12:58 | Viernes 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Entre Ríos - 01-08-2022 / 19:08
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
Juntos para que nada cambie en la Justicia entrerriana
La gestión de Gustavo Bordet impulsa dos proyectos de leyes para mejorar el funcionamiento de la Justicia en Entre Ríos. Uno es la creación de la Fiscalía Anticorrupción provincial y el otro es la reforma al Consejo de la Magistratura. Sobre esta última, ingresó un proyecto en la Legislatura que promueve cambios en el organismo que ya tiene cerca de dos décadas de funcionamiento y requiere modificaciones. La incorporación de la paridad de género, la inclusión más intensa de las universidades públicas entrerrianas, la composición y el funcionamiento, son algunas de las reformas que se impulsan.
La gestión de Gustavo Bordet impulsa dos proyectos de leyes para mejorar el funcionamiento de la Justicia en Entre Ríos. Uno es la creación de la Fiscalía Anticorrupción provincial y el otro es la reforma al Consejo de la Magistratura. Sobre esta última, ingresó un proyecto en la Legislatura que promueve cambios en el organismo que ya tiene cerca de dos décadas de funcionamiento y requiere modificaciones. La incorporación de la paridad de género, la inclusión más intensa de las universidades públicas entrerrianas, la composición y el funcionamiento, son algunas de las reformas que se impulsan.
Lo primero que hay que recordar es que el Consejo de la Magistratura fue implementado por decreto de Jorge Busti en el 2003, previo a su inclusión constitucional en 2008, como un ejercicio de autolimitación para elegir jueces, consecuencia del rechazo que generó la práctica del gobernador radical Sergio Montiel de designar magistrados que eran todos correligionarios suyos, sumado a la creación de la inconstitucional Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el polémico fiscal Rovira, la "renta vitalicia" para retirar jueces y promover amigos en el Superior Tribunal, etc.
De allí se deriva el hecho de que el Poder Ejecutivo tiene un solo representante en el Consejo. Esa fue una decisión política del momento, que no prevalece sobre el texto constitucional y su interpretación armónica en cuanto a que no se puede hablar de "equilibrio" si el Ejecutivo tiene un solo miembro, el Poder Judicial tiene tres (dos magistrados y un trabajador judicial) los académicos tienen tres representantes, etc. No se cumple con la manda constitucional de que la composición asegure el equilibrio entre los sectores que lo integran, sin predominio de ninguno de ellos.
Lo que se lesiona es el principio democrático en la medida que quienes son autoridades por el voto popular carecen de incidencia en un organismo que es determinante para la formación de Poder Judicial, así no existe el contralor de poderes republicano. El Consejo se gobierna con una integración que casi prescinde del elemento democrático, el cual de ninguna manera puede ser asignado a ONGs, que expresan estamentos corporativos. Colisiona aún más con el ideal democrático y republicano si consideramos que el Poder Legislativo no integra el Consejo, como sí ocurre en el orden nacional.
Lo primero que hay que recordar es que el Consejo de la Magistratura fue implementado por decreto de Jorge Busti en el 2003, previo a su inclusión constitucional en 2008, como un ejercicio de autolimitación para elegir jueces, consecuencia del rechazo que generó la práctica del gobernador radical Sergio Montiel de designar magistrados que eran todos correligionarios suyos, sumado a la creación de la inconstitucional Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el polémico fiscal Rovira, la "renta vitalicia" para retirar jueces y promover amigos en el Superior Tribunal, etc.
De allí se deriva el hecho de que el Poder Ejecutivo tiene un solo representante en el Consejo. Esa fue una decisión política del momento, que no prevalece sobre el texto constitucional y su interpretación armónica en cuanto a que no se puede hablar de "equilibrio" si el Ejecutivo tiene un solo miembro, el Poder Judicial tiene tres (dos magistrados y un trabajador judicial) los académicos tienen tres representantes, etc. No se cumple con la manda constitucional de que la composición asegure el equilibrio entre los sectores que lo integran, sin predominio de ninguno de ellos.
Lo que se lesiona es el principio democrático en la medida que quienes son autoridades por el voto popular carecen de incidencia en un organismo que es determinante para la formación de Poder Judicial, así no existe el contralor de poderes republicano. El Consejo se gobierna con una integración que casi prescinde del elemento democrático, el cual de ninguna manera puede ser asignado a ONGs, que expresan estamentos corporativos. Colisiona aún más con el ideal democrático y republicano si consideramos que el Poder Legislativo no integra el Consejo, como sí ocurre en el orden nacional.
Por otra parte, urge modificar la composición de los miembros del estamento académico. Es el grupo más representado, dado que tiene tres. Hay varias cuestiones a considerar. Primero, predominan las universidades privadas, UCA y UCU, con dos representantes y está cerrado a instituciones académicas como la UADER, que, pese a no dictar la carrera de Derecho, tiene más profesores de materias jurídicas que la Universidad Católica Argentina, o la Universidad de Concepción del Uruguay, sin dudas. Lo mismo que la UNER en este momento, dado que aún no está en funcionamiento la carrera de Derecho.
Expresa la ley que al menos uno debe ser de una universidad estatal, lo que creemos que debería ser al revés, es decir, de tres, al menos dos deberían ser representantes de universidades públicas. Ante la ausencia de universidad pública entrerriana que otorgue título de abogado, se convocó en su momento a la UNL de Santa Fe en la elección de miembros del Poder Judicial entrerriano. Esta situación no tiene sentido. Además, la UNL no integra el Consejo en Santa Fe, pero si lo hace en Entre Ríos. Es un exceso de representación que colisiona contra federalismo y la autonomía de Entre Ríos.
Conjuntamente, respetando la Ley de Paridad de Género, el Consejo se debe integrar con un esquema de paridad de género. Esto es algo que hoy no se da, el estamento de los representantes académicos está compuesto por tres hombres como miembros titulares. Y en ocasión del procedimiento de selección de magistrados y magistradas se deberá contemplar la formación en género, violencia de género, perspectiva de género, etc.
El Ejecutivo provincial, de todos los sectores que integran el Consejo, es el único que es emergente de la voluntad popular y debe su legitimidad a la más clara regla de la democracia: las elecciones. La propia Constitución dispone en su art. 181 que: "La composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran". La norma actual concede al Poder Ejecutivo un solo representante, lo que claramente colisiona con la idea de equilibrio del texto constitucional al soslayar en forma manifiesta la relevancia del voto popular.
Cabe resaltar que, a diferencia del Consejo de la Magistratura nacional, la Legislatura provincial no tiene representantes en el Consejo local, lo que reduce sustancialmente el factor democrático y el rol de contralor de poderes propios del sistema republicano. ¿Cuál es el contralor de un poder, el Judicial, que es el menos democrático de todos, si el órgano que elige a los magistrados lo hace prácticamente sin intervención del Ejecutivo (que solo tiene un miembro de once) y sin la intervención del Legislativo? No existe el debido sistema de contralor, de frenos y contrapesos, que impone el diseño constitucional republicano.
La Constitución dispone que el Consejo sea un órgano asesor del Ejecutivo, que selecciona a los jueces y fiscales, por lo cual resulta contradictorio al espíritu constitucional que se reduzca al mínimo su presencia. El componente democrático, en este caso sólo es posible por la presencia del Ejecutivo, que está infra representado en la actual integración. El contralor democrático no se da, del mismo modo que no existe intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre un Consejo que elige a los del poder Judicial.
Es evidente que quienes ganan las elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo, y solo duran 4 años, no inciden sobre un organismo que elige a los integrantes del Poder Judicial (que no tiene mandatos temporalmente acotados). La elección de los magistrados está en manos de abogados, jueces y profesores de la Facultad de Derecho, aunque el Consejo despliega actos de gobierno de enorme transcendencia que no puede quedar ajeno a un contralor de los poderes de la democracia.
A pesar de todas estas razones, desde la oposición de Juntos por Entre Ríos, que cuestionaron en numerosas ocasiones el funcionamiento del Consejo, las demoras y fallas en concursos, atacando en particular el caso del concurso del Tribunal de Cuentas, ahora cambiaron para que nada cambie y defienden el statu quo, como si todo estuviera muy bien y no se justifica reforma alguna, sosteniendo el diseño perimido y los actuales integrantes del Consejo.
La Opinión Popular
La hora de Sergio Massa
Demoraron casi un mes pero finalmente el Presidente y la Vice se dieron cuenta de que ni un K ni un albertista eran opciones válidas para cubrir la vacante que dejó Martín Guzmán. Cuando el ex titular de Hacienda, cansado de los palos en la rueda que le ponían los K, le revoleó la renuncia en la cara a Alberto y la incertidumbre escaló a niveles inusitados, el nombre de Sergio Massa se planteó como la alternativa más obvia para agarrar esa papa caliente.
El único capaz de reunir esas características dentro del Frente de Todos y que además tiene el peso político suficiente para proponerse como alternativa frente a la caótica convivencia del Presidente y su Vice era el hasta entonces socio minoritario de la alianza, Sergio Massa.
Pero ni a Cristina ni a Alberto les seducía la idea de darle poder a un animal político de reconocidas aspiraciones presidenciales y la designada fue Silvina Batakis. Por más que la efímera ministra se esforzara en bajar un discurso ortodoxo, se mostrara amigable con los mercados y hasta viajara a Nueva York a rendir pleitesía al FMI, su pertenencia a La Cámpora era un hueso imposible de tragar para los popes del empresariado y las altas finanzas.
Las cotizaciones paralelas del dólar y los precios de casi todo se dispararon, las acciones, bonos y cualquier instrumento financiero se desplomaron. El cambio tampoco cubrió las expectativas de muchos gobernadores que en on manifestaban su respaldo a la nueva ministra, pero a puertas cerradas le reclamaban al Ejecutivo nacional un cambio más profundo en el manejo de la economía.
