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Nacionales - 07-07-2022 / 09:07
EN JUJUY USAN LA ARBITRARIA FIGURA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los policías del radical Morales patearon puertas y revolvieron las casas de dirigentes populares

Los policías del radical Morales patearon puertas y revolvieron las casas de dirigentes populares
Tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, el gobierno del radical Gerardo Morales desató en represalia una nueva ofensiva contra los movimientos sociales de Jujuy. En la madrugada de ayer, en una investigación inventada de oficio por un fiscal muy ligado al gobernador, la policía allanó violentamente las casas de once dirigentes y cinco comedores, merenderos y sedes de diferentes organizaciones.
Tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, el gobierno del radical Gerardo Morales desató en represalia una nueva ofensiva contra los movimientos sociales de Jujuy. En la madrugada de ayer, en una investigación inventada de oficio por un fiscal muy ligado al gobernador, la policía allanó violentamente las casas de once dirigentes y cinco comedores, merenderos y sedes de diferentes organizaciones.
 
En la madrugada, la policía del autoritario Morales comenzó a patear puertas y revolver las casas de por lo menos once dirigentes sociales Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto a Milagro Sala.
 
"Asociación ilícita", es la absurda imputación para todo el mundo. Esa figura legal, que fue creada a inicios del siglo XX para perseguir a las organizaciones de trabajadores, es completamente arbitraria y se usa para criminalizar la protesta social. La norma permite mantener presas a las personas a las que no se les puede probar otro hecho y en la mayoría de los casos se utiliza cuando no hay acciones concretas de las cuales acusar a quienes se persigue. Lógicamente, luego todo se cae en el debate oral al final del proceso.
 
La excusa, que encaja y aprovecha el contexto de debate por el manejo de los planes sociales, agita acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de esos beneficios y la asistencia a movilizaciones. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, repudió "el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales". Desde la provincia, abogados/as y referentes reclaman la intervención del Poder Judicial provincial, totalmente carente de independencia y adicto al radical Morales.
 
La Opinión Popular
 

 
PATEARON PUERTAS Y REVOLVIERON CASAS DE ONCE DIRIGENTES POPULARES Y CINCO COMEDORES EN UNA ONDA EXPANSIVA QUE EMPIEZA A REPETIRSE EN OTROS LUGARES
 
La cacería de la policía de Morales
 
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación llamó a detener la persecución política a organizaciones sociales y garantizar el Estado de Derecho. Hubo órdenes de allanamiento sin una denuncia pero impulsada por la fiscalía que responde al gobernador en el contexto de debate de los planes sociales y justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala.


El golpe contra las organizaciones también impactó en otros lugares del país: el martes se produjeron 23 allanamientos en sedes de la CCC, gran parte en Ciudad y en el Gran Buenos Aires.

Los allanamientos de Jujuy se produjeron en San Salvador de Jujuy, TilcaraPalpalá, Maimará, LozanoYala y Calilegua, en domicilios que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán.

 
Algunos de los procedimientos fueron violentos, la policía entró a los golpes y en casas donde no había nadie, incluso en la vivienda de una concejala de la Tupac Amaru, Fanny Martínez en Calilegua, sin contemplar los requisitos para alguien que tiene fueros (por ejemplo, deberían llamarlo/a a indagatoria con intervención de un juez/za de control).
 
En más de una lugar impidieron el ingreso de abogados y abogadas. La orden de los operativos incluyó al merendero Patito Feo y Centro Comunitario Chirolita, la Cooperativa de Trabajo Cristo Vive donde funciona un movimiento barrial, un comedor y merendero del Movimiento Evita, una sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos otra del FOL.
 
Jackie Salguero, de 36 años, se ocupa del Merendero Evita y del Comedor Manitos Unidas. Desde la semana pasada varios vecinos/as le advertían que había una camioneta rondando de manera insistente el domicilio. En la mañana del miércoles varios policías golpearon su puerta y le dijeron que era un allanamiento. Los recibió con su bebé en brazos, que sufre bronqueolitis, y empezaron a revolver su casa y lugar donde asisten chicos/as y gente del barrio. Querían computadoras, pendrives, celulares, cualquier dispositivo tecnológico con memoria, además de papeles de la organización, cooperativas y planes sociales.
 
