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Nacionales - 30-06-2022 / 10:06
ALBERTO FERNÁNDEZ LA VISITÓ Y PIDIÓ QUE EL PODER JUDICIAL REVEA SU INJUSTA DETENCIÓN

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice

Milagro Sala: 13 causas armadas, ninguna condena firme y la Corte de Morales como cómplice
El presidente visitó a la dirigente de la Tupac Amaru, internada en terapia por un cuadro de "trombosis venosa profunda". Fernández aseguró que la detención de Milagro, que ya lleva siete años, es un claro caso de "persecución e invento de causas".
Milagro Sala lleva 2357 días de presa política. No tiene ninguna condena firme. Tiene, sí, 13 causas judiciales vigentes, armadas desde las usinas del gobernador Gerardo Morales que en las últimas horas hizo explícito su deseo de que la dirigenta vuelva a una cárcel común.
 
La Corte Suprema demora hace más de 2 años la definición sobre uno de estos casos mientras que la única vez que intervino confirmó una condena ya vencida y excarcelable. Fue un claro mensaje al presidente Alberto Fernández a principios de 2021, cuando al igual que ahora le reclamó al máximo tribunal que intervenga en la persecución a Milagro Sala. Los jueces que se reunían en Olivos con Mauricio Macri también fueron parte de este armado.
 
El caso de Milagro revela que el Poder Judicial es lento cuando quiere. En los casi 6 años y medio que lleva de presa política ya pasó por 6 juicios orales y tiene otras 7 causas elevadas a juicio pero aún no tienen fecha de inicio. Otras 4, que elevan a 17 los expedientes en su contra, ya se cerraron. El caso Correo de la familia Macri, denunciado en su momento por el mismo Morales, lleva más de 20 años sin resolverse.
 
La persecución a Milagro tiene su explicación inmediata en Morales y su contexto de laboratorio del lawfare en el que transformaron a Jujuy durante el gobierno de Macri. La dirigenta de la Tupac Amaru fue encarcelada cuando la gestión de Cambiemos llevaba apenas un mes en el gobierno nacional.
 
Pasó por cárcel común, por prisión domiciliaria bajo custodia constante (algo que no tienen ni los genocidas bajo el mismo régimen) y ahora incluso tiene marca personal armada cuando está internada por las consecuencias de su cautiverio. En 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una orden de protección a favor de Milagro. Parece papel picado.
 
En este contexto la visitó el presidente, que dijo que "se ha instaurado en torno a Milagro Sala un sistema de clara persecución", que en Jujuy se violan los derechos humanos (frase que debería implicar una intervención efectiva en la provincia) y reclamó a la Corte Suprema que resuelva uno de los expedientes que tiene en su poder hace más de 2 años. Esa es la "justicia" del macrismo.
 

 
 
No es la primera vez que Alberto apunta al máximo tribunal por la persecución a Milagro Sala. En febrero de 2021 dijo: "Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia".
 
También que la Corte "debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención". La Corte le contestó enseguida: confirmó una condena contra Milagro por el caso de las bombachas, donde el testigo en su contra era un comisario que alegaba un llamado amenazante y cuyo abogado era uno de los hijos de Gerardo Morales. Fue un claro mensaje directo del Palacio de Tribunales a la Casa Rosada. El fallo no tenía ningún efecto real, ya que confirmaba una condena a 2 años cuando Milagro llevaba más de 5 años de presa política, más del doble de esta condena. ¿Qué contestará ahora la Corte?
 
 
¿De qué se trata cada una de las 13 causas contra Milagro Sala?
 
1. Huevazos
  
Una sola de esas causas tramitó en el fuero federal. Milagro fue acusada por un escrache contra el entonces senador Morales en el 2009. El 29 de diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal N 1 Jujuy la condenó a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado. El daño agravado fue la rotura de 7 vidrios. Los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz basaron su fallo en el testimonio de René Cochinillo Arellano. Obviaron que era empleado de Morales y que en los meses previos al juicio recibió al menos un millón de pesos.
 
Milagro apeló y el caso llegó hasta la Cámara de Casación. El fiscal ante Casación, Javier De Luca, dijo que los testimonios de Arellano y Cristina Chauque eran falsos y remitió una denuncia a la justicia de Jujuy. Pero nada importó. Los camaristas Mariano Borinky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani confirmaron el fallo y algo más: dieron vuelta el sobreseimiento de Milagro por el delito de amenazas y le pidieron al tribunal jujeño que dictara una nueva sentencia. Por esos días Borinsky y Hornos se reunían con Macri en Olivos y la Casa Rosada. Nada casual.
 
