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Nacionales - 16-08-2022 / 10:08
UN PROCESO QUE ES UN MENSAJE PARA TODA LA CLASE POLÍTICA

Las defensas del juicio contra Cristina insistirán en apartar al juez y al fiscal macrista

Las defensas del juicio contra Cristina insistirán en apartar al juez y al fiscal macrista
Doble vara. Los jueces del Tribunal Oral 2 rechazaron las recusaciones porque consideraron fuera de tiempo que recién ahora las defensas se dieran cuenta que el fiscal y el presidente del tribunal eran amigos. Ahora ya no se puede recusar, se venció el plazo. Deberían haberlo averiguado antes. Pero no consideraron fuera de tiempo la incorporación como prueba, el último día del juicio, de una pericia sobre el celular de José López, pese a que eso impidió que las defensas controlen la prueba y que se pudiera discutir en el juicio.
Doble vara. La mentira sobre las visitas del juez Sebastián Casanello a la quinta de Olivos en tiempos de la presidencia de Cristina Fernández ocupó meses de batifondo en los medios de confusión más grandes del país y de declaraciones de republicanismo ofendido en la entonces oposición de derecha. En cambio, la verdad del fiscal Diego Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, es tomada por esos mismos grandes medios porteños y el macrismo como de absoluta normalidad, a pesar de que todos ellos forman parte de los tribunales que participan de la parodia de juzgamiento a la actual vicepresidenta. Por su parte el otro fiscal, Sergio Mola, registra ingresos comprobados a la Casa Rosada y a la AFI, cuando ya tenía esta causa en sus manos.
 
Aún con las constancias fotográficas que prueban estas escandalosas anomalías que, ipso facto, debería determinar excusaciones y apartamientos, los mismos fiscales y jueces recusados por la defensa de Cristina, se justificaron a sí mismos y anunciaron que continuarán al frente de una causa armada trucha, como tantas otras, para hostigar, desprestigiar, proscribir y sacar del juego político a CFK.

Hasta con peritos truchos que cometieron falso testimonio intentaron inculparla. Pero el desarrollo de las audiencias de la causa sobre la obra pública en Santa Cruz no logró aportar elementos probatorios que justifiquen la persecución penal. Al contrario, mostraron que, tal como lo destacó una auditoría de la propia Vialidad Nacional bajo el macrismo, no hubo irregularidades pasibles de pena, y menos para la entonces Presidenta de la Nación. 

Qué diferente son las cosas cuando la misma Justicia federal debe investigar a Macri por hechos que lo vinculan mucho más estrechamente y con pruebas, sin embargo, siempre encuentran la vía exculpatoria. El ejemplo del espionaje a los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan, habla por sí solo.
 
El grotesco acting de los fiscales que se vio por estos días procura reemplazar con gestos y ademanes ampulosos aquella ausencia de pruebas. Asombrosamente, y cuando todo el Poder Judicial regresó a la presencialidad luego de la pandemia, este juicio, en particular, sigue realizándose en la virtualidad. Es evidente que, en forma presencial y ante los acusados y el público, hubiera sido mucho más arduo para los fiscales armar la puesta en escena que han realizado.
 
Esta persecución contra Cristina no es diferente a la que sufrió Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. El mensaje es el mismo en todos los casos, y los destinatarios no son únicamente estos líderes sino toda la clase política. El "lawfare", es decir la guerra con los tribunales y los grandes medios, se propone aleccionar a quienes pretendan desafiar al gran poder económico. La idea es muy clara: hay límites que no deben transgredirse porque la represalia no tendrá piedad; el aparato judicial y el mediático, brazos armados del poder económico, perseguirá, con fiscales y jueces corrompidos, a quienes lo desafíen desde la política.
 
La Opinión Popular
 

 
ES TARDE, SEGÚN PARA QUÉ
 
Las defensas del juicio contra Cristina Kirchner insistirán en apartar al juez y fiscal por las fotos de Página12

Doble vara. Los jueces del Tribunal Oral 2 rechazaron las recusaciones porque consideraron fuera de tiempo que recién ahora las defensas se dieran cuenta que el fiscal y el presidente del tribunal eran amigos. Ahora ya no se puede recusar, se venció el plazo. Deberían haberlo averiguado antes. Pero no consideraron fuera de tiempo la incorporación como prueba, el último día del juicio, de una pericia sobre el celular de José López, pese a que eso impidió que las defensas controlen la prueba y que se pudiera discutir en el juicio. 
 
Son chats que, por otra parte, sólo agregan show y ninguna evidencia. Por ejemplo, dejan en claro que López --el que tiró los bolsos con nueve millones de dólares en el convento-- no tenía casi trato con Cristina Kirchner: le tuvo que mandar "feliz cumpleaños" a CFK mediante un mensaje a su secretario. 
 
En éstos y otros argumentos se van a basar las defensas de los imputados en el juicio de la obra pública de Santa Cruz para apelar esta semana el rechazo de las recusaciones. No la tendrán fácil: en la Cámara de Casación los esperan Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes de Olivos y la Casa Rosada, para jugar al paddle y otros menesteres. Por supuesto que también Hornos y Borinsky serán recusados.
 
 
Las recusaciones, ¿extemporáneas?
 
Como se sabe el TOF 2 rechazó las recusaciones a las 23.30 del viernes con varios argumentos, el principal es que fueron extemporáneas. Sostuvieron que la página de Facebook del equipo de fútbol, Liverpool, es pública, de manera que las defensas debieron averiguar la relación entre el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, antes de empezar el juicio. 
 
