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Nacionales - 30-06-2022 / 10:06
ALBERTO FERNÁNDEZ LA VISITÓ Y PIDIÓ QUE EL PODER JUDICIAL REVEA SU INJUSTA DETENCIÓN

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice
El presidente visitó a la dirigente de la Tupac Amaru, internada en terapia por un cuadro de "trombosis venosa profunda". Fernández aseguró que la detención de Milagro, que ya lleva siete años, es un claro caso de "persecución e invento de causas".
Milagro Sala lleva 2357 días de presa política. No tiene ninguna condena firme. Tiene, sí, 13 causas judiciales vigentes, armadas desde las usinas del gobernador Gerardo Morales que en las últimas horas hizo explícito su deseo de que la dirigenta vuelva a una cárcel común.
 
La Corte Suprema demora hace más de 2 años la definición sobre uno de estos casos mientras que la única vez que intervino confirmó una condena ya vencida y excarcelable. Fue un claro mensaje al presidente Alberto Fernández a principios de 2021, cuando al igual que ahora le reclamó al máximo tribunal que intervenga en la persecución a Milagro Sala. Los jueces que se reunían en Olivos con Mauricio Macri también fueron parte de este armado.
 
El caso de Milagro revela que el Poder Judicial es lento cuando quiere. En los casi 6 años y medio que lleva de presa política ya pasó por 6 juicios orales y tiene otras 7 causas elevadas a juicio pero aún no tienen fecha de inicio. Otras 4, que elevan a 17 los expedientes en su contra, ya se cerraron. El caso Correo de la familia Macri, denunciado en su momento por el mismo Morales, lleva más de 20 años sin resolverse.
 
La persecución a Milagro tiene su explicación inmediata en Morales y su contexto de laboratorio del lawfare en el que transformaron a Jujuy durante el gobierno de Macri. La dirigenta de la Tupac Amaru fue encarcelada cuando la gestión de Cambiemos llevaba apenas un mes en el gobierno nacional.
 
Pasó por cárcel común, por prisión domiciliaria bajo custodia constante (algo que no tienen ni los genocidas bajo el mismo régimen) y ahora incluso tiene marca personal armada cuando está internada por las consecuencias de su cautiverio. En 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una orden de protección a favor de Milagro. Parece papel picado.
 
En este contexto la visitó el presidente, que dijo que "se ha instaurado en torno a Milagro Sala un sistema de clara persecución", que en Jujuy se violan los derechos humanos (frase que debería implicar una intervención efectiva en la provincia) y reclamó a la Corte Suprema que resuelva uno de los expedientes que tiene en su poder hace más de 2 años. Esa es la "justicia" del macrismo.
 

 
 
No es la primera vez que Alberto apunta al máximo tribunal por la persecución a Milagro Sala. En febrero de 2021 dijo: "Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia".
 
También que la Corte "debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención". La Corte le contestó enseguida: confirmó una condena contra Milagro por el caso de las bombachas, donde el testigo en su contra era un comisario que alegaba un llamado amenazante y cuyo abogado era uno de los hijos de Gerardo Morales. Fue un claro mensaje directo del Palacio de Tribunales a la Casa Rosada. El fallo no tenía ningún efecto real, ya que confirmaba una condena a 2 años cuando Milagro llevaba más de 5 años de presa política, más del doble de esta condena. ¿Qué contestará ahora la Corte?
 
 
¿De qué se trata cada una de las 13 causas contra Milagro Sala?
 
1. Huevazos
  
Una sola de esas causas tramitó en el fuero federal. Milagro fue acusada por un escrache contra el entonces senador Morales en el 2009. El 29 de diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal N 1 Jujuy la condenó a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado. El daño agravado fue la rotura de 7 vidrios. Los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz basaron su fallo en el testimonio de René Cochinillo Arellano. Obviaron que era empleado de Morales y que en los meses previos al juicio recibió al menos un millón de pesos.
 
Milagro apeló y el caso llegó hasta la Cámara de Casación. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dijo que los testimonios de Arellano y Cristina Chauque eran falsos y remitió una denuncia a la justicia de Jujuy. Pero nada importó. Los camaristas Mariano Borinky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani confirmaron el fallo y algo más: dieron vuelta el sobreseimiento de Milagro por el delito de amenazas y le pidieron al tribunal jujeño que dictara una nueva sentencia. Por esos días Borinsky y Hornos se reunían con Macri en Olivos y la Casa Rosada. Nada casual.
 