"No tengo nada, soy una persona humilde, apenas un celular, que fue lo que finalmente se llevaron después de tratarme con prepotencia. Intenté filmar, tomar registro de algo de lo que pasaba pero no me dejaron", contó la mujer a Página/12. Casi a la vez, los niños y niñas que van a tomar clases de apoyo a la sede del FOL quedaron aterrorizados con el despliegue del operativo policial delante de ellos. Es un lugar donde van a comer unas 150 familias.
 
Alejandra Cejas, ex diputada y abogada de varios/as dirigentes, se encontró con que le querían prohibir la entrada a la casa de Jackie, a quien fue a ayudar. Recién después de insistir más de media hora se lo permitieron. "Otra vez usan la figura de asociación ilícita para perseguir. Acá en Jujuy se caldeó el ambiente después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Como en esta provincia no hay Estado de derecho ni justicia independiente las organizaciones están expuestas a estos ataques. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) --que inició esta ofensiva-- es un ente creado por Morales cuando asumió la gobernación, integrado por allegados a él del radicalismo", señaló Cejas en diálogo con la AM750.
 
"Hay un relato que repite Morales y es que las organizaciones obligan a la gente a marchar. Esto una cacería para sostener ese relato, aplicándoles la fuerza a los más humildes. El que más planes maneja aquí es el propio Gerardo Morales, 82.000 son, mientras las organizaciones con suerte llegarán a 25.000. Ahora hace campaña con ese relato que pone a las organizaciones como el enemigo, porque con Milagro Sala ya no le sirve hacer eso", le explicó Cejas a este diario.
 
Advirtió que denunciarán las irregularidades y que las organizaciones insistirán en el pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy, sobre lo cual hay proyectos en el Congreso, aunque poco avance.
 
 
La acusación
 
El fiscal Funes dice en su dictamen que un grupo "de personas a establecer, bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva, amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica (...) un grupo se encargaba de ofrecer los planes Potenciar Trabajo, Contingencia, etc, otros se encargaban de controlar la asistencia y marchas y protestas organizadas por diferentes organizaciones sociales, otros de cobrar el dinero y recaudar mensualmente la renta (...) otros ejercían directamente intimidaciones". Las defensas se presentarán este jueves para "ponerse a derecho".
 
Funes está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2. Es el segundo debajo de Sergio Lello Sánchez, jefe del MPA, es decir de todos los fiscales, y alguien del riñón de Morales. Además de caratular la causa que impulsó por oficio --es decir, por su cuenta, sin una denuncia concreta-- le agregó extorsión. Lello Sánchez, además de ser arquitecto de la persecución a Milagro Sala, tiene denuncias graves por violencia laboral y de género.
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también alertó sobre este ataque a las organizaciones e informó que varias de las personas allanadas son las que "hacen las tareas administrativas de los planes sociales" de la Tupac, el FOL, Nuestra América y el Movimiento Evita.
 
"Como ocurre en CABA, la fiscalía alineada con el poder político usa la figura de la asociación ilícita para profundizar la criminalización de las organizaciones sociales locales. Los mensajes que estigmatizan a los movimientos sociales no son inocuos, habilitan escaladas en la persecución política", tuitearon desde el organismo de derechos humanos.
 
A José David Surita, responsable provincial del movimiento Evita Jujuy, le allanaron su casa en Maimará mientras él estaba en San Salvador, trabajando. "Un vecino me avisó que entró la policía con una fiscal, se llevaron teléfonos Nokia viejos y pendrives. En 2017 vivimos algo similar, después de la apertura de sesiones cuando expresamos nuestro descontento: represión con infantería, caballería y a los diez días las órdenes de allanamientos. A un delegado de ATE hasta le pusieron la escopeta en la cabeza .La violencia institucional que ejerce el gobierno contra los que no estamos de acuerdos con sus políticas es típica de la dictadura. Esperamos ahora alguna señal del gobierno nacional y los legisladores", le dijo a este diario.
 
"A las siete de la mañana allanaron mi casa en Coronel Arias, se llevaron mi celular, mi computadora. Como vivo con mi hermano se llevaron todo lo de mi hermano, que es ingeniero, también. Primero me asusté, pensé que venían a avisarme algo malo de mi familia. Fueron a mi habitación con un testigo y dieron vuelta todo", relata con furia Gonzalo Maurín, de Nuestra América y presidente de la Cooperativa Construyendo Esperanza. Estamos hartos de esta persecución desde hace siete años. 
 