¿Súper ministro?
El desembarco de Massa en el Ejecutivo como cabeza de un ministerio que agrupará funciones que se repartían en tres carteras, le valió al tigrense el mote de "súper ministro" en las portadas de los medios. Al menos desde el punto de vista de la estructura formal de Gobierno, eso de súper luce un poco exagerado porque el nuevo titular de Hacienda no tendrá más atribuciones que las que tenía esa cartera antes de que fuera loteada en varios ministerios.
Al contrario de lo que se especuló en algún momento, Massa tampoco tendrá el manejo del Banco Central, que seguirá a cargo de Miguel Pesce, ni de la AFIP, que tras la salida de Marcó del Pont -una de las más cuestionadas por Cristina en sus discursos- que quedará en manos del K Carlos Castagneto, ni de la jefatura de Gabinete que seguirá encabezada por José Luis Manzur. Lo que sí ubica a Massa como primus inter pares dentro del gabinete es su innegable volumen político, aspecto en el que supera a los demás ministros.
Rebalanceo del poder
La llegada de Massa al Ejecutivo provocó una reconfiguración del organigrama de Gobierno que dejó ganadores y perdedores. Entre los primeros el más obvio es que Massa tendrá un rol mucho más determinante en el Gobierno y de conseguir buenos resultados en su gestión estaría en condiciones de proyectar una candidatura presidencial con chances reales en 2023.
Pero enfrenta severas restricciones. Porque asume en un contexto económico verdaderamente complicado y sin la lapicera mayor, que sigue en manos de Alberto. Como viene ocurriendo cada vez que hay cambios en el Gabinete, el que pierde siempre es Alberto, que ahora solo cuenta con el Canciller Santiago Cafiero. En este contexto, la posibilidad de ir por la reelección se esfuma.
Esta nueva etapa del gobierno del Frente de Todos mostrará a un Alberto más alejado de la gestión, rol en el que se lo verá mucho más activo a Massa y a una Cristina siempre muy celosa en conservar su cuota de poder así como una prudente distancia de las decisiones impopulares que podría adoptar el Gobierno.
Preocupación en Bordet y los gobernadores
Un escalofrío corría por las espaldas de los gobernadores, mientras la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, intentaba convencer a los financistas e inversores globales de que el país ya está en la senda del ajuste, y los mandatarios provinciales no sabían qué les deparará este segundo semestre inflacionario.
Desde hace tiempo, Bordet y los gobernadores vienen hablando entre ellos -sin los interlocutores naturales que han sido el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro- no sólo para conformar la vieja liga, sino también para redefinir una estrategia que, en gran medida, llevó a la dupla Fernández a conducir el país, allá por diciembre de 2019.
Ellos saben que son socios en el oficialista Frente de Todos y están dispuestos a exponer su postura frente a las internas de la coalición y también sobre el rumbo económico de una gestión que transita los últimos 17 meses de mandato. Pero esos gobernadores, además, juegan su propia interna. Hay quienes responden a Alberto, están también los que se inclinan por Cristina y, finalmente, se ubican aquellos que transitarán con Massa por la ancha avenida del medio.
Pese a estos encolumnamientos, la inmensa mayoría de esos conductores de provincias coinciden en algo: las discusiones sólo se han dado en el corazón del poder, entre Alberto, Cristina y Massa, pero no sumaron a la mesa a ninguno de ellos, ni siquiera Manzur.
En otras palabras, no se reconocen liderazgos preponderantes en el interior federal de la Argentina con el poder suficiente para tomar decisiones. En la sede central del Consejo Federal de Inversiones (CFI) ese será uno de los temas centrales de la futura cumbre de la Liga de Gobernadores.
Otro será posiblemente un posicionamiento integral sobre la situación socioeconómica y hasta puede darse un llamado general para que la cúpula del peronismo resuelva pronto las diferencias para que el Partido Justicialista (socio mayoritario) se mantenga invicto en aquello de autoproclamarse como la única fuerza política capaz de empezar y terminar una gestión.
La situación no parece fácil porque en medio del debate aparece el ajuste, aquello que Batakis estaba pregonando en Estados Unidos, cuando la eyectaron y que por estos lares ya han significado pujas internas en la Casa Rosada por el manejo del dinero y por el congelamiento de las designaciones de estatales.
Párrafo aparte para los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a través de su directora gerente ha dicho que en la Argentina se imponen "acciones dolorosas" para encarrilar la economía y para cumplir las metas pactadas entre el país y ese organismo por el brutal crédito de U$S 44.000 millones con que Mauricio Macri encadenó el destino de Argentina al yugo del FMI.
Tras los encuentros de la semana pasada con la titular del Palacio de Hacienda, los gobernadores se dieron por enterados de cuál era la política que había que adoptar cuando alguno de sus ministros se siente en su despacho para pedir ampliaciones de partidas presupuestarias. Bordet no estaría autorizando más partidas que las necesarias y, por los pasillos de la Casa Gris, se sentirán las rabietas de parte del elenco ministerial.
Si todo sigue por esta vía, no habrá ampliación de presupuesto cuando en septiembre se presenten las proyecciones de cierre fiscal de este año y se diseñe el proyecto de Presupuesto para el año electoral 2023. Hasta entonces, Entre Ríos y el resto de las provincias sabrán cuánto dinero giraría el Gobierno nacional por transferencias de coparticipación federal, por leyes especiales y por giro para obras públicas.
Bordet, ¿pierde o gana con Massa?
El Gobierno provincial, ¿pierde o gana con el desplazamiento del eje de poder interno que se produjo en el poder central a partir del desembarco de Massa? En adelante, por ejemplo, la remisión de los recursos o la firma de nuevos convenios Nación-Provincia deberán tener la aprobación del líder del Frente Renovador. Concentrará el poder de las decisiones económicas en sus manos. Y también de la acción política.
En el oficialismo entrerriano confían en que nada cambiará y que la provincia no sentirá los posibles efectos negativos del nuevo esquema de poder en el Frente de Todos, donde a Alberto perdió influencia -casi lo sacan- y en el que Cristina parece situarse como una observadora privilegiada con poder de veto. Todas las miradas atentas sobre el tigrense.
El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, consideró "favorable" la "decisión política de englobar tres ministerios que están directamente relacionados y fortalecer la figura de Sergio Massa". Y afirmó además que tiene "la esperanza de que sea para bien". Toda una señal.
Bordet tiene una buena relación con Massa, lo que le asegura alguna tranquilidad política e institucional, porque será el primero en sufrir los efectos colaterales en el territorio -malestar social- si es que Massa no da en la tecla y acomoda algunas variables que se hagan sentir favorablemente en "la víscera más sensible del ser humano": el bolsillo. En ese marco de ansiedad, en la Casa Gris ya se habla del tiempo de respuestas: 30 o 45 días.
La situación inquieta al peronismo entrerriano
La situación económica inquieta a Bordet, más que cualquier interés partidario con tinte electoral, porque si no se puede garantizar la paz social en las próximos semanas y meses, de nada valdrá pensar en elecciones o campañas electorales. El peronista de a pie, más que en temas políticos, como cualquier ciudadano, hoy piensa en su bolsillo más que en la suerte electoral del PJ, porque, como cualquier argentino, padece los efectos de la inflación.
En el PJ, en ese sentido, mantienen cierta calma; la preocupación, desde el gobernador al último peronista pasa por tranquilizar las ansiedades de bolsillo de una sociedad descreída. Las miradas, entonces, se dirigen a Massa. Porque si este acierta en un par de medidas, no sólo puede calmar a los gobernadores propios, sino que le permitiría al Frente de Todos tener un candidato presidencial, de lo que ahora carece. Alberto no puede aspirar serlo y Cristina sólo parece pensar en provincia de Buenos Aires, distrito que le puede garantizar la senaduría nacional por la minoría.
Las expectativas del peronismo entrerriano, entonces, están centradas en lo que anuncie Massa el miércoles. Si sólo con su nombramiento bajó el dólar, se desprende que fue una apuesta certera; confió un referente del PJ. En el oficialismo entienden que Massa no sólo debe haber realizado acuerdos con Cristina para aceptar el puesto, sino que también debe haber mantenido charlas con opositores, empresarios y banqueros. Si se observan los primeros efectos de su designación, incluso hasta cuando surgieron los rumores de su asunción, cabe pensar que hizo un trabajo fino para no llegar sin expectativas favorables o con duras críticas desde la oposición.
Rispideces en Juntos por Entre Ríos
La apertura de una nueva etapa del peronismo con la impronta de Massa generará rispideces en la oposición. El tigrense tiene buena relación con figuras como el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero genera fuerte rechazo entre los halcones del PRO y un odio visceral por parte de Elisa Carrió que lo equiparó al diablo.
La posibilidad de una convocatoria al diálogo encabezada por Massa se presenta entonces como un potencial foco de conflicto en la alianza JxC en la que conviven opositores gurkas como Patricia Bullrich o Mauricio Macri, quienes no temen ser acusados de desestabilizadores y si hace falta echarán un balde de nafta en medio del incendio, moderados como Rodríguez Larreta que entienden que la sociedad los castigaría si adoptan posturas muy extremas y gobernadores como Morales, a quienes una apuesta al caos le jugaría en contra en sus provincias.
Esas divisiones nacionales se replican en Entre Ríos. El postulante a la gobernación por la UCR, Pedro Galimberti, afirmó que: "La luna de miel massista será muy corta"; "la sociedad demanda inmediatez" y "los argentinos serán menos pacientes" para esperar resultados del desembarco de Massa en el gabinete nacional.
En el fondo lo que molesta a JxC es que el empoderamiento de Massa en el Gobierno deja en un segundo plano a la interna Alberto vs Cristina, a la que la oposición apostaba como argumento de campaña. Saben además que muchos de los sectores de poder que son afines a la oposición y que operaban para instalar un clima apocalíptico en el gobierno de Alberto y Cristina, difícilmente le hagan el mismo juego a Massa con quien tienen una buena relación.
Los opositores, para tener chances de ganar en 2023 necesitan que a esto nuevo formato de Gobierno nacional le vaya peor que a los anteriores. Solo así la pésima gestión que hicieron durante la presidencia de Macri podrá ser olvidada o al menos ser recordada como un mal menor. Pero, la oposición parece no darse cuenta que, si ganaran las elecciones, en pocos meses tendrán que estar lidiando con la crisis que promueven.
En Juntos por Entre Ríos, madura el enfrentamiento
En Juntos por Entre Ríos madura un posible enfrentamiento de fórmulas, una radical contra otra del PRO, en las internas. Furgón de cola el radicalismo; la tercera puede ser la vencida, para que finalmente el partido de Leandro N. Alem pueda colocar el uno en la boleta del 2023. Resolver una fórmula compartida es el verdadero desafío para Juntos, y constituiría toda una novedad si se concreta.
En Entre Ríos el reto de la oposición es hoy por hoy juntarse para los comicios provinciales, sean en junio o en agosto. Sin embargo, esa misión es más complicada que a nivel nacional, por cuanto en la Nación el conflicto político-electoral se puede resolver a través de las PASO, mientras que en el plano local hay pocas chances de que pueda haber una primaria abierta, con la participación en la resolución de la fórmula opositora.
Eso en cuanto al mecanismo para dilucidar sus diferencias internas que, si bien pinta lejano, no es tampoco lo central; antes los principales referentes de Juntos por Entre Ríos: el porteño Rogelio Frigerio y el radical Galimberti, deben decidir si se sentarán a dialogar para poder confluir en una fórmula unificada entre los dos principales espacios internos: PRO y UCR. Por lo que hacen y dicen están más cerca de fracturarse que de consensuar una lista de unidad.
El radicalismo es un hervidero interno, donde se está poniendo en juego, y en duda, quién es realmente el que conduce al espacio, porque partido y radicalismo no son lo mismo en este caso. Así se debilitan solos, o hacen más difícil la posibilidad de compartir una mesa de diálogo; peor aún, minan la credibilidad, poca o mucha, que puedan tener como una alternativa de poder.
La Opinión Popular
Expresa la ley que al menos uno debe ser de una universidad estatal, lo que creemos que debería ser al revés, es decir, de tres, al menos dos deberían ser representantes de universidades públicas. Ante la ausencia de universidad pública entrerriana que otorgue título de abogado, se convocó en su momento a la UNL de Santa Fe en la elección de miembros del Poder Judicial entrerriano. Esta situación no tiene sentido. Además, la UNL no integra el Consejo en Santa Fe, pero si lo hace en Entre Ríos. Es un exceso de representación que colisiona contra federalismo y la autonomía de Entre Ríos.
Conjuntamente, respetando la Ley de Paridad de Género, el Consejo se debe integrar con un esquema de paridad de género. Esto es algo que hoy no se da, el estamento de los representantes académicos está compuesto por tres hombres como miembros titulares. Y en ocasión del procedimiento de selección de magistrados y magistradas se deberá contemplar la formación en género, violencia de género, perspectiva de género, etc.
El Ejecutivo provincial, de todos los sectores que integran el Consejo, es el único que es emergente de la voluntad popular y debe su legitimidad a la más clara regla de la democracia: las elecciones. La propia Constitución dispone en su art. 181 que: "La composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran". La norma actual concede al Poder Ejecutivo un solo representante, lo que claramente colisiona con la idea de equilibrio del texto constitucional al soslayar en forma manifiesta la relevancia del voto popular.
Cabe resaltar que, a diferencia del Consejo de la Magistratura nacional, la Legislatura provincial no tiene representantes en el Consejo local, lo que reduce sustancialmente el factor democrático y el rol de contralor de poderes propios del sistema republicano. ¿Cuál es el contralor de un poder, el Judicial, que es el menos democrático de todos, si el órgano que elige a los magistrados lo hace prácticamente sin intervención del Ejecutivo (que solo tiene un miembro de once) y sin la intervención del Legislativo? No existe el debido sistema de contralor, de frenos y contrapesos, que impone el diseño constitucional republicano.
La Constitución dispone que el Consejo sea un órgano asesor del Ejecutivo, que selecciona a los jueces y fiscales, por lo cual resulta contradictorio al espíritu constitucional que se reduzca al mínimo su presencia. El componente democrático, en este caso sólo es posible por la presencia del Ejecutivo, que está infra representado en la actual integración. El contralor democrático no se da, del mismo modo que no existe intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre un Consejo que elige a los del poder Judicial.
