13:05 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 07-07-2022 / 09:07

EN JUJUY USAN LA ARBITRARIA FIGURA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los policías del radical Morales patearon puertas y revolvieron las casas de dirigentes populares

Tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, el gobierno del radical Gerardo Morales desató en represalia una nueva ofensiva contra los movimientos sociales de Jujuy. En la madrugada de ayer, en una investigación inventada de oficio por un fiscal muy ligado al gobernador, la policía allanó violentamente las casas de once dirigentes y cinco comedores, merenderos y sedes de diferentes organizaciones.

Tras la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, el gobierno del radical Gerardo Morales desató en represalia una nueva ofensiva contra los movimientos sociales de Jujuy. En la madrugada de ayer, en una investigación inventada de oficio por un fiscal muy ligado al gobernador, la policía allanó violentamente las casas de once dirigentes y cinco comedores, merenderos y sedes de diferentes organizaciones.

En la madrugada, la policía del autoritario Morales comenzó a patear puertas y revolver las casas de por lo menos once dirigentes sociales Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto a Milagro Sala.

"Asociación ilícita", es la absurda imputación para todo el mundo. Esa figura legal, que fue creada a inicios del siglo XX para perseguir a las organizaciones de trabajadores, es completamente arbitraria y se usa para criminalizar la protesta social. La norma permite mantener presas a las personas a las que no se les puede probar otro hecho y en la mayoría de los casos se utiliza cuando no hay acciones concretas de las cuales acusar a quienes se persigue. Lógicamente, luego todo se cae en el debate oral al final del proceso.

La excusa, que encaja y aprovecha el contexto de debate por el manejo de los planes sociales, agita acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de esos beneficios y la asistencia a movilizaciones. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, repudió "el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales". Desde la provincia, abogados/as y referentes reclaman la intervención del Poder Judicial provincial, totalmente carente de independencia y adicto al radical Morales.

La Opinión Popular

PATEARON PUERTAS Y REVOLVIERON CASAS DE ONCE DIRIGENTES POPULARES Y CINCO COMEDORES EN UNA ONDA EXPANSIVA QUE EMPIEZA A REPETIRSE EN OTROS LUGARES

La cacería de la policía de Morales

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación llamó a detener la persecución política a organizaciones sociales y garantizar el Estado de Derecho. Hubo órdenes de allanamiento sin una denuncia pero impulsada por la fiscalía que responde al gobernador en el contexto de debate de los planes sociales y justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala.

El golpe contra las organizaciones también impactó en otros lugares del país: el martes se produjeron 23 allanamientos en sedes de la CCC, gran parte en Ciudad y en el Gran Buenos Aires.

Los allanamientos de Jujuy se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua, en domicilios que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán.

Algunos de los procedimientos fueron violentos, la policía entró a los golpes y en casas donde no había nadie, incluso en la vivienda de una concejala de la Tupac Amaru, Fanny Martínez en Calilegua, sin contemplar los requisitos para alguien que tiene fueros (por ejemplo, deberían llamarlo/a a indagatoria con intervención de un juez/za de control).

En más de una lugar impidieron el ingreso de abogados y abogadas. La orden de los operativos incluyó al merendero Patito Feo y Centro Comunitario Chirolita, la Cooperativa de Trabajo Cristo Vive donde funciona un movimiento barrial, un comedor y merendero del Movimiento Evita, una sede del Movimiento de Trabajadores Excluidos otra del FOL.

Jackie Salguero, de 36 años, se ocupa del Merendero Evita y del Comedor Manitos Unidas. Desde la semana pasada varios vecinos/as le advertían que había una camioneta rondando de manera insistente el domicilio. En la mañana del miércoles varios policías golpearon su puerta y le dijeron que era un allanamiento. Los recibió con su bebé en brazos, que sufre bronqueolitis, y empezaron a revolver su casa y lugar donde asisten chicos/as y gente del barrio. Querían computadoras, pendrives, celulares, cualquier dispositivo tecnológico con memoria, además de papeles de la organización, cooperativas y planes sociales.

"No tengo nada, soy una persona humilde, apenas un celular, que fue lo que finalmente se llevaron después de tratarme con prepotencia. Intenté filmar, tomar registro de algo de lo que pasaba pero no me dejaron", contó la mujer a Página/12. Casi a la vez, los niños y niñas que van a tomar clases de apoyo a la sede del FOL quedaron aterrorizados con el despliegue del operativo policial delante de ellos. Es un lugar donde van a comer unas 150 familias.

Alejandra Cejas, ex diputada y abogada de varios/as dirigentes, se encontró con que le querían prohibir la entrada a la casa de Jackie, a quien fue a ayudar. Recién después de insistir más de media hora se lo permitieron. "Otra vez usan la figura de asociación ilícita para perseguir. Acá en Jujuy se caldeó el ambiente después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Como en esta provincia no hay Estado de derecho ni justicia independiente las organizaciones están expuestas a estos ataques. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) --que inició esta ofensiva-- es un ente creado por Morales cuando asumió la gobernación, integrado por allegados a él del radicalismo", señaló Cejas en diálogo con la AM750.

"Hay un relato que repite Morales y es que las organizaciones obligan a la gente a marchar. Esto una cacería para sostener ese relato, aplicándoles la fuerza a los más humildes. El que más planes maneja aquí es el propio Gerardo Morales, 82.000 son, mientras las organizaciones con suerte llegarán a 25.000. Ahora hace campaña con ese relato que pone a las organizaciones como el enemigo, porque con Milagro Sala ya no le sirve hacer eso", le explicó Cejas a este diario.