 
2 y 3. Causa conocida como "El Acampe"
  
Los hechos que se le adjudican a Milagro en esta causa fueron doblemente investigados. Por un lado, se abrió un expediente en sede contravencional que tramitó ante el juzgado de Control Nº 3. A la par, se inició una investigación en sede penal, que fue la que motivó la detención de la líder de la Tupac Amaru. ¿La razón? Un acampe en plaza Belgrano frente a la gobernación apenas asumieron Macri la presidencia y Gerardo Morales la gobernación de Jujuy.
 
 
La causa penal
  
El 14 de diciembre de 2015, apenas asumieron Macri en la presidencia y Morales en la gobernación, las organizaciones sociales iniciaron en Jujuy un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas. Morales respondió a través de los medios que no discutía nada con "mafiosos". El 15 de diciembre, Milagro y otros integrantes de la Tupac fueron denunciados penalmente por el fiscal de Estado Mariano Miranda por instigación a cometer delito y sedición. El fiscal Darío Osinaga Gallagher instruyó actuaciones pero no los imputó al considerar que no había delito.
 
Menos de un mes después, el día 12 de enero de 2016, el gobernador les hizo llegar un ultimátum a las organizaciones que continuaban acampando en la plaza Belgrano. Formalizó por decreto la aplicación de los nuevos programas de regularización de cooperativas y tomó medidas en contra de los manifestantes. También apuntó contra la personería jurídica de las organizaciones que continuaban acampando. En una avanzada en distintos planos, denunció penalmente al fiscal Osinaga. Morales arremetió contra Milagro Sala: en la causa, el gobierno local sostuvo que la dirigente desafiaba el orden democrático y al Estado de derecho. Impulsó el desalojo de la protesta.
 
El 16 de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro. Inmediatamente después presentó un pedido de licencia. La administración radical montó un gran operativo e hizo un show con la detención de la referente de la Tupac. El ministro de seguridad Ekel Meyer fue parte del procedimiento. Desde aquella detención, Sala se encuentra privada de su libertad. Para eso, el gobierno de Morales impulsó decenas de denuncia.
 
En lo que respecta a esta causa, fue elevada a juicio el 15 mayo de 2019. Transcurrido más de dos años, espera fecha de inicio de juicio. ¿Por qué no prospera el juicio? Porque allí puede quedar al descubierto el armado que hizo Morales.
 
 
La causa contravencional
  
El 29 de diciembre de 2016, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo condenó a Milagro Sala y a la Túpac Amaru, sancionó a la persona jurídica de la Organización Barrial Túpac Amaru a pagar una multa y dispuso la clausura de la sede por tres meses. También condenó a Milagro Sala a pagar una pena económica y a una inhabilitación especial para formar parte de sociedades jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas por tres años y tres meses. Con esa decisión se buscó proscribir a la dirigente social durante el mandato de Morales. Fue tal el direccionamiento que la única condenada del juicio fue Milagro Sala y la única organización la Túpac Amaru a pesar de que hubo más de 20 organizaciones sociales que participaron del acampe.
 
Ustarez Carrillo fue designado juez contravencional administrativo en enero de 2016 por Morales y comienza la investigación del acampe. Cuando hace la citación a juicio cita como primer antecedente el primer día del acampe que es del 14 de diciembre de 2015. Esos 15 días que usa como pruebas contra Milagro y la Tupac es uno de los antecedentes de la nulidad de la causa que planteó la defensa porque el juez trae como pruebas hechos sobre los que no tenía jurisdicción. Tenía competencia a partir del momento en que asume en el expediente.
 
El 6 de enero de 2017, el juez de Control -instancia revisora- Isidoro Arzud Cruz declaró la nulidad del juicio contravencional al entender que Milagro Sala fue juzgada por un código que entró en vigencia después del comienzo del acampe, el 1 de enero de 2016. Esto provocó una serie de recursos por parte del Ministerio de Seguridad jujeño, que era el acusador.
 
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (la Corte provincial) hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad del gobierno de Morales y reenvió el caso al Juez de Garantías, quien emitió una nueva nulidad de la sentencia contravencional, es decir, le da la razón a Cruz. En la actualidad, el caso volvió a la Corte local por un nuevo planteo del gobierno de Morales contra esta decisión de anular la causa.
 