Es evidente que quienes ganan las elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo, y solo duran 4 años, no inciden sobre un organismo que elige a los integrantes del Poder Judicial (que no tiene mandatos temporalmente acotados). La elección de los magistrados está en manos de abogados, jueces y profesores de la Facultad de Derecho, aunque el Consejo despliega actos de gobierno de enorme transcendencia que no puede quedar ajeno a un contralor de los poderes de la democracia.
A pesar de todas estas razones, desde la oposición de Juntos por Entre Ríos, que cuestionaron en numerosas ocasiones el funcionamiento del Consejo, las demoras y fallas en concursos, atacando en particular el caso del concurso del Tribunal de Cuentas, ahora cambiaron para que nada cambie y defienden el statu quo, como si todo estuviera muy bien y no se justifica reforma alguna, sosteniendo el diseño perimido y los actuales integrantes del Consejo.
La Opinión Popular
La hora de Sergio Massa
Demoraron casi un mes pero finalmente el Presidente y la Vice se dieron cuenta de que ni un K ni un albertista eran opciones válidas para cubrir la vacante que dejó Martín Guzmán. Cuando el ex titular de Hacienda, cansado de los palos en la rueda que le ponían los K, le revoleó la renuncia en la cara a Alberto y la incertidumbre escaló a niveles inusitados, el nombre de Sergio Massa se planteó como la alternativa más obvia para agarrar esa papa caliente.
El único capaz de reunir esas características dentro del Frente de Todos y que además tiene el peso político suficiente para proponerse como alternativa frente a la caótica convivencia del Presidente y su Vice era el hasta entonces socio minoritario de la alianza, Sergio Massa.
Pero ni a Cristina ni a Alberto les seducía la idea de darle poder a un animal político de reconocidas aspiraciones presidenciales y la designada fue Silvina Batakis. Por más que la efímera ministra se esforzara en bajar un discurso ortodoxo, se mostrara amigable con los mercados y hasta viajara a Nueva York a rendir pleitesía al FMI, su pertenencia a La Cámpora era un hueso imposible de tragar para los popes del empresariado y las altas finanzas.
Las cotizaciones paralelas del dólar y los precios de casi todo se dispararon, las acciones, bonos y cualquier instrumento financiero se desplomaron. El cambio tampoco cubrió las expectativas de muchos gobernadores que en on manifestaban su respaldo a la nueva ministra, pero a puertas cerradas le reclamaban al Ejecutivo nacional un cambio más profundo en el manejo de la economía.
¿Súper ministro?
El desembarco de Massa en el Ejecutivo como cabeza de un ministerio que agrupará funciones que se repartían en tres carteras, le valió al tigrense el mote de "súper ministro" en las portadas de los medios. Al menos desde el punto de vista de la estructura formal de Gobierno, eso de súper luce un poco exagerado porque el nuevo titular de Hacienda no tendrá más atribuciones que las que tenía esa cartera antes de que fuera loteada en varios ministerios.
Al contrario de lo que se especuló en algún momento, Massa tampoco tendrá el manejo del Banco Central, que seguirá a cargo de Miguel Pesce, ni de la AFIP, que tras la salida de Marcó del Pont -una de las más cuestionadas por Cristina en sus discursos- que quedará en manos del K Carlos Castagneto, ni de la jefatura de Gabinete que seguirá encabezada por José Luis Manzur. Lo que sí ubica a Massa como primus inter pares dentro del gabinete es su innegable volumen político, aspecto en el que supera a los demás ministros.
Rebalanceo del poder
La llegada de Massa al Ejecutivo provocó una reconfiguración del organigrama de Gobierno que dejó ganadores y perdedores. Entre los primeros el más obvio es que Massa tendrá un rol mucho más determinante en el Gobierno y de conseguir buenos resultados en su gestión estaría en condiciones de proyectar una candidatura presidencial con chances reales en 2023.
Pero enfrenta severas restricciones. Porque asume en un contexto económico verdaderamente complicado y sin la lapicera mayor, que sigue en manos de Alberto. Como viene ocurriendo cada vez que hay cambios en el Gabinete, el que pierde siempre es Alberto, que ahora solo cuenta con el Canciller Santiago Cafiero. En este contexto, la posibilidad de ir por la reelección se esfuma.
Esta nueva etapa del gobierno del Frente de Todos mostrará a un Alberto más alejado de la gestión, rol en el que se lo verá mucho más activo a Massa y a una Cristina siempre muy celosa en conservar su cuota de poder así como una prudente distancia de las decisiones impopulares que podría adoptar el Gobierno.
Preocupación en Bordet y los gobernadores
Un escalofrío corría por las espaldas de los gobernadores, mientras la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, intentaba convencer a los financistas e inversores globales de que el país ya está en la senda del ajuste, y los mandatarios provinciales no sabían qué les deparará este segundo semestre inflacionario.
