 
El TOF 2 rechazó todas las impugnaciones y ni remotamente admitió el argumento de que la incorporación de la prueba del celular era extemporánea. Pero no tuvo problema en usar ese mismo argumento para rechazar las recusaciones desconociendo que la publicación de las fotos por Página/12 mostraron un detrás de la escena desconocido. No es casual, que esas fotos no hayan estado nunca en el Facebook de Liverpool.
 
 
El celular que no dice nada
 
El nuevo "tesoro" de los fiscales Luciani y Sergio Mola intenta ser usado de manera espectacular en la búsqueda de efecto mediático. Si se mira en detalle, no agrega nada y esa es la razón por la que no metieron la prueba desde el principio. Como todas las demás evidencias presentadas por los fiscales, se hubieran caído en las audiencias, que --como viene señalando Página/12 desde hace tres años-- significaron una derrota tras otra.
 
Por lo que se sabe hasta ahora --y según consignó el diario La Nación-- en el celular de López se encontraron gran cantidad de mensajes entre el funcionario --secretario de Obras Públicas-- y los secretarios de CFK, Fabián Gutiérrez, Mariano Cabral y Diego Bermúdez. Además, se consignan numerosas reuniones. Pero ninguno agrega nada sustantivo al juicio.
 
·         Que la Presidenta de la Nación se junte con los funcionarios de su gobierno, en este caso el secretario de Obras Públicas, es una actividad normal.
·          
·         No hay ningún mensaje directo de CFK hacia López. Los testigos de la época sostienen que el trato de la mandataria con el secretario, pero también con los demás funcionarios de Infraestructura, era más bien lejano. 
·          
·         No hay ningún chat en el que aparezca alguna vinculación de la expresidenta o sus secretarios con licitaciones, precios o el pago de certificados.
·          
·         En los dos chats referidos a pagos de certificados -apenas uno en 2014 y otro en 2015, o sea uno por año-, es López el que se refiere a la necesidad de hacerle pagos atrasados a Báez. No interviene CFK.
·          
·         Los exfuncionarios y cualquier funcionario actual o anterior saben que los teléfonos estallan con llamadas de empresarios pidiendo que les paguen compromisos atrasados del Estado. Y no sólo empresarios, sino intendentes y gobernadores que ven que las obras en su distrito se están atrasando.
·          
·         Que Báez estuviera reclamando pagos demuestra que sufría, un poco más o un poco menos, lo que sufrían otros empresarios.
·          
·         El trato de López y Cristina era tan lejano que el secretario no tenía contacto directo con quien fuera presidenta: le tuvo que mandar feliz cumpleaños a través de un secretario.
 
 
El camino conocido
 
El juicio continuará este martes y al mismo tiempo se presentarán los recursos, primero ante el propio TOF 2. Es obvio que los magistrados rechazarán el recurso aduciendo que no es una sentencia definitiva, de manera que las defensas tendrán que ir en queja a la Cámara de Casación, donde los esperan Borinsky y Hornos, partenaires de Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada.
 
La Corte Suprema ya los confirmó en ese puesto aduciendo que no se sabe qué hablaron con el expresidente. En realidad, lo que se cuestionaba no era lo que habían hablado o dejado de hablar, sino el temor a la pérdida de imparcialidad. Todo indica que las defensas volverán a recusar a Hornos y Borinsky por el mismo motivo.
 
Como ocurrió en Brasil o en Ecuador o en Bolivia la utilización de la justicia para la política seguirá adelante. El paquete está atado. Como en tres años no consiguieron una sola prueba durante el juicio, utilizarán la figura de la asociación ilícita --tal como adelantó Mario Wainfeld este domingo en Página/12-- como delito típico al que se recurre para perseguir y, sobre todo, ante la inexistencia de alguna llamada, alguna orden, alguna firma que incrimine a CFK. 
 
El próximo momento de gloria de Luciani-Mola será cuando pidan penas de prisión para todos --obviamente incluyendo a Cristina Kirchner-- con base en la asociación ilícita y la defraudación al Estado. Habrá cadena nacional. Las 30 audiencias posteriores, donde las defensas refutarán las acusaciones, como lo hicieron estos tres años, serán sofocados con un Cono de Silencio, como diría el Superagente 86.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página12 y La Arena 
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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