 
2 y 3. Causa conocida como "El Acampe"
  
Los hechos que se le adjudican a Milagro en esta causa fueron doblemente investigados. Por un lado, se abrió un expediente en sede contravencional que tramitó ante el juzgado de Control Nº 3. A la par, se inició una investigación en sede penal, que fue la que motivó la detención de la líder de la Tupac Amaru. ¿La razón? Un acampe en plaza Belgrano frente a la gobernación apenas asumieron Macri la presidencia y Gerardo Morales la gobernación de Jujuy.
 
 
La causa penal
  
El 14 de diciembre de 2015, apenas asumieron Macri en la presidencia y Morales en la gobernación, las organizaciones sociales iniciaron en Jujuy un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas. Morales respondió a través de los medios que no discutía nada con "mafiosos". El 15 de diciembre, Milagro y otros integrantes de la Tupac fueron denunciados penalmente por el fiscal de Estado Mariano Miranda por instigación a cometer delito y sedición. El fiscal Darío Osinaga Gallagher instruyó actuaciones pero no los imputó al considerar que no había delito.
 
Menos de un mes después, el día 12 de enero de 2016, el gobernador les hizo llegar un ultimátum a las organizaciones que continuaban acampando en la plaza Belgrano. Formalizó por decreto la aplicación de los nuevos programas de regularización de cooperativas y tomó medidas en contra de los manifestantes. También apuntó contra la personería jurídica de las organizaciones que continuaban acampando. En una avanzada en distintos planos, denunció penalmente al fiscal Osinaga. Morales arremetió contra Milagro Sala: en la causa, el gobierno local sostuvo que la dirigente desafiaba el orden democrático y al Estado de derecho. Impulsó el desalojo de la protesta.
 
El 16 de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro. Inmediatamente después presentó un pedido de licencia. La administración radical montó un gran operativo e hizo un show con la detención de la referente de la Tupac. El ministro de seguridad Ekel Meyer fue parte del procedimiento. Desde aquella detención, Sala se encuentra privada de su libertad. Para eso, el gobierno de Morales impulsó decenas de denuncia.
 
En lo que respecta a esta causa, fue elevada a juicio el 15 mayo de 2019. Transcurrido más de dos años, espera fecha de inicio de juicio. ¿Por qué no prospera el juicio? Porque allí puede quedar al descubierto el armado que hizo Morales.
 
 
La causa contravencional
  
El 29 de diciembre de 2016, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo condenó a Milagro Sala y a la Túpac Amaru, sancionó a la persona jurídica de la Organización Barrial Túpac Amaru a pagar una multa y dispuso la clausura de la sede por tres meses. También condenó a Milagro Sala a pagar una pena económica y a una inhabilitación especial para formar parte de sociedades jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por tres años y tres meses. Con esa decisión se buscó proscribir a la dirigente social durante el mandato de Morales. Fue tal el direccionamiento que la única condenada del juicio fue Milagro Sala y la única organización la Túpac Amaru a pesar de que hubo más de 20 organizaciones sociales que participaron del acampe.
 
Ustarez Carrillo fue designado juez contravencional administrativo en enero de 2016 por Morales y comienza la investigación del acampe. Cuando hace la citación a juicio cita como primer antecedente el primer día del acampe que es del 14 de diciembre de 2015. Esos 15 días que usa como pruebas contra Milagro y la Tupac es uno de los antecedentes de la nulidad de la causa que planteó la defensa porque el juez trae como pruebas hechos sobre los que no tenía jurisdicción. Tenía competencia a partir del momento en que asume en el expediente.
 
El 6 de enero de 2017, el juez de Control -instancia revisora- Isidoro Arzud Cruz declaró la nulidad del juicio contravencional al entender que Milagro Sala fue juzgada por un código que entró en vigencia después del comienzo del acampe, el 1 de enero de 2016. Esto provocó una serie de recursos por parte del Ministerio de Seguridad jujeño, que era el acusador.
 
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (la Corte provincial) hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad del gobierno de Morales y reenvió el caso al Juez de Garantías, quien emitió una nueva nulidad de la sentencia contravencional, es decir, le da la razón a Cruz. En la actualidad, el caso volvió a la Corte local por un nuevo planteo del gobierno de Morales contra esta decisión de anular la causa.
 
 
4. Causa conocida como "Las bombachas".
  
Los hechos de la causa conocida como "las bombachas" ocurrieron en octubre 2014. En este caso, Milagro fue absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Jujuy en diciembre del 2017. Durante el debate, ni los denunciantes ni los testigos pudieron probar la veracidad de la acusación. ¿De qué se acusó a Milagro en este expediente? De amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento en el cual estaba involucrada injustamente la hija de una compañera suya, quien había sido víctima de un robo. Las pruebas sobre las que se apoyó el expediente fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados.
 
El Ministerio Publico Fiscal provincial recurrió la sentencia de primera instancia. La Cámara de Casación Penal local revocó esa sentencia y condenó a Milagro a 3 años y 2 meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples, en concurso real por 2 hechos. La Defensa de Milagro presentó un recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que hizo lugar parcialmente al planteo. ¿Qué resolvió? Confirmó la condena de Milagro, pero la redujo a 2 años. Anta esa resolución, la Defensa presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte local, que fue rechazado. Esto derivó en un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El 11 de febrero de 2021, la Corte dejó firme la condena a 2 años de prisión por amenazas.
 
Entonces, comenzó otra discusión en Jujuy: el cómputo de la pena. ¿Qué sostiene la defensa? Que la pena ya fue cumplida porque Milagro esta presa hace 7 años. El expediente está en el Juzgado de Ejecución y la cuestión aún no se resolvió.
 
 
5. Causa conocida como "La Balacera de Azopardo"
  
¿De qué se acusa a Milagro en esta causa? De tentativa de homicidio agravado. La fiscalía pedía 12 años de cárcel. El 27 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal N°2 absolvió a la dirigente social. La absolución se encuentra firme.
 
El caso se remonta a 2007 cuando se produjo un tiroteo entre dos facciones políticas del peronismo. En el mismo habrían participado Fabián Ávila y Jorge Páez en contra de Alberto Cardozo. Páez sostuvo que este tiroteo fue ordenado por Milagro Sala. Lo declaró en su indagatoria. Desde el entorno legal de Sala explicaron a El Destape que con ese testimonio a la Justicia jujeña le bastó para apartarlo de la causa y llevar a juicio a Milagro en carácter de instigadora.
 
 
6. Causa conocida como "Pibes Villeros"
  
Por esta causa, en la que se investiga la malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, Sala está presa. La libertad de la dirigente social está hace dos años en manos de la Corte Suprema de Justicia.
 
El juicio de este caso llevó casi seis meses y Milagro fue condenada por la justicia provincial el 14 de enero de 2019 a la pena de 13 años de prisión. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. En marzo del 2020, el caso ingresó a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo para expedirse.
 
En este caso Milagro está acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión y hay decenas de nulidades presentadas.
 
 
7. Megacausa Fellner
  
Otro proceso paradigmático en contra de Milagro es la "mega causa Fellner". Se trata de una "causa espejo" de "Pibes Villeros". Es una segunda acusación por asociación ilícita y fraude al Estado donde está imputada la líder de la Tupac Amaru, el ex gobernador Eduardo Fellner y distintos intendentes provinciales, entre otros. La promueve Gerardo Morales. La causa, tiene más de 90 cuerpos, más de 150 carpetas de pruebas, expedientes anexos, que superan las 50.000 fojas.
 
Recientemente, se dictó el cese de la prisión preventiva para Milagro Sala, Gladis Díaz y Mirta Aizama, integrantes de la Túpac. De los veintidós imputados, ellas eran las únicas personas que seguían presas.
 
El 12 de abril del 2021, el Ministerio Publico de la Acusación de Jujuy requirió la elevación a juicio de este caso.
 
 
8. Causa contra hijos de Milagro
  
La presión judicial contra Milagro incluye a su familia, sus hijos y su marido Raúl Noro.
 
El 4 de enero de 2018 se desarrollaron 21 allanamientos en forma simultánea. Uno de ellos por cuarta vez en la que fue la residencia habitual de Milagro Sala hasta el momento de su detención. Los allanamientos se hicieron en el marco de una causa que se inició en febrero de 2017, pero no se conoció hasta el día del operativo casi un año después.
 
La causa estaba en manos del juez Isidoro Cruz y del fiscal Diego Cussel, que impulsó el pedido de allanamientos pocos días después del sobreseimiento del juicio de "las bombachas". La orden incluyó un pedido de excavación alrededor del Dique La Ciénaga.
 