 
4. Causa conocida como "Las bombachas".
  
Los hechos de la causa conocida como "las bombachas" ocurrieron en octubre 2014. En este caso, Milagro fue absuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Jujuy en diciembre del 2017. Durante el debate, ni los denunciantes ni los testigos pudieron probar la veracidad de la acusación. ¿De qué se acusó a Milagro en este expediente? De amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento en el cual estaba involucrada injustamente la hija de una compañera suya, quien había sido víctima de un robo. Las pruebas sobre las que se apoyó el expediente fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados.
 
El Ministerio Publico Fiscal provincial recurrió la sentencia de primera instancia. La Cámara de Casación Penal local revocó esa sentencia y condenó a Milagro a 3 años y 2 meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples, en concurso real por 2 hechos. La Defensa de Milagro presentó un recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que hizo lugar parcialmente al planteo. ¿Qué resolvió? Confirmó la condena de Milagro, pero la redujo a 2 años. Anta esa resolución, la Defensa presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte local, que fue rechazado. Esto derivó en un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El 11 de febrero de 2021, la Corte dejó firme la condena a 2 años de prisión por amenazas.
 
Entonces, comenzó otra discusión en Jujuy: el cómputo de la pena. ¿Qué sostiene la defensa? Que la pena ya fue cumplida porque Milagro esta presa hace 7 años. El expediente está en el Juzgado de Ejecución y la cuestión aún no se resolvió.
 
 
5. Causa conocida como "La Balacera de Azopardo"
  
¿De qué se acusa a Milagro en esta causa? De tentativa de homicidio agravado. La fiscalía pedía 12 años de cárcel. El 27 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal N°2 absolvió a la dirigente social. La absolución se encuentra firme.
 
El caso se remonta a 2007 cuando se produjo un tiroteo entre dos facciones políticas del peronismo. En el mismo habrían participado Fabián Ávila y Jorge Páez en contra de Alberto Cardozo. Páez sostuvo que este tiroteo fue ordenado por Milagro Sala. Lo declaró en su indagatoria. Desde el entorno legal de Sala explicaron a El Destape que con ese testimonio a la Justicia jujeña le bastó para apartarlo de la causa y llevar a juicio a Milagro en carácter de instigadora.
 
 
6. Causa conocida como "Pibes Villeros"
  
Por esta causa, en la que se investiga la malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, Sala está presa. La libertad de la dirigente social está hace dos años en manos de la Corte Suprema de Justicia.
 
El juicio de este caso llevó casi seis meses y Milagro fue condenada por la justicia provincial el 14 de enero de 2019 a la pena de 13 años de prisión. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. En marzo del 2020, el caso ingresó a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo para expedirse.
 
En este caso Milagro está acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión y hay decenas de nulidades presentadas.
 
 
7. Megacausa Fellner
  
Otro proceso paradigmático en contra de Milagro es la "mega causa Fellner". Se trata de una "causa espejo" de "Pibes Villeros". Es una segunda acusación por asociación ilícita y fraude al Estado donde está imputada la líder de la Tupac Amaru, el ex gobernador Eduardo Fellner y distintos intendentes provinciales, entre otros. La promueve Gerardo Morales. La causa, tiene más de 90 cuerpos, más de 150 carpetas de pruebas, expedientes anexos, que superan las 50.000 fojas.
 
Recientemente, se dictó el cese de la prisión preventiva para Milagro Sala, Gladis Díaz y Mirta Aizama, integrantes de la Túpac. De los veintidós imputados, ellas eran las únicas personas que seguían presas.
 
El 12 de abril del 2021, el Ministerio Publico de la Acusación de Jujuy requirió la elevación a juicio de este caso.
 
 
8. Causa contra hijos de Milagro
  
La presión judicial contra Milagro incluye a su familia, sus hijos y su marido Raúl Noro.
 
El 4 de enero de 2018 se desarrollaron 21 allanamientos en forma simultánea. Uno de ellos por cuarta vez en la que fue la residencia habitual de Milagro Sala hasta el momento de su detención. Los allanamientos se hicieron en el marco de una causa que se inició en febrero de 2017, pero no se conoció hasta el día del operativo casi un año después.
 
La causa estaba en manos del juez Isidoro Cruz y del fiscal Diego Cussel, que impulsó el pedido de allanamientos pocos días después del sobreseimiento del juicio de "las bombachas". La orden incluyó un pedido de excavación alrededor del Dique La Ciénaga.
 
