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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-06-2022 / 10:06
CRISTINA VS ALBERTO

Crisis en el Frente de Todos: en el origen está la explicación y el rumbo para superarla

Crisis en el Frente de Todos: en el origen está la explicación y el rumbo para superarla
Últimamente casi no hay semana en que no se produzca un capítulo de la tensión interna en el Frente de Todos. Lo más complicado es que el contexto nacional en que se desarrolla la escena es bastante crítico en muchos aspectos, incluida la casi pública amenaza por parte de la derecha de poner en marcha un plan desestabilizador del gobierno.
Es necesario recuperar la necesidad de una coalición. Porque la coalición es la realización de la unidad en la diversidad. Si todos tuviéramos una visión igual no habría lugar para las coaliciones. Suele decirse desde la ciencia política que las coaliciones son más posibles y deseables en países en las que el gobierno gira en torno al parlamento. Porque en ellos, la conducción del partido tiene un ámbito relevante de funcionamiento: el parlamento. Allí se discute, se resuelven (o no) las diferencias.
 
La constitución nuestra es, por el contrario, presidencialista. En la última reforma, hubo quienes pensaron que la institución de la jefatura de gabinete le daría un toque parlamentario o "semi presidencialista" a nuestro régimen político. En la práctica, la jefatura de gabinete refuerza el presidencialismo porque quien la ejerce puede ser echado del gobierno -como todos los demás ministros- por el presidente... ¡y también por el Congreso! Es decir, tenemos una coalición en un régimen presidencialista. La metáfora de "la lapicera" lo expresa de modo tajante. El espacio de "libertad" del presidente para tomar decisiones es muy alta en nuestro sistema constitucional. ¿Qué hacer entonces con un gobierno de coalición en el que las decisiones las toma el presidente?
 
No hay referencias históricas para encontrar una solución clara (y lo más inmediata posible) a una situación que, si se sigue prolongando, conduce a la segura derrota de la fuerza en su conjunto. El único camino es la construcción de un colectivo de conducción que trace la hoja de ruta para enfrentar la crisis y las amenazas desestabilizadoras y (re) construir una herramienta que alivie las penurias populares.
 
Y que impida la restauración de una derecha a la que ahora, a diferencia de 2015, conocemos, y que no quiere un simple regreso a la Casa Rosada. Quiere una profunda reforma político-social-institucional y cultural, cuyo sentido es terminar con todo lo que queda en la Argentina -después de dictaduras y de estafas político-electorales- de la sociedad fundada por el peronismo.
 

 
Últimamente casi no hay semana en que no se produzca un capítulo de la tensión interna en el Frente de Todos. Lo más complicado es que el contexto nacional en que se desarrolla la escena es bastante crítico en muchos aspectos, incluida la casi pública amenaza por parte de la derecha de poner en marcha un plan desestabilizador del gobierno.
 
En realidad, lo que hace el bloque de los poderosos de Argentina es poner en acto el argumento de la jefatura del FMI en los días previos a la aprobación del acuerdo del país con ese organismo internacional: palabras más o menos se dijo que Argentina estaba en una "transición", que lo que se iba a firmar es lo que resultaba posible con un gobierno que tiene en su interior al "peronismo radicalizado" y que el programa definitivo vendría después de la próxima elección.
 
Es muy evidente que la querella interna en el gobierno y entre sus apoyos será, de aquí en más, uno de los insumos más necesarios para el operativo de plena restauración neoliberal. Ponerle un orden político al tratamiento de las diferencias pasa a ser un imperativo de quienes no apoyamos ese proyecto restaurador que viene del Norte.
 
En la dirección de resolver el conflicto parece interesante intentar una mirada sobre el proceso de construcción frentista que comenzó con el discurso de Cristina el 18 de mayo de 2019; un hito histórico de la construcción de la unidad popular al que hoy casi nadie hace referencia. Y el sujeto de ese olvido no es la falta de memoria: el olvido es político.
 
En esa ocasión, se habló del grave momento que atravesaba el mundo y, en su interior, la región en la que vivimos. De esa premisa surgía la necesidad de un acuerdo electoral lo más amplio posible para ganar la elección y la de construir una coalición de gobierno "todavía más amplia" que ese acuerdo electoral.
 
La "propuesta" de la candidatura de Alberto Fernández se sustenta sobre esa descripción de la situación y es, por lo tanto, muy curioso que hoy nadie se remita a ella, como si todo el contenido del mensaje se redujera al armado de la fórmula electoral.
 
El olvido, una vez más, es político. Está relacionado con la constancia de un fracaso de la apuesta de aquel momento. Como la idea "fracasó", habría que borrar de la memoria aquellos enunciados estratégico-tácticos.
 
Si hoy pudiera ser recuperada la naturaleza política de aquella propuesta, a continuación, habría que ponerla en acto para que el Frente de Todos recupere la iniciativa y esté en condiciones de disputar y vencer en las próximas elecciones.
 
