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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-06-2022 / 10:06
ALBERTO FERNÁNDEZ LA VISITÓ Y PIDIÓ QUE EL PODER JUDICIAL REVEA SU INJUSTA DETENCIÓN

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice
El presidente visitó a la dirigente de la Tupac Amaru, internada en terapia por un cuadro de "trombosis venosa profunda". Fernández aseguró que la detención de Milagro, que ya lleva siete años, es un claro caso de "persecución e invento de causas".
Milagro Sala lleva 2357 días de presa política. No tiene ninguna condena firme. Tiene, sí, 13 causas judiciales vigentes, armadas desde las usinas del gobernador Gerardo Morales que en las últimas horas hizo explícito su deseo de que la dirigenta vuelva a una cárcel común.
 
La Corte Suprema demora hace más de 2 años la definición sobre uno de estos casos mientras que la única vez que intervino confirmó una condena ya vencida y excarcelable. Fue un claro mensaje al presidente Alberto Fernández a principios de 2021, cuando al igual que ahora le reclamó al máximo tribunal que intervenga en la persecución a Milagro Sala. Los jueces que se reunían en Olivos con Mauricio Macri también fueron parte de este armado.
 
El caso de Milagro revela que el Poder Judicial es lento cuando quiere. En los casi 6 años y medio que lleva de presa política ya pasó por 6 juicios orales y tiene otras 7 causas elevadas a juicio pero aún no tienen fecha de inicio. Otras 4, que elevan a 17 los expedientes en su contra, ya se cerraron. El caso Correo de la familia Macri, denunciado en su momento por el mismo Morales, lleva más de 20 años sin resolverse.
 
La persecución a Milagro tiene su explicación inmediata en Morales y su contexto de laboratorio del lawfare en el que transformaron a Jujuy durante el gobierno de Macri. La dirigenta de la Tupac Amaru fue encarcelada cuando la gestión de Cambiemos llevaba apenas un mes en el gobierno nacional.
 
Pasó por cárcel común, por prisión domiciliaria bajo custodia constante (algo que no tienen ni los genocidas bajo el mismo régimen) y ahora incluso tiene marca personal armada cuando está internada por las consecuencias de su cautiverio. En 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una orden de protección a favor de Milagro. Parece papel picado.
 
En este contexto la visitó el presidente, que dijo que "se ha instaurado en torno a Milagro Sala un sistema de clara persecución", que en Jujuy se violan los derechos humanos (frase que debería implicar una intervención efectiva en la provincia) y reclamó a la Corte Suprema que resuelva uno de los expedientes que tiene en su poder hace más de 2 años. Esa es la "justicia" del macrismo.
 

 
 
No es la primera vez que Alberto apunta al máximo tribunal por la persecución a Milagro Sala. En febrero de 2021 dijo: "Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia".
 
También que la Corte "debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención". La Corte le contestó enseguida: confirmó una condena contra Milagro por el caso de las bombachas, donde el testigo en su contra era un comisario que alegaba un llamado amenazante y cuyo abogado era uno de los hijos de Gerardo Morales. Fue un claro mensaje directo del Palacio de Tribunales a la Casa Rosada. El fallo no tenía ningún efecto real, ya que confirmaba una condena a 2 años cuando Milagro llevaba más de 5 años de presa política, más del doble de esta condena. ¿Qué contestará ahora la Corte?
 
 
¿De qué se trata cada una de las 13 causas contra Milagro Sala?
 
1. Huevazos
  
Una sola de esas causas tramitó en el fuero federal. Milagro fue acusada por un escrache contra el entonces senador Morales en el 2009. El 29 de diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal N 1 Jujuy la condenó a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado. El daño agravado fue la rotura de 7 vidrios. Los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz basaron su fallo en el testimonio de René Cochinillo Arellano. Obviaron que era empleado de Morales y que en los meses previos al juicio recibió al menos un millón de pesos.
 
Milagro apeló y el caso llegó hasta la Cámara de Casación. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dijo que los testimonios de Arellano y Cristina Chauque eran falsos y remitió una denuncia a la justicia de Jujuy. Pero nada importó. Los camaristas Mariano Borinky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani confirmaron el fallo y algo más: dieron vuelta el sobreseimiento de Milagro por el delito de amenazas y le pidieron al tribunal jujeño que dictara una nueva sentencia. Por esos días Borinsky y Hornos se reunían con Macri en Olivos y la Casa Rosada. Nada casual.
 