Los operativos se hicieron durante la feria judicial sin que exista detenidos en la causa ni que medie urgencia necesaria para estos procedimientos. Pese a que las noticias de televisión difundieron que se hicieron 21 allanamientos a propiedades vinculadas con la dirigente social, sólo hubo uno: la casa de Cuyaya.
 
Este caso tuvo requerimiento de elevación a juicio en diciembre pasado.
 
 
9. Campo verde
  
Recientemente se sumó el caso "Campo Verde", donde se acusa a Sala de ser la instigadora de una usurpación de tierras en un barrio popular de Jujuy ocurrida a principios del año pasado y de atentado y resistencia a la autoridad. La figura es similar a la del caso de los huevazos a Morales. ¿Qué se sostiene en al acusación contra Milagro? Que organizó la toma desde su casa, estando detenida. El gobernador Morales había ido a un acto público en el que anunció la construcción de una escuela cuando vecinos comenzaron a increparlo. Entonces, el mandatario le dijo al jefe de la policía local que investigue el hecho porque Milagro podía estar detrás del tema. Fue un pedido directo del mandatario provincial.
 
 
10. Lesiones graves
  
El 15 de mayo de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 consideró a Milagro culpable del delito de "lesiones graves". La condenó a 4 años de prisión.
 
El episodio se retrotrae al 3 de julio de 2006, cuando dos referente de la Corriente Clasista Combativa (César Cristian Arias, conocido como Luca Arias y yerno del Perro Santillán, y Juan Carlos Maidana) habrían sufrido lesiones en el Ministerio de Infraestructura de la provincia mientras esperaban ser recibidos por el ministro Cosentini. Desde el equipo legal que defiende a Milagro explicaron a este medio: "En aquel momento la causa a cargo del Juez de instrucción Dr. Marcelo Gutiérrez se caratuló como lesiones gravadas por el número de personas y en la denuncia que dio inicio a las actuaciones Milagro fue mencionada como una de las personas que se encontraba en el lugar, siendo señalados integrantes de la Tupac Amaru quienes habrían realizado las agresiones".
 
La defensa de Sala recurrió la sentencia ante la Cámara de Casación. La Cámara no hizo lugar al recurso porque consideró "cumplida la condena impuesta y por compurgada la pena". Le otorgó la libertad a Milagro. La defensa presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal provincial, el cual el 26 de septiembre de 2020 revocó la sentencia de la Cámara de Casación y resolvió el sobreseimiento de Milagro Sala por encontrase prescripta la acción penal.
 
 
11. Presuntas amenazas en la cárcel
  
Este expediente comenzó en abril de 2017. Milagro Sala fue acusada de haber cometido amenazas en el Establecimiento Penitenciario N° 3 para mujeres en Alto Comedero, en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos de internas. En ese supuesto enfrentamiento, Milagro habría amenazado a una detenida. Pese a que las amenazas no pudieron ser probadas, la causa fue elevada a juicio oral el 6 de septiembre del 2017. Esta causa también se encuentra prescripta y pendiente de resolución.
 
 
12 y 13, otros expedientes
  
Un caso es un acumulado irregular a la Megacausa Fellner, que tramitó durante años sin notificaciones a las defensas ni a los imputados y fue elevada a juicio. El otro es una causa iniciada en diciembre de 2009 por la denuncia de una sustracción y destrucción de un expediente judicial. En diciembre de 2012, luego de años de investigación, el Juez de Instrucción dictó un sobreseimiento total y definitivo. Pero el 26 de diciembre de 2017 -a ocho años del hecho imputado y a cuatro del sobreseimiento referido en el párrafo anterior- David Alejandro Mancilla se presentó a declarar ante el Fiscal entonces interviniente, Diego Cussel, y afirmó que el auxiliar administrativo judicial Marcos Daniel Romero, el abogado Alberto Bellido y Milagro Sala fueron los autores de la sustracción del expediente.
 
El 26 de febrero de 2018, sin que exista requerimiento fiscal, el nuevo juez residual Pablo Pullen Llermanos declaró la nulidad del sobreseimiento dictado por su predecesor en el cargo y citó a Mancilla a fin de que ratifique lo que había declarado. Pocos días después, el acusador público promovió la acción penal contra Romero, Bellido y Milagro, quien fue llamada a prestar declaración indagatoria en marzo de 2018. Milagro fue procesada y el caso elevado a juicio en agosto del año pasado. Aún está pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y una queja ante la Corte.
 
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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