Desde hace tiempo, Bordet y los gobernadores vienen hablando entre ellos -sin los interlocutores naturales que han sido el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro- no sólo para conformar la vieja liga, sino también para redefinir una estrategia que, en gran medida, llevó a la dupla Fernández a conducir el país, allá por diciembre de 2019.
Ellos saben que son socios en el oficialista Frente de Todos y están dispuestos a exponer su postura frente a las internas de la coalición y también sobre el rumbo económico de una gestión que transita los últimos 17 meses de mandato. Pero esos gobernadores, además, juegan su propia interna. Hay quienes responden a Alberto, están también los que se inclinan por Cristina y, finalmente, se ubican aquellos que transitarán con Massa por la ancha avenida del medio.
Pese a estos encolumnamientos, la inmensa mayoría de esos conductores de provincias coinciden en algo: las discusiones sólo se han dado en el corazón del poder, entre Alberto, Cristina y Massa, pero no sumaron a la mesa a ninguno de ellos, ni siquiera Manzur.
En otras palabras, no se reconocen liderazgos preponderantes en el interior federal de la Argentina con el poder suficiente para tomar decisiones. En la sede central del Consejo Federal de Inversiones (CFI) ese será uno de los temas centrales de la futura cumbre de la Liga de Gobernadores.
Otro será posiblemente un posicionamiento integral sobre la situación socioeconómica y hasta puede darse un llamado general para que la cúpula del peronismo resuelva pronto las diferencias para que el Partido Justicialista (socio mayoritario) se mantenga invicto en aquello de autoproclamarse como la única fuerza política capaz de empezar y terminar una gestión.
La situación no parece fácil porque en medio del debate aparece el ajuste, aquello que Batakis estaba pregonando en Estados Unidos, cuando la eyectaron y que por estos lares ya han significado pujas internas en la Casa Rosada por el manejo del dinero y por el congelamiento de las designaciones de estatales.
Párrafo aparte para los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a través de su directora gerente ha dicho que en la Argentina se imponen "acciones dolorosas" para encarrilar la economía y para cumplir las metas pactadas entre el país y ese organismo por el brutal crédito de U$S 44.000 millones con que Mauricio Macri encadenó el destino de Argentina al yugo del FMI.
Tras los encuentros de la semana pasada con la titular del Palacio de Hacienda, los gobernadores se dieron por enterados de cuál era la política que había que adoptar cuando alguno de sus ministros se siente en su despacho para pedir ampliaciones de partidas presupuestarias. Bordet no estaría autorizando más partidas que las necesarias y, por los pasillos de la Casa Gris, se sentirán las rabietas de parte del elenco ministerial.
Si todo sigue por esta vía, no habrá ampliación de presupuesto cuando en septiembre se presenten las proyecciones de cierre fiscal de este año y se diseñe el proyecto de Presupuesto para el año electoral 2023. Hasta entonces, Entre Ríos y el resto de las provincias sabrán cuánto dinero giraría el Gobierno nacional por transferencias de coparticipación federal, por leyes especiales y por giro para obras públicas.
Bordet, ¿pierde o gana con Massa?
El Gobierno provincial, ¿pierde o gana con el desplazamiento del eje de poder interno que se produjo en el poder central a partir del desembarco de Massa? En adelante, por ejemplo, la remisión de los recursos o la firma de nuevos convenios Nación-Provincia deberán tener la aprobación del líder del Frente Renovador. Concentrará el poder de las decisiones económicas en sus manos. Y también de la acción política.
En el oficialismo entrerriano confían en que nada cambiará y que la provincia no sentirá los posibles efectos negativos del nuevo esquema de poder en el Frente de Todos, donde a Alberto perdió influencia -casi lo sacan- y en el que Cristina parece situarse como una observadora privilegiada con poder de veto. Todas las miradas atentas sobre el tigrense.
El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, consideró "favorable" la "decisión política de englobar tres ministerios que están directamente relacionados y fortalecer la figura de Sergio Massa". Y afirmó además que tiene "la esperanza de que sea para bien". Toda una señal.
Bordet tiene una buena relación con Massa, lo que le asegura alguna tranquilidad política e institucional, porque será el primero en sufrir los efectos colaterales en el territorio -malestar social- si es que Massa no da en la tecla y acomoda algunas variables que se hagan sentir favorablemente en "la víscera más sensible del ser humano": el bolsillo. En ese marco de ansiedad, en la Casa Gris ya se habla del tiempo de respuestas: 30 o 45 días.
La situación inquieta al peronismo entrerriano
La situación económica inquieta a Bordet, más que cualquier interés partidario con tinte electoral, porque si no se puede garantizar la paz social en las próximos semanas y meses, de nada valdrá pensar en elecciones o campañas electorales. El peronista de a pie, más que en temas políticos, como cualquier ciudadano, hoy piensa en su bolsillo más que en la suerte electoral del PJ, porque, como cualquier argentino, padece los efectos de la inflación.
