19:12 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-07-2022 / 09:07

EN JUJUY USAN LA ARBITRARIA FIGURA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los policías del radical Morales patearon puertas y revolvieron las casas de dirigentes populares

Tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, el gobierno del radical Gerardo Morales desató en represalia una nueva ofensiva contra los movimientos sociales de Jujuy. En la madrugada de ayer, en una investigación inventada de oficio por un fiscal muy ligado al gobernador, la policía allanó violentamente las casas de once dirigentes y cinco comedores, merenderos y sedes de diferentes organizaciones.

Tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, el gobierno del radical Gerardo Morales desató en represalia una nueva ofensiva contra los movimientos sociales de Jujuy. En la madrugada de ayer, en una investigación inventada de oficio por un fiscal muy ligado al gobernador, la policía allanó violentamente las casas de once dirigentes y cinco comedores, merenderos y sedes de diferentes organizaciones.

En la madrugada, la policía del autoritario Morales comenzó a patear puertas y revolver las casas de por lo menos once dirigentes sociales Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto a Milagro Sala.

"Asociación ilícita", es la absurda imputación para todo el mundo. Esa figura legal, que fue creada a inicios del siglo XX para perseguir a las organizaciones de trabajadores, es completamente arbitraria y se usa para criminalizar la protesta social. La norma permite mantener presas a las personas a las que no se les puede probar otro hecho y en la mayoría de los casos se utiliza cuando no hay acciones concretas de las cuales acusar a quienes se persigue. Lógicamente, luego todo se cae en el debate oral al final del proceso.

La excusa, que encaja y aprovecha el contexto de debate por el manejo de los planes sociales, agita acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de esos beneficios y la asistencia a movilizaciones. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, repudió "el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales". Desde la provincia, abogados/as y referentes reclaman la intervención del Poder Judicial provincial, totalmente carente de independencia y adicto al radical Morales.

La Opinión Popular

PATEARON PUERTAS Y REVOLVIERON CASAS DE ONCE DIRIGENTES POPULARES Y CINCO COMEDORES EN UNA ONDA EXPANSIVA QUE EMPIEZA A REPETIRSE EN OTROS LUGARES

La cacería de la policía de Morales

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación llamó a detener la persecución política a organizaciones sociales y garantizar el Estado de Derecho. Hubo órdenes de allanamiento sin una denuncia pero impulsada por la fiscalía que responde al gobernador en el contexto de debate de los planes sociales y justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala.

El golpe contra las organizaciones también impactó en otros lugares del país: el martes se produjeron 23 allanamientos en sedes de la CCC, gran parte en Ciudad y en el Gran Buenos Aires.

Los allanamientos de Jujuy se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua, en domicilios que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán.

Algunos de los procedimientos fueron violentos, la policía entró a los golpes y en casas donde no había nadie, incluso en la vivienda de una concejala de la Tupac Amaru, Fanny Martínez en Calilegua, sin contemplar los requisitos para alguien que tiene fueros (por ejemplo, deberían llamarlo/a a indagatoria con intervención de un juez/za de control).

En más de una lugar impidieron el ingreso de abogados y abogadas. La orden de los operativos incluyó al merendero Patito Feo y Centro Comunitario Chirolita, la Cooperativa de Trabajo Cristo Vive donde funciona un movimiento barrial, un comedor y merendero del Movimiento Evita, una sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos otra del FOL.

Jackie Salguero, de 36 años, se ocupa del Merendero Evita y del Comedor Manitos Unidas. Desde la semana pasada varios vecinos/as le advertían que había una camioneta rondando de manera insistente el domicilio. En la mañana del miércoles varios policías golpearon su puerta y le dijeron que era un allanamiento. Los recibió con su bebé en brazos, que sufre bronqueolitis, y empezaron a revolver su casa y lugar donde asisten chicos/as y gente del barrio. Querían computadoras, pendrives, celulares, cualquier dispositivo tecnológico con memoria, además de papeles de la organización, cooperativas y planes sociales.

"No tengo nada, soy una persona humilde, apenas un celular, que fue lo que finalmente se llevaron después de tratarme con prepotencia. Intenté filmar, tomar registro de algo de lo que pasaba pero no me dejaron", contó la mujer a Página/12. Casi a la vez, los niños y niñas que van a tomar clases de apoyo a la sede del FOL quedaron aterrorizados con el despliegue del operativo policial delante de ellos. Es un lugar donde van a comer unas 150 familias.

Alejandra Cejas, ex diputada y abogada de varios/as dirigentes, se encontró con que le querían prohibir la entrada a la casa de Jackie, a quien fue a ayudar. Recién después de insistir más de media hora se lo permitieron. "Otra vez usan la figura de asociación ilícita para perseguir. Acá en Jujuy se caldeó el ambiente después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Como en esta provincia no hay Estado de derecho ni justicia independiente las organizaciones están expuestas a estos ataques. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) --que inició esta ofensiva-- es un ente creado por Morales cuando asumió la gobernación, integrado por allegados a él del radicalismo", señaló Cejas en diálogo con la AM750.

"Hay un relato que repite Morales y es que las organizaciones obligan a la gente a marchar. Esto una cacería para sostener ese relato, aplicándoles la fuerza a los más humildes. El que más planes maneja aquí es el propio Gerardo Morales, 82.000 son, mientras las organizaciones con suerte llegarán a 25.000. Ahora hace campaña con ese relato que pone a las organizaciones como el enemigo, porque con Milagro Sala ya no le sirve hacer eso", le explicó Cejas a este diario.