"Nos tratan de planeros que le sacamos plata a la gente. Somos laburantes, trabajadores de la economía popular. Nos organizamos para tener el laburo que no nos dan. Nos allanan a nosotros y al hijo de Morales, por ejemplo, que recibe miles de millones por la plantación de marihuana nadie lo controla. La justicia de Jujuy carece de autonomía, está a la vista", se lamenta Maurín.
 
 
Más repudios
 
"Lo sucedido es otra muestra más del carácter represivo y autoritario del gobernador Morales que ordenó estos allanamientos simultáneos y sucesivos a todas las organizaciones sociales de Jujuy, excepto a las que responden a él", sostuvo Luis Paz, otro de los abogados de las organizaciones y sus militantes. Igual que Cejas, subrayó el enorme caudal de planes que maneja la gobernación.
 
Ambos son parte del equipo de la defensa de Sala, y la primera reacción de la "(in)justicia" de Morales de la que fueron testigos la semana pasada tras la visita del Presidente a la líder de la Tupac, fue el envío de la notificación de que deberá cumplir una pena hasta el 21 de junio de 2024 por una causa insólita conocida como "la de las bombachas". 
 
Una agente penitenciaria se metió intempestivamente en la habitación de terapia intermedia donde estaba Sala para que firmara el aviso, pese a que la noche anterior ya la había recibido su hija en su casa y, pero, la propia defensa la había recibido la semana anterior. El equipo de abogados/as, además, ya había apelado porque considera que está cumplida esa pena.
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señaló, tras recibir denuncias sobre los hechos, que "es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia".
 
Vinculó los procedimientos masivos con la visita presidencial, de la que también participó Pietragalla, y exhortó "a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia".
 
 
Conferencia de Prensa
 
La UTEP convocó a una conferencia de prensa para el jueves a las 11 en el Salón Blanco del Congreso Nacional bajo la consigna Basta de persecución y estigmatización a los movimientos populares. El martes hicieron 23 allanamientos a la CCC en distintos lugares del país, explicaron, muchos en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La jueza federal Alicia Vence de San Martín ordenó los procedimientos:
 
"¡Todo por una denuncia de manejo de planes en el año 2017! Allanaron comedores y merenderos populares de los barrios más humildes", indicaron. También en Jujuy habrá movilizaciones. Las organizaciones convocaron a una concentración a las 9 en la Plaza de los Inmigrantes con el reclamo de Basta de Persecución política, dirigido directo a Morales.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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01-04-2026 / 14:04
La Argentina de Javier Milei ha ingresado en una fase peligrosa: la de la construcción de una realidad paralela. Mientras las persianas de las pymes se bajan definitivamente, los comedores populares se desbordan y el consumo de leche cae a niveles históricos, el Gobierno nacional ha decidido que la mejor manera de combatir la pobreza no es con políticas públicas, sino con un lápiz y una goma de borrar en las oficinas del INDEC.


El reciente anuncio que sitúa la pobreza en un 28,2% para el segundo semestre de 2025 no es solo una provocación; es un insulto a la inteligencia de un pueblo que sobrevive en el ajuste más brutal de la historia argentina moderna. Estamos ante el "milagro estadístico" de un gobierno que pretende hacernos creer que, en medio de una recesión galopante y salarios de miseria, la pobreza ha retrocedido por arte de magia.



Javier Milei ha decidido abrazar el dogma por encima de la vida. Su gestión se ha convertido en una maquinaria de propaganda que utiliza la macroeconomía financiera para ocultar la microeconomía de la heladera vacía. Festejar un 28,2% de pobreza en un contexto de desguace del Estado, entrega de la soberanía y destrucción del mercado interno no es solo cinismo; es una declaración de guerra contra la realidad.



El Gobierno podrá seguir "dibujando" números y publicando gráficos en redes sociales, pero la calle tiene su propia estadística. Y en esa estadística, la que se mide en el boleto de colectivo, en el alquiler impagable y en el plato de comida que falta, el modelo de Milei solo ha demostrado ser un éxito en una sola cosa: en producir una miseria estructural que ningún comunicado oficial podrá ocultar por mucho tiempo. El despertar de este sueño estadístico será, lamentablemente, una pesadilla social de la que nos costará años recuperarnos.


De la redacción de La Opinión Popular

31-03-2026 / 16:03
29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
27-03-2026 / 19:03
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