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Entre Ríos - 15-08-2022 / 17:08
FRIGERIO QUISO INCLUIR EN LA LISTA DE JXC A QUIEN SERÍA SU “AMANTE”

Quién es Joanna Picetti, la testaferro de Juntos por el Cambio apuntada por Carrió

Quién es Joanna Picetti, la testaferro de Juntos por el Cambio apuntada por Carrió
Carrió, la líder de la Coalición Cívica, sorprendió al revelar que durante el macrismo Rogelio Frigerio quiso incluir en la lista a su “amante” que actuaba como “su testaferro” en la empresa estatal.
 
Las explosivas declaraciones de Elisa Carrió generaron el repudio de referentes de Juntos por el Cambio, donde la interna está al rojo vivo de cara a las presidenciales de 2023. Esta vez apuntó con dureza contra el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y recordó su vínculo con Joanna Picetti, la diputada vetada que saltó a la fama tras increpar al expresidente Mauricio Macri en 2019 e iniciar juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
En virtud de la transparencia que asegura defender, en declaraciones televisivas Carrió se refirió a varios temas relacionados al mundo de la política y a los negociados que esconde, criticó a Sergio Massa e incluyó también a sus socios políticos. Entre ellas mencionó la "caja" de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), en manos de Malena Galmarini, la esposa del flamante superministro.
 
Así fue como la líder de la Coalición Cívica sorprendió al revelar que durante el macrismo Rogelio Frigerio quiso incluir en la lista a su "amante" que actuaba como "su testaferro" en la empresa estatal. "Antes la caja de Aysa fue Frigerio", disparó Carrió en diálogo con LN+ el pasado martes, a pesar de las advertencias de los periodistas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann de que sus dichos provocarían "un lío" en la coalición opositora.
 
 
Quién es Joanna Picetti, la mujer a la que acusa Carrió
  
Joanna Picetti es administradora de negocios recibida de la UBA y se dedicó al ámbito empresarial local e internacional durante varios años. Su desembarco en el mundo de la política se dio en la estatal Aysa, bajo la órbita del entonces ministro Rogelio Frigerio, titular del ministerio del Interior de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).
 
Picetti fue escalando en el armado cambiemita y consiguió un lugar en las listas para legisladores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2017. La funcionaria, cuya candidatura a diputada fue presuntamente impulsada por allegados de Frigerio, fue electa pero luego vetada tras revelarse las denuncias por maltrato infantil hacia sus hijos por parte de su exmarido David Bilbulich, algo que la misma Carrió sostuvo en sus recientes declaraciones.
 
En tanto, su expulsión fue impulsada por Elisa Carrió y luego ratificada por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Sin embargo, Picetti no reconoció tal medida, intentó ingresar en 2017 a la Cámara baja para jurar por su banca pero su acceso fue bloqueado por agentes de seguridad. Dos años después saltó a la fama por increpar al expresidente Mauricio Macri durante lo que fue su último discurso ante la apertura de sesiones del Congreso en Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2019.
 
"Me dicen que usted no es diputada, ¿se puede retirar?", le dijo el 1º de marzo de 2019 la entonces vicepresidenta del Senado, Gabriela Michetti, a una Joanna Picetti desencajada, que no paraba de espetar todo tipo de agravios. Tras su irrupción, Picetti fue desalojada y cobró una notoriedad que la llevó a varios canales de televisión, donde reafirmó su derecho a la banca.
 
A pesar de las acusaciones cruzadas, la exfuncionaria de Aysa continuó defendiendo su derecho a ejercer su banca, cuyo mandato venció en diciembre 2021. Su viaje por la política la llevó incluso a pedir un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo del 2020.
 
Según su perfil en las redes sociales, Picetti vive en California, Estados Unidos, y es ciudadana digital de Estonia.
 
Fuente: Perfil
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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