Advirtió que denunciarán las irregularidades y que las organizaciones insistirán en el pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy, sobre lo cual hay proyectos en el Congreso, aunque poco avance.

La acusación

El fiscal Funes dice en su dictamen que un grupo "de personas a establecer, bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva, amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica (...) un grupo se encargaba de ofrecer los planes Potenciar Trabajo, Contingencia, etc, otros se encargaban de controlar la asistencia y marchas y protestas organizadas por diferentes organizaciones sociales, otros de cobrar el dinero y recaudar mensualmente la renta (...) otros ejercían directamente intimidaciones". Las defensas se presentarán este jueves para "ponerse a derecho".

Funes está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2. Es el segundo debajo de Sergio Lello Sánchez, jefe del MPA, es decir de todos los fiscales, y alguien del riñón de Morales. Además de caratular la causa que impulsó por oficio --es decir, por su cuenta, sin una denuncia concreta-- le agregó extorsión. Lello Sánchez, además de ser arquitecto de la persecución a Milagro Sala, tiene denuncias graves por violencia laboral y de género.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también alertó sobre este ataque a las organizaciones e informó que varias de las personas allanadas son las que "hacen las tareas administrativas de los planes sociales" de la Tupac, el FOL, Nuestra América y el Movimiento Evita.

"Como ocurre en CABA, la fiscalía alineada con el poder político usa la figura de la asociación ilícita para profundizar la criminalización de las organizaciones sociales locales. Los mensajes que estigmatizan a los movimientos sociales no son inocuos, habilitan escaladas en la persecución política", tuitearon desde el organismo de derechos humanos.

A José David Surita, responsable provincial del movimiento Evita Jujuy, le allanaron su casa en Maimará mientras él estaba en San Salvador, trabajando. "Un vecino me avisó que entró la policía con una fiscal, se llevaron teléfonos Nokia viejos y pendrives. En 2017 vivimos algo similar, después de la apertura de sesiones cuando expresamos nuestro descontento: represión con infantería, caballería y a los diez días las órdenes de allanamientos. A un delegado de ATE hasta le pusieron la escopeta en la cabeza .La violencia institucional que ejerce el gobierno contra los que no estamos de acuerdos con sus políticas es típica de la dictadura. Esperamos ahora alguna señal del gobierno nacional y los legisladores", le dijo a este diario.

"A las siete de la mañana allanaron mi casa en Coronel Arias, se llevaron mi celular, mi computadora. Como vivo con mi hermano se llevaron todo lo de mi hermano, que es ingeniero, también. Primero me asusté, pensé que venían a avisarme algo malo de mi familia. Fueron a mi habitación con un testigo y dieron vuelta todo", relata con furia Gonzalo Maurín, de Nuestra América y presidente de la Cooperativa Construyendo Esperanza. Estamos hartos de esta persecución desde hace siete años.

"Nos tratan de planeros que le sacamos plata a la gente. Somos laburantes, trabajadores de la economía popular. Nos organizamos para tener el laburo que no nos dan. Nos allanan a nosotros y al hijo de Morales, por ejemplo, que recibe miles de millones por la plantación de marihuana nadie lo controla. La justicia de Jujuy carece de autonomía, está a la vista", se lamenta Maurín.

Más repudios

"Lo sucedido es otra muestra más del carácter represivo y autoritario del gobernador Morales que ordenó estos allanamientos simultáneos y sucesivos a todas las organizaciones sociales de Jujuy, excepto a las que responden a él", sostuvo Luis Paz, otro de los abogados de las organizaciones y sus militantes. Igual que Cejas, subrayó el enorme caudal de planes que maneja la gobernación.

Ambos son parte del equipo de la defensa de Sala, y la primera reacción de la "(in)justicia" de Morales de la que fueron testigos la semana pasada tras la visita del Presidente a la líder de la Tupac, fue el envío de la notificación de que deberá cumplir una pena hasta el 21 de junio de 2024 por una causa insólita conocida como "la de las bombachas".

Una agente penitenciaria se metió intempestivamente en la habitación de terapia intermedia donde estaba Sala para que firmara el aviso, pese a que la noche anterior ya la había recibido su hija en su casa y, pero, la propia defensa la había recibido la semana anterior. El equipo de abogados/as, además, ya había apelado porque considera que está cumplida esa pena.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señaló, tras recibir denuncias sobre los hechos, que "es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia".

Vinculó los procedimientos masivos con la visita presidencial, de la que también participó Pietragalla, y exhortó "a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia".

Conferencia de Prensa

La UTEP convocó a una conferencia de prensa para el jueves a las 11 en el Salón Blanco del Congreso Nacional bajo la consigna Basta de persecución y estigmatización a los movimientos populares. El martes hicieron 23 allanamientos a la CCC en distintos lugares del país, explicaron, muchos en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La jueza federal Alicia Vence de San Martín ordenó los procedimientos:

"¡Todo por una denuncia de manejo de planes en el año 2017! Allanaron comedores y merenderos populares de los barrios más humildes", indicaron. También en Jujuy habrá movilizaciones. Las organizaciones convocaron a una concentración a las 9 en la Plaza de los Inmigrantes con el reclamo de Basta de Persecución política, dirigido directo a Morales.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.