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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 05-07-2022 / 16:07

RENUNCIA DEL EXMINISTRO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN

Néstor Loggio: Martín Guzmán había cumplido su ciclo

El presidente de la comisión de Producción de la Cámara de Diputados de la provincia, Néstor Loggio (Frente de Todos), afirmó que el ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, había cumplido su ciclo en el Gobierno.

"Había logrado poner en marcha la economía con los lineamientos generales de la política económica que había impulsado, pero el crecimiento económico que estamos teniendo, que fue importante el año pasado y es muy notable este año, no está siendo acompañado por una distribución", señaló el legislador.

"Durante el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores redujeron su participación en el PBI. Pasaron del 51 % en 2015 al 42 % en 2019", destacó Loggio. Esta situación "no se pudo recuperar. Es decir: la política de Guzmán no permitió recuperar los ingresos de los trabajadores. O sea que la riqueza que estamos construyendo los argentinos se está yendo a manos del capital concentrado", razonó en diálogo con Diario Junio.

"Esto generó una puja política dentro del gobierno nacional que desgastó claramente la figura del ex Ministro. No cabía esperar otra cosa que dé un paso al costado para que el gobierno se reacomode y el Presidente redefina una estrategia económica, con actores o actrices que ejecuten una política económica que contemple el crecimiento pero también la distribución; que permita a la economía seguir creciendo, seguir generando empleo pero que los salarios le ganen a la inflación y que los sectores más desfavorecidos, que son los trabajadores informales y los jubilados, no sean las variables de ajuste", señaló.

Por otra parte, el legislador destacó que la designada ministra de Economía Silvina Batakis "es una mujer de enorme solvencia técnica y tiene mucha experiencia en el terreno político".

"Durante casi tres años estuvo junto a Wado de Pedro en el ministerio del Interior, en el área de relaciones con las provincias. Además fue ministro de Economía de la principal provincia de la Argentina (Buenos Aires). Es decir, es una mujer probada en la gestión", resumió.

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.