Advirtió que denunciarán las irregularidades y que las organizaciones insistirán en el pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy, sobre lo cual hay proyectos en el Congreso, aunque poco avance.

La acusación

El fiscal Funes dice en su dictamen que un grupo "de personas a establecer, bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva, amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica (...) un grupo se encargaba de ofrecer los planes Potenciar Trabajo, Contingencia, etc, otros se encargaban de controlar la asistencia y marchas y protestas organizadas por diferentes organizaciones sociales, otros de cobrar el dinero y recaudar mensualmente la renta (...) otros ejercían directamente intimidaciones". Las defensas se presentarán este jueves para "ponerse a derecho".

Funes está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2. Es el segundo debajo de Sergio Lello Sánchez, jefe del MPA, es decir de todos los fiscales, y alguien del riñón de Morales. Además de caratular la causa que impulsó por oficio --es decir, por su cuenta, sin una denuncia concreta-- le agregó extorsión. Lello Sánchez, además de ser arquitecto de la persecución a Milagro Sala, tiene denuncias graves por violencia laboral y de género.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también alertó sobre este ataque a las organizaciones e informó que varias de las personas allanadas son las que "hacen las tareas administrativas de los planes sociales" de la Tupac, el FOL, Nuestra América y el Movimiento Evita.

"Como ocurre en CABA, la fiscalía alineada con el poder político usa la figura de la asociación ilícita para profundizar la criminalización de las organizaciones sociales locales. Los mensajes que estigmatizan a los movimientos sociales no son inocuos, habilitan escaladas en la persecución política", tuitearon desde el organismo de derechos humanos.

A José David Surita, responsable provincial del movimiento Evita Jujuy, le allanaron su casa en Maimará mientras él estaba en San Salvador, trabajando. "Un vecino me avisó que entró la policía con una fiscal, se llevaron teléfonos Nokia viejos y pendrives. En 2017 vivimos algo similar, después de la apertura de sesiones cuando expresamos nuestro descontento: represión con infantería, caballería y a los diez días las órdenes de allanamientos. A un delegado de ATE hasta le pusieron la escopeta en la cabeza .La violencia institucional que ejerce el gobierno contra los que no estamos de acuerdos con sus políticas es típica de la dictadura. Esperamos ahora alguna señal del gobierno nacional y los legisladores", le dijo a este diario.

"A las siete de la mañana allanaron mi casa en Coronel Arias, se llevaron mi celular, mi computadora. Como vivo con mi hermano se llevaron todo lo de mi hermano, que es ingeniero, también. Primero me asusté, pensé que venían a avisarme algo malo de mi familia. Fueron a mi habitación con un testigo y dieron vuelta todo", relata con furia Gonzalo Maurín, de Nuestra América y presidente de la Cooperativa Construyendo Esperanza. Estamos hartos de esta persecución desde hace siete años.

"Nos tratan de planeros que le sacamos plata a la gente. Somos laburantes, trabajadores de la economía popular. Nos organizamos para tener el laburo que no nos dan. Nos allanan a nosotros y al hijo de Morales, por ejemplo, que recibe miles de millones por la plantación de marihuana nadie lo controla. La justicia de Jujuy carece de autonomía, está a la vista", se lamenta Maurín.

Más repudios

"Lo sucedido es otra muestra más del carácter represivo y autoritario del gobernador Morales que ordenó estos allanamientos simultáneos y sucesivos a todas las organizaciones sociales de Jujuy, excepto a las que responden a él", sostuvo Luis Paz, otro de los abogados de las organizaciones y sus militantes. Igual que Cejas, subrayó el enorme caudal de planes que maneja la gobernación.

Ambos son parte del equipo de la defensa de Sala, y la primera reacción de la "(in)justicia" de Morales de la que fueron testigos la semana pasada tras la visita del Presidente a la líder de la Tupac, fue el envío de la notificación de que deberá cumplir una pena hasta el 21 de junio de 2024 por una causa insólita conocida como "la de las bombachas".

Una agente penitenciaria se metió intempestivamente en la habitación de terapia intermedia donde estaba Sala para que firmara el aviso, pese a que la noche anterior ya la había recibido su hija en su casa y, pero, la propia defensa la había recibido la semana anterior. El equipo de abogados/as, además, ya había apelado porque considera que está cumplida esa pena.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señaló, tras recibir denuncias sobre los hechos, que "es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia".

Vinculó los procedimientos masivos con la visita presidencial, de la que también participó Pietragalla, y exhortó "a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia".

Conferencia de Prensa

La UTEP convocó a una conferencia de prensa para el jueves a las 11 en el Salón Blanco del Congreso Nacional bajo la consigna Basta de persecución y estigmatización a los movimientos populares. El martes hicieron 23 allanamientos a la CCC en distintos lugares del país, explicaron, muchos en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La jueza federal Alicia Vence de San Martín ordenó los procedimientos:

"¡Todo por una denuncia de manejo de planes en el año 2017! Allanaron comedores y merenderos populares de los barrios más humildes", indicaron. También en Jujuy habrá movilizaciones. Las organizaciones convocaron a una concentración a las 9 en la Plaza de los Inmigrantes con el reclamo de Basta de Persecución política, dirigido directo a Morales.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular