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Nacionales - 30-06-2022 / 10:06
ALBERTO FERNÁNDEZ LA VISITÓ Y PIDIÓ QUE EL PODER JUDICIAL REVEA SU INJUSTA DETENCIÓN

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice
El presidente visitó a la dirigente de la Tupac Amaru, internada en terapia por un cuadro de "trombosis venosa profunda". Fernández aseguró que la detención de Milagro, que ya lleva siete años, es un claro caso de "persecución e invento de causas".
Milagro Sala lleva 2357 días de presa política. No tiene ninguna condena firme. Tiene, sí, 13 causas judiciales vigentes, armadas desde las usinas del gobernador Gerardo Morales que en las últimas horas hizo explícito su deseo de que la dirigenta vuelva a una cárcel común.
 
La Corte Suprema demora hace más de 2 años la definición sobre uno de estos casos mientras que la única vez que intervino confirmó una condena ya vencida y excarcelable. Fue un claro mensaje al presidente Alberto Fernández a principios de 2021, cuando al igual que ahora le reclamó al máximo tribunal que intervenga en la persecución a Milagro Sala. Los jueces que se reunían en Olivos con Mauricio Macri también fueron parte de este armado.
 
El caso de Milagro revela que el Poder Judicial es lento cuando quiere. En los casi 6 años y medio que lleva de presa política ya pasó por 6 juicios orales y tiene otras 7 causas elevadas a juicio pero aún no tienen fecha de inicio. Otras 4, que elevan a 17 los expedientes en su contra, ya se cerraron. El caso Correo de la familia Macri, denunciado en su momento por el mismo Morales, lleva más de 20 años sin resolverse.
 
La persecución a Milagro tiene su explicación inmediata en Morales y su contexto de laboratorio del lawfare en el que transformaron a Jujuy durante el gobierno de Macri. La dirigenta de la Tupac Amaru fue encarcelada cuando la gestión de Cambiemos llevaba apenas un mes en el gobierno nacional.
 
Pasó por cárcel común, por prisión domiciliaria bajo custodia constante (algo que no tienen ni los genocidas bajo el mismo régimen) y ahora incluso tiene marca personal armada cuando está internada por las consecuencias de su cautiverio. En 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una orden de protección a favor de Milagro. Parece papel picado.
 
En este contexto la visitó el presidente, que dijo que "se ha instaurado en torno a Milagro Sala un sistema de clara persecución", que en Jujuy se violan los derechos humanos (frase que debería implicar una intervención efectiva en la provincia) y reclamó a la Corte Suprema que resuelva uno de los expedientes que tiene en su poder hace más de 2 años. Esa es la "justicia" del macrismo.
 

 
 
No es la primera vez que Alberto apunta al máximo tribunal por la persecución a Milagro Sala. En febrero de 2021 dijo: "Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia".
 
También que la Corte "debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención". La Corte le contestó enseguida: confirmó una condena contra Milagro por el caso de las bombachas, donde el testigo en su contra era un comisario que alegaba un llamado amenazante y cuyo abogado era uno de los hijos de Gerardo Morales. Fue un claro mensaje directo del Palacio de Tribunales a la Casa Rosada. El fallo no tenía ningún efecto real, ya que confirmaba una condena a 2 años cuando Milagro llevaba más de 5 años de presa política, más del doble de esta condena. ¿Qué contestará ahora la Corte?
 
 
¿De qué se trata cada una de las 13 causas contra Milagro Sala?
 
1. Huevazos
  
Una sola de esas causas tramitó en el fuero federal. Milagro fue acusada por un escrache contra el entonces senador Morales en el 2009. El 29 de diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal N 1 Jujuy la condenó a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado. El daño agravado fue la rotura de 7 vidrios. Los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz basaron su fallo en el testimonio de René Cochinillo Arellano. Obviaron que era empleado de Morales y que en los meses previos al juicio recibió al menos un millón de pesos.
 
Milagro apeló y el caso llegó hasta la Cámara de Casación. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dijo que los testimonios de Arellano y Cristina Chauque eran falsos y remitió una denuncia a la justicia de Jujuy. Pero nada importó. Los camaristas Mariano Borinky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani confirmaron el fallo y algo más: dieron vuelta el sobreseimiento de Milagro por el delito de amenazas y le pidieron al tribunal jujeño que dictara una nueva sentencia. Por esos días Borinsky y Hornos se reunían con Macri en Olivos y la Casa Rosada. Nada casual.
 
 
2 y 3. Causa conocida como "El Acampe"
  
Los hechos que se le adjudican a Milagro en esta causa fueron doblemente investigados. Por un lado, se abrió un expediente en sede contravencional que tramitó ante el juzgado de Control Nº 3. A la par, se inició una investigación en sede penal, que fue la que motivó la detención de la líder de la Tupac Amaru. ¿La razón? Un acampe en plaza Belgrano frente a la gobernación apenas asumieron Macri la presidencia y Gerardo Morales la gobernación de Jujuy.
 
 
La causa penal
  
El 14 de diciembre de 2015, apenas asumieron Macri en la presidencia y Morales en la gobernación, las organizaciones sociales iniciaron en Jujuy un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas. Morales respondió a través de los medios que no discutía nada con "mafiosos". El 15 de diciembre, Milagro y otros integrantes de la Tupac fueron denunciados penalmente por el fiscal de Estado Mariano Miranda por instigación a cometer delito y sedición. El fiscal Darío Osinaga Gallagher instruyó actuaciones pero no los imputó al considerar que no había delito.
 
Menos de un mes después, el día 12 de enero de 2016, el gobernador les hizo llegar un ultimátum a las organizaciones que continuaban acampando en la plaza Belgrano. Formalizó por decreto la aplicación de los nuevos programas de regularización de cooperativas y tomó medidas en contra de los manifestantes. También apuntó contra la personería jurídica de las organizaciones que continuaban acampando. En una avanzada en distintos planos, denunció penalmente al fiscal Osinaga. Morales arremetió contra Milagro Sala: en la causa, el gobierno local sostuvo que la dirigente desafiaba el orden democrático y al Estado de derecho. Impulsó el desalojo de la protesta.
 
El 16 de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro. Inmediatamente después presentó un pedido de licencia. La administración radical montó un gran operativo e hizo un show con la detención de la referente de la Tupac. El ministro de seguridad Ekel Meyer fue parte del procedimiento. Desde aquella detención, Sala se encuentra privada de su libertad. Para eso, el gobierno de Morales impulsó decenas de denuncia.
 
En lo que respecta a esta causa, fue elevada a juicio el 15 mayo de 2019. Transcurrido más de dos años, espera fecha de inicio de juicio. ¿Por qué no prospera el juicio? Porque allí puede quedar al descubierto el armado que hizo Morales.
 
 
La causa contravencional
  
El 29 de diciembre de 2016, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo condenó a Milagro Sala y a la Túpac Amaru, sancionó a la persona jurídica de la Organización Barrial Túpac Amaru a pagar una multa y dispuso la clausura de la sede por tres meses. También condenó a Milagro Sala a pagar una pena económica y a una inhabilitación especial para formar parte de sociedades jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por tres años y tres meses. Con esa decisión se buscó proscribir a la dirigente social durante el mandato de Morales. Fue tal el direccionamiento que la única condenada del juicio fue Milagro Sala y la única organización la Túpac Amaru a pesar de que hubo más de 20 organizaciones sociales que participaron del acampe.
 
Ustarez Carrillo fue designado juez contravencional administrativo en enero de 2016 por Morales y comienza la investigación del acampe. Cuando hace la citación a juicio cita como primer antecedente el primer día del acampe que es del 14 de diciembre de 2015. Esos 15 días que usa como pruebas contra Milagro y la Tupac es uno de los antecedentes de la nulidad de la causa que planteó la defensa porque el juez trae como pruebas hechos sobre los que no tenía jurisdicción. Tenía competencia a partir del momento en que asume en el expediente.
 
El 6 de enero de 2017, el juez de Control -instancia revisora- Isidoro Arzud Cruz declaró la nulidad del juicio contravencional al entender que Milagro Sala fue juzgada por un código que entró en vigencia después del comienzo del acampe, el 1 de enero de 2016. Esto provocó una serie de recursos por parte del Ministerio de Seguridad jujeño, que era el acusador.
 
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (la Corte provincial) hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad del gobierno de Morales y reenvió el caso al Juez de Garantías, quien emitió una nueva nulidad de la sentencia contravencional, es decir, le da la razón a Cruz. En la actualidad, el caso volvió a la Corte local por un nuevo planteo del gobierno de Morales contra esta decisión de anular la causa.
 
 
4. Causa conocida como "Las bombachas".
  
Los hechos de la causa conocida como "las bombachas" ocurrieron en octubre 2014. En este caso, Milagro fue absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Jujuy en diciembre del 2017. Durante el debate, ni los denunciantes ni los testigos pudieron probar la veracidad de la acusación. ¿De qué se acusó a Milagro en este expediente? De amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento en el cual estaba involucrada injustamente la hija de una compañera suya, quien había sido víctima de un robo. Las pruebas sobre las que se apoyó el expediente fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados.
 
El Ministerio Publico Fiscal provincial recurrió la sentencia de primera instancia. La Cámara de Casación Penal local revocó esa sentencia y condenó a Milagro a 3 años y 2 meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples, en concurso real por 2 hechos. La Defensa de Milagro presentó un recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que hizo lugar parcialmente al planteo. ¿Qué resolvió? Confirmó la condena de Milagro, pero la redujo a 2 años. Anta esa resolución, la Defensa presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte local, que fue rechazado. Esto derivó en un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El 11 de febrero de 2021, la Corte dejó firme la condena a 2 años de prisión por amenazas.
 
Entonces, comenzó otra discusión en Jujuy: el cómputo de la pena. ¿Qué sostiene la defensa? Que la pena ya fue cumplida porque Milagro esta presa hace 7 años. El expediente está en el Juzgado de Ejecución y la cuestión aún no se resolvió.
 
 
5. Causa conocida como "La Balacera de Azopardo"
  
¿De qué se acusa a Milagro en esta causa? De tentativa de homicidio agravado. La fiscalía pedía 12 años de cárcel. El 27 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal N°2 absolvió a la dirigente social. La absolución se encuentra firme.
 
El caso se remonta a 2007 cuando se produjo un tiroteo entre dos facciones políticas del peronismo. En el mismo habrían participado Fabián Ávila y Jorge Páez en contra de Alberto Cardozo. Páez sostuvo que este tiroteo fue ordenado por Milagro Sala. Lo declaró en su indagatoria. Desde el entorno legal de Sala explicaron a El Destape que con ese testimonio a la Justicia jujeña le bastó para apartarlo de la causa y llevar a juicio a Milagro en carácter de instigadora.
 
 
6. Causa conocida como "Pibes Villeros"
  
Por esta causa, en la que se investiga la malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, Sala está presa. La libertad de la dirigente social está hace dos años en manos de la Corte Suprema de Justicia.
 
El juicio de este caso llevó casi seis meses y Milagro fue condenada por la justicia provincial el 14 de enero de 2019 a la pena de 13 años de prisión. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. En marzo del 2020, el caso ingresó a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo para expedirse.
 
En este caso Milagro está acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión y hay decenas de nulidades presentadas.
 
 
7. Megacausa Fellner
  
Otro proceso paradigmático en contra de Milagro es la "mega causa Fellner". Se trata de una "causa espejo" de "Pibes Villeros". Es una segunda acusación por asociación ilícita y fraude al Estado donde está imputada la líder de la Tupac Amaru, el ex gobernador Eduardo Fellner y distintos intendentes provinciales, entre otros. La promueve Gerardo Morales. La causa, tiene más de 90 cuerpos, más de 150 carpetas de pruebas, expedientes anexos, que superan las 50.000 fojas.
 
Recientemente, se dictó el cese de la prisión preventiva para Milagro Sala, Gladis Díaz y Mirta Aizama, integrantes de la Túpac. De los veintidós imputados, ellas eran las únicas personas que seguían presas.
 
El 12 de abril del 2021, el Ministerio Publico de la Acusación de Jujuy requirió la elevación a juicio de este caso.
 
 
8. Causa contra hijos de Milagro
  
La presión judicial contra Milagro incluye a su familia, sus hijos y su marido Raúl Noro.
 
El 4 de enero de 2018 se desarrollaron 21 allanamientos en forma simultánea. Uno de ellos por cuarta vez en la que fue la residencia habitual de Milagro Sala hasta el momento de su detención. Los allanamientos se hicieron en el marco de una causa que se inició en febrero de 2017, pero no se conoció hasta el día del operativo casi un año después.
 
La causa estaba en manos del juez Isidoro Cruz y del fiscal Diego Cussel, que impulsó el pedido de allanamientos pocos días después del sobreseimiento del juicio de "las bombachas". La orden incluyó un pedido de excavación alrededor del Dique La Ciénaga.
 
Los operativos se hicieron durante la feria judicial sin que exista detenidos en la causa ni que medie urgencia necesaria para estos procedimientos. Pese a que las noticias de televisión difundieron que se hicieron 21 allanamientos a propiedades vinculadas con la dirigente social, sólo hubo uno: la casa de Cuyaya.
 
Este caso tuvo requerimiento de elevación a juicio en diciembre pasado.
 
 
9. Campo verde
  
Recientemente se sumó el caso "Campo Verde", donde se acusa a Sala de ser la instigadora de una usurpación de tierras en un barrio popular de Jujuy ocurrida a principios del año pasado y de atentado y resistencia a la autoridad. La figura es similar a la del caso de los huevazos a Morales. ¿Qué se sostiene en al acusación contra Milagro? Que organizó la toma desde su casa, estando detenida. El gobernador Morales había ido a un acto público en el que anunció la construcción de una escuela cuando vecinos comenzaron a increparlo. Entonces, el mandatario le dijo al jefe de la policía local que investigue el hecho porque Milagro podía estar detrás del tema. Fue un pedido directo del mandatario provincial.
 
 
10. Lesiones graves
  
El 15 de mayo de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 consideró a Milagro culpable del delito de "lesiones graves". La condenó a 4 años de prisión.
 
El episodio se retrotrae al 3 de julio de 2006, cuando dos referente de la Corriente Clasista Combativa (César Cristian Arias, conocido como Luca Arias y yerno del Perro Santillán, y Juan Carlos Maidana) habrían sufrido lesiones en el Ministerio de Infraestructura de la provincia mientras esperaban ser recibidos por el ministro Cosentini. Desde el equipo legal que defiende a Milagro explicaron a este medio: "En aquel momento la causa a cargo del Juez de instrucción Dr. Marcelo Gutiérrez se caratuló como lesiones gravadas por el número de personas y en la denuncia que dio inicio a las actuaciones Milagro fue mencionada como una de las personas que se encontraba en el lugar, siendo señalados integrantes de la Tupac Amaru quienes habrían realizado las agresiones".
 
La defensa de Sala recurrió la sentencia ante la Cámara de Casación. La Cámara no hizo lugar al recurso porque consideró "cumplida la condena impuesta y por compurgada la pena". Le otorgó la libertad a Milagro. La defensa presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal provincial, el cual el 26 de septiembre de 2020 revocó la sentencia de la Cámara de Casación y resolvió el sobreseimiento de Milagro Sala por encontrase prescripta la acción penal.
 
 
11. Presuntas amenazas en la cárcel
  
Este expediente comenzó en abril de 2017. Milagro Sala fue acusada de haber cometido amenazas en el Establecimiento Penitenciario N° 3 para mujeres en Alto Comedero, en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos de internas. En ese supuesto enfrentamiento, Milagro habría amenazado a una detenida. Pese a que las amenazas no pudieron ser probadas, la causa fue elevada a juicio oral el 6 de septiembre del 2017. Esta causa también se encuentra prescripta y pendiente de resolución.
 
 
12 y 13, otros expedientes
  
Un caso es un acumulado irregular a la Megacausa Fellner, que tramitó durante años sin notificaciones a las defensas ni a los imputados y fue elevada a juicio. El otro es una causa iniciada en diciembre de 2009 por la denuncia de una sustracción y destrucción de un expediente judicial. En diciembre de 2012, luego de años de investigación, el Juez de Instrucción dictó un sobreseimiento total y definitivo. Pero el 26 de diciembre de 2017 -a ocho años del hecho imputado y a cuatro del sobreseimiento referido en el párrafo anterior- David Alejandro Mancilla se presentó a declarar ante el Fiscal entonces interviniente, Diego Cussel, y afirmó que el auxiliar administrativo judicial Marcos Daniel Romero, el abogado Alberto Bellido y Milagro Sala fueron los autores de la sustracción del expediente.
 
El 26 de febrero de 2018, sin que exista requerimiento fiscal, el nuevo juez residual Pablo Pullen Llermanos declaró la nulidad del sobreseimiento dictado por su predecesor en el cargo y citó a Mancilla a fin de que ratifique lo que había declarado. Pocos días después, el acusador público promovió la acción penal contra Romero, Bellido y Milagro, quien fue llamada a prestar declaración indagatoria en marzo de 2018. Milagro fue procesada y el caso elevado a juicio en agosto del año pasado. Aún está pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y una queja ante la Corte.
 
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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