Además, los magistrados dijeron que jugar juntos en el mismo equipo no constituye amistad íntima, que tampoco es obstáculo que sean amigos un fiscal y un juez y que jugar en la quinta de Mauricio Macri no implica tener relación con el expresidente. Nada dijeron de cómo se siente un imputado si sabe que quien lo está acusando -el fiscal- es amigo del juez: la lógica es que no espere mucha imparcialidad. Menos todavía si sabe que juez y fiscal van a la casa de uno de los más interesados en una condena: el jefe de la oposición.
 
El VAR del TOF 2 no tuvo el mismo criterio de considerar extemporánea la inclusión, el último día del juicio, de una prueba de otro expediente: la pericia sobre uno de los celulares de José López. Los magistrados aceptaron que los fiscales usen el contenido del Iphone de López el 31 de mayo de 2022, o sea tres años después de haber empezado el juicio, en la última audiencia.
 
Lo habitual es que las pruebas se presenten al principio para que en el juicio puedan ser debatidas. Por lo tanto, todas las defensas se opusieron, entre otras cosas porque la pericia al celular de López no tuvo el control de ningún perito de parte del juicio de Vialidad. O sea, perfectamente se podía traer una prueba de otro juicio, pero debía hacerse al principio, reproducirse la pericia y con participación de peritos de parte.
 
En este caso, además, la pericia fue hecha por la Policía de la Ciudad que trabaja para el Ministerio Público de CABA, cuyo titular es Juan Bautista Mahiques, integrante de la llamada mesa judicial, y hermano del fiscal Ignacio Mahiques, que fue el acusador en el expediente de las rutas de Santa Cruz.
 
El TOF 2 rechazó todas las impugnaciones y ni remotamente admitió el argumento de que la incorporación de la prueba del celular era extemporánea. Pero no tuvo problema en usar ese mismo argumento para rechazar las recusaciones desconociendo que la publicación de las fotos por Página/12 mostraron un detrás de la escena desconocido. No es casual, que esas fotos no hayan estado nunca en el Facebook de Liverpool.
 
 
El celular que no dice nada
 
El nuevo "tesoro" de los fiscales Luciani y Sergio Mola intenta ser usado de manera espectacular en la búsqueda de efecto mediático. Si se mira en detalle, no agrega nada y esa es la razón por la que no metieron la prueba desde el principio. Como todas las demás evidencias presentadas por los fiscales, se hubieran caído en las audiencias, que --como viene señalando Página/12 desde hace tres años-- significaron una derrota tras otra.
 
Por lo que se sabe hasta ahora --y según consignó el diario La Nación-- en el celular de López se encontraron gran cantidad de mensajes entre el funcionario --secretario de Obras Públicas-- y los secretarios de CFK, Fabián Gutiérrez, Mariano Cabral y Diego Bermúdez. Además, se consignan numerosas reuniones. Pero ninguno agrega nada sustantivo al juicio.
 
·         Que la Presidenta de la Nación se junte con los funcionarios de su gobierno, en este caso el secretario de Obras Públicas, es una actividad normal.
·          
·         No hay ningún mensaje directo de CFK hacia López. Los testigos de la época sostienen que el trato de la mandataria con el secretario, pero también con los demás funcionarios de Infraestructura, era más bien lejano. 
·          
·         No hay ningún chat en el que aparezca alguna vinculación de la expresidenta o sus secretarios con licitaciones, precios o el pago de certificados.
·          
·         En los dos chats referidos a pagos de certificados -apenas uno en 2014 y otro en 2015, o sea uno por año-, es López el que se refiere a la necesidad de hacerle pagos atrasados a Báez. No interviene CFK.
·          
·         Los exfuncionarios y cualquier funcionario actual o anterior saben que los teléfonos estallan con llamadas de empresarios pidiendo que les paguen compromisos atrasados del Estado. Y no sólo empresarios, sino intendentes y gobernadores que ven que las obras en su distrito se están atrasando.
·          
·         Que Báez estuviera reclamando pagos demuestra que sufría, un poco más o un poco menos, lo que sufrían otros empresarios.
·          
·         El trato de López y Cristina era tan lejano que el secretario no tenía contacto directo con quien fuera presidenta: le tuvo que mandar feliz cumpleaños a través de un secretario.
 
 
El camino conocido
 
El juicio continuará este martes y al mismo tiempo se presentarán los recursos, primero ante el propio TOF 2. Es obvio que los magistrados rechazarán el recurso aduciendo que no es una sentencia definitiva, de manera que las defensas tendrán que ir en queja a la Cámara de Casación, donde los esperan Borinsky y Hornos, partenaires de Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada.
 
La Corte Suprema ya los confirmó en ese puesto aduciendo que no se sabe qué hablaron con el expresidente. En realidad, lo que se cuestionaba no era lo que habían hablado o dejado de hablar, sino el temor a la pérdida de imparcialidad. Todo indica que las defensas volverán a recusar a Hornos y Borinsky por el mismo motivo.
 
Como ocurrió en Brasil o en Ecuador o en Bolivia la utilización de la justicia para la política seguirá adelante. El paquete está atado. Como en tres años no consiguieron una sola prueba durante el juicio, utilizarán la figura de la asociación ilícita --tal como adelantó Mario Wainfeld este domingo en Página/12-- como delito típico al que se recurre para perseguir y, sobre todo, ante la inexistencia de alguna llamada, alguna orden, alguna firma que incrimine a CFK. 
 
El próximo momento de gloria de Luciani-Mola será cuando pidan penas de prisión para todos --obviamente incluyendo a Cristina Kirchner-- con base en la asociación ilícita y la defraudación al Estado. Habrá cadena nacional. Las 30 audiencias posteriores, donde las defensas refutarán las acusaciones, como lo hicieron estos tres años, serán sofocados con un Cono de Silencio, como diría el Superagente 86.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página12 y La Arena 
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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