En el PJ, en ese sentido, mantienen cierta calma; la preocupación, desde el gobernador al último peronista pasa por tranquilizar las ansiedades de bolsillo de una sociedad descreída. Las miradas, entonces, se dirigen a Massa. Porque si este acierta en un par de medidas, no sólo puede calmar a los gobernadores propios, sino que le permitiría al Frente de Todos tener un candidato presidencial, de lo que ahora carece. Alberto no puede aspirar serlo y Cristina sólo parece pensar en provincia de Buenos Aires, distrito que le puede garantizar la senaduría nacional por la minoría.
Las expectativas del peronismo entrerriano, entonces, están centradas en lo que anuncie Massa el miércoles. Si sólo con su nombramiento bajó el dólar, se desprende que fue una apuesta certera; confió un referente del PJ. En el oficialismo entienden que Massa no sólo debe haber realizado acuerdos con Cristina para aceptar el puesto, sino que también debe haber mantenido charlas con opositores, empresarios y banqueros. Si se observan los primeros efectos de su designación, incluso hasta cuando surgieron los rumores de su asunción, cabe pensar que hizo un trabajo fino para no llegar sin expectativas favorables o con duras críticas desde la oposición.
Rispideces en Juntos por Entre Ríos
La apertura de una nueva etapa del peronismo con la impronta de Massa generará rispideces en la oposición. El tigrense tiene buena relación con figuras como el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero genera fuerte rechazo entre los halcones del PRO y un odio visceral por parte de Elisa Carrió que lo equiparó al diablo.
La posibilidad de una convocatoria al diálogo encabezada por Massa se presenta entonces como un potencial foco de conflicto en la alianza JxC en la que conviven opositores gurkas como Patricia Bullrich o Mauricio Macri, quienes no temen ser acusados de desestabilizadores y si hace falta echarán un balde de nafta en medio del incendio, moderados como Rodríguez Larreta que entienden que la sociedad los castigaría si adoptan posturas muy extremas y gobernadores como Morales, a quienes una apuesta al caos le jugaría en contra en sus provincias.
Esas divisiones nacionales se replican en Entre Ríos. El postulante a la gobernación por la UCR, Pedro Galimberti, afirmó que: "La luna de miel massista será muy corta"; "la sociedad demanda inmediatez" y "los argentinos serán menos pacientes" para esperar resultados del desembarco de Massa en el gabinete nacional.
En el fondo lo que molesta a JxC es que el empoderamiento de Massa en el Gobierno deja en un segundo plano a la interna Alberto vs Cristina, a la que la oposición apostaba como argumento de campaña. Saben además que muchos de los sectores de poder que son afines a la oposición y que operaban para instalar un clima apocalíptico en el gobierno de Alberto y Cristina, difícilmente le hagan el mismo juego a Massa con quien tienen una buena relación.
Los opositores, para tener chances de ganar en 2023 necesitan que a esto nuevo formato de Gobierno nacional le vaya peor que a los anteriores. Solo así la pésima gestión que hicieron durante la presidencia de Macri podrá ser olvidada o al menos ser recordada como un mal menor. Pero, la oposición parece no darse cuenta que, si ganaran las elecciones, en pocos meses tendrán que estar lidiando con la crisis que promueven.
En Juntos por Entre Ríos, madura el enfrentamiento
En Juntos por Entre Ríos madura un posible enfrentamiento de fórmulas, una radical contra otra del PRO, en las internas. Furgón de cola el radicalismo; la tercera puede ser la vencida, para que finalmente el partido de Leandro N. Alem pueda colocar el uno en la boleta del 2023. Resolver una fórmula compartida es el verdadero desafío para Juntos, y constituiría toda una novedad si se concreta.
En Entre Ríos el reto de la oposición es hoy por hoy juntarse para los comicios provinciales, sean en junio o en agosto. Sin embargo, esa misión es más complicada que a nivel nacional, por cuanto en la Nación el conflicto político-electoral se puede resolver a través de las PASO, mientras que en el plano local hay pocas chances de que pueda haber una primaria abierta, con la participación en la resolución de la fórmula opositora.
Eso en cuanto al mecanismo para dilucidar sus diferencias internas que, si bien pinta lejano, no es tampoco lo central; antes los principales referentes de Juntos por Entre Ríos: el porteño Rogelio Frigerio y el radical Galimberti, deben decidir si se sentarán a dialogar para poder confluir en una fórmula unificada entre los dos principales espacios internos: PRO y UCR. Por lo que hacen y dicen están más cerca de fracturarse que de consensuar una lista de unidad.
El radicalismo es un hervidero interno, donde se está poniendo en juego, y en duda, quién es realmente el que conduce al espacio, porque partido y radicalismo no son lo mismo en este caso. Así se debilitan solos, o hacen más difícil la posibilidad de compartir una mesa de diálogo; peor aún, minan la credibilidad, poca o mucha, que puedan tener como una alternativa de poder.
La Opinión Popular
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