Los operativos se hicieron durante la feria judicial sin que exista detenidos en la causa ni que medie urgencia necesaria para estos procedimientos. Pese a que las noticias de televisión difundieron que se hicieron 21 allanamientos a propiedades vinculadas con la dirigente social, sólo hubo uno: la casa de Cuyaya.
 
Este caso tuvo requerimiento de elevación a juicio en diciembre pasado.
 
 
9. Campo verde
  
Recientemente se sumó el caso "Campo Verde", donde se acusa a Sala de ser la instigadora de una usurpación de tierras en un barrio popular de Jujuy ocurrida a principios del año pasado y de atentado y resistencia a la autoridad. La figura es similar a la del caso de los huevazos a Morales. ¿Qué se sostiene en al acusación contra Milagro? Que organizó la toma desde su casa, estando detenida. El gobernador Morales había ido a un acto público en el que anunció la construcción de una escuela cuando vecinos comenzaron a increparlo. Entonces, el mandatario le dijo al jefe de la policía local que investigue el hecho porque Milagro podía estar detrás del tema. Fue un pedido directo del mandatario provincial.
 
 
10. Lesiones graves
  
El 15 de mayo de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 consideró a Milagro culpable del delito de "lesiones graves". La condenó a 4 años de prisión.
 
El episodio se retrotrae al 3 de julio de 2006, cuando dos referente de la Corriente Clasista Combativa (César Cristian Arias, conocido como Luca Arias y yerno del Perro Santillán, y Juan Carlos Maidana) habrían sufrido lesiones en el Ministerio de Infraestructura de la provincia mientras esperaban ser recibidos por el ministro Cosentini. Desde el equipo legal que defiende a Milagro explicaron a este medio: "En aquel momento la causa a cargo del Juez de instrucción Dr. Marcelo Gutiérrez se caratuló como lesiones gravadas por el número de personas y en la denuncia que dio inicio a las actuaciones Milagro fue mencionada como una de las personas que se encontraba en el lugar, siendo señalados integrantes de la Tupac Amaru quienes habrían realizado las agresiones".
 
La defensa de Sala recurrió la sentencia ante la Cámara de Casación. La Cámara no hizo lugar al recurso porque consideró "cumplida la condena impuesta y por compurgada la pena". Le otorgó la libertad a Milagro. La defensa presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal provincial, el cual el 26 de septiembre de 2020 revocó la sentencia de la Cámara de Casación y resolvió el sobreseimiento de Milagro Sala por encontrase prescripta la acción penal.
 
 
11. Presuntas amenazas en la cárcel
  
Este expediente comenzó en abril de 2017. Milagro Sala fue acusada de haber cometido amenazas en el Establecimiento Penitenciario N° 3 para mujeres en Alto Comedero, en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos de internas. En ese supuesto enfrentamiento, Milagro habría amenazado a una detenida. Pese a que las amenazas no pudieron ser probadas, la causa fue elevada a juicio oral el 6 de septiembre del 2017. Esta causa también se encuentra prescripta y pendiente de resolución.
 
 
12 y 13, otros expedientes
  
Un caso es un acumulado irregular a la Megacausa Fellner, que tramitó durante años sin notificaciones a las defensas ni a los imputados y fue elevada a juicio. El otro es una causa iniciada en diciembre de 2009 por la denuncia de una sustracción y destrucción de un expediente judicial. En diciembre de 2012, luego de años de investigación, el Juez de Instrucción dictó un sobreseimiento total y definitivo. Pero el 26 de diciembre de 2017 -a ocho años del hecho imputado y a cuatro del sobreseimiento referido en el párrafo anterior- David Alejandro Mancilla se presentó a declarar ante el Fiscal entonces interviniente, Diego Cussel, y afirmó que el auxiliar administrativo judicial Marcos Daniel Romero, el abogado Alberto Bellido y Milagro Sala fueron los autores de la sustracción del expediente.
 
El 26 de febrero de 2018, sin que exista requerimiento fiscal, el nuevo juez residual Pablo Pullen Llermanos declaró la nulidad del sobreseimiento dictado por su predecesor en el cargo y citó a Mancilla a fin de que ratifique lo que había declarado. Pocos días después, el acusador público promovió la acción penal contra Romero, Bellido y Milagro, quien fue llamada a prestar declaración indagatoria en marzo de 2018. Milagro fue procesada y el caso elevado a juicio en agosto del año pasado. Aún está pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y una queja ante la Corte.
 
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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