 
2 y 3. Causa conocida como "El Acampe"
  
Los hechos que se le adjudican a Milagro en esta causa fueron doblemente investigados. Por un lado, se abrió un expediente en sede contravencional que tramitó ante el juzgado de Control Nº 3. A la par, se inició una investigación en sede penal, que fue la que motivó la detención de la líder de la Tupac Amaru. ¿La razón? Un acampe en plaza Belgrano frente a la gobernación apenas asumieron Macri la presidencia y Gerardo Morales la gobernación de Jujuy.
 
 
La causa penal
  
El 14 de diciembre de 2015, apenas asumieron Macri en la presidencia y Morales en la gobernación, las organizaciones sociales iniciaron en Jujuy un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas. Morales respondió a través de los medios que no discutía nada con "mafiosos". El 15 de diciembre, Milagro y otros integrantes de la Tupac fueron denunciados penalmente por el fiscal de Estado Mariano Miranda por instigación a cometer delito y sedición. El fiscal Darío Osinaga Gallagher instruyó actuaciones pero no los imputó al considerar que no había delito.
 
Menos de un mes después, el día 12 de enero de 2016, el gobernador les hizo llegar un ultimátum a las organizaciones que continuaban acampando en la plaza Belgrano. Formalizó por decreto la aplicación de los nuevos programas de regularización de cooperativas y tomó medidas en contra de los manifestantes. También apuntó contra la personería jurídica de las organizaciones que continuaban acampando. En una avanzada en distintos planos, denunció penalmente al fiscal Osinaga. Morales arremetió contra Milagro Sala: en la causa, el gobierno local sostuvo que la dirigente desafiaba el orden democrático y al Estado de derecho. Impulsó el desalojo de la protesta.
 
El 16 de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro. Inmediatamente después presentó un pedido de licencia. La administración radical montó un gran operativo e hizo un show con la detención de la referente de la Tupac. El ministro de seguridad Ekel Meyer fue parte del procedimiento. Desde aquella detención, Sala se encuentra privada de su libertad. Para eso, el gobierno de Morales impulsó decenas de denuncia.
 
En lo que respecta a esta causa, fue elevada a juicio el 15 mayo de 2019. Transcurrido más de dos años, espera fecha de inicio de juicio. ¿Por qué no prospera el juicio? Porque allí puede quedar al descubierto el armado que hizo Morales.
 
 
La causa contravencional
  
El 29 de diciembre de 2016, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo condenó a Milagro Sala y a la Túpac Amaru, sancionó a la persona jurídica de la Organización Barrial Túpac Amaru a pagar una multa y dispuso la clausura de la sede por tres meses. También condenó a Milagro Sala a pagar una pena económica y a una inhabilitación especial para formar parte de sociedades jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por tres años y tres meses. Con esa decisión se buscó proscribir a la dirigente social durante el mandato de Morales. Fue tal el direccionamiento que la única condenada del juicio fue Milagro Sala y la única organización la Túpac Amaru a pesar de que hubo más de 20 organizaciones sociales que participaron del acampe.
 
Ustarez Carrillo fue designado juez contravencional administrativo en enero de 2016 por Morales y comienza la investigación del acampe. Cuando hace la citación a juicio cita como primer antecedente el primer día del acampe que es del 14 de diciembre de 2015. Esos 15 días que usa como pruebas contra Milagro y la Tupac es uno de los antecedentes de la nulidad de la causa que planteó la defensa porque el juez trae como pruebas hechos sobre los que no tenía jurisdicción. Tenía competencia a partir del momento en que asume en el expediente.
 
El 6 de enero de 2017, el juez de Control -instancia revisora- Isidoro Arzud Cruz declaró la nulidad del juicio contravencional al entender que Milagro Sala fue juzgada por un código que entró en vigencia después del comienzo del acampe, el 1 de enero de 2016. Esto provocó una serie de recursos por parte del Ministerio de Seguridad jujeño, que era el acusador.
 
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (la Corte provincial) hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad del gobierno de Morales y reenvió el caso al Juez de Garantías, quien emitió una nueva nulidad de la sentencia contravencional, es decir, le da la razón a Cruz. En la actualidad, el caso volvió a la Corte local por un nuevo planteo del gobierno de Morales contra esta decisión de anular la causa.
 
 
4. Causa conocida como "Las bombachas".
  
Los hechos de la causa conocida como "las bombachas" ocurrieron en octubre 2014. En este caso, Milagro fue absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Jujuy en diciembre del 2017. Durante el debate, ni los denunciantes ni los testigos pudieron probar la veracidad de la acusación. ¿De qué se acusó a Milagro en este expediente? De amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento en el cual estaba involucrada injustamente la hija de una compañera suya, quien había sido víctima de un robo. Las pruebas sobre las que se apoyó el expediente fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados.
 
El Ministerio Publico Fiscal provincial recurrió la sentencia de primera instancia. La Cámara de Casación Penal local revocó esa sentencia y condenó a Milagro a 3 años y 2 meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples, en concurso real por 2 hechos. La Defensa de Milagro presentó un recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que hizo lugar parcialmente al planteo. ¿Qué resolvió? Confirmó la condena de Milagro, pero la redujo a 2 años. Anta esa resolución, la Defensa presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte local, que fue rechazado. Esto derivó en un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El 11 de febrero de 2021, la Corte dejó firme la condena a 2 años de prisión por amenazas.
 
Entonces, comenzó otra discusión en Jujuy: el cómputo de la pena. ¿Qué sostiene la defensa? Que la pena ya fue cumplida porque Milagro esta presa hace 7 años. El expediente está en el Juzgado de Ejecución y la cuestión aún no se resolvió.
 
 
5. Causa conocida como "La Balacera de Azopardo"
  
¿De qué se acusa a Milagro en esta causa? De tentativa de homicidio agravado. La fiscalía pedía 12 años de cárcel. El 27 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal N°2 absolvió a la dirigente social. La absolución se encuentra firme.
 
El caso se remonta a 2007 cuando se produjo un tiroteo entre dos facciones políticas del peronismo. En el mismo habrían participado Fabián Ávila y Jorge Páez en contra de Alberto Cardozo. Páez sostuvo que este tiroteo fue ordenado por Milagro Sala. Lo declaró en su indagatoria. Desde el entorno legal de Sala explicaron a El Destape que con ese testimonio a la Justicia jujeña le bastó para apartarlo de la causa y llevar a juicio a Milagro en carácter de instigadora.
 
 
6. Causa conocida como "Pibes Villeros"
  
Por esta causa, en la que se investiga la malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, Sala está presa. La libertad de la dirigente social está hace dos años en manos de la Corte Suprema de Justicia.
 
El juicio de este caso llevó casi seis meses y Milagro fue condenada por la justicia provincial el 14 de enero de 2019 a la pena de 13 años de prisión. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. En marzo del 2020, el caso ingresó a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo para expedirse.
 
En este caso Milagro está acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión y hay decenas de nulidades presentadas.
 
 
7. Megacausa Fellner
  
Otro proceso paradigmático en contra de Milagro es la "mega causa Fellner". Se trata de una "causa espejo" de "Pibes Villeros". Es una segunda acusación por asociación ilícita y fraude al Estado donde está imputada la líder de la Tupac Amaru, el ex gobernador Eduardo Fellner y distintos intendentes provinciales, entre otros. La promueve Gerardo Morales. La causa, tiene más de 90 cuerpos, más de 150 carpetas de pruebas, expedientes anexos, que superan las 50.000 fojas.
 
Recientemente, se dictó el cese de la prisión preventiva para Milagro Sala, Gladis Díaz y Mirta Aizama, integrantes de la Túpac. De los veintidós imputados, ellas eran las únicas personas que seguían presas.
 
El 12 de abril del 2021, el Ministerio Publico de la Acusación de Jujuy requirió la elevación a juicio de este caso.
 
 
8. Causa contra hijos de Milagro
  
La presión judicial contra Milagro incluye a su familia, sus hijos y su marido Raúl Noro.
 
El 4 de enero de 2018 se desarrollaron 21 allanamientos en forma simultánea. Uno de ellos por cuarta vez en la que fue la residencia habitual de Milagro Sala hasta el momento de su detención. Los allanamientos se hicieron en el marco de una causa que se inició en febrero de 2017, pero no se conoció hasta el día del operativo casi un año después.
 
La causa estaba en manos del juez Isidoro Cruz y del fiscal Diego Cussel, que impulsó el pedido de allanamientos pocos días después del sobreseimiento del juicio de "las bombachas". La orden incluyó un pedido de excavación alrededor del Dique La Ciénaga.
 
Los operativos se hicieron durante la feria judicial sin que exista detenidos en la causa ni que medie urgencia necesaria para estos procedimientos. Pese a que las noticias de televisión difundieron que se hicieron 21 allanamientos a propiedades vinculadas con la dirigente social, sólo hubo uno: la casa de Cuyaya.
 
Este caso tuvo requerimiento de elevación a juicio en diciembre pasado.
 
 
9. Campo verde
  
Recientemente se sumó el caso "Campo Verde", donde se acusa a Sala de ser la instigadora de una usurpación de tierras en un barrio popular de Jujuy ocurrida a principios del año pasado y de atentado y resistencia a la autoridad. La figura es similar a la del caso de los huevazos a Morales. ¿Qué se sostiene en al acusación contra Milagro? Que organizó la toma desde su casa, estando detenida. El gobernador Morales había ido a un acto público en el que anunció la construcción de una escuela cuando vecinos comenzaron a increparlo. Entonces, el mandatario le dijo al jefe de la policía local que investigue el hecho porque Milagro podía estar detrás del tema. Fue un pedido directo del mandatario provincial.
 
 
10. Lesiones graves
  
El 15 de mayo de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 consideró a Milagro culpable del delito de "lesiones graves". La condenó a 4 años de prisión.
 
El episodio se retrotrae al 3 de julio de 2006, cuando dos referente de la Corriente Clasista Combativa (César Cristian Arias, conocido como Luca Arias y yerno del Perro Santillán, y Juan Carlos Maidana) habrían sufrido lesiones en el Ministerio de Infraestructura de la provincia mientras esperaban ser recibidos por el ministro Cosentini. Desde el equipo legal que defiende a Milagro explicaron a este medio: "En aquel momento la causa a cargo del Juez de instrucción Dr. Marcelo Gutiérrez se caratuló como lesiones gravadas por el número de personas y en la denuncia que dio inicio a las actuaciones Milagro fue mencionada como una de las personas que se encontraba en el lugar, siendo señalados integrantes de la Tupac Amaru quienes habrían realizado las agresiones".
 
La defensa de Sala recurrió la sentencia ante la Cámara de Casación. La Cámara no hizo lugar al recurso porque consideró "cumplida la condena impuesta y por compurgada la pena". Le otorgó la libertad a Milagro. La defensa presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal provincial, el cual el 26 de septiembre de 2020 revocó la sentencia de la Cámara de Casación y resolvió el sobreseimiento de Milagro Sala por encontrase prescripta la acción penal.
 
 
11. Presuntas amenazas en la cárcel
  
Este expediente comenzó en abril de 2017. Milagro Sala fue acusada de haber cometido amenazas en el Establecimiento Penitenciario N° 3 para mujeres en Alto Comedero, en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos de internas. En ese supuesto enfrentamiento, Milagro habría amenazado a una detenida. Pese a que las amenazas no pudieron ser probadas, la causa fue elevada a juicio oral el 6 de septiembre del 2017. Esta causa también se encuentra prescripta y pendiente de resolución.
 
 
12 y 13, otros expedientes
  
Un caso es un acumulado irregular a la Megacausa Fellner, que tramitó durante años sin notificaciones a las defensas ni a los imputados y fue elevada a juicio. El otro es una causa iniciada en diciembre de 2009 por la denuncia de una sustracción y destrucción de un expediente judicial. En diciembre de 2012, luego de años de investigación, el Juez de Instrucción dictó un sobreseimiento total y definitivo. Pero el 26 de diciembre de 2017 -a ocho años del hecho imputado y a cuatro del sobreseimiento referido en el párrafo anterior- David Alejandro Mancilla se presentó a declarar ante el Fiscal entonces interviniente, Diego Cussel, y afirmó que el auxiliar administrativo judicial Marcos Daniel Romero, el abogado Alberto Bellido y Milagro Sala fueron los autores de la sustracción del expediente.
 
El 26 de febrero de 2018, sin que exista requerimiento fiscal, el nuevo juez residual Pablo Pullen Llermanos declaró la nulidad del sobreseimiento dictado por su predecesor en el cargo y citó a Mancilla a fin de que ratifique lo que había declarado. Pocos días después, el acusador público promovió la acción penal contra Romero, Bellido y Milagro, quien fue llamada a prestar declaración indagatoria en marzo de 2018. Milagro fue procesada y el caso elevado a juicio en agosto del año pasado. Aún está pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y una queja ante la Corte.
 
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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