Suele argumentarse desde el espacio más firmemente representado por Cristina que el problema no está en el Frente sino en las políticas gubernamentales que no tienen la suficiente energía y voluntad política para corregir un rumbo.
 
La idea es que el frente de todos "se rompió", no en las disputas internas sino en el distanciamiento de una masa de sus electores en las elecciones legislativas de medio término. En la misma línea se dice que a "la gente" no le preocupa que los líderes se unan o no se unan. Se dice también que "el frente ya se rompió" con aquel resultado electoral.
 
Siempre en ese orden de discurso, se sigue que el problema no es la unión o la división del frente sino "resolver los problemas de la gente", es decir actuar con rapidez y eficacia frente a la compleja situación de la economía, particularmente de la correlación entre el salario y los precios.
 
Si es así, ¿qué lugar tiene la política?, ¿para qué existen los partidos, las coaliciones, las discusiones partidarias? Se podrían sumar en este radical interrogante también las leyes y las instituciones. Y el discurso es fuerte, tiene potencia. Porque se hace cargo del dolor ajeno (y eventualmente también propio).
 
En un proyecto popular no puede estar ausente la compasión (que no es lástima, que es "con pasión"). Este es el impulso originario de cualquier militancia popular, sin eso, la política se convierte en el "mercado de falsedades" sobre el que ironizó Antonio Gramsci.
 
En última instancia, esta remisión a la "gente", que no casualmente fue puesta de moda por los comunicadores de la derecha, termina convergiendo con la antipolítica. Por el contrario, es en las situaciones críticas que la política, la militancia colectiva, se hace más necesaria que nunca.
 
Y la militancia política siempre es militancia organizada, cualquiera sea el formato de esa organización. Y la organización es en la base y en la superestructura. ¿Por qué en la superestructura? Porque la superestructura es la que tiene que proponer una interpretación y una correspondiente acción, válida que incluya en su diversidad a todo el país.
 
Esta acción-organización no está estancada en el tiempo ni en el espacio. Requiere profundidad de análisis y capacidad de elaboración de una línea de acción. La acción espontánea de los de abajo suele ser decisiva en los momentos críticos. Pero eso no significa la renuncia a jugar un rol en su orientación y conducción, es decir la renuncia a la política.
 
Es necesario recuperar la necesidad de una coalición. Porque la coalición es la realización de la unidad en la diversidad. Si todos tuviéramos una visión igual del país y del mundo no habría lugar para las coaliciones.
 
Suele decirse desde la ciencia política que las coaliciones son más posibles y deseables en países en las que el gobierno gira en torno al parlamento. Porque en ellos, la conducción del partido tiene un ámbito relevante de funcionamiento: el parlamento. Allí se discute, se resuelven (o no) las diferencias.
 
La constitución nuestra es, por el contrario, duramente presidencialista. En la última reforma, hubo quienes pensaron que la institución de la jefatura de gabinete le daría un toque parlamentario o "semi presidencialista" a nuestro régimen político. En la práctica, la jefatura de gabinete refuerza el presidencialismo porque quien la ejerce puede ser echado del gobierno -como todos los demás ministros- por el presidente... ¡y también por el Congreso!
 
Es decir, nosotros tenemos una coalición en un régimen presidencialista. La metáfora de "la lapicera" lo expresa de modo tajante. El espacio de "libertad" del presidente para tomar decisiones es muy alta en nuestro sistema constitucional. ¿Qué hacer entonces con un gobierno de coalición en el que las decisiones las toma el presidente?
 
Pero el problema no termina ahí. Hay que sumar el hecho de que el presidente no forma parte de la fuerza electoralmente más poderosa de la coalición. Y qué decir del hecho de que la candidatura del presidente fue decidida soberanamente por la jefa indiscutida de otra corriente interna de la coalición. Esto último no puede discutirse en términos "comparativos" porque no hay ningún antecedente en el mundo de una situación de este tipo.
 
De modo que no hay referencias históricas en las cuales podamos apoyarnos para encontrar una solución clara (y lo más inmediata posible) a una situación que, si se sigue prolongando en el tiempo, conduce a la segura derrota de la fuerza en su conjunto. No hay "repuestos" a la vista de acá a 2023 de este engranaje que, con todas sus debilidades, es el único a la vista.
 
El único camino que por lo menos "pone en riesgo la derrota" es la construcción de un colectivo de conducción que trace la hoja de ruta para enfrentar la crisis y las amenazas desestabilizadoras y (re) construir una herramienta que alivie las penurias populares y que impida la restauración de una derecha a la que ahora, a diferencia de 2015, conocemos, y que no quiere un simple regreso a la Casa Rosada. Quiere una profunda reforma político-social-institucional y cultural, cuyo sentido es terminar con todo lo que queda en la Argentina -después de dictaduras y de estafas político-electorales- de la sociedad fundada por el peronismo.
 
Por Edgardo Mocca
 
Fuente: El Destape
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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